Resumen
El trazado, o “rastreo y alerta” (tracing), por aplicaciones de móviles o por otros sistemas (o combinaciones de ellos) de infectados por el coronavirus puede ser una aportación decisiva en la lucha contra esta pandemia, sobre todo en el posconfinamiento y ante posibles nuevos brotes. El equilibrio entre seguridad y privacidad se puede romper a favor de la primera. Es necesario generar la confianza suficiente entre la población, para lo cual se requiere respetar la regulación y una serie de principios generales. La iniciativa conjunta de Apple y Google, dado el alcance de sus sistemas operativos, puede marcar un punto de inflexión. La UE ha propuesto unos principios y prioridades y ha establecido una hoja de ruta a los Estados miembros para asegurar la transparencia y la esencial interoperabilidad de las posibles aplicaciones. Se propone promover principios tales como el consentimiento social, voluntariedad, respeto de la ley y los derechos humanos, temporalidad y reversibilidad, transparencia, anonimidad, proporcionalidad y el quid pro quo de las empresas con los usuarios.
Introducción
Gobiernos, epidemiólogos y tecnólogos están crecientemente interesados en el uso de las tecnologías de datos para luchar contra la pandemia de la COVID-19. Entre estas tecnologías destacan las de sistemas de trazado de poblaciones e individuos para controlar la expansión del virus en sus fases actuales o ante futuros nuevos brotes o pandemias. Puede ser una extraordinaria ayuda para gestionar la expansión del virus, reducir las infecciones y las muertes y quitar presión en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. El trazado o rastreo de contactos se hace en toda pandemia y es una práctica esencial, considerada prioritaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Permitiría gestionar mejor y acortar los tiempos de confinamiento. Estas nuevas tecnologías posibilitarían sustituir una labor que habría que hacer manualmente, aunque parte de su utilidad también dependerá a su vez de las estrategias de salida que se sigan, sin ignorar que la solución será epidemiológica y médica, no tecnológica. Es una herramienta que puede ser muy útil para la gestión, pero no será una solución, aunque sí parte de ella, y se debería poner en marcha rápidamente –no en cuestión de meses, sino de semanas– para que esté presente en las primeras fases del desconfinamiento y le sirva de apoyo en su gestión.
Para España puede ser doblemente importante, por sí misma y para llegar a una nueva normalidad de cara al turismo, sobre todo europeo y extracomunitario, por lo que unas aplicaciones (apps) de trazado instaladas en los móviles que fueran interoperables a escala de toda la UE –y, mejor aún, a escala mundial– serían de gran utilidad para reforzar la confianza –de los españoles y de los visitantes– en España como un país seguro.
Estas posibilidades, que ya se han puesto en práctica con relativo éxito en varios países, como Corea del Sur y Taiwán, demuestran que el conocimiento y análisis de los datos puede ser una herramienta útil en el diseño de políticas públicas y privadas para luchar contra el virus, pero, dependiendo de la solución adoptada, puede plantear quebrantos en la protección de datos personales sensibles más allá de su uso para aliviar esta crisis.
El trazado de contactos a través de individuos infectados, esencialmente mediante los móviles inteligentes, convertidos en “nuevas armas” contra el coronavirus2, está demostrando ser una herramienta útil en la lucha contra la pandemia –siempre que se acompañe de test masivos sobre la infección y otras medidas– y también para medir el impacto de las políticas que se están siguiendo y ajustarlas. Por todo ello, los datos son necesarios. Desde hace tiempo, se sabe que el trazado de comunicaciones a través de los móviles puede servir para hacer un seguimiento de los contactos físicos3 y para la reconstrucción de la historia de los contagios, aunque existen otras herramientas disponibles para medir el éxito de las medidas de distanciamiento social, confinamiento o restricción de movimiento.
Dependiendo de qué tipos de datos se usen, de las arquitecturas tecnológicas y de los agentes que intervengan en su tratamiento –y hay diversas opciones–, pueden plantearse problemas de privacidad si la situación se mantiene más allá de la pandemia o si se utilizan estas herramientas para otras finalidades, por lo que requerirán respetar ciertos principios, como el consentimiento social, anonimidad relativa, cumplimiento de la ley y los derechos humanos, finalidad, minimización de datos y proporcionalidad, temporalidad y reversibilidad, voluntariedad, transparencia, proporcionalidad y quid pro quo de las empresas con los usuarios.
Singapur, uno de los modelos más citados al principio en términos de trazado de contactos y usabilidad de los datos, marcó un camino, aunque en realidad no ha acabado de funcionar. Pero de él se puede aprender. Usa la aplicación TraceTogether4, que puso rápidamente en marcha. En el móvil, cada uno recibe una señal por Bluetooth si el usuario está cerca de una persona infectada, lo que requiere que ambas personas tengan la aplicación instalada y la comunicación por Bluetooth activada. En esa ciudad Estado de 5,7 millones de residentes, poco más de millón y medio se la han instalado en sus móviles cuando el propio Gobierno señalaba que necesitaba que tres cuartas partes de la población la usase, y muchos de los que la tienen no han activado el Bluetooth5. La COVID-19 ha sufrido un rebrote en Singapur, aunque ahora parece estar controlada.
En Austria, un ejemplo más cercano, solo 230.000 ciudadanos –de una población de 8,9 millones– se habían descargado la aplicación Stopp Corona a mediados de abril. Investigadores de la Universidad de Oxford calculan que, para ser útil, una aplicación de este tipo tendría que descargarla y utilizarla al menos un 60% de la población6. En Australia, la desescalada dependerá del número de descargas de una aplicación de seguimiento. Taiwán tiene un sistema más directo: la policía registra el número de móvil de cada ciudadano o visitante y sus datos respecto a la COVID-19 y lo tiene geolocalizado. Las Big Tech, como Apple, Google y Microsoft, disponen ya de trazados de movilidad de un gran número de ciudadanos. Posiblemente, si se agregasen los datos de todas ellas y de otras empresas más pequeñas dedicadas a recoger información de geoposicionamiento, podríamos estar en esas cifras. No parece existir una alternativa tecnológica que permita alcanzar esta escala o aproximarse a ella. Esto justifica que sea la aproximación con mayor posibilidad de éxito.
El debate está centrándose en el uso de aplicaciones de trazado de contactos basadas en tecnología Bluetooth o en la geolocalización (lo que permite sumar datos demográficos de la zona en cuestión). Las aplicaciones basadas en el Bluetooth tienen dos problemas fundamentales: hoy en día no existen y tienen que desarrollarse –al menos en Europa– y, además, el debate sobre su desarrollo precisa un tiempo enorme. A lo que hay que sumar el ya citado escollo de su utilización masiva por el 60-70% de la población, como hemos mencionado en el caso de Singapur. Esto implica una amplia incertidumbre sobre su éxito. Por otra parte, la tecnología Bluetooth sólo sirve para detectar contactos directos y, por tanto, no los indirectos, cuando hay estudios que indican que el virus se mantiene en el aire y en superficies durante horas incluso.
Algunas de esas iniciativas se están poniendo en marcha en España, como el estudio DataCOVID que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial anunció el 1 de abril7, el cual recoge y agrega movimientos, nunca individualmente. Las aplicaciones CoronaMadrid y Stop Covid19 Cat también incluyen ya geolocalización y para poder usarlas es obligatorio que el usuario permita el acceso a su ubicación. La multiplicación de aplicaciones no contribuye a la útil y necesaria integración de la información si no se asegura la interoperabilidad entre plataformas.
Hay que partir de la base de que este tipo de tecnología es un elemento útil que puede contribuir a combatir la pandemia. Pero no hay que caer en el “solucionismo”8 tecnológico y pensar que estas tecnologías por sí solas son la solución. Tampoco cabe ignorar que estas cuestiones resultan polémicas, aunque en las actuales circunstancias mucha gente esté dispuesta a dar primacía a las consideraciones de seguridad sobre las de privacidad. En el año 52 a. C. Cicerón ya consideraba en De legibus que “salus populi suprema lex esto” (‘la salud del pueblo será la ley suprema’). Como recuerda Andrea Renda con esta cita9, en situaciones de emergencia, el siempre delicado equilibrio entre la seguridad pública y la privacidad personal tiende a inclinarse algo más a favor de la primera, algo previsto incluso en el sistema más limitativo del mundo, que es el de la Unión Europea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD en sus más conocidas siglas en inglés). Los artículos 6 y 9 del RGPD permiten el tratamiento de datos para un interés público preponderante, tal como lo ratifica la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)10. Las autoridades europeas de protección de datos han sido rotundas al afirmar que la lucha contra la actual situación pandémica es un claro interés público. En determinados contextos, el interés público es preponderante y no sería necesario el consentimiento del sujeto; por ejemplo, para el tratamiento de datos de salud en el ámbito de la relación empleador-empleado en el contexto de la COVID-19. Sin embargo, para el dato de la localización sería necesario el consentimiento o la anonimización de los datos.
Incluso con la mejor de las intenciones, se corre el riesgo de poner en marcha un sistema de vigilancia masiva que permanezca después y se utilice para otros fines, como pasó en EEUU. tras los atentados del 11S. El estado de vigilancia no es algo que únicamente se dé en sistemas autoritarios, como China, sino también en democracias, como quedó de manifiesto con las revelaciones de Edward Snowden sobre la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EEUU. o por medio de las Big Tech, las grandes empresas tecnológicas, como expresa Shoshana Zuboff en su documentado libro The age of surveillance capitalism11. Más aún cuando la lucha contra la COVID-19 ha llevado a un grado de digitalización sin precedentes de la vida de los ciudadanos.
En todo caso, en la actual situación, el valor del big data (datos masivos) para el diagnóstico de situaciones y el diseño de estrategias inteligentes queda reforzado, al ir muchas veces por delante de los aparatos estadísticos oficiales12. Muchas empresas privadas se están lanzando al diseño de aplicaciones relacionadas con el virus para monitorizar los desplazamientos de sus trabajadores dentro de sus instalaciones de cara a una “nueva normalidad”13. Hay también una carrera entre Estados y, dentro de estos, entre regiones o estados federados.
Andrés Ortega
Investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano | @andresortegak
1 Quiero agradecer las aportaciones y comentarios de Rubén Cuevas Rumín (Universidad Carlos III de Madrid, UC3M), Ángel Cuevas Rumín (UC3M), Manuel Cebrián (Max Planck Institute for Human Development, Berlín), María Álvarez (Google) y Gloria Álvarez (UC3M y Dubitare), así como a los participantes en el Grupo de Trabajo sobre Transformaciones Tecnológicas del Real Instituto Elcano, que se reunió de forma virtual para abordar esta cuestión
2 Craig Timberg, Elizabeth Dwoskin y Drew Harwell (2020), “Governments around the world are trying a new weapon against coronavirus: Your smartphone”, The Washington Post, 17/IV/2020.
3 Katayoun Farrahi, Rémi Emonet y Manuel Cebrián (2014), “Epidemic Contact Tracing via Communication Traces”, Plos One, 1/V/2014,; “Predicting a Community’s Flu Dynamics with Mobile Phone Data”, HAL archives-ouvertes, 28 de abril de 2015.
4 Michael Birnbaum y Christine Spolar (2020), “Coronavirus tracking apps meet resistance in privacy-conscious Europe”, The Washington Post, 18/IV/2020.
5 Manu Granda (2020), “La desescalada en Australia dependerá del número de descargas de una ‘app’ de seguimiento”, El País, 4/V/2020.
6 Luca Ferreti y otros (2020), “Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing”, Science, 31/III/2020.
7 La Orden SND/297/2020, de 28 de marzo, encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
8 Evgeny Morosov (2020), “The tech ‘solutions’ for coronavirus take the surveillance state to the next level”, The Guardian, 15/IV/2020.
9 Andrea Renda (2020), “¿Será la privacidad otra víctima del Covid-19?”, Política Exterior, 7/IV/2020.
10 AEPD, Informe del gabinete jurídico, REF: 0017/2020.
11 Shoshana Zuboff, The age of surveillance capitalism, Profile, 2019.
12 Álvaro Ortiz y Teresa Rodrigo (2020), “Coronavirus and Big Data: Economics in Real-Time and High-Definition”, BBVA Research, 14/IV/2020 .
13 Hannah Murphy (2020), “Private sector races to build virus apps to track employees”, Financial Times, 26/IV/2020.
COVID-19 Screening Tool de Apple. Foto: Brian McGowan (@sushioutlaw)
