Resumen
Este estudio evalúa la sensibilidad de las series históricas del crecimiento del PIB cubano y de otros indicadores macroeconómicos a los giros (flexibilizaciones/endurecimiento) del esquema de sanciones estadounidenses en las últimas tres décadas, empleando como fuente de información las variaciones en los flujos de comercio de bienes, visitantes y remesas e indicadores financieros del período 1994-2020. Si bien se evidencia que un endurecimiento de las sanciones reduce el crecimiento del PIB cubano, también se ve que los impactos afectan significativamente el consumo de las familias y las dinámicas de las ventas y el empleo del sector privado, sin apreciarse un efecto significativo en los indicadores de la economía estatal. Las remesas son el fujo de mayor peso dentro del intercambio económico total Cuba-EEUU (el 8,3% del PIB cubano), con un impacto estadísticamente significativo en la trayectoria del consumo de hogares y mercados privados.
Introducción
Las sanciones económicas se definen como acciones que uno o más países toman para limitar o poner fin a sus relaciones económicas con un país objetivo en un esfuerzo por persuadirlo de que cambie sus políticas. Las sanciones pueden adoptar muchas formas: aranceles, controles de exportación, embargos, prohibiciones de importación, prohibiciones de viaje, congelación de activos, ayudas, cortes y bloqueos (Morgan, Bapat y Krustev, 2009).
La literatura sobre el impacto económico de las sanciones es amplia y heterogénea, tanto en metodología, presupuestos teóricos, estrategias empíricas y bases de datos empleadas como en resultados y conclusiones (Özdamar y Shahin, 2021). Si bien la mayoría de los estudios encuentra que las sanciones tienen un impacto negativo sobre la tasa de crecimiento del PIB del país sancionado, los flujos de inversión extranjera y sus finanzas internacionales, los efectos varían dependiendo del tamaño y dependencia entre los países involucrados, de la naturaleza unilateral o multilateral de las sanciones, de la participación de EEUU y/o de Naciones Unidas, entre otros factores. Algunos ejemplos recientes de esta literatura son Caruso (2003), Neuenkirch y Neumeier (2015), Besedeš, Goldbach y Nitsch (2017), Gurvich y Prilepskiy (2015), Hatipoglu y Peksen, (2018), y Bayramov, Rustamli y Abbas (2020).
Los países que imponen sanciones también incurren en costes económicos, al restringir sus transacciones, aunque pueden ser relativamente pequeños, especialmente en casos de sanciones unilaterales para economías grandes como la de EEUU (Farmer, 2000). Otra literatura intenta entender la probabilidad de permanencia de las sanciones (McGillivray y Stam, 2004) y encuentra que los cambios de liderazgo en los países involucrados son el mejor predictor de la duración de una política de sanciones. En cuanto a su naturaleza multilateral o unilateral, Miers y Morgan (2002) concluyen que el primero no es más efectivo que el segundo, como usualmente tiende a pensarse, sobre todo por lo difícil que resulta la coordinación entre varios implicados. Özdamar y Shahin (2021) llaman la atención que algunos temas como las criptomonedas y el flujo de emigrantes todavía no han sido debidamente estudiados dentro de la literatura sobre el impacto económico de las sanciones.
Cuando se menciona a Cuba en los estudios internacionales sobre sanciones, casi siempre se la usa como ejemplo de fracaso de estas políticas. El mismo consenso existe en la mayoría de la literatura que aborda el caso cubano detenidamente (LeoGrande, 2015; Von Burgsdorff, 2009; Lopez-Levy, 2011; Dominguez, Hernandez y Barbería, 2017; Alzugaray, 2017; Zimbalist, 2021; Mesa-Lago, 2021; Rodriguez, 2021).
Zimbalist (2021) concluye que:
“el embargo y el esfuerzo de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Castro han estado vigentes desde 1960 y han fracasado en todas las formas posibles. Obligaron a Cuba a arrojarse en brazos de la URSS, proporcionaron una excusa para los fracasos económicos de su revolución y para su control político estricto de la población, elevaron la reputación de Castro como nacionalista y líder de los países del tercer mundo que buscan una relación más justa e independiente con las superpotencias. Y fracasaron, por supuesto, en deshacerse de él. Si ha tenido éxito en algo, ha sido en hacer más difíciles las vidas de los cubanos. Y es aborrecible decir que tal resultado es un éxito, aunque muchos políticos norteamericanos parecen pensar de esa manera”.
Lopez-Levy (2011) destaca que, históricamente, dos argumentos principales han justificado la política de sanciones contra Cuba. Durante la Guerra Fría, Washington afirmó que la alianza del gobierno de La Habana con Moscú y su comportamiento internacional constituían una amenaza para su seguridad nacional. Tras la caída del Muro de Berlín el argumento principal ha sido que el régimen cubano viola los derechos humanos de sus ciudadanos, si bien ello no siempre ha coincidido con la política exterior hacia China, Rusia o Arabia Saudí. El embargo refleja en gran medida la influencia de una facción del exilio en apoyo a esta política para lograr un cambio de régimen.
Rodríguez (2021) señala sobre el controvertido tema de las indemnizaciones cuyo monto, de acuerdo con el valor en libro de las propiedades norteamericanas nacionalizadas, ascendía a 1.800 millones de dólares, pero que el cálculo del gobierno cubano sobre el perjuicio económico causado por el bloqueo a la isla se calculó hasta 2018 en unos 134.499 millones de dólares. El gobierno de La Habana reconoce las reclamaciones de EEUU por las propiedades nacionalizadas, pero no las de los cubanos emigrados.
Por su parte, Mesa-Lago (2021) apunta que “el embargo, aunque importante, no es el mayor problema que sufre Cuba, ya que posee relaciones comerciales con al menos 70 países e inversiones de muchos de ellos, en especial de Canadá (en los sectores turísticos o minero: explotación de níquel y petróleo), España (turismo también), China (diversos campos) y Venezuela (crecientes hasta 2014). Indudablemente tiene efectos negativos, como los requisitos que ha de cumplir la banca extranjera en sus transacciones para evitar sanciones de EEUU, el sobreprecio en la compra de mercancías de ese país, que se realiza a través de terceros, y los mayores costes de flete. El mayor problema que afronta Cuba es su “ineficiente sistema económico e incapacidad de generar bastantes exportaciones para pagar sus importaciones”.
A pesar del esquema de sanciones, un cierto flujo de comercio, remesas y visitantes se ha venido produciendo entre EEUU y Cuba, sobre todo desde los años 90, con mayor presencia en las dos décadas siguientes, con diferentes intensidades dependiendo del momento político. En relación a las remesas, Duany (2021) refiere que los cubanos residentes en EEUU han financiado buena parte de la modesta recuperación de la economía cubana desde la década de 1990. Los datos disponibles sugieren que éstas constituyen una fuente de ingresos fundamental en Cuba, quizá tan importante como en la República Dominicana, México, El Salvador y otras naciones latinoamericanas y caribeñas. En cuanto al sector turismo y viajes, Perez y Perelló (2021) resaltan que la reducción de las prohibiciones a los viajes de norteamericanos en el período de Barack Obama permitió mostrar el posible escenario de las visitas y turismo desde EEUU hacia Cuba en un clima de distensión política.
Esta información sobre la trayectoria cambiante de los flujos de comercio, visitantes, remesas y finanzas son el punto de partida del presente estudio para aproximar el impacto económico de las sanciones sobre el crecimiento económico cubano y sobre otros agregados macroeconómicos. Con las estimaciones no se busca aproximar el coste total de las sanciones. Tampoco se intenta valorar todo el beneficio que pudiera traer a la economía cubana el levantamiento futuro de todas las sanciones.
La estrategia empírica busca examinar la sensibilidad de las series históricas del crecimiento económico y de otros indicadores macroeconómicos a los giros (flexibilizaciones/endurecimiento) del esquema de sanciones en las últimas tres décadas, empleando como fuente de información las variaciones en los flujos de comercio de bienes, visitantes y remesas y de indicadores financieros. Además de estimar el efecto sobre el crecimiento del PIB, se desagregan los impactos específicos a través del canal comercial, de visitantes y de remesas, y se separan los impactos para indicadores de la economía estatal y del sector privado. Este último resultado contribuye al debate en cuanto a la posibilidad de diseñar acciones de sanciones económicas que sólo impacten al gobierno sin dañar el sector privado y las familias o, en cambio, diseñar acciones que beneficien al sector privado sin beneficiar al gobierno.
La segunda sección de este trabajo resume los principales eventos políticos y legislativos que han implicado giros en el esquema de sanciones desde los años 90. La tercera sección examina los acontecimientos e indicadores más relevantes de la coyuntura económica actual. La cuarta sección describe los datos usados para las estimaciones y examina la trayectoria del valor del intercambio económico entre ambos países, presentes a pesar de las sanciones. La quinta sección explica los modelos econométricos y su especificación bajo la lógica de restricciones de balanza de pagos. La sexta sección discute los resultados relacionados con el impacto de las sanciones en el crecimiento del PIB, los canales de transmisión y el impacto diferenciado entre el sector estatal y el sector privado de la economía cubana. La séptima sección evalúa la robustez estadística de los resultados, empleando como alternativa a los modelos de vectores autorregresivos (VAR). Las conclusiones comentan las implicaciones fundamentales de los resultados econométricos para el debate actual sobre la política de sanciones estadounidenses contra la economía cubana.
Imagen: Calle de La Habana, Cuba. Foto: Alexander Kunze
