Introducción
Como resultado de la actividad terrorista irlandesa entre 1969 y 2001, la policía británica ha desarrollado una renombrada competencia en la lucha antiterrorista, en colaboración con los servicios de inteligencia y las fuerzas militares especiales. La estrategia antiterrorista empleada en Inglaterra, Escocia y Gales se centra en el modelo de respuesta al terrorismo basado en la imposición del cumplimiento de la ley. Es decir, que el terrorismo se considera esencialmente una actividad delictiva y por tanto la principal y más importante respuesta procede del Ministerio del Interior y la policía, en términos tanto del papel nacional del Cuerpo Especial (Special Branch, SO12) y el Cuerpo Antiterrorista (Anti Terrorist Branch, SO13) de la Policía Metropolitana (Metropolitan Police, MP), que asumen la dirección de las investigaciones a nivel nacional, en Inglaterra y Gales, como de los elementos equiparables de otros cuerpos de policía.[1] En Escocia, cada jefe de Policía (Chief Constable, CC) sigue siendo el responsable único de la labor policial antiterrorista en su área de jurisdicción, pero puede implicar (y de hecho lo hace) a la Policía Metropolitana (SO12 y SO13) y al coordinador nacional para Investigaciones Terroristas (National Coordinator for Terrorist Investigations, NCTI) cuando se considera necesario. En Irlanda del Norte una serie de leyes especiales modificaron ligeramente el modelo debido a los niveles de terrorismo existentes antes de 1996 y las funciones ampliadas del ejército en la provincia, que incluían el uso de personal militar en operaciones de seguimiento de sospechosos de terrorismo. En Gran Bretaña esas operaciones de seguimiento sólo son llevadas a cabo por militares cuando la policía y los servicios de seguridad necesitan la ayuda de personal adicional.[2] Se ha informado que ese apoyo se empleó en respuesta a los primeros actos de terrorismo internacional sufridos por el Reino Unido tras el 11-S: los atentados de Londres de julio de 2005.[3]
Este capítulo, en su análisis de la respuesta policial, plantea la cuestión de las “agendas paralelas” a que se enfrenta la policía. Con esa expresión se define una situación en la que un organismo del sector público o privado, dentro del modelo de gestión de la respuesta antiterrorista, se encuentra con agendas políticas posiblemente independientes y que probablemente entren en conflicto. En el caso de la policía, el Gobierno otorga prioridad a su preparación y capacidad de respuesta ante el terrorismo pero al mismo tiempo también espera que la policía otorgue prioridad a la consecución de los objetivos que se han fijado en otras áreas de política contra la delincuencia, que asuma nuevas responsabilidades contra comportamientos antisociales y que “tranquilice” a la opinión pública al mismo tiempo que adopta medidas para aumentar la confianza, en particular de las comunidades étnicas minoritarias.
Los servicios de policía han estado tratando de cumplir esas políticas en un momento en el que además se enfrentaban a una serie de propuestas en favor de importantes y amplias reformas estructurales, incluidas fusiones de los cuerpos de policía y la creación de nuevos órganos policiales. Hasta la fecha el Gobierno ha seguido adelante con la fusión prevista del Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (National Criminal Intelligence Service, NCIS), el Escuadrón Nacional contra el Crimen (National Crime Squad, NCS) y otros organismos en una nueva Agencia contra la Delincuencia Organizada Grave (Serious Organised Crime Agency, SOCA), que entró en funcionamiento en abril de 2006. También se está estudiando actualmente la posibilidad de crear una Agencia Británica de Control de las Fronteras (UK Border Control Agency) unificado, dependiente del Programa de Gestión de Fronteras (Border Management Programme, BMP).[4]
Aunque pueda parecer que la decisión de crear el SOCA debía haberse tomado hace ya tiempo y que constituye una fusión lógica, plantea un posible problema en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. La experiencia norirlandesa y las recientes detenciones llevadas a cabo en el Reino Unido y en otros Estados miembros de la UE ponen de manifiesto que los terroristas operan en un ámbito donde confluyen la actividad terrorista, el crimen organizado y la delincuencia menor. Lo que preocupa es que los nuevos organismos no siempre otorguen prioridad a la cooperación entre diversos cuerpos y puedan generar “barreras” a los flujos de información. Esta preocupación puede vincularse a la necesidad vital de mantener lo que en el análisis temático de los cuerpos especiales de la policía llevado a cabo por el Cuerpo de Inspectores de Policía de Su Majestad (Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary, HMIC) se denominó “hilo conductor” de los flujos de información que vinculan las comunidades con la labor policial antiterrorista en el Reino Unido.[5]
La cuestión de la reestructuración policial ha adquirido gran relevancia en los últimos tiempos. Por ejemplo, en 2004 la Asociación de Comisarios de Policía (Police Superintendents’ Association) presentó al ministro del Interior propuestas en las que se abogaba por un sistema de tres niveles basado en 270 divisiones de policía local, 10 directores regionales con unidades de policía regionales para el mantenimiento del orden público y la realización de investigaciones importantes, y posiblemente organismos y unidades nacionales como el SOCA. Estas propuestas también preveían que la parte policial estuviera dirigida por un director nacional de policía con una jefatura nacional, una propuesta bastante radical pero que refleja ideas previas.[6] Sir John Stevens, anterior comisionado de la Policía Metropolitana, sugirió otra variante de reforma: propuso que ningún cuerpo provincial contara con menos de 3.000 miembros ni más de 7.000.[7] Dentro del ámbito de la especialización policial en la lucha antiterrorista también se ha propuesto la reforma radical de los cuerpos especiales por el HMIC y crear una Fuerza Nacional de Policía Antiterrorista (National Counter-Terrorism Police Force). Una novedad reciente es que entre 2005 y 2006 el comisionado de la Policía Metropolitana, Sir Ian Blair, creó un Mando Antiterrorista único, fusionando las secciones de investigación de la SO12 y la SO13.
Por último, el ex ministro del Interior Charles Clarke solicitó, en otoño de 2005, una nueva ronda de fusiones de los cuerpos de policía tras el informe Closing the Gap publicado por el HMIC en septiembre de 2005.[8] En un principio el ministro del Interior Clarke quería que las propuestas se hubieran materializado para finales de 2005. Sin embargo, los cuerpos de policía y las autoridades policiales mostraron un grado considerable de resistencia y también surgieron problemas de costes. Estos factores, y la existencia de otros problemas más acuciantes en el Ministerio del Interior, hicieron que el siguiente ministro del Interior, John Reid, anunciase en declaraciones formuladas en junio y julio de 2006 que esas aspiraciones de fusionar los cuerpos de policía habían dejado de tener un calendario de aplicación activo.[9]
De esta forma, el telón de fondo del presente análisis de la labor policial en la lucha antiterrorista en el Reino Unido sigue siendo, como siempre lo ha sido, uno de tensiones entre un sistema policial esencialmente híbrido, con mezcla de órganos centralizados y descentralizados, y de presiones para que se racionalice la policía provincial y se la dote de un modelo de organización nacional para poder cumplir los objetivos. Evidentemente, la policía opera bajo el mando del Ministerio del Interior como departamento gubernamental con la “principal” responsabilidad antiterrorista. El Ministerio del Interior ha tenido problemas para hacer frente a su multitud de responsabilidades y en marzo de 2007 el primer ministro anunció que el Ministerio del Interior pasaría a centrarse exclusivamente en el terrorismo, la seguridad (incluida la policía) y la inmigración. El resto de sus responsabilidades anteriores, como las prisiones y otras áreas de la justicia penal, pasaron al nuevo Ministerio de Justicia. En ese Ministerio del Interior “reducido” se creó una nueva Oficina para la Seguridad y la Lucha Antiterrorista (Office for Security and Counter-Terrorism) para elaborar y respaldar la estrategia británica antiterrorista.[10] En este capítulo se analizarán el telón de fondo de la labor policial británica en la lucha antiterrorista, su marco jurídico, la respuesta organizativa de la policía al 11-S, la respuesta policial a formas concretas de amenaza terrorista nunca antes experimentadas en el Reino Unido y una valoración, hasta la fecha, de los resultados de la labor policial antiterrorista tras el 11-S. También se reflejarán los vínculos existentes con el papel de liderazgo de los Servicios de Seguridad (MI5) en la elaboración de información sobre lucha antiterrorista, en la que también interviene ahora el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC), como base de las actuaciones de carácter preventivo de la policía y su labor de “seguridad de protección”.
El telón de fondo reciente de la labor policial británica en la lucha antiterrorista
Para empezar, resulta importante exponer el abanico de incidentes a que se enfrentaba la policía de Gran Bretaña antes del 11-S: grupos internacionales, relacionados con la causa irlandesa, grupos extremistas y “terroristas” individuales. Entre estos incidentes se incluían el empleo de Artefactos Explosivos Improvisados (Improvised Explosive Devices, IED, como en el caso de los atentados del IRA Provisional en el Grand Hotel de Brighton y un centro comercial de Manchester), el ataque con mortero del IRA Provisional en Downing Street, cartas bomba, el atentado con bombas de clavos contra las comunidades minoritarias de Londres, el atentado de Lockerbie y un reciente secuestro aéreo. De todo ello puede deducirse que la experiencia de la policía, y por tanto su capacidad de respuesta, era bastante amplia en el período anterior al 11-S. Para la opinión pública, quizá la respuesta policial antiterrorista más simbólica fuera el despliegue de policía armada y, en una ocasión, tropas y vehículos blindados en los aeropuertos de Heathrow, Gatwick y Edimburgo.
Por lo tanto, ¿a qué otros supuestos y desafíos en materia de planificación de la lucha antiterrorista se enfrentaba la policía británica tras el 11-S? En primer lugar, un acontecimiento potencialmente catastrófico definido, en parte, en base a la magnitud de las bajas causadas por actos terroristas deliberados. En segundo lugar, un ataque sin previo aviso de amenaza, de uno o varios terroristas suicidas, con IED. En tercer lugar, la variante de atentado terrorista denominado “mortal y decidido” (deadly and determined, DADA,[11] como el de Riad), que combina ataques con armas automáticas, coches o camiones bomba y terroristas suicidas o personas que se autoinmolan. En cuarto lugar, la posibilidad de que se intente organizar un atentado contra objetivos de aviación empleando Sistemas Portátiles de Defensa Antiaérea (Man-Portable Air Defence Systems, MANPADS). Y por último, la ya generalmente aceptada ambición de la red al-Qaeda de añadir un componente químico, biológico, radiológico o nuclear (QBRN) a un IED o de usar directamente un arma QBRN, como en el caso del atentado con gas sarín en el metro de Tokio.
Nunca antes se había producido un incidente de alguno de estos tipos en el Reino Unido.[12] Por tanto, la respuesta debía contar con elementos de evaluación y planificación y proporcionar el personal y el equipo necesarios para hacer frente a esos desafíos. Transcurridos unos años desde el 11-S, puede distinguirse entre las necesarias respuestas inmediatas y las respuestas a medio y largo plazo.[13]
La evaluación de la respuesta policial debe enmarcarse en el contexto de la estrategia antiterrorista “Contest” del Gobierno (también conocida como “las 4P”), que se resume a continuación:
· Prevención – abordar las causas subyacentes del terrorismo, tanto en el Reino Unido como en el exterior, especialmente las cuestiones relativas a los ciudadanos musulmanes.
· Persecución – utilizar la información de forma eficaz para desbaratar cualquier plan de comisión de atentados y apresar a supuestos terroristas, en virtud de lo cual el Reino Unido ha incrementado las labores conjuntas y el intercambio de información entre gobiernos y organismos policiales de todo el mundo. A nivel nacional, el Gobierno pretende aumentar la seguridad de las fronteras del Reino Unido, dificultar la usurpación de identidad y restringir el acceso de los terroristas a fuentes de financiación.
· Protección – garantizar la instauración de precauciones razonables en materia de seguridad, incluidas aquéllas necesarias para hacer frente a amenazas relativas a armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares, desde medidas físicas en los aeropuertos hasta el establecimiento de asesores de Seguridad antiterrorista (Counter-terrorism Security Advisers, CTSA) en cada cuerpo de policía.
· Preparación – asegurarse de que el Reino Unido cuente con el personal y los recursos necesarios para responder con eficacia a las consecuencias de un ataque terrorista.[14]
Evidentemente, la policía desempeña un papel destacado en los cuatro aspectos, pero sobre todo en relación con la “Persecución” y la “Protección”. Sin embargo, ha venido existiendo cierta “disparidad” entre las advertencias ministeriales en torno a la amenaza del terrorismo internacional y las prioridades anuales en materia de actuación policial establecidas por los ministros del Interior. Dicho esto, la cuestión del terrorismo sí se ha incluido el segundo Plan Policial Nacional (National Policing Plan, NPP) 2004-2007 de forma más visible. En el Plan Policial Nacional 2004-2007 se introdujo, pero no como “prioridad clave”, sino como la segunda de dos “cuestiones de refuerzo” (la primera era “implicación de la comunidad y renovación civil”).[15]
En este capítulo, los datos sobre la capacidad policial para gestionar a nivel nacional el terrorismo en el Reino Unido se basan en información sobre la respuesta policial a “las 4P”, las cuales surgieron a raíz de su propio análisis de antiterrorismo tras el 11-S: operación “Fairway”. Dicha operación propugnó una estrategia que abarcase cinco componentes (elementos de preparación, medidas de prevención, operaciones proactivas, investigaciones tras los incidentes y gestión de las consecuencias) y contara con el apoyo de la comunidad a esos cinco componentes.[16] La policía pretendía sobre todo utilizar la información de forma eficaz para desbaratar cualquier plan de comisión de atentados y apresar a los supuestos terroristas.
El marco jurídico y los problemas de la actuación policial con consentimiento
Puesto que las funciones del servicio de policía se fundamentan especialmente en las leyes (tanto statute como common law), el análisis comenzará revisando brevemente el marco jurídico, parte del cual es anterior al 11-S. La ley previa al 11-S más importante era la Ley de Terrorismo de 2000 (Terrorism Act 2000, TA2000), que contenía una definición bastante amplia del terrorismo que abarcaba las motivaciones políticas, ideológicas y religiosas de los actos de terrorismo e incluía disposiciones relativas a la ilegalización de grupos terroristas, tipificando como la pertenencia a esos grupos. Se diseñó de forma que sus disposiciones fueran permanentes, a diferencia de la anterior legislación antiterrorista, abarcaron todas las formas de terrorismo, tanto nacionales como internacionales. Entre sus disposiciones figuraban la creación de un nuevo delito, la incitación al terrorismo en el exterior, la ampliación del delito de impartir o recibir capacitación en el uso de armas y la atribución de competencias a la policía para establecer cordones durante períodos limitados de tiempo en áreas designadas para investigar actividades terroristas.[17]
Tras el 11-S se aprobó una ley de gran importancia que se redactó muy rápidamente y que suscitó gran controversia: la Ley de Seguridad, contra el Terrorismo y la Delincuencia de 2001 (Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001). Fue una ley particularmente controvertida porque se concedían competencias en materia antiterrorista en una ley general de control de la delincuencia y porque esas competencias también incluían (Artículo 4) el poder de detener, sin juicio, a los sospechosos de terrorismo que no pudieran deportarse en función del Convenio Europeo de Derechos Humanos (por supuesto, conforme a controles especiales de inmigración podían abandonar el país voluntariamente).[18] El Gobierno señaló que la ley tenía nueve objetivos principales antiterroristas: (1) cortar las fuentes de financiación de los terroristas; (2) fomentar el intercambio de información antiterrorista; (3) hacer más eficaces los procedimientos de inmigración pertinentes (la Parte 4, que cubre la detención sin juicio de ciudadanos no británicos sospechosos de ser terroristas internacionales); (4) luchar contra quienes tratan de incitar a la violencia y el odio por motivos de raza o religión; (5) garantizar la seguridad de la industria nuclear y la industria de la aviación; (6) mejorar la seguridad de sustancias peligrosas a las que los terroristas puedan querer acceder o utilizar (la Parte 7 hace referencia al control de sustancias tóxicas y patógenas); (7) ampliar las competencias policiales a los cuerpos de policía pertinentes no pertenecientes al Ministerio del Interior (Policía Británica de Transporte –British Transport Police, BTP– y Policía del Ministerio de Defensa –MoD Police–); (8) garantizar que el Reino Unido esté en situación de cumplir todas sus obligaciones comunitarias en materia de justicia y asuntos internos y todas sus obligaciones internacionales contra el soborno y la corrupción; y (9) actualizar partes de las competencias británicas antiterroristas.[19]
La Parte 4 de la Ley de Seguridad, contra el Terrorismo y la Delincuencia de 2001 suscitó polémica desde el principio y la detención sin juicio de ciudadanos no británicos conforme a procedimientos especiales de inmigración terminó siendo recusada por los Law Lords de la Cámara de los Lores en diciembre de 2004.[20] Tras un intenso debate público y parlamentario, fue sustituida, temporalmente, por la Ley de Prevención del Terrorismo de 2005 (Prevention of Terrorism Act 2005), que establecía un régimen de “órdenes de control” aplicables a ciudadanos tanto británicos como no británicos. Estas órdenes exigían aprobación judicial, estaban limitadas a períodos de 12 meses y cubrían un abanico de restricciones que no necesariamente incluían el arresto domiciliario.[21] Esas órdenes de control también están siendo recusadas en los tribunales.
Tras los dos atentados con bomba perpetrados en Londres en julio de 2005 una de las principales respuestas fue un proceso de consulta sobre la posibilidad de modificar la legislación para facilitar más la respuesta antiterrorista. Los cambios propuestos no estaban exclusivamente relacionados con los atentados, sino que también reflejaban estudios en curso y la experiencia adquirida en operaciones anteriores. La ampliación del período de detención a 90 días fue propuesta por la policía para facilitar la reunión de pruebas en los casos en que, por ejemplo, fuera necesario un arresto temprano para la protección de la población o tuvieran que obtenerse pruebas mediante el largo proceso de acceder a archivos informáticos codificados.[22] Los ministros también realizaron declaraciones públicas sobre los cambios de la legislación que les gustaría llevar al Parlamento. El 20 de julio, el ministro del Interior realizó una declaración ante la Cámara de los Comunes en la que proponía tipificar como delito tres nuevos actos: los actos preparatorios de actividades terroristas, la incitación indirecta e impartir o recibir capacitación con fines terroristas en que intervengan sustancias peligrosas.[23] Se consideró que la última propuesta reflejaba “lagunas” en la legislación existente sobre esa materia.[24] El 5 de agosto, el primer ministro elaboró una lista de propuestas adicionales. Propuso tipificar como delito el enaltecimiento del terrorismo, analizar las ventajas de períodos de detención post-arresto y pre-presentación de cargos más largos, ilegalizar el grupo Hizb ut Tahir y realizar consultas sobre formas de clausurar “mezquitas” radicales.[25] En debates públicos celebrados posteriormente se sugirió que probablemente resultaría impracticable tipificar como delito actos como el “enaltecimiento del terrorismo”.
En octubre de 2005 el ministro del Interior presentó un nuevo Proyecto de Ley sobre Terrorismo (Terrorism Bill), que estuvo precedido de un proceso de consultas de tres meses de duración en el que la mayor parte de la opinión judicial manifestó no estar nada convencida de la necesidad de establecer períodos largos de detención previos a la presentación de cargos y en el que, según la información disponible, hasta el fiscal general del Estado manifestó sus dudas al respecto.[26] Aun así, los altos cargos antiterroristas siguieron abogando por esa propuesta. En una nota informativa de la policía se proponían ocho argumentos en favor de períodos de detención más prologados, entre ellos el tiempo necesario para llevar a cabo la parte internacional de una investigación, el problema de establecer con precisión la identidad de un sospechoso y la complejidad de la labor de los forenses. En referencia a la “fábrica de bombas” hallada en Yorkshire tras el atentado del 7 de julio, la nota señalaba que transcurrieron “… más de dos semanas antes de poder acceder de forma segura e iniciar el examen” y que “hicieron falta otras seis semanas más para completar dicho examen”.[27] Aun así, la forma en que se terminó aprobando la Ley, como Ley de Terrorismo de 2006 (Terrorism Act 2006), sólo amplió el período de detención a 28 días, en reconocimiento de la gran oposición parlamentaria a la propuesta original.[28] Al igual que anteriormente, ese período de detención ampliado está sujeto a supervisión y autorización judiciales.
Con respecto al debate (que se discutirá más adelante) sobre la relación existente entre la cifra de arrestos y el número de personas contra quienes se terminan presentando cargos, es importante recordar que el marco jurídico en realidad desempeña varias funciones distintas.[29] Puede considerarse que:
· Tiene simbolismo político –respuesta a un problema–.
· Define actividades como ilícitas.
· Proporciona una herramienta de investigación reuniendo “motivos para el arresto”.
· Proporciona los parámetros en base a los cuales se examinan las pruebas disponibles en relación con la presentación de casos ante los tribunales.
Al hacer uso de las disposiciones legales disponibles, la policía se guía por tres principios de respuesta en términos de actividad policial antiterrorista: en primer y más importante lugar, la seguridad pública; en segundo lugar, la reunión de pruebas; y en tercer lugar, el mantenimiento del respaldo público.[30]
En consecuencia, como resultado de la prioridad conferida a la seguridad pública, los arrestos tempranos derivados de operaciones de seguimiento antiterrorista pueden resultar no concluyentes desde el punto de vista probatorio y por tanto conducir a menos casos de presentación de cargos o a que los cargos se presenten conforme a leyes distintas a la Ley de Terrorismo de 2000. Con respecto a la prevención del terrorismo, resulta además absolutamente vital conseguir mantener el respaldo público entre sectores de la sociedad que puedan sentirse especialmente perseguidos por la labor policial antiterrorista, un elemento clave en la respuesta de la policía y del Ministerio del Interior.
Respuesta de los servicios de policía tras el 11-S
¿Una reforma de los cuerpos especiales?
La importante función de los cuerpos especiales (agentes que investigan delitos de carácter político) en su labor de recopilar parte de la información antiterrorista e investigar dentro de los parámetros establecidos por la directora general del MI5 resulta de vital importancia para la labor policial contra el terrorismo. En un principio sólo la Policía Metropolitana disponía de un Cuerpo Especial, que a mediados de la década de 1960 contaba con aproximadamente 300 miembros. Gradualmente los cuerpos provinciales crearon sus propios Cuerpos especiales con funciones similares de reunión de información y supervisión marítima y de aeropuertos. Se estima que en 1978 el personal total de los cuerpos especiales ascendía a 1.638 y que en 2003 esa cifra había aumentado hasta 4.247, con 600 en el Cuerpo Especial de la Policía Metropolitana (Metropolitan Police Special Branch, MPSB).[31]
En enero de 2003, el HMIC publicó un análisis temático de los cuerpos especiales y la Policía de Puertos titulado A Need to Know.[32] Este informe merece ser debatido en profundidad porque su contenido guarda una gran relación con los problemas de la gestión nacional del terrorismo. Como se señala en su introducción, “aunque este análisis se había planeado tiempo antes del 11 de septiembre de 2001, los acontecimientos de aquel día subrayaron la necesidad de examinar los cuerpos especiales y evaluar la eficacia de su contribución a la estructura nacional de este país”.[33] En el momento de elaborarse el informe, los cuerpos especiales se regían por las directrices de 1994 y habían recibido la tarea de reunir información “… para satisfacer las necesidades nacionales en materia de seguridad y dar apoyo a otras prioridades policiales como la prevención de disturbios”.[34]
Uno de los primeros aspectos señalados en el informe, reflejo de los distintos tamaños de los cuerpos provinciales de policía, era la variabilidad del tamaño de las unidades de los Cuerpos Especiales, que iba desde sólo unos cuantos agentes dirigidos por un sargento hasta cerca de 500 agentes en la Policía Metropolitana, dirigidos por un comandante. Los efectos de esa dispersión y diversidad eran, en primer lugar, la variedad de niveles con los que tenía que interactuar el MI5. En segundo lugar, el hecho de que “… la capacidad operativa de las unidades individuales dependa enormemente de su tamaño, de forma que las más pequeñas no disponen ni de los agentes ni de los recursos necesarios para responder a todas las necesidades operacionales”.[35] El HMIC señaló además que en algunos cuerpos “… el personal de los cuerpos especiales es reasignado de forma rutinaria a tareas que no forman parte de las atribuciones normales de la Unidad”.[36]
En el informe se formulaban cinco recomendaciones principales, una controvertida y las otras algo tardías: (1) la creación de unidades de Cuerpos Especiales a nivel regional basándose en las regiones asignadas a la Asociación de Oficiales Jefe de Policía (ACPO), bajo el mando de un director regional (controvertida); (2) la creación del nombramiento, a nivel del Jefe Adjunto de Policía (Deputy Chief Constable, DCC), de un Coordinador Nacional de los cuerpos especiales (National Co-ordinator of Special Branches, NCSB), con funciones no ejecutivas pero responsable de la actividad policial en los puertos, políticas, capacitación y cuestiones comunes a los cuerpos especiales a nivel nacional; (3) la financiación de Puestos de Seguridad Especializados (Dedicated Security Posts, DSPs); (4) jefes de Policía que garanticen que los cuerpos especiales y sus equipos de Puertos (Special Branch Port Units, SBPU) “… cuenten con personal y recursos suficientes para hacer frente a las amenazas continuas, y en evolución, a las que nos enfrentamos”;[37] y (5) la necesidad de identificar y financiar las necesidades de tecnologías de la información de los cuerpos especiales.
Tras estas recomendaciones subyacen tres importantes preocupaciones posteriores al 11-S:[38] que las directrices de 1994 hubieran generado tensión al declarar que los Jefes de Policía pueden hacer uso de los cuerpos especiales “… para cualquier función derivada de sus responsabilidades [de Jefes de Policía]…” o que “… el objetivo de los cuerpos especiales es fundamentalmente recabar información… para satisfacer las necesidades de la policía local y ayudar a los Servicios de Seguridad”; que “… antes del 11 de septiembre de 2001 algunos cuerpos estaban reduciendo el tamaño de sus Cuerpos especiales por considerar que se había reducido la amenaza global para la seguridad nacional”[39]; y el nivel variable de provisión de recursos y de reconocimiento del “antiterrorismo como responsabilidad fundamental de la policía”.[40]
Una consecuencia obvia de esas diferencias en la provisión de recursos es la situación que se crea al recibir todas los cuerpos especiales el mismo número de mensajes operativos del Comité de Terrorismo y Cuestiones Conexas de la Asociación de Oficiales Jefe de Policía (ACPO TAM) y, hasta hace muy poco, al mismo comunicado de las necesidades del MI5. Otra consecuencia es el hecho de que algunos Cuerpos especiales experimenten graves dificultades para asignar personal a ciertos niveles de operaciones de seguimiento y de hecho puedan llegar a tener un acceso muy limitado a recursos para este tipo de operaciones. Esas consecuencias constituyen parte importante del motor impulsor de algunas de las propuestas de racionalización de la asignación de recursos a los cuerpos especiales.
En los apartados correspondientes a la Visión estratégica (Strategic Overview), el informe hace algunos comentarios muy pertinentes sobre la gestión nacional del terrorismo en el Reino Unido.[41] El HMIC justificó que se hiciera público el informe con el título A Need to Know haciendo referencia al denominado “hilo conductor” del flujo de información entre la policía y sus Cuerpos especiales y sus comunidades locales y de ahí a los niveles de seguridad nacional, un flujo “… claramente inexistente en las estructuras nacionales de seguridad de algunos países…”. Estos contactos locales de los cuerpos especiales se consideraban vitales para la seguridad nacional y debían mantenerse “… a toda costa…”.[42] Estos dos comentarios se hicieron en el marco del hecho de que “… una de las lecciones más importantes que se aprendieron de la investigación de los atentados del 11-S fue la vital importancia de ampliar el alcance de los organismos nacionales de seguridad haciendo mayor uso de los estrechos vínculos existentes entre la policía local y sus comunidades…”.[43] Esos comentarios pueden vincularse a la importancia de la vigilancia como herramienta contra el terrorismo, un recurso clave en la gestión nacional de la amenaza terrorista en el Reino Unido. El HMIC observó que se trata de “… una herramienta cara y que consume muchos recursos, y la capacidad de los cuerpos especiales para organizar operaciones de vigilancia varía enormemente… y está íntimamente relacionada con el tamaño de dichas Unidades”.[44] Resulta importante señalar que en el informe se observa que “… las recientes operaciones de inteligencia han señalado la necesidad de una capacidad de vigilancia más sistemática y mejores tiempos de respuesta en todo el país”.[45] Esta cuestión se vinculó también al problema conexo de la distribución desigual de los recursos técnicos para operaciones de vigilancia.
El principal cambio estructural propuesto por el HMIC (que los jefes de Policía pierdan sus Cuerpos Especiales a cambio de equipos regionales de Cuerpos Especiales controlados por directores ejecutivos regionales) se enfrentó con una gran resistencia de la mayoría de los jefes de Policía en el momento de plantearse. Obviamente, sentían que era otro intento más de modificar radicalmente el sistema policial descentralizado del Reino Unido en favor de algún tipo de combinación de mandos policiales locales y unidades nacionales y regionales. Las medidas propuestas se percibían como una forma de permitir un mayor control central de las actividades policiales a través del Ministerio del Interior.
La solución de compromiso que se terminó aceptando fue la propuesta de desarrollar y formalizar la cooperación de los cuerpos especiales a nivel regional en ocho nuevas Células Regionales de Inteligencia (Regional Intelligence Cells, RIC), con una financiación central de £3 millones al año. Se creó el puesto de coordinador nacional de Cuerpos Especiales y el Ministerio del Interior lo considera un importante elemento de la respuesta policial nacional, especialmente en el desarrollo de las Células Regionales de Inteligencia como “… centros de intercambio de información en sus regiones”.[46] Ya está en marcha el sistema de financiación y dotación de personal de las Células Regionales de Inteligencia. Existen indicios de una mejora de la coordinación entre distintos cuerpos en las operaciones de inteligencia y el fomento de “mejores prácticas” mediante reuniones de los directores de las Células. Aun así, el ritmo de desarrollo de las Celdas varía en función de las circunstancias de los cuerpos que contribuyen a ellas.[47]
La creación de unidades centrales de policía adicionales: (a) Unidad Policial contra el Terrorismo Internacional
En los apartados anteriores este documento ha planteado el problema de la variabilidad de la capacidad de respuesta antiterrorista de los cuerpos especiales con respecto a las operaciones de seguimiento y el control de fronteras como problema importante en la gestión nacional del terrorismo en el Reino Unido. También se ha hecho referencia al importante cambio en la gestión de la respuesta introducido por la creación de las Células Regionales de Inteligencia de los cuerpos especiales.
La creación, en abril de 2002, de la Unidad Policial contra el Terrorismo Internacional (Police International Counter-Terrorism Unit, PICTU) está íntimamente ligada a esas cuestiones. La PICTU es un servicio de policía (central) de menor escala compuesto por agentes de policía trasladados temporalmente. Los agentes se toman de los cuerpos policiales británicos; su primer jefe fue un comisario jefe del Cuerpo antiterrorista. Su principal función es añadir valor a la asociación existente entre el servicio de policía y los servicios de seguridad, y reforzarla, en relación con la amenaza del terrorismo internacional. La creación de esta Unidad es un buen ejemplo tanto del mayor alcance del MI5 en términos de “acercamiento” como del papel de los principales responsables de la toma de decisiones en la gestión nacional británica de la respuesta al terrorismo.
La PICTU busca cumplir su mandato trabajando con los Servicios de Seguridad, el Grupo Asesor de la Asociación de Oficiales Jefe de Policía y el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo para garantizar “la eficaz difusión de la información evaluada, en relación con el terrorismo internacional, de valor para el coordinador nacional para Investigaciones Terroristas, el coordinador nacional de los cuerpos especiales y todas las fuerzas policiales británicas, así como la eficaz coordinación de la estrategia policial nacional antiterrorista que sirve de apoyo a la respuesta conjunta al terrorismo internacional de la policía y los servicios de seguridad…”.[48] Como parte de la labor de la PICTU se mantienen estrechos contactos con una variedad de fuentes externas. Se han establecido nuevos vínculos con importantes académicos y expertos antiterroristas procedentes de una gran variedad de instituciones. Esos vínculos, y la labor de la PICTU en materia de cooperación policial internacional, han contribuido a una mayor comprensión de la naturaleza de la amenaza planteada por el terrorismo internacional, de su magnitud y de su carácter duradero.
Hace mucho tiempo que se reconoce el valor de la cooperación policial internacional contra el terrorismo, y sigue demostrando ser valiosa con respecto a la prioridad actual de combatir la amenaza de las redes y los grupos islamistas. En Europa se ha ampliado la red de Agentes de Enlace para la Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo (Counter Terrorism and Extremism Liaison Officers, CTELO) del Grupo de Trabajo de la Policía sobre Terrorismo, que supone una importante y rápida fuente de ayuda. Una de las valiosas formas de intercambio de información de la policía británica, además del seguimiento de sospechosos, es el intercambio de información forense obtenida en las escenas del crimen. Por ejemplo, los agentes del Cuerpo antiterrorista han podido, en ocasiones, reunir valiosa información visitando esas escenas y cooperando con la policía turca tras los atentados contra el Consulado británico y el banco HSBC en Estambul, la policía española tras el atentado en los trenes de Madrid y la policía rusa y el Servicio Federal de Seguridad (FSB) tras los atentados chechenos contra el metro de Moscú.[49]
La creación de unidades centrales de policía adicionales: (b) Oficina Nacional de Seguridad Antiterrorista y objetivos estratégicos antiterroristas de “Protección” y “Preparación”[50]
Este segundo servicio de policía (central) de menor tamaño centrado en el ámbito local se creó en 1998 como una de las respuestas a los atentados del IRA Provisional en el centro de Manchester. Una de las conclusiones a que se llegó tras el atentado fue que la policía no disponía de un mecanismo para proporcionar asesoramiento en materia de seguridad y protección a los comercios generales y minoristas. En un principio se ofrecía cierto asesoramiento a través de los agentes de prevención de la delincuencia de los cuerpos locales. Cuando en enero de 1998 se creó la Unidad Nacional de Prevención de Delincuencia Terrorista (National Terrorist Crime Prevention Unit, NTCPU), ésta sólo contaba con dos agentes, que compartían ubicación con el departamento de seguridad de protección T4 del MI5 y canalizaban el asesoramiento en materia de “mejores prácticas”, fundamentalmente desde el T4 (actualmente el Centro para la Protección de la Infraestructura Nacional (Centre for Protection of National Infrastructure, CPNI), y más recientemente conocido como Centro Nacional de Asesoramiento de Seguridad (National Security Advisory Centre, NSAC)) hacia los cuerpos de policía, a través de sus Cuerpos especiales. En octubre de 2001 se añadieron a la Unidad dos agentes más y sus competencias se ampliaron para incluir el extremismo y cuestiones relativas a los derechos de los animales. Tras el 11-S se aumentó aún más el número de miembros de la Unidad. Se puso en marcha un programa nacional en virtud del cual, para abril de 2003, todos los cuerpos de policía deberían contar con al menos un asesor de Seguridad antiterrorista en funciones, y se cambió el nombre de la Unidad a Oficina Nacional de Seguridad Antiterrorista (National Counter-Terrorism Security Office, NaCTSO).
Los asesores de Seguridad Antiterrorista responden ante sus jefes de Policía y algunos pueden ser también asignados a las funciones dispuestas en la Parte 7 de la Ley de Seguridad, contra el Terrorismo y la Delincuencia de 2001. Según esas disposiciones para el “control de sustancias patógenas y tóxicas”, los “encargados de laboratorios y otros lugares donde se almacenen microorganismos tóxicos y patógenos especificados [deben] notificarlos, cumplir todos los requisitos de seguridad razonables que pueda imponer la policía y facilitar a ésta los datos de las personas que tengan acceso a esas sustancias peligrosas”.[51] En 2004 había aproximadamente 100 asesores de Seguridad Antiterrorista en funciones en todos los cuerpos de policía del Reino Unido, pertenecientes o no al Ministerio del Interior. No es de sorprender que la mayor concentración de Asesores de Seguridad Antiterrorista (13) se observe en las áreas cubiertas por el Servicio de Policía Metropolitana (Metropolitan Police Service) y los cuerpos de la Ciudad de Londres.[52] En 2003, los asesores de Seguridad Antiterrorista del Servicio de Policía Metropolitana llevaron a cabo 200 inspecciones de seguridad para comercios del área de jurisdicción del Servicio.[53]
Actualmente, el principal órgano de seguridad de protección es el Centro para la Protección de la Infraestructura Nacional, y la Oficina Nacional de Seguridad Antiterrorista trabaja dentro de su marco de respuesta en pro de dicha seguridad, tal y como se recoge en la página web del MI5. Los posibles clientes de los asesores de Seguridad Antiterrorista pueden abarcar sucursales de bancos de compensación hasta comercios muy locales, pasando por sucursales de cadenas/franquicias. También se originan clientes en otros lugares considerados posibles objetivos, como las universidades y los proveedores de comunicaciones. En el sector público, los socios naturales de los Asesores de Seguridad antiterrorista son los agentes de Planificación ante Situaciones de Emergencia (Emergency Planning Officers, EPOs) que dependen de las autoridades locales. La Oficina Nacional de Seguridad Antiterrorista y los Asesores de Seguridad antiterrorista también están estableciendo vínculos con una red cada vez mayor de foros de reacción ante situaciones de emergencia, como London First.
Respuesta ante una catástrofe
Puesto que la policía cuenta con amplia experiencia en la planificación de la respuesta ante desastres naturales o provocados por el hombre y atentados terroristas, en la ejecución de esa respuesta y la gestión de esos incidentes, hace falta determinar en qué medida debe considerarse el 11-S distinto de las experiencias anteriores. Las diferencias pueden resumirse en base a los siguientes factores: magnitud, en términos de la cantidad de bajas potenciales; atentados perpetrados en varios sitios a la vez, con dispersión geográfica de los distintos elementos de los atentados, como en el caso del 11-S y los atentados de Londres de julio de 2005; y uso con éxito de buques, vehículos o aeronaves comerciales como armas para atentados suicidas. La magnitud potencial de la amenaza fue claramente un factor determinante de las operaciones de desarticulación llevadas a cabo el jueves 10 de agosto para evitar posibles amenazas de bomba múltiples en vuelos transatlánticos.[54] A estos factores se añadió la preocupación existente desde mediados de la década de 1990 de que, a tenor de los hechos registrados en el atentado con gas sarín en el metro de Tokio y los planes de algunos grupos terroristas internacionales de usar armas QBRN, algunos terroristas parecen tener claras intenciones de emplear de alguna forma armas QBRN, quizá en combinación con un Artefacto Explosivo Improvisado. Un ejemplo de la respuesta a esos temores fue la redada antiterrorista llevada a cabo por el Servicio de Policía Metropolitana en una casa de Lansdown Road, Forest Gate, Londres, el 6 de junio de 2006, donde, según la información recibida, podría encontrarse algún tipo de arma o material “químico”. En aquella ocasión no se encontró nada sospechoso, a pesar de intensas búsquedas.
Si no pueden prevenirse ni evitarse los atentados de la magnitud del 11-S, y dando por supuesto que los grupos terroristas emplearían, si pudieran, elementos de carácter QBRN, surgen las siguientes cuestiones de gestión de los incidentes y sus consecuencias: resulta de vital importancia evaluar los riesgos y planificar la respuesta ante casos de emergencia (véase la actualización de requisitos recogida en la Ley de Contingencias Civiles de 2004 –Civil Contingencies Act 2004–), así como mantener o desarrollar medidas de ayuda mutua entre los servicios de emergencia y otros elementos de respuesta en ese tipo de situaciones. La policía debe satisfacer además cuatro requisitos específicos: formación y experiencia para asumir el mando y ejercer un control general en caso de incidente (nivel “oro”); capacidad similar a niveles más tácticos de mando (“plata” y “bronce”), haciendo uso de Unidades Policiales de Apoyo (Police Support Units, PSU) y otras unidades especializadas para mantener la seguridad de la(s) zona(s) y el orden público; el requisito relativo a la respuesta antiterrorista incluye a los Cuerpos Especiales, el Cuerpo antiterrorista y las unidades de armas de fuego y, cuando sea necesario, otros cuerpos como, por ejemplo, los equipos técnicos de los servicios de seguridad, el personal de Desactivación de Artefactos Explosivos (Explosive Ordnance Disposal, EOD) (posiblemente del Regimiento 11), científicos especializados de los Laboratorios Científicos y Técnicos de Defensa (Defence Scientific & Technical Laboratorios, DSLT) si se sospecha de la presencia de elementos QBRN y, por último, las fuerzas militares especiales (SAS/SBS) en estado de alerta. Finalmente, la policía debe asegurar, en la medida de lo posible, la protección de “la(s) escena(s) del crimen”, para lo cual es necesaria la presencia de un investigador jefe (Senior Investigating Officer, SIO) y un equipo del Departamento de Investigaciones Criminales (Criminal Investigation Department, CID).
Los requisitos recién enumerados no sólo son necesarios en caso de producirse incidentes concretos, sino que deben aplicarse “preventivamente” en relación con actos como conferencias de partidos políticos, visitas de Estado o cumbres mundiales.
Los nuevos requisitos en materia de gestión de incidentes que han surgido tras el 11-S son: la capacitación y el equipamiento de equipos policiales especializados en armas QBRN; preparativos para el establecimiento de cordones de seguridad cuando alguien haya estado expuesto, o se sospeche que ha estado expuesto, a armas químicas, biológicas o radiológicas; supervisión de posibles evacuaciones a gran escala; planificación de situaciones donde se produzcan diversos incidentes de forma simultánea (en las cuales la ayuda mutua se vería retrasada o no estaría disponible por estar plenamente ocupada en otro lugar); reconocimiento de que algunas posibles formas de ataque con agentes químicos, biológicos o radiológicos sólo pueden conocerse en retrospectiva, una vez que los organismos de los Servicios de Salud dispongan de la información necesaria en torno al paciente; y capacidad de hacer frente a atentados suicidas. Además, en el caso de atentados “mortales y determinados”, los terroristas en el exterior emplean armas automáticas, al igual que los traficantes de droga han hecho ya en el Reino Unido; actualmente, la policía británica no despliega agentes con armas pequeñas capaces de funcionar de forma totalmente automática, de manera que si fuera necesario ese tipo de respuesta habría que pedir asistencia al ejército.
La naturaleza de la ayuda militar disponible para el componente antiterrorista de la defensa nacional no ha cambiado demasiado tras el 11-S.[55] El ministro de Defensa declaró en 2004 que el Ministerio del Interior era el responsable “principal” y que sigue siendo tarea del Ministerio de Defensa “… proporcionar el apoyo necesario a las autoridades civiles”, con reconfiguraciones de ser necesario.[56] Los objetivos de defensa clave de que se encarga el Ministerio de Defensa han pasado de 160 durante la Guerra Fría a reducirse a los más esenciales actualmente (56). El Ministerio ha pasado a considerar el Servicio Aéreo Especial (Special Air Service, SAS) y el Servicio Naval Especial (Special Boat Service, SBS) activos de las Fuerzas Especiales intercambiables y a disposición de la policía. El Informe de Defensa de 2004 (2004 Defence Review) indicó además que se aumentarían las Fuerzas Especiales, quizá añadiéndoles otro escuadrón “operativo” (sabre squadron).[57] Las fuerzas regulares siguen considerándose el elemento de respuesta militar inmediata más probable; las 14 Fuerzas Civiles de Reacción ante Casos de Emergencia (Civil Contingency Reaction Forces, CCRF) desplegadas a nivel regional se consideran tan sólo “…una respuesta rápida a muy corto plazo”.[58] El Ministerio de Defensa también está tratando de mejorar el valor de sus agentes regionales de enlace entre civiles y militares en casos de emergencia.
La Secretaría Emergencias Civiles (Civil Contingencies Secretariat, CCS) de la Oficina del Gabinete ofrece una visión muy realista del apoyo militar, comentando que “ni la elaboración de planes de emergencia ni la participación en ejercicios civiles garantizan la prestación de ayuda militar, por lo que resulta de vital importancia que los organismos de respuesta no basen sus planes en la presunción de que recibirán ayuda militar” y que, además, las Fuerzas Civiles de Reacción ante Casos de Emergencia “… requieren una movilización antes de su despliegue, por lo que no están en situación de prestar… ayuda… inmediata”.[59]
La amenaza QBRN
Antes del 11-S empezaba a opinarse que la policía debía impartir a una serie de agentes de todo el país cierto nivel de formación en materia de sustancias QBRN. Ya se había impartido alguna formación al Servicio de Policía Metropolitana.[60] El 11-S sirvió de impulso para la creación y puesta en marcha del Centro Nacional de Policía para la Formación QBRN (Police National CBRN Training Centre) y el plan era que cada cuerpo de policía dispusiera de al menos una Unidad Policial de Apoyo con formación QBRN para mayo de 2003. Estas nuevas exigencias en materia de formación se vieron acompañadas por un proyecto conjunto de la policía y los servicios de bomberos para crear trajes de protección QBRN especialmente diseñados, que reemplazasen a los trajes militares de protección utilizados en un principio.[61] Además, la estimación del número necesario de personal de policía con formación QBRN ha aumentado de los aproximadamente 2.500 iniciales (un objetivo del 2,5% del total de policía con formación QBRN) a aproximadamente 6.500 (un objetivo revisado del 5% del total de policías con dicha formación).[62] Actualmente la cifra real de policías formados supera los 7.000 y el Centro Nacional de Policía para la Formación QBRN y el Servicio de Policía Metropolitana han elaborado un CD-ROM de concienciación en torno a este tipo de sustancias que se empleará en la capacitación del 95% restante de policías.
Esta mayor atención a las sustancias QBRN impone a la policía cuatros nuevos requisitos de carácter continuo: deberán facilitarse y mantenerse equipos de protección a un coste aproximado de £1.000 el traje; deberá mantenerse un programa de formación continua tanto para los oficiales al mando como para los miembros de las Unidades Policiales de Apoyo; tanto la adquisición de equipos como el programa de formación deberán tener en cuenta la tasa de rotación del personal del 10% prevista anualmente para el personal con formación QBRN; y todos los manuales de instrucciones y operaciones conexos también tendrán que actualizarse continuamente.
Cuando se confirma un incidente donde intervienen sustancias QBRN, los servicios de bomberos y otra serie de especialistas (procedentes, por ejemplo, de la policía o el ejército) serán quienes trabajen en la “zona caliente”. El principal papel de la policía en ese caso será proteger las vidas y las propiedades, para lo cual se realizarán tareas como el establecimiento de cordones que separen la zona identificada como “caliente” de la zona “fría”. Para mantener la integridad del cordón puede resultar necesario recurrir al uso de armas de fuego.
Respuesta a la amenaza de un atentado suicida
Éste fue el primer estudio específico sobre las nuevas amenazas tras el 11-S que realizó la policía del Reino Unido, como estudio diferenciado con respecto a los estudios de carácter general sobre las respuestas ante situaciones de catástrofe. El trabajo inicial fue llevado a cabo por el Grupo de Trabajo sobre Atentados Suicidas del Comité de Terrorismo y Cuestiones Conexas de la Asociación de Oficiales Jefe de Policía (ACPO TAM), dirigido por un superintendente del Cuerpo antiterrorista del Servicio de Policía Metropolitana.[63] Dicho trabajo consistía en realizar un estudio basado en múltiples fuentes sobre los atentados suicidas cometidos en todo el mundo, reforzado mediante visitas a los lugares en que se perpetraron dichos atentados, por ejemplo Israel, Sri Lanka y Rusia. También se realizaron visitas a países sin experiencia previa de atentados suicidas para comparar los planes de respuesta del Reino Unido con los de dicho grupo de países, entre los que se incluía EEUU.
Este trabajo de investigación cubría ámbitos tales como las tipologías de terroristas suicidas, la psicología del terrorista suicida, los Artefactos Explosivos Improvisados utilizados con mayor frecuencia en los atentados suicidas y el transporte de dichos dispositivos (persona o vehículo) o los problemas con los que se encuentra el terrorista que actúa en solitario y el terrorista que cuenta con una red de apoyo, suministro, mando y control. Esta investigación se tradujo en un estudio analítico muy valioso para su uso en conferencias y cursos de formación destinados a concienciar al público sobre el problema, y también sirvió de base para desarrollar respuestas estratégicas y tácticas.
¿Por qué la amenaza que representan uno o varios terroristas suicidas plantea una serie de desafíos diferentes a los que se presentan cuando los terroristas o extremistas se limitan a colocar un Artefacto Explosivo Improvisado? En primer lugar, el hecho de que exista un elemento de control sobre ese artefacto puede permitir una mayor precisión para alcanzar el objetivo. En segundo lugar, el hecho de que un terrorista suicida utilice un avión, un vehículo o un barco puede permitirle alcanzar objetivos de una naturaleza y una escala impensables mediante la mera colocación de un artefacto explosivo improvisado, como demostraron los dramáticos atentados del 11-S. En tercer lugar, el terrorista suicida recibe una gran atención mediática debido al impacto que provoca el hecho de que un ser humano se inmole, dejando una huella en la opinión pública, que se queda con la sensación de que podría haber sido el pasajero/cliente que tenía al lado. Y en cuarto lugar, el terrorista suicida plantea cuatro tipos de problemas a la policía desde el punto de vista táctico:
· ¿Puede la información de los servicios de inteligencia ayudar a detectar una amenaza de atentado suicida y al terrorista en una etapa o fase temprana?
· La tecnología o los perros policía, ¿pueden detectar a terroristas si las operaciones previas de desbaratamiento bien no son factibles, bien no se resuelven con éxito?
· ¿Cómo se activa el Artefacto Explosivo Improvisado? Entre las opciones posibles se encuentran la autodetonación, la detonación mediante un temporizador automático y la detonación remota a manos de un tercero.
· ¿Cómo actuar con un terrorista identificado?
El equipo de la policía reflexionó sobre lo aprendido durante el período de investigación y sobre las cuestiones anteriormente mencionadas, que surgieron a raíz de la investigación, hecho lo cual tradujeron sus conclusiones en propuestas de respuesta. La Operación “Clydesdale” fue un proyecto que consideraba las implicaciones de una respuesta en el caso de que los servicios de inteligencia hubieran identificado tanto el objetivo como al posible terrorista. En este caso se planteaban cuestiones tales como si la policía tendría el tiempo suficiente para realizar una identificación de los sospechosos y llevar a cabo una operación de interceptación en un momento en el que se pudieran limitar los daños en caso de que el explosivo fuera detonado durante la interceptación. La operación “Kratos” era un proyecto vinculado que consideraba lo que se podría describir como un incidente espontáneo en el que la policía no hubiera recibido ningún tipo de aviso previo por parte de los servicios de inteligencia pero en el que pudiera haber recibido un informe de “conducta sospechosa” de fuentes como cámaras de seguridad, un guardia de seguridad privado, un ciudadano o una patrulla de policía. En este caso, la policía podría encontrarse ante la duda adicional de si se trata de un sospechoso que se limita a transportar la bomba o de un terrorista suicida que se va a inmolar. En este caso, la policía tiene que estar preparada para hacer frente a una situación con respecto a la cual no se dispone de ningún tipo de información previa y en la que otros posibles indicadores o señales (como puede ser llevar ropa amplia de invierno o un cable o alambre asomando por una mochila o bolso) pueden ser indicativos de algo tan poco siniestro como que la persona sospechosa tenga frío o lleve un alambre para hacer un arreglo en su jardín. Asimismo, a diferencia de la situación en la que se debe hacer frente a una persona que lleva consigo un arma de fuego, en el caso de un terrorista suicida quizá no exista ninguna opción realista para acercarse a dicha persona y negociar con ella, a menos que ésta decida “darse por vencida”. Por lo tanto, el oficial al mando deberá estar preparado para autorizar una respuesta armada que implique una opción de fuerza letal.[64]
Dado que la amenaza de los terroristas suicidas no fue uno de los temas cubiertos en el manual operativo titulado Bombs, Police, Response, centrado en el IRA Provisional, el Grupo de Trabajo elaboró documentos de formación y de mando y control operativos como primer elemento de la respuesta. El segundo elemento de la respuesta era considerar, de forma paralela, el desarrollo de nuevas herramientas de ayuda operativa, como perros de policía entrenados específicamente para detectar explosivos y mecanismos o dispositivos especiales de detección. En condiciones normales, nuestro conocimiento sobre los dispositivos de detección especial sería, como es de imaginar, limitado. Sin embargo, en diciembre de 2003, entrevistas con el entonces comisionado de la Policía Metropolitana, Sir John Stevens, difundieron información sobre dichos dispositivos a la opinión pública.[65] La información divulgada se refería al desarrollo y uso de un escáner portátil basado en la tecnología de ondas milimétricas. Se dijo que dicho dispositivo podía detectar objetos, como una bomba, a través de la ropa del sospechoso, y que la información podía ser transmitida a un centro de control policial. Sir John Stevens manifestó que la amenaza que planteaban los atentados suicidas representaba un “salto cualitativo” con respecto a los atentados perpetrados en Arabia Saudí, Marruecos, Rusia e Irak.
Pueden extraerse un total de cinco conclusiones de este análisis sobre la respuesta a la amenaza que representan los terroristas suicidas:
(1) La existencia de servicios de inteligencia eficaces sigue siendo un requisito fundamental para prevenir o adelantarse a un atentado suicida y debe estar acompañada de medidas adecuadas de seguridad preventiva.
(2) El valor de las soluciones técnicas depende de su grado de fiabilidad y disponibilidad. Sólo si se dan estas dos condiciones se podrán proporcionar respuestas rápidas en caso de emergencia.
(3) La respuesta ante el terrorista suicida debe convertirse en un tema continuo dentro del programa de formación.
(4) Se plantea la necesidad de establecer un requisito especial de formación para los Oficiales Autorizados a usar Armas de Fuego (Authorised Firearms Officers, AFO), en el sentido de que deben ser instruidos para disparar al sospechoso en una situación en la que la visibilidad de la amenaza es marcadamente inferior a la que existe cuando un sospechoso armado está apuntando claramente con un arma.
(5) Las órdenes de evacuación local, que posiblemente estarán disponibles a corto plazo para hacer frente a acontecimientos espontáneos, deberán estar bien fundamentadas teniendo en cuenta los diferentes efectos que provocan las explosiones en función de la posición del Artefacto Explosivo Improvisado cuando es detonado.
Como consecuencia del caso Menezes, que sigue abierto y que se produjo tras los atentados terroristas del 21 de julio en Londres, es necesario restringir los comentarios adicionales sobre las políticas relativas a los terroristas suicidas. Sin embargo, en primer lugar, el ex ministro del Interior Charles Clarke indicó que una vez que se presentara el informe de la Comisión Independiente de Reclamaciones contra la Policía (Independent Police Complaints Commission, IPCC) el Gobierno estudiaría la posibilidad de celebrar un debate público sobre las “… políticas letales” y sugirió que quizá el Comité de Asuntos de Interior de la Cámara de los Comunes también debería abordar esas cuestiones.[66] En segundo lugar, el comisionado de la Policía Metropolitana, Sir Ian Blair, destacó que la política estaba basada en una “… evolución de la legislación existente” y que conforme al “… artículo 3 de la Ley de Justicia Penal (Criminal Justice Act), que versa sobre el uso de una fuerza razonable, ésta debe ser ‘proporcional’ a la amenaza y ‘necesaria’”.[67] Además, Sir Ian Blair explicó que la política ha sido desarrollada mediante el proceso oficial y ordinario de consultas y posteriormente aprobada por la Asociación de Oficiales Jefe de Policía (ACPO) en enero de 2003. Declaró que “… los funcionarios del Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, los letrados y los asesores independientes estaban al tanto de la política…”.[68] En su análisis de la política sobre terroristas suicidas, la Asociación de Oficiales Jefe de Policía la apoyó tal cual se había promulgado, pero destacó, entre otras cosas, que era necesario revisar los procedimientos C3I de la policía, articular la política sobre terrorismo suicida en un documento público y asegurar que la policía implicara a la opinión pública en el desarrollo de las políticas sobre terrorismo suicida.[69]
Evaluación de los resultados de la respuesta policial
Con respecto a la actuación de la policía en la lucha antiterrorista, es necesario volver a repetir ciertos aspectos que caracterizan la actuación policial en este ámbito. En primer lugar, dicha actuación debe enmarcarse en el Derecho y las actuales normas en materia probatoria, y dar prioridad a la seguridad pública. En segundo lugar, se trata de una actividad en la que intervienen múltiples organismos y en la que la policía recibe ayuda de varios tipos de servicios de seguridad e inteligencia y de otros organismos. En tercer lugar, la actuación policial contra el terrorismo tiene como principal objetivo la protección de las vidas y las propiedades. Por tanto, se otorga prioridad a la prevención y desbaratamiento de actos terroristas para minimizar el riesgo para la seguridad pública, lo cual es coherente con el elemento de Persecución de la política gubernamental de las “4P” en materia antiterrorista. Una importante consecuencia de esta estrategia es que las detenciones que permitan desbaratar actividades terroristas pueden llegar a considerarse prácticamente tan importantes en la lucha antiterrorista como asegurar un fallo condenatorio.
Sin embargo, las estrategias de desbaratamiento deben sopesarse teniendo en cuenta la posibilidad de que agraven la radicalización de una determinada minoría étnica.[70] Dos grupos de trabajo del Comité de Terrorismo y Cuestiones Conexas de la Asociación de Oficiales Jefe de Policía (ACPO TAM) con los cuerpos de policía, y el Equipo Nacional sobre Tensiones en las Comunidades (National Communities Tensions Team, NCTT), se han tomado muy en serio este aspecto. Actualmente tres cuerpos miden de forma oficial la tasa de incidentes de carácter islamófobo. La opinión general de la policía es que “… no se ha observado ningún aumento significativo de las tensiones a nivel nacional… [pero] se nos comunican incidentes y preocupaciones”.[71] Las “preoperaciones”, una forma de gestionar las posibles tensiones comunitarias que está siendo discutida por la policía, se basa en “… la idea de grupos de asesores independientes que puedan analizar la información y evaluarla en función del contexto comunitario; no se trataría necesariamente de una valoración de su veracidad, sino de su impacto en las comunidades”.[72]
La policía y otros organismos son plenamente conscientes de que no se puede depender exclusivamente de las medidas de prevención y desbaratamiento. Es igual de importante tener en cuenta las medidas de prevención que tener en cuenta las medidas destinadas a la gestión de los incidentes y sus consecuencias. En este aspecto el Reino Unido ha podido basarse en su larga experiencia con el terrorismo irlandés, adaptándola, en los casos necesarios, a la situación actual. En la situación actual resulta más difícil proporcionar datos sobre los “resultados” ya que hasta la fecha, por fortuna, sólo podemos basarnos en los dos atentados de Londres. Pueden extraerse otro tipo de datos sobre los resultados a partir de lo aprendido de los ejercicios de antiterrorismo y las respuestas a los mismos, la financiación y aplicación de mejoras acordadas de la capacidad, como la formación QBRN y la asignación de Puestos de Seguridad Especializados (DSPs) a los cuerpos de policía, y los indicios de que la planificación de los cuerpos de policía incorpora realmente la lucha contra el terrorismo en sus planes anuales.
Resultados extraídos de fuentes de datos oficiales: competencias de “registro aleatorio”[73]
Los apartados 44.1 y 44.2 de la Ley de Terrorismo de 2000 obligan a los cuerpos de policía a registrar todos los casos de “registro aleatorio” (stop and search) llevados a cabo en el ámbito de la lucha antiterrorista. A partir de esos datos y de arrestos posteriores pueden empezar a identificarse aspectos de los resultados de la labor policial antiterrorista. Debido a la variabilidad marginal registrada entre las estadísticas tomadas de distintas fuentes en distintos momentos, este apartado se basará fundamentalmente en los datos oficiales presentados en abril de 2005 en el Sexto Informe del Período de Sesiones 2004-2005 del Comité de Asuntos de Interior de la Cámara de los Comunes: “Terrorism and Community Relations”.[74]
Cuadro 1. Casos de “registro aleatorio” por etnia registrados en virtud de los apartados 44.1 y 44.2 de la Ley de Terrorismo de 2000 y resultados de los mismos[75]
| Etnia | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 |
| Blanca | 6.629 | 14.429 | 20.637 |
| Negra | 529 | 1.745 | 2.704 |
| Asiática | 744 | 2.989 | 3.668 |
| Otra/no registrada | 618 | 2.414 | 2.398 |
| Total | 8.550 | 21.577 | 29.407 |
Del total de “registros aleatorios” para 2002-2003, la gran mayoría procedía de ocho cuerpos de policía: Servicio de Policía Metropolitana, Ciudad de Londres, Thames Valley, Gloucestershire, Cheshire, Gran Manchester, Hampshire y Sussex. En 2003-2004, el 77,5% (83% en 2002-2003) de todos los casos de “registro aleatorio” realizados en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000 fueron llevados a cabo por la Policía Metropolitana y la Policía de la Ciudad de Londres (City of London Police, CLP). El jefe de Policía Todd porporcionó información contextual de gran utilidad acerca del área de la Policía de Gran Manchester (Greater Manchester Police, GMP) cuando informó al Parlamento de que el 95% de los casos en que se emplearon las competencias otorgadas por el apartado 44 en el área de Gran Manchester se produjeron en el aeropuerto de dicha ciudad. Declaró que en el año anterior se había detenido en el aeropuerto a 828 de los 20 millones de personas que pasaron por él, lo cual pone claramente de manifiesto que en esa zona no se produce ningún uso a gran escala de las competencias conferidas por el apartado 14 entre la población en general.[76]
Las cifras del Ministerio del Interior desglosadas por etnia muestran que entre 2001 y 2004 aproximadamente el 11% de los registrados y arrestados conforme a las competencias conferidas por la Ley de Terrorismo de 2000 eran de origen asiático. Sin embargo, como señalaba la profesora Marian FitzGerald, “… el sistema empleado de 1996 a 2003 dependía sencillamente de que los agentes de policía registraran la apariencia étnica de esas personas en función de cuatro categorías muy amplias: blanco, negro, asiático, otros”.[77] El “Stop and Search Manual” publicado en marzo de 2005 tiene en cuenta las cuestiones étnicas, pero según la profesora Marian FitzGerald, “… las probabilidades de que seas un miembro inocente de la comunidad asiática con un comportamiento normal y de que seas registrado por la policía son infinitamente superiores que la de una persona blanca”.[78] El Informe de 2003-2004 del HMIC también mostró un aumento continuado en el porcentaje de personas registradas pertenecientes a etnias minoritarias, desde un 14% en 1999-2000 hasta un 25% en 2003-2004.[79] Sadiq Khan, presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Consejo Musulmán de Gran Bretaña (Legal Affairs Committee of the Muslim Council of Britain) puso aún más de relieve lo deficiente de esas categorías al señalar al Comité de Asuntos de Interior que “… las estadísticas aparecen desglosadas por etnia, no por religión… [y] la apariencia de los supuestos participantes en el 11-S y los atentados de Madrid y Estambul apuntaba a que eran originarios de Oriente Medio”.[80]
Las personas de ascendencia asiática ciertamente aparecen más en las cifras en términos de porcentaje, pero posiblemente esto coincida con la etnia de las regiones del mundo de las cuales se espera la mayor amenaza terrorista, si bien los datos aportados al Comité Especial de Asuntos de Interior apuntaban a que la categoría “etnia” no da una idea clara del entorno religioso de los detenidos o arrestados.[81] Es más, los datos sobre etnias no resultan concluyentes. En el área de la Policía Metropolitana se detuvo a más asiáticos que a negros en 2001-2002, pero esa proporción se invirtió en 2002-2003.[82]
Una crítica frecuente que se hace a la labor policial antiterrorista es el escaso número de arrestos derivados de los “registros aleatorios” llevados a cabo en el marco de la Ley de Terrorismo de 2000, y la crítica está a menudo vinculada a la baja tasa de arrestos y condenas. El Comité de Asuntos de Interior señaló que, en 2003-2004 “… menos del 1,5% de los registros aleatorios de transeúntes conforme a la Ley de Terrorismo llevaron a un arresto”.[83] El fiscal jefe (Director of Public Prosecutions, DPP) facilitó al Comité Especial de Asuntos de Interior otra perspectiva, con un útil elemento comparativo. Macdonald dijo al Comité en enero de 2005 que “… aproximadamente el 50% de las personas arrestadas conforme a la Ley de terrorismo termina siendo acusada de algún tipo de delito, que es más o menos adecuado para un crimen grave”.[84] En el proceso de acusación de las 119 personas enjuiciadas conforme a la Ley de Terrorismo de 2000 desde el 11 de septiembre de 2001 hasta diciembre de 2004 se citaron 23 categorías distintas de delito previstas en la Ley de Terrorismo de 2000. Diecisiete de esas personas fueron condenadas en juicios posteriores. Al intentar relacionar los “resultados” con las prioridades de las políticas antiterroristas debemos buscar correlaciones significativas entre objetivos y resultados. Entre las 23 categorías de delito empleadas se observaban los siguientes grupos: el grupo de mayor tamaño lo constituyeron 59 citaciones por “posesión de un artículo en circunstancias que puedan suscitar una sospecha razonable de que dicha posesión tiene un fin relacionado con la comisión, la preparación o la instigación de un acto de terrorismo” (apartado 57 [1]); el segundo grupo de mayor tamaño lo constituyen 28 citaciones por “pertenecer, o declarar la pertenencia, a una organización prohibida” (apartado 17); el tercer grupo por tamaño lo constituyen un total de 16 citaciones que ratifican la importancia otorgada a las amenazas de ataques QBRN/con artefactos explosivos improvisados/“mortales y decididos”; diez delitos se imputaron conforme al apartado 54 [2], que tipifica como delito “recibir formación sobre la fabricación o el uso de armas de fuego, explosivos o armas químicas, biológicas o nucleares” y otros seis conforme al apartado 54 [1], que tipifica como delito “impartir formación sobre la fabricación o el uso de armas de fuego, explosivos o armas químicas, biológicas o nucleares”.
Dado que en los últimos años los organismos antiterroristas británicos han venido centrándose más en el terrorismo internacional, y dada la existencia de una legislación relativamente estricta en el Reino Unido sobre armas de fuego, explosivos, sustancias peligrosas y blanqueo de dinero, resultaría más preocupante en realidad que se registrase un mayor número de arrestos y delitos imputables. Puede asumirse que esas cifras reflejan los actuales parámetros hechos públicos de la amenaza que suponen para el Reino Unido los grupos terroristas y quienes los apoyan.[85] Éstas reflejarían a finales de 2006 una situación en la que probablemente existieran 200 agrupaciones o redes con un total de 1.600 individuos y con 99 acusados esperando a ser juzgados en 34 causas.
Otra correlación que cabría esperar es que los ciudadanos no británicos o los ciudadanos británicos originarios del norte o el este de África, de Oriente Medio o de Asia, que también pueden ser musulmanes, deberían aparecer más en las cifras si la principal amenaza procede actualmente de los grupos islamistas y quienes los apoyan. Este trasfondo en términos del área geográfica de origen de las familias también se observa en relación con los atentados de Londres de julio de 2005. Sin embargo, las pruebas estadísticas reales de que se dispone no son exhaustivas y el ministro del Interior informó al Parlamento de que no se disponía de datos sobre la nacionalidad y la situación migratoria de los arrestados en relación con delitos de terrorismo para el período 1999-2004.[86]
Los informes de prensa sobre la etnia de los arrestados y enjuiciados a raíz de operaciones antiterroristas ofrecen una mejor correlación entre la amenaza identificada y el grupo más probable de autores de atentados terroristas. Los norteafricanos ocupan una posición preponderante entre los arrestados, al igual que las personas con nacionalidad británica pero de origen étnico asiático, norteafricano o de Oriente Medio. También parece existir una correlación entre los arrestados y la tipología generalmente aceptada de los participantes en esta forma de terrorismo internacional: representan tanto a activistas de larga data como a simpatizantes más jóvenes y hasta esa fecha desconocidos. Otra correlación es la existente entre los arrestos y el nivel de recursos desplegados para efectuarlos. Éstos deberían ser de nivel elevado para reflejar la amenaza y el riesgo potenciales que los posibles sospechosos suponen para la policía y otros organismos. Esta correlación parece existir en los informes de las detenciones, los datos sobre los atentados de Londres de julio de 2005 y los arrestos efectuados en agosto de 2006 en relación con la sospecha de una trama terrorista destinada a atentar contra un avión de pasajeros.
En su testimonio al Parlamento tras los atentados de Londres, el comisionado adjunto de Operaciones Especiales Andy Hayman ofreció detalles de la magnitud de las operaciones policiales e hizo referencia al almacenamiento de 38.000 pruebas para juicio y 1.400 huellas digitales, a más de 160 escenarios de crímenes y a la investigación de 54 asesinatos y delitos de otra índole.[87] Sus comentarios se vieron reforzados por el comisionado Sir Ian Blair, que declaró que era “… la primera vez en la historia que la Policía Metropolitana ha declarado algo denominado ‘ayuda mutua’, que implica que estemos pagando a cientos de agentes de otros cuerpos para que trabajen con nosotros”.[88] El Comité de Inteligencia y Seguridad (Intelligence and Security Comité, ISC) del Parlamento también señaló, en relación a los atentados del Londres, que “… una operación de carácter inmediato, en relación, por ejemplo, con la planificación de un ataque inminente, puede llegar a consumir prácticamente la mitad de los recursos operacionales y de investigación de los Servicios de Seguridad”.[89]
En una operación llevada a cabo a finales de marzo/principios de abril de 2004 en Londres y el sudeste, ocho hombres de entre 17 y 32 años fueron detenidos en relación con una serie de delitos que incluían la posesión de media tonelada de nitrato amónico. Aquellas detenciones fueron descritas como “…una operación masiva de la policía y el MI5”.[90] Para llevar a cabo esa operación se desplegaron aproximadamente 700 agentes de la Policía Metropolitana, los cuerpos de los condados de los alrededores de Londres (Home Counties: Bedfordshire, Surrey, Sussex y Thames Valley) y el MI5, que llevaron a cabo 24 registros conforme a las competencias otorgadas por la Ley de Terrorismo de 2000 en Uxbridge, Ilford, Colindale, Crawley, Slough, Luton, Horley y Reading.[91] Las detenciones se produjeron tras una amplia e intensa labor de seguimiento de los Servicios de Seguridad y la policía. También se recibió ayuda de la Real Policía Montada del Canadá (Royal Canadian Mounted Police, RCMP), que detuvo a un sospechoso en Ottawa.[92] Las causas que se derivaron de esas detenciones siguen en los tribunales, por lo que los comentarios al respecto son necesariamente limitados. Sin embargo, se ha sugerido en la prensa que las detenciones podrían estar vinculadas con datos que apuntarían a un posible plan para hacer explotar un vehículo con un Artefacto Explosivo Improvisado cerca de una discoteca de Londres.[93]
A principios de agosto de 2004 se produjo otra serie de detenciones a raíz de los datos encontrados en un ordenador perteneciente a Mohammed Naeem Noor Khan, descrito como un especialista informático de al-Qaeda, que fue detenido en Pakistán. Su ordenador tenía información sobre planes y personas que posiblemente planeaban llevar a cabo operaciones de gran escala en el Reino Unido, como por ejemplo un atentado contra Heathrow. El 3 de agosto, miembros del Cuerpo antiterrorista detuvieron a 13 varones de entre 19 y 32 años, en virtud de las competencias conferidas por la Ley de Terrorismo de 2000, como sospechosos de planear atentados terroristas, muchos de ellos de origen paquistaní pero nacidos en el Reino Unido, en una serie de redadas efectuadas en Blackburn (2), Watford, Luton y Londres (cinco en Willesden, una en Wembley, una en Sudbury y dos en Paddington). La operación se produjo como consecuencia del intercambio de información entre el Reino Unido, Pakistán y EEUU. Uno de los hombres fue liberado rápidamente pero entre los detenidos figura un sospechoso considerado por la Policía Metropolitana “… una figura prominente”. Sin embargo, como consecuencia de la publicidad mediática que recibió la detención de estos paquistaníes se cree que otros cinco sospechosos consiguieron huir.[94]
A primera vista ésta parecería ser una de las operaciones de desarticulación más significativas en el marco antiterrorista del Reino Unido hasta las detenciones de agosto de 2006, dado el número de detenidos imputados finalmente y la gravedad de los cargos imputados, entre los que se incluyen cargos de uso específico previstos en la Ley de Terrorismo de 2000. De los 13 detenidos el 3 de agosto, dos fueron liberados sin cargos, dos ya no están sometidos a los procedimientos previstos en la Ley de Terrorismo de 2000 pero han vuelto a ser detenidos por delitos relacionados con falsificaciones y uno ha sido acusado de posesión de un arma ilícita. Los ocho restantes (Dhiren Barot, Qaisar Shaffi, Mohammed Naveed Bhatti, Abdul Aziz Jalil, Omar Abdul Rehman, Junade Feroze, Zia ul Huq y Nadeem Tarmohammed) han sido acusados conjuntamente (ambos cargos de conspiración estaban recogidos en el apartado 1(1) de la Ley de Derecho Penal de 1977 –Criminal Law Act 1977–) de conspiración para el asesinato y conspiración para provocar una alteración del orden público con sustancias radioactivas, gases tóxicos, sustancias químicas o explosivos. Dhiren Barot también ha sido acusado (apartado 58 de la Ley de Terrorismo de 2000) de tener en su poder “… planos de reconocimiento de edificios financieros estadounidenses y cuadernos de notas con información sobre explosivos, sustancias venenosas, sustancias químicas y cuestiones conexas”. Nadeem Tarmohammed ha sido imputado además conforme al apartado 58 de la Ley de Terrorismo de 2000. Qaisar Shaffi también ha sido acusado (apartado 58 de la Ley de Terrorismo de 2000) de poseer un extracto de un manual de un terrorista donde se explica cómo usar dispositivos químicos y explosivos”.[95] El que se haya imputado un cargo de “alteración del orden público” sugiere posibles problemas de evidencia en relación con el no uso de las competencias conferidas por la Ley de Terrorismo de 2000 en ese contexto.[96]
Una de las características de todas estas operaciones dirigidas por la inteligencia es el gran cuidado que se pone a la hora de decidir proceder a ellas. Los miembros del Consejo para la Igualdad Racial (Council for Racial Equity, CRE) y el Consejo Musulmán de Gran Bretaña que testificaron ante el Comité de Asuntos de Interior mostraron su preocupación por el hecho de que el escaso número de personas acusadas y enjuiciadas tras la detenciones realizadas en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000 pudiera reflejar un mero “tanteo del terreno” por parte de la policía británica o el uso de las competencias conferidas por la Ley de Terrorismo de 2000 para combatir otras formas de delincuencia. En su testimonio, el jefe de Policía Todd, de la Policía del Gran Manchester, dio una explicación detallada de esas operaciones. En primer lugar señaló que el fin fundamental es proteger a la población desbaratando y evitando cualquier posible acto de terrorismo. En segundo lugar llamó la atención sobre la importante diferencia existente entre información y pruebas; la información puede constituir el primer paso para la reunión de pruebas. En tercer lugar subrayó que en su cuerpo la calidad de la información disponible sería revisada por el jefe adjunto de Policía (Crimen) antes de tomarse ninguna decisión operacional y, en los casos que pudieran tener alta relevancia, también por el propio jefe de Policía, y que el resto de los cuerpos mostraban prácticas similares. Y, en cuarto lugar, señaló que ningún cuerpo actuaba por su cuenta, sino en el marco de “… la política antiterrorista del Reino Unido”, es decir, con la colaboración del MI5 y el Cuerpo Antiterrorista del Servicio de Policía Metropolitana.[97]
La forma en que acaban los juicios también supone una buena forma de valorar los resultados de la actividad policial, ya que si los acusados son declarados culpables, entonces se puede decir que la evidencia está “más allá de toda duda razonable”. En lo que podría calificarse como un caso de nueva amenaza terrorista prominente relacionada con el uso de sustancias QBRN, el caso del ricino finalizó en abril de 2005 con tan sólo un sospechoso, Kamal Bourgass, condenado y sentenciado a 17 años de cárcel por conspirar para provocar una alteración del orden público mediante el uso de sustancias venenosas y/o explosivos destinados a causar trastornos, miedo o daños. Bourgass se encontraba ya en prisión cumpliendo cadena perpetua por el asesinato del agente de policía Oakes en Manchester en 2003. Otros cuatro acusados fueron absueltos de los cargos de conspiración y un segundo juicio conexo se abandonó. Algunos de esos sospechosos fueron detenidos posteriormente por motivos de seguridad nacional. Con respecto al resultado de los juicios, en una nota informativa del Cuerpo antiterrorista se comentaba que si se hubiera tenido la oportunidad de disponer de más tiempo para investigar antes de tener que presentar cargos “… la calidad de la decisiones iniciales en materia de presentación de cargos habría sido superior y es probable que el sospechoso que huyó del país estando en libertad bajo fianza y que finalmente resultó ser uno de los principales conspiradores hubiera sido juzgado en el Reino Unido. De haber sido así, el resultado del juicio podría haber sido muy distinto”.[98] En su evaluación global, el coordinador nacional para Investigaciones Terroristas, el subcomisionado adjunto Peter Clarke (Deputy Assistant Commissioner, DAC), dijo que se había evitado “una amenaza real y mortífera”.[99]
Este caso se originó a raíz de un trabajo de la policía y los servicios de inteligencia que se remontaba a septiembre de 2002 y se centraba en avisos de casos de delincuencia menor entre “… una red de argelinos en nuestro país [que] estaban recaudando fondos para actividades de terrorismo”.[100] Ese trabajo condujo a la identificación de entre tres y cuatro grupos en el Reino Unido, con un total de aproximadamente 80 miembros. La operación policial “Springbourne” se centró en uno de los grupos con base en Londres y entre las 15 detenciones realizadas se detuvo a David Khalif en Norfolk, que tenía en su poder recetas para fabricar ricino, cianuro y otra serie de venenos. En su día Khalif había trabajado en fábricas del sector alimentario. Fue el descubrimiento de esas recetas lo que “… condujo directamente a la redada de [la mezquita de] Finsbury Park llevada a cabo posteriormente en enero [de 2003]’.[101] La redada, llevada a cabo por aproximadamente 1.000 policías, surgió a raíz de que se encontrase la dirección de la mezquita en los documentos incautados durante la detención de Khalif. A su vez, esa redada condujo a la detención, entre otros, de dos hombres que figuraban en la lista de “las personas más buscadas”.[102]
A veces, por fortuna, un atentado terrorista fallido proporciona datos utilizables que pueden conducir, mediante una labor de inteligencia, a otros resultados. Por ejemplo, el nerviosismo de Richard Reid en torno a su Artefacto Explosivo Improvisado sugería que él no era el fabricante y por tanto que no estaba actuando completamente en solitario, lo cual terminó conduciendo a la detención en Gloucester, en 2003, de Saajid Badat y a la presentación de cargos contra él. Badat terminó declarándose culpable de conspirar para colocar un artefacto en un avión y hacerlo explotar en pleno vuelo y fue condenado en marzo de 2005.[103] Al comentar el resultado, el coordinador nacional para Investigaciones Terroristas, el subcomisionado adjunto Peter Clarke, declaró que el caso había supuesto “tres años de intensa y concienzuda investigación internacional” y que “…debemos plantearnos cómo un joven británico pudo dejar de ser una persona inteligente, culto y respetado para pasar a convertirse en una persona que se declara culpable de conspirar para cometer uno de los crímenes más graves en que pueda pensarse”.[104] Ésta, sin duda, es una de las preguntas clave a las que tratan de encontrar respuesta actualmente los organismos británicos antiterroristas.
Después de que algunos de los acusados fueran declarados inocentes en el juicio por el caso del ricino (si bien algunos de ellos fueron detenidos posteriormente de nuevo por razones de seguridad nacional), la cuestión sustancial de disponer de la evidencia suficiente para convencer a un jurado. Resultó satisfactoria en ese sentido la condena de Andrew Rowe el 25 de septiembre de 2005 por dos cargos de posesión de artículos de utilidad para fines terroristas. Rowe fue sentenciado a 15 años de cárcel. El director de la Acusación Pública (DPP), Ken Macdonald, comentó que “éste había sido el primer juicio con acusación de la División de Antiterrorismo de la Fiscalía General del Estado, creada en mayo [de 2005]” y que “… la prueba que superamos fue conseguir demostrar a un jurado que aunque no existía un vínculo directo entre Andrew Rowe y un atentado terrorista en particular, la posesión de esos artículos, junto con otras pruebas acreditativas, eran suficientes para que el jurado concluyese que los tenía en su poder con fines terroristas”.[105] Algunas de las características interesantes del caso Rowe eran que era un ciudadano británico, de origen no europeo, que se convirtió al islam a principios de la década de 1990, adoptando el nombre de Yusef Abdullah, y que llevaba tiempo sometido a seguimiento. Rowe había luchado en el conflicto bosnio en 1995 y los organismos británicos antiterroristas consideran que la influencia radicalizante de ese conflicto no se ha entendido tan bien como se debería.
La localización de los lugares donde se llevaron a cabo detenciones plantea un aspecto importante para la gestión nacional del terrorismo en el Reino Unido pues se observa claramente su amplia dispersión geográfica en todo el país. En contraste, el seguimiento del movimiento de personas vinculadas al terrorismo irlandés en cierto modo se concentra en el corredor urbano y de transporte existente entre Holyhead y Londres. El reciente patrón de actos de terrorismo internacional y detenciones de terroristas internacionales pone de manifiesto que ningún cuerpo de policía puede dar por sentado que su situación geográfica le libra de la posibilidad de que su zona sea objeto de alguna forma de terrorismo internacional.
El informe del HMIC Closing the Gap, de septiembre de 2005, muestra que siguen existiendo una preocupación importante sobre la capacidad de la estructura actual de cuerpos policiales provinciales para dar respuesta a algunos de los aspectos de la labor policial antiterrorista.[106] Por ejemplo, en el informe se señala que “… prácticamente ninguno de los cuerpos examinados ha planeado, ensayado o practicado frente a un posible incidente caótico y simultáneo en distintos lugares”.[107] Los atentados de Londres del 7 y 21 de octubre de 2005 entrarían dentro de esta categoría de incidentes. Además, los problemas a que se enfrentan los cuerpos de menor tamaño quedan de manifiesto en los comentarios del informe acerca de la dependencia de estos cuerpos de “… individuos asignados a múltiples tareas” y ayuda de otros cuerpos para “… operaciones bastante modestas”.[108]
Conclusiones
La policía parece estar gestionando bastante bien el aspecto del desbaratamiento (Persecución) de la gestión nacional del terrorismo dentro de los parámetros de la información disponible. En este aspecto de la lucha antiterrorista, un problema importante en materia de recursos es la disponibilidad de suficiente personal de seguimiento formado y de otra serie de agentes para llevar a cabo las acciones derivadas de extensas operaciones de seguimiento. Ésta es una cuestión que debe analizarse, así como sus costes de oportunidad en términos de hacer frente a otras prioridades del Plan Policial Nacional. El elemento de investigación también consume muchos recursos y puede en última instancia no conducir a comparecencias en juicio o conducir solamente a juicios por delitos relativamente menores. No obstante, con él seguirá cumpliéndose el objetivo de Persecución de la estrategia británica contra el terrorismo y puede que algunos de esos problemas se resuelvan gracias a las disposiciones de la Ley de Terrorismo de 2006, aunque puede que resulte necesario que esos resultados sin juicio sean reconocidos expresamente en los criterios de evaluación del rendimiento, como los que están elaborando el Ministerio del Interior y el HMIC. Resulta muy difícil sacar conclusiones definitivas sobre la capacidad policial de gestión de los incidentes y sus consecuencias, ya que, por fortuna, esas capacidades sólo han sido puestas a prueba de momento bien en ejercicios, bien en situaciones ya bien ensayadas de gestión de grandes acontecimientos y mejora de las operaciones de seguridad en los aeropuertos. Dicho esto, los atentados de Londres de julio de 2005 ponen claramente de manifiesto que incluso la mayor de las fuerzas del país puede verse seriamente comprometida a la hora de responder a ataques simultáneos en distintos lugares, tanto en el aspecto de gestión del incidente como en las fases posteriores de investigación. Además, hay que tener en cuenta que esos atentados sólo emplearon Artefactos Explosivos Improvisados con formas convencionales de explosivo, no elementos QBRN.
Sin duda existen muestras de colaboración entre los cuerpos policiales y otras partes del sector público y privado en el tipo de planificación multi-institucional ante casos de emergencia previsto en el Plan Policial Nacional actual y en la Ley de Contingencias Civiles de 2004. Una cuestión que ha surgido de diversas fuentes de proyectos y del examen parlamentario en relación con los elementos de Prevención y Preparación de “las 4P” ha sido la idoneidad de los sistemas de financiación para satisfacer algunas de las necesidades policiales en materia de seguridad antiterrorista. Por último, si se tienen en cuenta los datos sobre el rendimiento policial de los estudios periódicos del HMIC, que nombran a los cuerpos con “mejor” y “peor” rendimiento en diversas categorías de rendimiento y en función de las esporádicas decisiones operacionales de carácter polémico,[109] como la tomada por la policía de Thames Valley en junio de 2004 en relación con un tiroteo con resultado mortal y la tomada en relación con el caso Menezes en julio de 2005, puede considerarse que la capacidad de respuesta de la policía ante acontecimientos “sorpresa” o “espontáneos” puede seguir siendo bastante variable en función de factores aleatorios como el lugar donde se produce el incidente y el funcionamiento de la estructura de mando de la respuesta en una situación de emergencia.
El nuevo jefe del Comité de Terrorismo y Cuestiones Conexas de la Asociación de Oficiales Jefe de Policía (ACPO TAM), el comisionado adjunto de Operaciones Especiales Andy Hayman, impulsó la realización de un análisis de la estrategia antiterrorista tras los atentados de Londres de julio de 2005. A julio de 2006 aún no se había publicado el informe definitivo sobre los resultados de ese análisis. El retraso se debió en parte a la promulgación y posterior abandono de los planes de fusión de los cuerpos policiales, aunque la labor del comité interinstitucional DADA se vio reducida repentinamente el verano de 2005 y el futuro de los servicios de policía de menor tamaño, la Unidad Policial contra el Terrorismo Internacional y la Oficina Nacional de Seguridad Antiterrorista, es algo incierto, como lo es también el de alguno de los puestos de coordinador nacional. El resultado final de la revisión, anunciado a principios de 2007, fue bastante “moderado” en el sentido de que tan sólo establecía que la policía británica crearía tres “centros” de recursos y experiencia antiterrorista fuera de Londres. También puede considerarse que, de alguna forma, este tipo de regionalización de la capacidad tiene que ver con la decisión del MI5 de crear ocho centros regionales como parte de su constante adaptación a los nuevos desafíos en la lucha antiterrorista. Así, parece lo más probable que la respuesta antiterrorista británica vaya a mantener su actual combinación de papeles nacionales para algunos aspectos del Servicio de Policía Metropolitana y capacidades variables de los cuerpos provinciales de policía. Aun así, el comisionado adjunto de Operaciones Especiales Hayman se mostró muy sincero en torno a las capacidades provinciales al referirse a su anterior cargo, jefe de Policía de Norfolk. Dijo lo siguiente: “He trabajado en un cuerpo pequeño junto con otros dos cuerpos pequeños y la medida en que como jefe de ese cuerpo podía satisfacer algunas de las exigencias, no sólo en materia de terrorismo sino también de delitos graves… era sencillamente imposible”.[110]
Las fuentes de evidencia, en relación con el juicio y la condena, el 30 de abril de 2007, de cinco extremistas islamistas acusados de terrorismo que habían sido detenidos en 2004 (operación “Crevice”) en relación con una trama destinada a emplear nitrato de amonio para provocar explosiones masivas en lugares públicos, han planteado nuevas cuestiones en relación con el conocimiento previo que se tenía de dos de los terroristas suicidas que perpetraron los atentados del Londres el 7 de julio de 2005, Mohammad Sidique Khan y Shehzad Tanweer.[111] Esas preguntas volverán a ser analizadas por el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento pero, independientemente de cuáles sean las conclusiones de ese análisis, el debate refleja muy bien la preocupación del comisionado adjunto de Operaciones Especiales Hayman en torno a la necesidad de “alcanzar un correcto equilibrio, en términos de la investigación antiterrorista, entre la recopilación de información y la investigación y lo que denominamos ‘seguridad de protección’”.[112]
Frank Gregory
Universidad de Southampton
[1] Véanse los comentarios sobre esta cuestión de L. Clutterbuck, “Law Enforcement”, en A.K. Cronin & J.M. Ludes, Attacking Terrorism – Elements of a Grand Strategy, Washington DC, Georgetown UP, 2004, pp. 142-143.
[2] Aquí se hace referencia a la función de seguimiento antiterrorista de la Compañía de Inteligencia 14 (14 Int Coy) en Irlanda del Norte, pero actualmente se tiene constancia de la creación de una nueva unidad antiterrorista que combinará a algunos miembros de las Fuerzas Especiales con miembros de la Compañía de Inteligencia 14 y a miembros de los servicios de inteligencia con personal de seguimiento de la Compañía de Inteligencia 14, desplegable en Gran Bretaña en funciones de seguimiento. Véase The Sunday Times, 25/VII/2004, y The Times, 26/VII/0204. Dicho esto, puede que esta noticia no se refiera más que a una práctica ya arraigada de combinar a las Fuerzas Especiales y personal de la Compañía de Inteligencia 14 bajo el mando de los Servicios de Seguridad cuando las circunstancias lo requieren.
[3] The Times, 18/VII/2005 y 31/VII/2005.
[4] Véase Ministerio del Interior, One Step Ahead – A 21st Century Strategy to Defeat Organised Crime, Cm. 6167, The Stationery Office, Londres, 2004; véanse también los comentarios del ministro del Interior sobre la mejora de la eficacia de las autoridades fronterizas en su Testimonio Oral con respecto a la investigación conjunta del Comité de Defensa y el Comité de Asuntos de Interior sobre la seguridad nacional, HC 417-i, 2/3/04, P51, y HM Govt., Countering International Terrorism: The United Kingdom’s Strategy, Cm 6888, The Stationery Office, julio de 2006, párr. 91.
[5] HMIC, A Need to Know, análisis temático de los cuerpos especiales y la Policía de Puertos del HMIC, Dirección de Comunicaciones, Ministerio del Interior, enero de 2003.
[6] The Times, 21/VI/2004.
[7] Sir John Stevens, Police Review, 2004
[8] Véanse los comentarios del comisionado Sir Ian Blair al Comité Especial de Asuntos de Interior (Home Affairs Select Committee), Testimonio Oral, Actas, “Counter-terrorism and Community Relations”, 13/IX/2005, HC462-I, P47.
[9] Asociación de Oficiales Jefe de Policía (Association of Chief Police Officers, ACPO), Latest News, Ref: 58/06, 12/VII/2006, “Police Merger Programme”, http://acpo.police.uk/pressrelease.asp?PR_GUID={249F8AA8-EBOC-4DF5_B5, último acceso 28/VII/2006.
[10] Véase “Home Office Responsibilities to change”, http://www.homeoffice.gov.uk/about-us/news/announce-future-ho, último acceso 3/V/2007.
[11] La expresión “DADA” fue utilizada por primera vez por el ex comisionado adjunto de Operaciones Especiales (Assistant Commissioner of Special Operations, ACSO), Sir David Veness, en un documento informativo de la ACPO (entrevista con un agente del Cuerpo antiterrorista –Anti Terrorist Branch–, ATB) y diversas conversaciones con Sir David Veness).
[12] Estos nuevos desafíos se habían expuesto ampliamente en las conferencias públicas de la directora general del MI5, Eliza Manningham-Buller (véase su James Smart Lecture en la página web del MI5) y del comisionado adjunto de Operaciones Especiales, David Veness.
[13] Una excelente fuente sobre los problemas y las respuestas iniciales son los informes del Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes: The Threat from Terrorism, HC348, período de sesiones 2001-2002, y Defence and Security in the UK, HC518-I & II, período de sesiones 2001-2002.
[14] Ministerio del Interior, discurso “Terrorism – Policing the Unknown” de Leigh Lewis, secretario permanente para el Antiterrorismo del Ministerio del Interior, 20/V/2004. Véase también Cm 6888, op. cit.
[15] Plan Policial Nacional 2004-2007, Ministerio del Interior, noviembre de 2003, p. 3.
[16] Presentaciones de H/PICTU a talleres del Proyecto.
[17] M. Baber, “The Terrorism Bill, Bill 10 of 1999-2000”, Documento de investigación de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes 99/101, diciembre de 1999.
[18] S. Broadbridge, “The Anti – Terrorism Crime and Security Bill: Introduction & Summary, Bill 49 of 2001-02”, Documento de investigación de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes 01/101, noviembre de 2001.
[19] Ibíd., pp. 22-25. Véase también G. Garton Grimwood, M. Oakes & P. Carling, “The Anti-Terrorism Crime and Security Bill: Part X: Police Powers”, Documento de investigación de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes 01/97, noviembre de 2001, y S. Payne, “Britain’s New Anti-terrorist Legal Framework”, RUSI Journal, vol. 147, nº 3, junio de 2002, pp. 44-52.
[20] Fallos–A (FC) y otros (FC) (apelantes) v. Ministerio del Interior (Apelado), Cámara de los Lores, período de Sesiones 2004-2005, (2004) UKHL 56 en recurso de apelación de :{2002] EWCA Civ 1502, 16/XII/2004.
[21] Ley de Prevención del Terrorismo de 2005, http://www.homeoffice.gov.uk/security/terrorism-and-the-law/prevention-of-terrorism/, último acceso 10/X/2005.
[22] The Times, 22/VII/2005, y taller de PICTU, 13/V/2005.
[23] Declaración del ministro del Interior ante la Cámara de los Lores, 20/VII/2005, http://www.homeoffice.gov.uk/security/terrorism-and-the-law/prevention-of-terrorism/, último acceso 10/X/2005.
[24] Declaración del ministro del Interior ante la Cámara de los Lores, Debates Hansard, col. 1254, 21/VII/2005.
[25] Ibíd.
[26] The Times, 11/X/2005.
[27] Carta del comisionado adjunto de Operaciones Especiales Andy Hayman al ministro del Interior, 5/X/2005, http://www.statewatch.org/news/2005/oct/met-letter-law.p, último acceso 12/X/2005.
[28] Véanse los amplios debates sobre estas cuestiones en: Cámara de los Comunes, Comité de Asuntos de Interior, Cuarto Informe del Período de Sesiones 2005-2006, “Terrorism Detention Powers”, vols. I y II, HC 910-I & II, The Stationery Office, junio de 2006.
[29] Para un debate en profundidad sobre la actual legislación antiterrorista, véase: Clive Walker, Blackstone’s Guide to The Anti-Terrorism Legislation, OUP, Oxford, 2002.
[30] Entrevista con altos cargos del Cuerpo antiterrorista, 6/IX/2004.
[31] Statewatch News Online: “Special Branch more than doubles its size”, http://www.statewatch.org/news/203/sep/01specialbranch.htm, último acceso 23/IV/2004. Véase también The Times, 16/IV/2004.
[32] HMIC, A Need to Know, análisis temático de los cuerpos especiales y la Policía de Puertos del HMIC, Dirección de Comunicaciones, Ministerio del Interior, enero de 2003. Véase también Comité de Inteligencia y Seguridad, Annual report 2002-2003, Cm. 5837, párr. 68, p. 21, y HC DC HC 518-I, pp. 21-27.
[33] A Need to Know, op. cit., p. 7.
[34] Ibíd., p. 10.
[35] Ibíd.
[36] Ibíd.
[37] Ibíd.
[38] Ibíd.
[39] Ibíd.
[40] Ibíd.
[41] Ibíd.
[42] Ibíd.
[43] Ibíd.
[44] Ibíd.
[45] Ibíd.
[46] Ministerio del Interior, “One Step Ahead – A 21st Century Strategy to Defeat Organised Crime”, Cm 6167, 2004.
[47] Entrevista, Unidad Policial contra el Terrorismo Internacional, 11/VIII/2004.
[48] Información facilitada por el jefe de la Unidad Policial contra el Terrorismo Internacional (PICTU), 12/VIII/2004.
[49] Entrevista con un agente del Cuerpo antiterrorista, presentación al taller del Proyecto PICTU/ESRC, junio de 2004. Véase también F. Gregory, Jane’s Intelligence Review, enero de 2003.
[50] El debate en profundidad de la labor de la Oficina Nacional de Seguridad Antiterrorista se basa en diversas entrevistas con agentes de la Oficina realizadas entre 2002 y 2003.
[51] S. Broadbridge, op. cit., p. 23.
[52] Datos tomados del estudio de los Asesores de Seguridad antiterrorista realizado por la Oficina Nacional de Seguridad, 2004.
[53] Policía Metropolitana y Autoridad de la Policía Metropolitana (Metropolitan Police Authority, MPA), “Joint Annual Report for 2003-2004”, 2004.
[54] The Times, 11/IX/2006.
[55] Entrevista a un funcionario del Ministerio de Defensa, mayo de 2004.
[56] Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes, Quinto informe del período de sesiones 2003-2004, “Defence White Paper 2003”, HC 465-I & II, The Stationery Office, Londres, 2004, HC 465– II, P115.
[57] Ministerio de Defensa, párr. 2.4., p.7, julio de 2004, The Times, 21/VII/2004.
[58] HC 415 – II, op. cit., P115.
[59] Secretaría Civil de Emergencias de la Oficina del Gabinete, Responding to Emergencies, Documento guía, 2004, párrafos. 3.38 y 3.39, p. 14.
[60] Entrevista a un agente del Cuerpo Especial de la Policía Metropolitana (MPS SO12), 7/VII/2004.
[61] Dichos trajes se emplearon en el ejercicio “Black Knight” de febrero de 2003.
[62] Ministerio del Interior, discurso: “Terrorism – Policing the Unknown” de Leigh Lewis, 20/V/2004.
[63] Entrevista con el jefe del Grupo de Trabajo, 2003 y 2004.
[64] The Times, 7/XII/2003.
[65] The Times, 23/XII/2003.
[66] Testimonio oral de Charles Clarke ante el Comité de Asuntos de Interior del Parlamento, “Counter-terrorism and Community Relations”, HC 462-I, 13/IX/2005, P23.
[67] Ibíd., P59.
[68] Ibíd.
[69] “The Police Service Response to the Threat Posed by Suicide Terrorism”, Análisis del Comité sobre el Uso de Armas de Fuego (Use of Firearms Committee) de la Asociación de Oficiales Jefe de Policía (ACPO), marzo de 2006.
[70] Información del taller del Proyecto.
[71] Testimonio Oral, Actas, “Terrorism and Community Affairs”, Comité Especial de Asuntos de Interior, 25/I/2005, HC 165-ii, P 333, respuesta del jefe adjunto de Policía (Assistant Chief Constable, ACC) Robert Beckley.
[72] Ibíd., P355.
[73] Statewatch. Véanse también esas cifras presentadas por la Cámara de los Comunes, Respuesta escrita del ministro del Interior David Blunkett, 27/1/04, Hansard, vol. 417, c268-9W.
[74] Cámara de los Comunes, Comité de Asuntos de Interior, “Terrorism and Community Relation”, Sexto Informe del Período de Sesiones 2004-2005, HC165-1, The Stationery Office, Londres, abril 2005, párrafos 47 a 58.
[75] HC165-1, op. cit., párr. 50, Lord Carlile of Berriew, “Report on the Operation in 2002 and 2003 of the Terrorism Act 2000”, abril de 2004, y Hansard, WA, 21/12/04, Col. 1555W.
[76] Testimonio Oral, Examen del Comité de Asuntos de Interior sobre competencias antiterroristas (“Anti-Terrorism Powers”), HC886-i, 8/VII/2004, P96.
[77] Marian FitzGerald, op. cit.
[78] Véase viceministra del Interior Hazel Blears, Hansard, Respuesta escrita, 12/IX/2005, Col. 2615W, y Vikram Dodd, “Asian Men Targeted in Stop and Search”, The Guardian, 17/VIII/2005.
[79] Informe del HMCI 2003-2004, The Stationery Office, Londres, diciembre de 2004, p. 25.
[80] Testimonio Oral, Examen del Comité de Asuntos de Interior sobre competencias antiterroristas (“Anti-Terrorism Powers”), HC886-i, 8/VII/2004, P19.
[81] Testimonio Oral, Examen del Comité de Asuntos de Interior sobre competencias antiterroristas (“Anti-Terrorism Powers”), HC886-i, 8/VII/2004.
[82] “Statistics on Race and the Criminal Justice System”, recopiladas en virtud del apartado 95 de la Ley de Justicia Penal de 1991, Ministerio del Interior, junio de 2004, p. 28, Cuadro 4.5.
[83] HC165-1, op. cit., párr. 53.
[84] Testimonio Oral, Actas, “Terrorism and Community Affairs”, Comité Selecto de Asuntos de Interior, 25/I/2005, HC 165-ii, P368.
[85] Discurso de la Directora General del MI5: “The International Terrorist threat”, Londres, 9/XI/2006, http://www.mi5.gov.uk/print/Page568.html, último acceso 15/XI/2006.
[86] Cámara de los Lores, Hansard, Respuesta escrita del ministro del Interior David Blunkett, 5/V/2004, Hansard, vol. 420, c1 554-5W.
[87] HC462-i, op. cit., P47.
[88] Ibíd., P 51.
[89] Comité de Inteligencia y Seguridad, “Report into the London Terrorist Attacks on 7 July 2005”, Cm. 6785, The Stationery Office, Londres, mayo de 2006, pp. 7-8.
[90] The Times, x/IV/2004.
[91] Declaración del subcomisionado adjunto Peter Clarke, jefe del Cuerpo antiterrorista del Servicio de Policía Metropolitana y coordinador nacional para Investigaciones Terroristas, Bulletin 2004/0041 del Servicio de Policía Metropolitana, 30/III/2004, http://www.met.police.uk/pns/DisplayPN.cgi?pn_id=2004_0041, último acceso 6/VII/2004. Véase también Policía Metropolitana y Autoridad de la Policía Metropolitana, “Joint Annual Report for 2003-2004”, 2004.
[92] The Times, 31/III/2004, 1/IV/2004 y 2/IV/2004.
[93] Véanse informes en The Times, 17/VII/2005 y The Independent, 18/VII/2005.
[94] Véanse los informes en The Times, 4/VIII/2004 y 5/VIII/2004, y el Boletín de Prensa del Servicio de Policía Metropolitana 2004/0102.
[95] The Times, 18/VIII/2004.
[96] The Times, 19/VIII/2004.
[97] Testimonio Oral, Examen del Comité de Asuntos de Interior sobre las competencias antiterroristas (“Anti-Terrorism Powers”), HC886-i, 8/7/04, P 48, 53 y 62.
[98] Cuerpo antiterrorista (SO13), “Three Month pre-charge Detention”, 5/X/2005, op. cit.
[99] BBC News online, http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4433709.stm, último acceso 4/X/2005.
[100] J. Stevens, op. cit., p. 304.
[101] Ibíd., pp. 304-306.
[102] Ibíd.
[103] The Times, 4/XII/2003.
[104] BBC News online, 28/II/2005, http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/gloucestershire/4304223.stm, último acceso 4/X/2005.
[105] Nota de prensa de la Fiscalía General del Estado, 23/IX/2005, http://www.cps.gov.uk/news/pressreleaes/146_05.html, último acceso 4/X/2005. Véase también “Warrior gets 15 Years for Terrorism”, http://uk.news.yahoo.com/23092005/325/warrior-gets-15-years-terrorism-offences.html, último acceso 4/X/2005.
[106] “Closing the Gap”, op. cit.
[107] Ibíd., párr. 5.38.
[108] Ibíd., párr. 5.42.
[109] The Times, 14/VI/2004.
[110] HC 910-II, op. cit., Ev. 54, P274.
[111] Véanse los informes sobre “Crevice” en http://www.mi5.gov.uk/output/Page602.html y http://www.rusi.org/research/hsr/intro/commentary/ref:C4638BF, último acceso 3/V/2007.
[112] HC 910-II, op. cit., Ev. 54, P274.
