El pasado 30 de abril, Iliana Olivié, investigadora principal de Cooperación Internacional y Desarrollo del Real Instituto Elcano, compareció en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado, en el marco de una ponencia de estudio sobre eficacia en los actores de la cooperación española.
La intervención de Olivié se centró, por una parte, en la necesidad de una política de Estado que defina los pilares de la cooperación española y la dote de una visión estratégica. Sólo así será posible orientar la gestión a resultados, focalizarse sectorial, instrumental o geográficamente y poner en marcha un sistema de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que realmente ofrezca insumos y conocimiento a la planificación.
Durante la comparecencia, también se abordó el debate sobre si el sector privado empresarial debería participar en actividades de cooperación al desarrollo y, en tal caso, qué formas debería adoptar la colaboración público-privada. Se alertó de los riesgos de basarla, exclusivamente, en la transferencia de recursos financieros, ya sea del sector público al privado –por el riesgo de creación de lobbies– como del privado al público –ésta parece, además, poco factible–. En este campo, es imprescindible basar la relación en los objetivos a lograr –qué resultados concretos de desarrollo se pretende alcanzar con el partenariado público-privado (empleo, transferencia tecnológica…)– y no en los instrumentos –por ejemplo, la mera puesta en marcha de una Alianza Público-Privada para el Desarrollo (APPD)–. Igualmente importante es asumir que la actividad empresarial puede generar efectos tanto positivos, como negativos, nulos, o de ambos tipos en el desarrollo. Será clave articular las formas de colaboración maximizando el impacto positivo y seleccionando los proyectos de inversión que no contribuyan negativamente al bienestar económico y social de los países en desarrollo.
En definitiva, convendría centrar la colaboración del sector privado empresarial con la política española de desarrollo internacional en el valor añadido específico que puede ofrecer la inversión privada –generación de empleo, cambio estructural, contribución a la balanza de pagos o al equilibrio de las cuentas públicas…–; valor añadido claramente diferenciado del que pueden aportar otros actores como las ONG para el desarrollo o la propia administración.