Resumen
El siguiente trabajo describe las dinámicas de la violencia guerrillera en Colombia por parte de las FARC-EP y el ELN antes, durante y después del Acuerdo de Paz suscrito con la primera de las guerrillas en 2016. De este modo, se trata de poner en valor cómo la presencia territorial de ambos grupos armados se redefinió bajo una fuerte impronta periférica y una mayor dependencia cocalera, características que responden a un paulatino proceso de debilitamiento acontecido, sobre todo, entre 2002 y 2012. Asimismo, se muestra la resignificación y la intensificación de la violencia en la actualidad, resultado de un proceso de implementación del Acuerdo de Paz con muchas dificultades, en donde los nuevos protagonistas en el fondo responden a las mismas lógicas tradicionales, operando en los mismos territorios que cuando existían las FARC-EP. Cabe afirmar que en todo este proceso es extensible a terceros grupos armados que siguen evidenciando cómo la “periferialización” de la violencia y la dependencia del negocio cocalero siguen vigentes. Por ello, resulta imprescindible que el Estado colombiano encuentre los instrumentos necesarios para una orientación distinta de sus políticas públicas y de su particular agenda de seguridad; de lo contrario no es posible controlar este escenario de violencia y disfrutar de los beneficios de la paz, ya que los condicionantes directos, estructurales y simbólicos que los provocaron, continúan irresolutos.
Introducción
El siguiente trabajo tiene como objetivo mostrar la(s) geografía(s) de las diferentes violencias guerrilleras acontecidas en Colombia entre el año 2012 y 2020. Se pretende mostrar cómo antes, durante y después del Acuerdo de Paz, suscrito en noviembre de 2016 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP), las dinámicas de la violencia y los enclaves territoriales presentan importantes visos de continuidad. Así sucede en el departamento de Antioquia, en el nororiente del país –especialmente en Arauca y Norte de Santander– y en Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo –en el suroccidente colombiano–.
Además, el vacío de poder dejado por las FARC-EP tras su desmovilización en 2017 ha abierto una ventana de oportunidad que, lejos de traducirse en un control territorial por parte del Estado, ha sido aprovechada por diferentes actores armados. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y diferentes grupos disidentes de las FARC-EP, así como estructuras post-paramilitares, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (llamadas por el gobierno Clan del Golfo), han experimentado dinámicas de expansión territorial que alimentan un nuevo mapa de actores, bajo una geografía de la violencia no tan nueva (Fundación Ideas para la Paz, 2019).
El actuar de todos estos grupos, en el escenario de violencia en Colombia permite entender de qué manera, las dificultades del Estado para controlar todo su territorio y, asimismo, la importancia de los réditos del negocio cocalero, son variables centrales para comprender por qué, una vez firmado el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, los remanentes de violencia, lejos de reducirse, se han intensificado (Nussio, 2020). Expresado de otro modo, y como se podrá ver en estas páginas, llevar la institucionalidad al conjunto del territorio y, asimismo, reducir el impacto de la droga sobre la violencia, son prioridades aún irresolutas hoy para el Estado colombiano.
El trabajo se estructura en tres partes claramente diferenciadas. En primer lugar, se presenta un marco teórico relacionado con la lectura que la geografía política propone para escenarios de conflictos armados como el colombiano. Y es que una afirmación de partida que subyace en este trabajo es la de reconocer que el Estado, generalmente, ha adolecido de más territorio que soberanía, en tanto que su capacidad institucional se ha desarrollado, a lo largo de las décadas, de una forma tan deficitaria como irregular (Oquist, 1978; Sánchez, 1987; Ramírez, 1990; Acemoglu y Robinson, 2012). Esta razón, desde los años 80, ha permitido a los grupos guerrilleros y paramilitares consolidar distintas fuentes de poder social y estrategias de legitimación con las que erigirse como actores hegemónicos en clave local y “responsables” de la organización económica, política y militar del territorio (Arjona et al., 2015; Arjona, 2016). Con base en lo anterior es esta inaccesibilidad de ciertos escenarios de Colombia, sobre todo desde finales de la primera década de los 2000, coincidente con la preeminencia de enclaves cocaleros, selváticos, montañosos y fronterizos que fueron subterfugio idóneo para proseguir con la “lucha armada”.
Una vez presentados algunos de los conceptos y aspectos teóricos más relevantes, y revisada la literatura reciente que atiende a la mirada espacial y territorial de la violencia en Colombia, se aborda la geografía de ésta, observando tres momentos diferentes pero relacionados entre sí de la historia reciente del conflicto armado. Esto, con el objetivo de mostrar cuál ha sido el significado y el alcance de la violencia de las FARC-EP y del ELN durante los último ocho años.
Se inicia observando el período previo al Acuerdo de Paz para dar cuenta cómo, una vez que éste comienza, se aprecia una desescalada notable de la violencia, especialmente visible en 2015. Sin embargo, resulta igualmente llamativo cómo, con la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, se agudizan nuevamente los niveles de confrontación. Una confrontación que, en cualquier caso, viene determinada por su acuciante desarrollo en escenario periféricos, fronterizos y cocaleros, en donde las FARC-EP, y ahora sus disidencias, y también el ELN, han experimentado una importante capacidad de arraigo.
Lo anterior, en tanto que las cifras de la violencia especialmente entre 2018 y 2020 evidenciarían un deterioro del orden público, haría valer la hipótesis que Johan Galtung proponía en su trabajo clásico, publicado en 1969 y de referencia en la investigación para la paz y la resolución de conflictos. La paz no llega cuando se termina la violencia sino, todo lo contrario, cuando son superados los condicionantes estructurales, culturales y simbólicos que abonaron esa violencia (Galtung, 1969). He aquí la deuda pendiente de Colombia.
Este trabajo cerraría con unas conclusiones que sirven como corolario del argumentario planteado, ahondando en la vigencia de un objeto de estudio que aún hoy ofrece inconmensurables posibilidades de análisis e interpretación. Queda añadir que, metodológicamente, éste es un trabajo exploratorio y descriptivo, pues su objetivo es el presentar la correspondencia y la continuidad de las geografías de la violencia antes, durante y después del Acuerdo de Paz. Lo anterior, con especial énfasis en las FARC-EP y en el ELN, pero extensible a otros grupos armados, y con la intención de hacer evidente cómo estas dos guerrillas han experimentado un proceso constante de “periferialización”de la violencia y de dependencia del negocio cocalero. Así, esto conectaría a su vez con una de las principales hipótesis de un trabajo académico desarrollado ampliamente en los últimos cinco años (Ríos, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
Otros aspectos como el arraigo paramilitar, la minería ilícita y la debilidad institucional, intencionadamente, han sido dejados de lado y aparecen tangencialmente, si bien deben ser necesariamente atendidos en una mirada integral del fenómeno. Por otra parte, la gran mayoría de las cifras y buena parte de los mapas que aquí se presentan fueron facilitados exprofeso por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH) que hasta 2014 estaba adscrito a la vicepresidencia de la República. Este ODHDIH se nutrió durante años de los boletines diarios que reportaban el Departamento Administrativo de Seguridad (1998-2010) y el Comando General de las Fuerzas Militares (2011-2015). En la actualidad se trata de una fuente de altísimo valor para entender la intensidad de la violencia en Colombia, aunque su acceso es restringido y está sometido a derechos de petición no siempre resueltos favorablemente.
Jerónimo Ríos Sierra
Investigador postdoctoral “Atracción de Talento CAM 2018”, Universidad Complutense de Madrid | @Jeronimo_Rios_
1 Este trabajo es resultado del proyecto 2018-T2/SOC-10508, cofinanciado por la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid.
2 Se agradecen los comentarios enriquecedores que, a la primera revisión, realizó la profesora Sonia Alda Mejías.
Bandera en el centro de Bogotá (Colombia). Foto: Flavia Carpio (@flacaral)
