Resumen
La inmigración ha conseguido detener o frenar la despoblación de muchos municipios de la España interior y envejecida. Este documento de trabajo analiza el impacto demográfico de la llegada de inmigrantes procedentes del extranjero sobre las zonas rurales españolas en despoblación que han recibido alta inmigración extranjera entre 2000 y 2008. Los resultados muestran el carácter crucial de esta llegada para frenar su declive demográfico, hasta el punto de que una parte importante de estas zonas obtuvo finalmente cifras positivas en su evolución anual. Se concluye planteando las implicaciones que para el diseño de las políticas migratorias y de población tienen estos resultados.
Introducción
De las zonas rurales de Europa occidental han salido en los dos últimos siglos, con intensidades muy variadas, importantes contingentes migratorios. El dinamismo y los ingresos más elevados de sectores económicos de localización preferentemente urbana, las oportunidades en otros países o continentes, el declive del empleo en la agricultura y su insuficiente crecimiento en actividades alternativas en el medio rural, o la “penalización” en términos de servicios y oportunidades en las zonas rurales, fueron sus causas principales. Como consecuencia se desencadenaron intensos procesos de despoblación en buena parte de Europa.
La principal novedad de las dos últimas décadas es que bastantes de aquellas áreas se han convertido en destino para un volumen creciente de inmigrantes, aunque la inmigración hacia zonas urbanas siga siendo mayoritaria. Este cambio de tendencia se explica porque el medio rural tiene una estructura demográfica muy envejecida incapaz por sí misma de reemplazar a la población local que se retira de la actividad laboral, creando una demanda de mano de obra, por el crecimiento de actividades económicas muy intensivas en trabajo como el turismo, la hortofruticultura y la construcción, y por la demanda de trabajo en la ayuda doméstica y el cuidado a ancianos. Se trata, además, de zonas que en comparación con los países de origen de los inmigrantes tienen rentas elevadas y, por lo tanto, les ofrecen posibilidades de mejorar su situación económica. En algunas áreas rurales despobladas se ha señalado también que los inmigrantes ofrecen habilidades o experiencias laborales que no tiene la población autóctona.
En consecuencia, existe un importante interés académico, político y social por el cambio de signo migratorio de las zonas rurales de Europa occidental. La propia naturaleza de este fenómeno, sus causas y sus efectos constituyen campos incipientes de investigación que tienen una enorme relevancia por su potencialidad para formular políticas y prácticas que ayuden a dinamizar estructuras demográficas desequilibradas, tanto para asegurar el mantenimiento de estos flujos como para incrementar el bienestar de los inmigrantes y de las comunidades rurales de acogida. Dentro de esta dinámica destaca el efecto demográfico que la inmigración está teniendo sobre aquellas áreas que en las últimas décadas han visto reducirse significativamente sus efectivos demográficos. La despoblación ha sido percibida como un problema grave para estas zonas, ya que cuestiona su propia supervivencia en el medio plazo, lo que ha llevado a intervenir a los gobiernos para corregir dos tipos de problemas o fallos del mercado: (1) la aparición de externalidades negativas; y (2) incertidumbres o riesgos.
Aparecen externalidades negativas cuando como consecuencia de la escasez de población los empresarios aprecian un deterioro importante de sus ventajas competitivas por comparación con los distritos urbanos de elevada densidad empresarial. Además, la disminución de la población contribuye a la depreciación de los activos (inmuebles, negocios, propiedades rústicas) allí situados, ya que aumenta su carácter periférico y marginal en términos sociales y económicos, generándose una espiral de declive que se realimenta. Finalmente, el medio natural de los lugares abandonados se deteriora.
Por otro lado, el abandono de un territorio implica un desgaste profundo del espacio, infraestructuras y activos a él vinculados, los cuales, en el caso de que recuperaran su valor, no podrían reintegrarse para usos productivos o disfrute social más que a muy largo plazo y mediante inversiones elevadísimas. Ante la posibilidad de incurrir en ese riesgo, dados los actuales cambios tecnológicos, mercantiles y sociales, las políticas frente a la despoblación intentan mantener un umbral mínimo de actividad que justifique la conservación de sus potenciales usos.
En este contexto, nuestra pregunta fundamental consiste en averiguar el impacto demográfico que sobre zonas rurales en despoblación está teniendo la llegada de inmigración extranjera. Particularmente, nos interesa saber cuál es su contribución a la variación poblacional del último decenio.
El interés de España como caso de estudio es doble. Por un lado, contiene algunas de las zonas europeas de más baja densidad y que han vivido, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, procesos más intensos de despoblación. Por otro lado, desde comienzos del siglo XXI, España se ha convertido en uno de los destinos preferentes de las corrientes migratorias internacionales. Entre 2000 y 2007, sólo EEUU y Alemania recibieron en términos absolutos más emigrantes (OECD, 2009).[1] En términos relativos, España ha pasado de tener en el año 2000 un 2,3% de sus residentes nacidos en otros países a un 13,1% en 2008, lo que supone un incremento neto en sólo ocho años de más de cinco millones de personas.
Hasta el momento, la mayor parte de la bibliografía sobre este tema ha resaltado la importancia de la inmigración en el cambio de tendencia demográfica que se aprecia en estas zonas rurales. Así, en España, para el año 2006, señalaban Roquer y Blay (2008) que dos terceras partes del incremento de la población en los municipios españoles de menos de 10.000 habitantes correspondía al crecimiento de la inmigración neta procedente del extranjero.
Sin embargo, hasta ahora no se ha realizado una evaluación exhaustiva y precisa del impacto de la llegada de inmigrantes a la España rural en despoblación. Solamente para las zonas rurales (municipios de menos de 5.000 habitantes) de Aragón, Ayuda et al. (2009) han concluido que la contribución de la inmigración procedente del extranjero ha sido decisiva entre 2000 y 2007, ya que su incremento ha sido superior al propio crecimiento positivo de la población (explica el 106% de su incremento demográfico, es decir, sin esta inmigración la población rural aragonesa habría caído un 0,02%, cuando realmente aumentó un 7%).
Por otra parte, este trabajo puede aportar una novedad importante en el panorama europeo: la estimación precisa de la contribución de la inmigración a la evolución demográfica de las zonas rurales en despoblación. Nuestros resultados muestran el carácter crucial de la llegada de residentes nacidos en el extranjero para frenar su declive demográfico, hasta el punto de que una parte importante de las mismas tuvieron finalmente cifras positivas en su evolución anual. Este cambio radical nos ha llevado a sugerir políticas que lo favorezcan.
Éxodo rural y despoblación en España
El proceso de inmigración rural-urbana y despoblación rural se ha desarrollado en el continente europeo de forma muy variada en función de la cronología e intensidad de los respectivos procesos de industrialización y crecimiento económico. En el caso del sur de Europa, la caída en términos absolutos de su población rural adquirió una elevada velocidad desde 1950.[2]
En España el máximo absoluto de población rural, que definimos como la que residía, a lo largo de todo el período examinado, en municipios de menos de 10.000 habitantes, se alcanzó en 1930 con 13,5 millones de personas. Entre 1930 y 1960 la caída fue muy lenta, disminuyendo en unas 350.000 personas. Sin embargo, desde esta última fecha la intensidad de la pérdida de población fue extraordinariamente rápida, quedando la población rural española en 1991 en sólo 9,5 millones. Muchas zonas rurales españolas experimentaron intensos procesos de despoblación.[3]
Puede verse esta evolución en la Figura 1, que presenta para España la población rural en todos los períodos intercensales del siglo XX. Muestra las bajas, aunque positivas, tasas de crecimiento entre 1900 y 1950. Desde esa última fecha y hasta 1991 las tasas son negativas, especialmente entre 1960 y 1981. Finalmente, en la última década del siglo XX, la población rural española ha vuelto a experimentar un crecimiento positivo.
En cuanto a su distribución espacial, las pérdidas de población se distribuyeron de forma desigual. Hasta 1950 sólo un reducido número de provincias experimentó despoblación. En cambio, desde esta última fecha fueron una abrumadora mayoría las provincias con procesos de despoblación rural. Posteriormente, a partir de 1991, cuando la población rural española volvió a crecer, la cifra de provincias regresivas demográficamente se sitúa en casi la mitad, 23 sobre 48.
Figura 1. Evolución de la población rural española, 1900-2001
| Tasa de variación media anual de la población rural (%) | Número de provincias con despoblación rural (sobre 48) | |
| 1900-1910 | 0,5 | 4 |
| 1910-1920 | 0,2 | 17 |
| 1920-1930 | 0,4 | 9 |
| 1930-1940 | 0,2 | 15 |
| 1940-1950 | 0,2 | 9 |
| 1950-1960 | -0,3 | 35 |
| 1960-1970 | -1,5 | 40 |
| 1970-1981 | -1,0 | 39 |
| 1981-1991 | -0,3 | 33 |
| 1991-2001 | 0,4 | 23 |
Fuente: elaboración propia con base en García Fernández (1985), Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).
La distribución espacial de la inmigración en las zonas rurales españolas
En el año 2000 –es decir, al comienzo del proceso de fuerte llegada de inmigración a España– la inmigración a zonas rurales era sólo algo menor que la media y se concentraba en las áreas de agricultura intensiva (Lérida, Tarragona, Almería y Murcia), en la mayor parte de las provincias turístico-residenciales (Islas Canarias y Baleares, Málaga y Tarragona), y en las provincias con metrópolis (Barcelona y Madrid).
Figura 2. Los inmigrantes (residentes nacidos en el extranjero) como porcentaje de la población rural, 2000
Fuente: elaboración propia con base en la Explotación Estadística del Padrón de Población de 2000 (www.ine.es).
Entre al año 2000 y 2008 se ha producido la gran eclosión de la inmigración en España y la presencia de inmigrantes también ha crecido de una forma espectacular en la España rural. En este caso, del 1,8% que suponían los inmigrantes en el año 2000 en la población total de los municipios rurales, se ha pasado en el 2008 al 9,3%.
Diversos trabajos han mostrado que las pautas de localización de los inmigrantes en la España de comienzos del siglo XX pueden ser algo diferentes a los de la población nativa, con una mayor concentración espacial.[4] En el caso de la población rural inmigrante, su mayor presencia se produce en las provincias de la mitad este de España, coincidiendo casi totalmente con su también mayor importancia en las zonas urbanas de las mismas provincias.[5] Con más precisión, si observamos la Figura 3, vemos que las provincias en las que la población inmigrante rural suponía a principios de 2008 más de un 9% de la población total formaban casi un continuo geográfico. Este cubría la casi totalidad del litoral mediterráneo, desde Gerona en el noreste hasta Málaga en el sudeste (brevemente interrumpido por el corto litoral de Granada y por el de Barcelona) y se adentraba por casi todo el Valle del Ebro (todo Aragón, La Rioja y Navarra), para desde allí extenderse a Madrid y a cuatro provincias que la circundan. Todas las islas también se incluyen en este grupo. Esta pauta de localización del mayor peso de la inmigración en zonas rurales coincide en gran medida con los principales ejes del desarrollo económico español en las últimas décadas (Mediterráneo y Valle del Ebro, junto con Madrid y su zona de influencia) Si comparamos la Figura 3 con la Figura 2, tenemos la impresión de una mancha de aceite que se ha ido extendiendo desde las provincias que tenían mayor peso inmigratorio en 2000 a las que lo tienen en el año 2008. Es decir, los inmigrantes tienen hoy mayor presencia en las provincias en las que más abundaban en 2000, en las circundantes a éstas, en las más dinámicas económicamente y en las próximas a las principales puertas de entrada (los aeropuertos de Madrid, Barcelona o Alicante o la frontera francesa por Girona). Sólo la relativamente escasa presencia inmigrante en el País Vasco, con alto nivel de renta y una de las principales fronteras con Francia, rompe con esta pauta.
Figura 3. Los inmigrantes (residentes nacidos en el extranjero) como porcentaje de la población rural, 2008
Fuente: elaboración propia con base en la Explotación Estadística del Padrón de Población de 2008 (www.ine.es).
El impacto de la inmigración en la demografía de las zonas rurales
Hemos investigado el impacto de la inmigración sobre la demografía reciente de las zonas rurales, en particular de aquellas que han seguido perdiendo población durante las dos últimas décadas aún a pesar de experimentar cambios en su tendencia regresiva, para analizar las perspectivas que esta inmigración abre para las zonas rurales españolas en peligro de despoblamiento.
Para ello examinamos las provincias que en el período 1991-2008 han sufrido pérdidas de población en sus zonas rurales.[6] Nuestras fuentes son para el año 1991 el Censo de Población y para 2000 y 2008 la Explotación Estadística del Padrón. La elección del Padrón de 2000, en vez del Censo de Población de 2001, se debe a que queremos iniciar nuestro análisis del impacto de la inmigración desde enero de 2000, cuando las cifras de llegada de inmigrantes comienzan a tener valores elevados. En el caso del año 2008, no teníamos alternativa, por no existir un censo de población en esa fecha. Por otro lado, como ya se ha dicho, nuestra opción ha sido considerar como rurales aquellos municipios con efectivos por debajo de 10.000 habitantes tanto en 1991 como en 2000 y 2008.[7]
En cuanto a la medición de la inmigración, consideramos los nacidos en el extranjero y no las personas de nacionalidad extranjera. En España hay unos 6 millones de personas nacidas en el extranjero y unas 5,2 millones de personas de nacionalidad extranjera. La diferencia se debe al número inmigrantes que han adquirido la nacionalidad española, aunque debe también tenerse en cuenta a los españoles nacidos en el extranjero durante el período en que sus padres o abuelos fueron inmigrantes en Europa o Latinoamérica y que después han retornado. En nuestro análisis descomponemos la tasa de variación media anual de la población rural entre la de los nacidos en España y los nacidos en el extranjero para comparar su evolución. Posteriormente, desagregamos el conjunto de las 22 provincias analizadas en dos grupos: el primero, que denominamos A (provincias con zonas rurales en recuperación demográfica), corresponde a aquellas que, a pesar de haber perdido población rural entre 1991 y 2008, han experimentado desde el año 2000 tasas de crecimiento positivas; el grupo B (provincias con zonas rurales sin cambio de tendencia demográfica) incluye las provincias en las que la despoblación rural ha continuado también desde el año 2000 a pesar del aporte positivo de la inmigración extranjera. Es decir, el primer grupo A ha tenido un comportamiento más dinámico, y a pesar de encontrarse entre las provincias con despoblación rural en el conjunto del período 1991-2008, al menos muestra un cambio de tendencia desde 2000. Esta división en dos subconjuntos de provincias con graves problemas de despoblación rural persigue ofrecer una perspectiva sobre el impacto que ha tenido la llegada de inmigrantes para evaluar en qué medida es responsable la inmigración de las variaciones que han tenido lugar en las tasas de crecimiento de población entre las décadas de 1991-2000 y 2000-2008. Para ello, estimamos qué hubiera pasado desde un punto de vista demográfico en estas provincias si su población inmigrante no hubiera crecido a lo largo de 2000-2008. La diferencia entre la tasa de crecimiento observada de la población en 2000-2008 y la tasa de crecimiento que simulamos en el caso de ausencia de inmigración para el mismo período, dividida por la diferencia en las tasas de crecimiento de la población de 1991-2000 a 2000-2008, es el efecto de la inmigración sobre el cambio de tendencia demográfica.
Hay que señalar que la influencia de la inmigración en la variación de la demografía de las provincias en despoblación ha podido ser algo superior al resultado de nuestra estimación, ya que sólo tenemos en cuenta las entradas netas de inmigrantes. Sin embargo, estos también afectan a la demografía de esas zonas a través de una mayor natalidad. Los hijos de los inmigrantes en nuestros cálculos son registrados como nacidos en España y no como inmigrantes. En las 22 provincias en despoblación, que hemos analizado, los hijos de padre y/o madre extranjera supusieron entre 2000 y 2008 un 7,9% del total de nacimientos. Su importancia creciente es evidente si tenemos en cuenta que en 2000 fueron sólo un 3,4% y en 2008 eran ya un 12,5% del total de nacimientos.[8] En consecuencia, la contribución real de la inmigración a la demografía de las zonas rurales en despoblación es superior a la estimación que nosotros realizamos.
En términos absolutos, el número de los inmigrantes residentes en estas zonas rurales ha crecido en casi 750.000 personas en el período 2000-2008. Esta llegada masiva de inmigrantes ha tenido lugar después de que en la última década del siglo XX la población rural española creciera por primera vez en 50 años y la primera década del siglo XXI ha consolidado este cambio de tendencia. Como puede verse en la Figura 4, las provincias elegidas para el cálculo del impacto de la inmigración sobre la variación de las tasas de crecimiento demográfico cubren una parte sustancial del territorio español y suponen también una parte muy significativa de la población rural española, ya que representaban a principios del año 2008 un 38,4% de ella. Se localizan mayoritariamente en el interior de la península Ibérica, ya que de entre ellas sólo las situadas en el extremo noroeste tienen costa (tres provincias de Galicia y Asturias).
En general, el grupo de provincias que vamos a analizar ha recibido un número de inmigrantes menor que la media de la España rural. Sólo cuatro de las 22 provincias que estudiaremos, se encuentran entre las que tienen un porcentaje de inmigrantes superior al 9,3% (la media de la España rural) de los residentes. Los inmigrantes representaban los siguientes porcentajes de la población rural de nuestras provincias: 1,3% en 1991, 1,8% en 2000 y 5,8% en 2008, lo que pone de relieve un incremento sustancial de su peso relativo en ese período, aunque bastante inferior al que ha tenido lugar en el conjunto de la España rural.
Figura 4. Evolución de la población rural entre 1991 y 2008
Fuente: elaboración propia con base en la Explotación Estadística de los Padrones de Población de 2000 y 2008 (www.ine.es).
La Figura 5 muestra que el ritmo al que se produce la pérdida de población en estas provincias ha tendido a disminuir significativamente en la primera década del siglo XXI con respecto a la última del siglo XX. La descomposición de la variación de la población entre aquellos nacidos en España y los nacidos en el extranjero muestra que la causa fundamental de esta reducción en la velocidad de despoblación es el fuerte ritmo al que ha crecido la población nacida en el extranjero. Esto ha tenido como consecuencia, además, que el número de provincias cuyas áreas rurales pierden población haya pasado de 22, entre 1991 y 2000, a 13, entre 2000 y 2008. La variación de los nacidos en España ha seguido siendo negativa, lo que implica que en ausencia de inmigración procedente del exterior la pérdida de población se habría seguido produciendo en las provincias analizadas al ritmo anterior.
Figura 5. Evolución de la población rural en la España en despoblación, 1991-2008
Tasa de variación media anual de la población rural (%) | 1991-2000 | 2000-2008 |
| Total residentes | -0,9 | -0,3 |
| Residentes nacidos en España | -0,9 | -0,8 |
| Residentes nacidos en el extranjero | 3,0 | 15,6 |
| Número de provincias con despoblación rural (sobre 22) | 22 | 13 |
Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística (Censo de Población de 1991, Explotación Estadística de los Padrones de Población de 2000 y 2008) (www.ine.es).
Las tasas de crecimiento se han calculado para el conjunto de las 22 provincias que en términos absolutos han perdido población rural entre 1991 y 2008.
La comparación en La Figura 6 de la evolución de la población rural entre los dos grupos de provincias para los períodos 1991-2000 y 2000-2008 pone de relieve que los nacidos fuera de España tienen en ambos periodos y grupos tasas de crecimiento positivas y bastante elevadas, mientras que con los nativos ocurre lo contrario. A partir del año 2000, en el grupo de provincias A (provincias con zonas rurales en recuperación demográfica), el incremento de la inmigración es tan fuerte que logra compensar y superar la caída de los nacidos en España y termina con la despoblación rural. En el grupo B (provincias con zonas rurales sin cambio de tendencia demográfica), la inmigración desde 2000 no es tan fuerte, aunque sí bastante importante y, además, la población nativa decrece más deprisa, así que la despoblación rural continúa. Sin embargo, incluso en este último caso es evidente que la pérdida es suavizada por la inmigración. Es decir, que incluso en el caso de las provincias que continúan perdiendo población rural, la contribución de la inmigración del exterior es importante para desacelerar la despoblación.
Figura 6. Evolución de la población rural en la España en despoblación, 1991-2008: grupos A y B de provincias
| 1991-2000 | 2000-2008 | |
| Grupo A: provincias con zonas rurales en recuperación demográfica | ||
| Tasa de variación media anual de la población rural (%) | ||
| Total residentes | -0,5 | 0,4 |
| Residentes nacidos en España | -0,5 | -0,4 |
| Residentes nacidos en el extranjero | 6,4 | 28,9 |
| Grupo B: provincias con zonas rurales sin cambio de tendencia demográfica | ||
| Tasa de variación media anual de la población rural (%) | ||
| Total | -1,0 | -0,6 |
| Residentes nacidos en España | -1,1 | -0,9 |
| Residentes nacidos en el extranjero | 2,4 | 9,6 |
Grupo A= provincias con zonas rurales en recuperación demográfica (crecimiento negativo en 1991-2008, pero positivo en 2000-2008).
Grupo B= provincias con zonas rurales sin cambio de tendencia demográfica (con crecimiento negativo en 1991-2008 y 2000-2008).
Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística (Censo de Población de 1991, Explotación Estadística de los Padrones de Población de 2000 y 2008) (www.ine.es).
En ambos grupos de provincias, como puede verse en la Figura 7, la población inmigrante suponía en 2008 un porcentaje notablemente superior que en 2000 o 1991 sobre su población rural total.
Figura 7. Proporción de inmigrantes sobre población rural total
| 1991 | 2000 | 2008 | |
| Total 22 provincias | 1,3 | 1,8 | 5,8 |
| Grupo A | 0,5 | 1,0 | 7,0 |
| Grupo B | 1,6 | 2,2 | 4,9 |
Grupo A= provincias con zonas rurales en recuperación demográfica (crecimiento negativo en 1991-2008, pero positivo en 2000-2008).
Grupo B= provincias con zonas rurales sin cambio de tendencia demográfica (con crecimiento negativo en 1991-2008 y 2000-2008).
Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística (Censo de Población de 1991, Explotación Estadística de los Padrones de Población de 2000 y 2008) (www.ine.es).
La Figura 8 muestra una clara concentración espacial de las provincias del grupo A (que han detenido su despoblación) en el este de España (con la excepción de Salamanca). La principal regularidad que puede deducirse de esta localización es la mayor proximidad de las provincias del grupo A a las provincias españolas con mayor dinamismo económico, con mayor nivel de renta por habitante y, lo que quizá sea crucial, con mayor proporción de inmigrantes sobre su población total.
Figura 8. Evolución de la población rural entre 2000 y 2008 en las provincias con despoblación rural entre 1991 y 2000
Fuente: elaboración propia con base en la Explotación Estadística de los Padrones de Población de 2000 y 2008 (www.ine.es).
Finalmente, en la Figura 9 presentamos nuestros resultados sobre la contribución de la inmigración al cambio de las tasas de crecimiento demográfico de las provincias en despoblación. Las columnas A y B muestran respectivamente a qué ritmo creció realmente la población rural en 1991-2000 y 2000-2008 en las 22 provincias en despoblación. La columna C ofrece nuestra simulación, en la que puede verse la tasa de crecimiento de la población rural en esas provincias si la tasa de inmigración hubiera sido igual a cero. En la columna D calculamos la contribución de la inmigración al cambio de tendencia demográfica en el período 2000-2008 con respecto a 1991-2000. Para ello calculamos el cociente entre la diferencia entre la tasa real observada y nuestra simulación de variación en 2000-2008 respecto a la década anterior.
Figura 9. Tasas de variación media anual (%) de la población rural
| 1991-2000 | 2000-2008 | (%) | ||
| A | B (real) | C (simulación) | D (contribución de la inmigración al cambio en las tasas de crecimiento | |
| Total 22 provincias | -0,9 | -0,3 | -0,8 | 83 |
| Grupo A | -0,5 | 0,4 | -0,4 | 90 |
| Grupo B | -1,0 | -0,6 | -0,9 | 69 |
Grupo A = provincias con zonas rurales en recuperación demográfica (crecimiento negativo en 1991-2008, pero positivo en 2000-2008).
Grupo B = provincias con zonas rurales sin cambio de tendencia demográfica (con crecimiento negativo en 1991-2008 y 2000-2008).
En la simulación realizada (columna C), suponemos que la entrada neta de inmigrantes entre los años 2000 y 2008 fue igual a cero.
D = [(B-C) / (B-A)])*100
Fuente: elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística (Censo de Población de 1991, Explotación Estadística de los Padrones de Población de 2000 y 2008) (www.ine.es).
La columna C de la Figura 9 muestra que en el caso de ausencia de inmigración, la población rural de las 22 provincias habría caído a una tasa media anual del -0,8%, que casi triplica al descenso que realmente tuvo lugar, un -0,3% para el conjunto de las 22 provincias. En el caso de las provincias que en 2000-2008 han tenido crecimiento positivo, las del grupo A, éste habría pasado a ser negativo en un valor absoluto igual (es decir, en lugar de crecer al 0,4% anual, hubieran decrecido al -0,4% anual). Mientras, en las del grupo B, el decrecimiento se habría realizado a un ritmo notablemente superior (a un -0,9% en lugar del -0,6% que se produjo realmente).
Por tanto, la contribución de la inmigración es decisiva. Para el conjunto de las provincias examinadas supone un 83% del cambio de tendencia, es decir, de la desaceleración de la despoblación de su medio rural. Para las provincias del grupo A la contribución al cambio de tendencia, que en este caso implica pasar de tasas negativas a positivas de la variación de su población rural, es de un 90%. Finalmente, para las provincias del grupo regresivo B la contribución de la inmigración a la desaceleración de su pérdida de población es de un 69%. Nuestros cálculos ponen de relieve, por lo tanto, el carácter crucial que ha tenido la inmigración para frenar la despoblación en la España rural. En su ausencia la pérdida de población en las provincias que hemos examinado, las que se enfrentan a mayores problemas de este tipo, habría sido todavía mayor y muy similar a la de la última década del siglo XX.
Implicaciones para las políticas
Las proyecciones de población realizadas para zonas rurales muestran las dificultades de un crecimiento demográfico positivo sin un aporte migratorio sustancial, puesto que en las áreas amenazadas por la despoblación, la estructura demográfica, envejecida y masculinizada, hace imposible la natalidad necesaria para regenerarse por sí mismas.
En consecuencia, la revitalización demográfica de la España despoblada pasa necesariamente por un flujo migratorio sostenido en los próximos decenios, el cual sólo puede garantizar su suficiencia, como se ha descrito en los epígrafes anteriores, en la medida que esté integrado por personas provenientes del exterior. Sin embargo, el que de manera espontánea su asentamiento no suceda en las zonas deshabitadas y en las localidades más pequeñas, sino que su residencia responda a pautas de concentración y acumulativas, incluso en las provincias de menor densidad con relación a sus núcleos semi-urbanos y urbanos, implica que deben intervenir los gobiernos, principalmente los regionales y locales, para reorientar su ubicación y promover el equilibrio territorial. En este apartado pasamos revista a las intervenciones públicas que en España han incorporado la gestión de los flujos de inmigrantes extranjeros como un aspecto fundamental de sus estrategias de repoblación. Se trata de iniciativas de carácter local y experimental, de las que analizaremos sus rasgos principales y extraeremos algunas conclusiones orientativas para el diseño de nuevas políticas.
En principio, pueden distinguirse dos enfoques diferenciados en estas políticas: las que adoptan una perspectiva territorial, como es el caso de las predominantes en los países europeos, y las que lo plantean desde un enfoque más funcional, como en los países nuevos de tradición inmigrante más consolidada, caso de Australia y Canadá.
En la primera modalidad las políticas de atracción de la población hacia las zonas rurales no se dirigen sólo a los extranjeros. Por otro lado, lo demográfico se incluye dentro de planteamientos más amplios, orientados al desarrollo rural o la cohesión social. Es decir, integran materias de diferentes áreas de gobierno, no siempre suficientemente coordinadas, ante la constatación de la mutua dependencia entre la demografía y muchos otros elementos. De esta manera, en la mayoría de los planes de repoblación en Europa los extranjeros llegados recientemente forman parte de programas en los que también coinciden con retornados –ya sean los jubilados que vuelven parar establecerse o los adultos jóvenes tras sus primeras experiencias laborales–, con “neorrurales” –personas con una reorientación en su trayectoria profesional o empresarial que les lleva a abandonar la ciudad y establecerse en un pequeño núcleo–, así como con los expulsados del medio urbano por el encarecimiento de la vivienda, que ejercen como commuters en medias y largas distancias.
Las cuatro categorías de nuevos pobladores no son excluyentes entre sí,[9] aunque suelen servir como referentes de estas intervenciones públicas y dar pie a medidas diseñadas específicamente en torno a sus características. No obstante, la intensidad de la llegada de extranjeros en los últimos años, coincidente con el inicio de este tipo de medidas, ha otorgado a este colectivo el mayor protagonismo, puesto que lo urgente, dado el escaso margen de maniobra ante el elevado número de núcleos en riesgo de desaparición, prevalece sobre planteamientos aparentemente más consistentes en el largo plazo.
Por otro lado, en la mayoría de las regiones europeas con baja densidad, la lucha contra la despoblación forma parte de las políticas de desarrollo rural. En ese planteamiento más integral, la gobernanza desempeña un papel crucial. La gestión de esos planes transversales, con un elevado grado de cooperación entre agentes e instituciones de diferentes niveles y una gran autonomía de los mismos, desborda las estructuras políticas más convencionales. De hecho, este tipo de intervenciones públicas suele ser un ejemplo de los nuevos paradigmas en la gestión local del desarrollo, en los que prima la iniciativa desde abajo (down-top) con políticas contextualizadas, flexibles y adaptables al entorno (placed based).[10]
En cambio, en los países de dimensión continental, tradición inmigratoria consolidada y sin condicionantes históricos de primer orden tan significativos como en Europa, (herencias culturales e históricas a conservar, sistema poblacional asentado durante siglos, paisajes moldeados por el hábitat humano), la reordenación de los flujos de llegada desde el exterior hacia áreas despobladas no se propone fundamentalmente como una solución frente al riesgo de desaparición de pequeñas poblaciones, sino como una vía para superar la escasez del factor trabajo y de capital humano en determinadas actividades productivas emplazadas en áreas periféricas de baja densidad. Es decir, repoblar no está relacionado con la conservación medioambiental, cultural y social, que suele aludirse en la mayoría de los programas de repoblación franceses, suizos, escandinavos y españoles, sino con la dificultad de poner en valor el potencial económico de un territorio, algo que conectaría mejor con la idea de colonización. Se corresponden, por tanto, con las aproximaciones funcionales y sectoriales, en las que el espacio es una variable exógena, un dato, y la relocalización de inmigrantes extranjeros en áreas despobladas es un apartado de las políticas migratorias o laborales, y no tanto un elemento central de los programas de desarrollo rural y de inclusión social con base territorial.
En España, las medidas actualmente vigentes se corresponden en mayor grado con la aproximación territorial o europea, pero en el inicio de las mismas, a principios del actual siglo, se produjo un planteamiento más cercano a los modelos funcionales. Las medidas impulsada por la Asociación de Municipios contra la Despoblación[11] y, en concreto, las planteadas por el Ayuntamiento de Aguaviva que pueden considerarse las primeras políticas públicas para asentar ciudadanos extranjeros en una pequeña población, ejemplifican bastantes de aquellas características. Aunque su meta era el reequilibrio espacial y demográfico, coincidiendo con los planteamientos territoriales, las actuaciones se dirigían casi exclusivamente al mercado laboral, entendido éste en términos de remuneración, probabilidades de empleo y diferenciales de poder adquisitivo, sin introducir razonamientos de índole más cualitativa ni desde lo económico ni desde el territorio.
Y es que su análisis del fenómeno migratorio internacional y de las medidas derivables para abordar la despoblación se inspira, de una manera intuitiva, no consciente, en los modelos de desequilibrio en su versión más simplificada, según los cuales, las diferencias económicas entre diversos territorios, fundamentalmente en términos de salarios reales, son las que motivan el desplazamiento. De hecho, la ausencia de inmigraciones relevantes experimentada por el medio rural español en períodos previos, aunque su tasa de desempleo fuera mínima, se debía a que sus mercados laborales no ofrecían un diferencial salarial suficientemente atractivo en el largo plazo como para que las familias españolas urbanas se plantearan un cambio de residencia. Aunque incurrieran en situaciones de paro o empleo precario, las transferencias en dinero y en especie (sanidad, educación, asistencia social) de un Estado del bienestar más consolidado en los primeros años de la democracia en las grandes ciudades no les inducían a salir de allí o retornar a sus lugares de origen, sino que, al contrario, los retenían. Además, el tipo de trabajo predominantemente manual y con escaso reconocimiento social junto con unos costes de cambio de residencia relativamente elevados (rigideces del mercado de la vivienda en los lugares de salida y de llegada, cambios en sistemas educativos dispares, reconstrucción de las redes afectivas y sociales en entornos relativamente cerrados) desincentivaban la residencia en zonas rurales. De manera que para la práctica totalidad de las familias españolas, cuando procesaban la ecuación entre costes y beneficios económicos y tangibles de un posible traslado desde la ciudad al campo, el resultado era negativo.
Sin embargo, desde finales del siglo pasado el escenario migratorio cambia paulatina pero profundamente a medida que las llegadas de extranjeros aumentan y su presencia alcanza al mundo rural. Para los inmigrantes extranjeros procedentes de un país no comunitario es imprescindible disponer de trabajo para consolidar su residencia legal en España, por lo que la obtención de un empleo estable adquiere un valor en sí mismo, muy por encima del salario o de sus connotaciones sociales.
Así, lo que para los autóctonos apenas contaba en el análisis coste-beneficio de su decisión de trasladarse o no a un núcleo rural, para los extranjeros tiene una gran influencia porque permite integrarse en el país de llegada.
En esa nueva situación, algunos alcaldes que venían trabajando para dinamizar sus poblaciones y que ya casi asumían resignadamente la inevitabilidad de su declive, descubren oportunidades inéditas. Los excedentes demográficos y de mano de obra internacionales pueden servir al reequilibrio interno de unas localidades que escasean en población pero disponen de oferta de empleo en torno a ciertas actividades del sector agrario, extractivas, construcción, comercio y servicios de atención personal así como en pequeños talleres.
Luis Bricio, el alcalde de Aguaviva, una pequeña localidad del Bajo Aragón turolense, muy preocupado por la constante pérdida de habitantes de su pueblo y la escasez de trabajadores y capital humano para las empresas locales, se propuso dar a conocer a los extranjeros que desean residir en España y obtener un salario superior al de su país de origen, la mayor probabilidad de cumplir sus pretensiones en un lugar como Aguaviva.
Para ello, Bricio difundió su propuesta en Argentina, uno de los países que considera con mayor afinidad cultural con España y donde, por tanto, los costes de transacción, tanto en el momento inicial de procesar la información y negociar su incorporación, así como en el posterior de su asentamiento, serían menores. En Buenos Aires expuso las posibilidades de obtener un empleo estable y una vivienda digna en un entorno rural español propicio para familias numerosas así como de las ayudas que les brindaría su administración. Además, como en Argentina residen muchos descendientes de españoles que ya disponen de la doble nacionalidad, su entrada en nuestro país sería más ágil que en otros casos e, incluso, haría posible la obtención de ayudas del gobierno nacional en el caso de que justificaran su llegada como retorno.
De manera imprevista, circunstancias políticas y económicas del momento reforzaron esta iniciativa. Si desde hacía unos años España era un país atractivo para los inmigrantes extranjeros por su pertenencia a la UE, lo que posibilita su movilidad posterior hacia el resto de Estados miembros, y porque venía experimentando un crecimiento económico muy notable, en el momento en que el alcalde de Aguaviva es entrevistado en los medios de comunicación bonaerenses Argentina sufre una importante crisis monetaria y financiera que además de implicar un desempleo altísimo conlleva una expectativas muy negativas y una quiebra de confianza en las instituciones.
Además de ofrecer información acerca de las condiciones de vida en Aguaviva y las características de las empresas oferentes de empleo, su ayuntamiento desempeñó otras tareas en la labor de captación de nuevos pobladores, como la selección de las familias, en la que ponderó criterios específicos de idoneidad laboral pero, sobre todo, de aportación demográfica. Se valoraban los conocimientos y experiencias, pero también las expectativas, se desechaban aquellas familias cuyos adultos tenían un título universitario, pues no iban a poder encontrar puestos de trabajo acordes a sus estudios, y se prefirieron familias numerosas por su mayor contribución a la repoblación.
El ayuntamiento también facilitó su asentamiento en la localidad. Sufragó parte del viaje desde Argentina y ofreció viviendas en alquiler a unos costes muy moderados. Como contrapartida, y para evitar que los recién llegados concibiesen su estancia en Aguaviva como una mera etapa intermedia y breve, en busca de una ubicación posterior, las familias que se acogían a este programa habían de firmar un contrato de permanencia por cinco años en esta población, de manera que si se trasladaban a otro núcleo o volvían a su país antes de ese plazo, debían indemnizar al ayuntamiento por las ayudas que recibieron. Una medida similar a esta, la permanencia en un territorio concreto durante varios años a cambio de facilitar ciertos trámites administrativos fue propuesta por el gobierno provincial de Alberta, Canadá, y no llego a implantarse dadas las críticas que desató por interpretar que restringía el derecho básico a la movilidad y elección del lugar de residencia. El eco mediático de las medidas del Ayuntamiento de Aguaviva fue muy grande desde su inicio, y todavía no ha desaparecido. De manera inmediata, bastantes alcaldes de poblaciones pequeñas en riesgo de despoblamiento, predominantemente de Aragón pero también de otras áreas en declive del resto de España, quisieron aprender de la experiencia para aplicar medidas similares. La capacidad de gestión del alcalde Luis Bricio consiguió que 53 poblaciones se integraran en la Asociación de Municipios contra la Despoblación, surgida ese mismo año. A través de ella se intenta atraer familias, fundamentalmente desde su país de origen, a las poblaciones asociadas.
Hoy en día, sus planteamientos han evolucionado hacia enfoques más integrales en la gestión de la inmigración, que ya no se concentra en los extranjeros sino en todo tipo de personas interesadas en residir en el medio rural, e incorpora a lo laboral otras facetas para mostrar el atractivo del territorio. Es decir, con el paso del tiempo ha habido una evolución desde planteamientos que se concentraban en los aspectos económicos y demográficos en sus dimensiones más cuantitativas hacia una visión más compleja y multidimensional del proceso migratorio. Por ello, en los planes más recientes de la Asociación no sólo las familias son el objeto de las medidas propuestas, sino también los propios ayuntamientos y sus comunidades de acogida.
Sus resultados, tras un decenio en vigor, admiten diversas interpretaciones. En términos cuantitativos, la evolución demográfica de Aguaviva ha sido muy positiva, pues de 592 habitantes según el padrón de 2000, justo antes de iniciar estas medidas, se pasó a 651 habitantes al año siguiente y a 713 en enero de 2009, con un incremento originado fundamentalmente por la presencia de extranjeros, que han pasado de nueve personas en 2000 a 172 en 2009, muy por encima del incremento neto. Es decir, sin presencia de inmigrantes extranjeros, Aguaviva habría perdido población en términos absolutos.
Pero si entramos en el detalle de esas cifras percibimos que los residentes de nacionalidad argentina, a los que habríamos de sumar los de pasaporte uruguayo e italiano, que llegaron dentro del mismo programa de acogida, han decrecido en los últimos años. El máximo se produjo en 2002, con 75 residentes latinoamericanos, que quedaron en 33 en el inicio de 2009, coincidiendo el declive con los años en que termina la obligatoriedad de permanencia derivada de los contratos firmados. Es decir, una parte importante de los que llegaron todavía continúan, en torno a un 40%, pero otros, algo más de la mitad, se marcharon. Por otro lado, medidas como la exigencia de permanencia durante cinco años han resultado controvertidas, con un elevado número de litigios que, aunque en su mayoría han sido ganados por el ayuntamiento, han devaluado una parte importante del capital social, elemento decisivo cuando intervienen las expectativas a medio plazo, incertidumbres y asimetrías en el control de la información.
En cambio, en paralelo y de manera inversa, la comunidad rumana fue tomando el relevo de la suramericana, con una llegada mucho menos planificada y sin que apenas se implementaran políticas publicitarias en su captación. Fue evolucionando al alza año tras año hasta superar el centenar de residentes, más de un 15% de la población total. Aunque posteriores oleadas de inmigrantes rumanos han participado de las mismas medidas en cuanto a las ayudas en la vivienda y en la búsqueda de trabajo, los factores de atracción que han primado no han sido tanto de índole institucional, sino fundamentalmente de tipo económico y de apoyos en su propia comunidad.
Las dinámicas dispares seguidas por uno y otro colectivo constituyen un elemento adicional en la evaluación de este tipo de políticas. Con relación al esquema inicial diseñado para atraer ciudadanos argentinos, los resultados de las medidas llevadas a cabo por el ayuntamiento de Aguaviva y la Asociación de Municipios contra la Despoblación quedan en entredicho. Su fase inicial de captación pudo ser exitosa, pero no culminó en la etapa posterior de arraigo, con una tasa de éxito muy inferior a la esperada. Diversos razonamientos pueden proponerse para explicar esa valoración ambigua no exenta de contradicciones y poco concluyente.
Por un lado, los factores de expulsión desde Argentina fueron más determinantes de su opción por Aguaviva que los de atracción de este núcleo, apenas conocido con anterioridad y perteneciente a un contexto rural muy diferente al de su experiencia vital previa y, sobre todo, de sus expectativas asociadas con España.
De otra parte, el planteamiento del ayuntamiento, que interpretó en un primer momento de una manera esquemática la emigración como mero resultado del cálculo de diferenciales salariales y costes residenciales y de traslado, fue errado. No tomó en consideración cuestiones relativas a la valoración del traslado por parte del conjunto de la familia, más complicada conforme más miembros tuvieran y donde las oportunidades para la mujer y la adaptación de los niños son cruciales, ni otras variables que no son estrictamente económicas, como la necesidad de crear un ambiente de acogida en la comunidad de llegada, que facilitara su contacto con el resto de paisanos y generara redes sociales adicionales, ni la existencia de una infraestructura de ayuda flexible y permanente a los recién llegados para apoyarles en situaciones de incertidumbre y de posibles conflictos en su arraigo.
En suma, faltó introducir en la ponderación de los beneficios y de los costes de emigrar hacia Aguaviva otro amplio conjunto de variables cualitativas que tienen en cuenta elementos relativos al capital social y la confianza, la calidad de vida en términos de accesibilidad al Estado de bienestar y de la capacidad de elección, aparentemente menor cuanta menos contribuyentes y consumidores haya. Casi todas estas apreciaciones tienen un carácter subjetivo, muy personal. En consecuencia, la selección de las familias debería introducir apreciaciones psicológicas y sociológicas, además de las económicas y legales, y evaluar con rigor la motivación e idoneidad de los potenciales migrantes para residir en un medio rural como el turolense. Por el contrario, deberían dejar de contar variables tan poco relacionadas con la probabilidad de éxito en su arraigo como la cantidad de habitantes que su llegada implica. En paralelo a esta iniciativa, surgen dos políticas similares que tratan de compaginar inmigración y repoblación: Abraza la Tierra[12] y Senderos (Nuevos Senderos[13] en el período actual). La primera de ellas no está pensada para atraer inmigrantes extranjeros, aunque tampoco los excluye, pues trata de incorporar al medio rural personas de procedencia urbana, “neorrurales”, que tengan un proyecto emprendedor, independientemente de su nacionalidad, y deseen ponerlo en práctica en un pequeño pueblo, con lo que contribuyen a su regeneración social, económica y demográfica. La segunda, en cambio, sí se concentra exclusivamente en el colectivo de inmigrantes extranjeros, y tiene un gran interés analítico por cuanto coincide en sus metas con las experiencias de Aguaviva y la Asociación de Municipios contra la Despoblación. No obstante, a diferencia de éstas, aplica una perspectiva plenamente territorial, transversal e integral en sus acciones. Los dos conjuntos de intervenciones contemplan el fenómeno de la inmigración extranjera a los pequeños pueblos como parte de estrategias más amplias. En el caso de Abraza la Tierra, el objetivo es el desarrollo rural a partir de de iniciativas emprendedoras de pequeña escala que ponen en valor los recursos locales. Senderos está especialmente dirigido hacia familias inmigrantes residentes en áreas urbanas españolas con elevados índices de exclusión social. La gobernanza es un elemento clave en el planteamiento de ambos programas, puesto que inciden en una gran variedad de ámbitos. En las memorias de las dos iniciativas se exponen como hitos alcanzados sus respectivas metodologías y detallan los itinerarios, protocolos, convenios y demás elementos que sirven en la gestión de las diferentes etapas y para cooperar con otras administraciones y colectivos. Esa transparencia es un elemento que facilita su implementación, contribuye a detectar los puntos a mejorar y aumenta su credibilidad.
En ese diseño institucional también encontramos otro tipo de coincidencias entre Abraza la Tierra y Senderos. Las dos políticas tienen un componente político bajo, en el sentido de que no son desarrolladas por burocracias convencionales pertenecientes a una administración local o regional, sino por agencias, es decir, organizaciones que disponen de gran autonomía en su gestión aunque actúen dentro del marco legislativo y presupuestario de unas intervenciones públicas concretas. Sus miembros no son funcionarios, ni sus gerentes políticos, sino que son expertos en la materia que previamente desempeñaban tareas profesionales por su cuenta en esas áreas o proceden de entidades pertenecientes al tercer sector –Fundaciones, Sindicatos, Asociaciones, ONG– que intervienen como socios activos de las administraciones en dichas políticas. En esa mayor autonomía influye que una y otra sean medidas apoyadas por iniciativas comunitarias europeas, cuyos reglamentos exigían que la mayoría de los grupos que las promovían y que intervenían en sus asambleas procedieran de la sociedad civil, de ámbitos no políticos. Ellas mismas se encargan de la gestión con criterios técnicos mientras que las instancias públicas contribuyen a su financiación y a dar soporte legal a sus actuaciones. Por otro lado, sus estructuras integran equipos multidisciplinares para abordar los problemas heterogéneos que surgen en los procesos de repoblación y de integración de inmigrantes.
Así, el programa Abraza la Tierra es gestionado por técnicos que también administran los grupos Leader que intervienen en las comarcas de referencia. Simultanean las labores de selección, acompañamiento, asesoramiento en los proyectos empresariales, formación y tutorización de las familias con otras funciones habituales en su papel de agentes de desarrollo rural. En el caso del programa Senderos, las medidas se incluyen dentro de los programas del Fondo Social Europeo que abordan el racismo y la xenofobia, así como la inserción sociolaboral de ciudadanos extranjeros en España, que también requieren de especialistas en diversos campos de las disciplinas sociales. A la hora de evaluar estos programas en relación a su capacidad para integrar inmigrantes extranjeros en áreas despobladas nos encontramos con importantes limitaciones. El programa Senderos tenía un carácter experimental, limitado a la inserción de 10 familias en pequeñas poblaciones de Teruel, y su principal meta era, a partir de esa experiencia, derivar una metodología o “un itinerario integrado para la inserción de familias inmigrantes”. En ese ámbito, en cuanto a la transferibilidad de su experiencia, los resultados podrían calificarse de aceptables. De hecho, en el programa europeo posterior en el que se reitera esa metodología durante el actual período incluye 10 provincias receptoras (Teruel, Zaragoza, Huesca, Ciudad Real, Guadalajara, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid y Valencia), con 385 municipios contactados y 490 familias informadas. Es decir, hay una difusión del mismo tanto entre los potenciales demandantes, que serían las familias de nacionalidad extranjera radicadas en áreas urbanas que desean trasladarse a pequeños pueblos, como entre los municipios receptores, que también han crecido exponencialmente. Su metodología es reconocida y parece consolidarse como una herramienta adecuada para las metas que propone.
En el caso de Abraza la Tierra las estadísticas reflejan cifras más elevadas, pues entre 2004 y 2008, dentro de la vigencia del programa Leader +, ha conseguido instalar en 18 comarcas de cinco Comunidades Autónomas (Cantabria, Castilla-León, Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón) a 230 familias, que suman 500 personas con un proyecto emprendedor propio. De ellas desconocemos cuántas son de nacionalidad extranjera, ya que el dato no se recoge en sus memorias, si bien es de suponer que su peso sea escaso. Puede suponerse que el grado de capitalización y la capacidad de acceder a financiación por parte de las familias extranjeras para llevar a cabo iniciativas empresariales son menores que los de las nacionales y, en consecuencia, les sea más difícil acogerse a este programa.
En Abraza la Tierra, además de los efectos demográficos inmediatos hay que valorar el efecto demostración que ejercen las personas emprendedoras sobre la población autóctona. Muestran cómo es posible generar riqueza y empleo y además contribuyen a dinamizar la vida cultural, social y política de los pequeños núcleos que habitan. Es decir, renuevan su estructura económica, aportan capital humano y reducen su déficit en capital social.
Del análisis efectuado de las tres políticas aludidas, la liderada por el ayuntamiento de Aguaviva junto con la Asociación de Municipios contra la Despoblación, el programa Abraza la Tierra, y los itinerarios de integración de familias extranjeras promovidos por las actuaciones Senderos y Nuevos Senderos, cabe extraer algunas lecciones que sintetizamos en las conclusiones.
Conclusiones
Para estimar la contribución que ha realizado la inmigración a la evolución demográfica de las zonas rurales en proceso de despoblación, hemos calculado su impacto sobre las 22 provincias españolas que en términos absolutos han perdido población entre 1991 y 2008. Nuestros resultados muestran que la aportación de la inmigración ha frenado significativamente la pérdida de población para las 22 provincias estudiadas. Además, para una parte significativa de ellas la inmigración ha conseguido que su crecimiento demográfico fuera positivo desde el año 2000.
Se deduce, en consecuencia, que el futuro demográfico de las zonas rurales más despobladas depende crucialmente de la inmigración. Del análisis realizado sobre las políticas locales que se han desarrollado en España para atraer esa inmigración, pueden extraerse algunas conclusiones.
En primer lugar, tanto el fenómeno de la inmigración extranjera como el de la despoblación de las áreas rurales responden a múltiples causas interdependientes que exigen un tratamiento integral, más aún si se abordan conjuntamente y con finalidad complementaria. De lo que se deduce que gran parte del posible éxito de las medidas que se propongan dependerá de su diseño institucional, de la capacidad de adoptar un enfoque comprensivo en el que se cuide la coordinación de las diferentes áreas de gobierno y niveles administrativos, y se involucre a todos los agentes afectados.
Por otro lado, la repoblación es un proceso de largo plazo que sólo puede considerarse culminado tras años de estancia de las familias. Aunque las fases de difusión y captación logren movilizar un importante flujo de nuevos residentes, apenas resultan relevantes en sí mismas si no culminan con su permanencia al cabo del tiempo, lo que depende, fundamentalmente, del bienestar en el nuevo territorio. Algo subjetivo que resulta de la predisposición de los inmigrantes pero también de la acogida en el territorio de llegada y de su potencial de desarrollo. De la experiencia de estos programas puede concluirse que su eficacia está ligada a que sean gestionados por una agencia, es decir, una organización autónoma de los poderes políticos afectados e inspirada por criterios profesionales. Eso permite una resolución más eficiente de los posibles conflictos, generar economías de escala en la prestación de servicios y transferir las experiencias exitosas de una manera más ágil entre los diferentes espacios en que actúa.
Por último, la mayor parte de nuestro análisis se ha centrado en su eficacia, en el logro de sus objetivos demográficos, de desarrollo rural y de integración. Pero queda pendiente una evaluación de estas medidas en términos de eficiencia, de esfuerzos realizados en la consecución de los resultados alcanzados, ya que se trata de políticas intensivas en el uso de trabajo cualificado, que conllevan un gasto público elevado por familia trasladada.
Fernando Collantes
Profesor titular de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de Zaragoza
Javier Silvestre
Profesor titular de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de Zaragoza
Vicente Pinilla
Catedrático de Historia Económica, Universidad de Zaragoza
Luis Antonio Sáez
Profesor titular de Economía Aplicada, Universidad de Zaragoza
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Apéndice: provincias que han perdido población rural en términos absolutos entre 1991 y 2008
| Grupo A |
| Provincias con zonas rurales en recuperación demográfica (con crecimiento negativo en 1991-2008, pero positivo en 2000-2008): |
| Albacete |
| Ciudad Real |
| Córdoba |
| Cuenca |
| Huesca |
| Jaén |
| Salamanca |
| Teruel |
| Zaragoza |
| Grupo B |
| Provincias con zonas rurales sin cambio de tendencia demográfica (con crecimiento negativo en 1991-2008 y 2000-2008): |
| Asturias |
| Ávila |
| Badajoz |
| Burgos |
| Cáceres |
| La Coruña |
| León |
| Lugo |
| Orense |
| Palencia |
| Pontevedra |
| Soria |
| Zamora |
[1] En 2007 el porcentaje representado por los residentes nacidos en el extranjero sobre la población total era casi idéntico en España y EEUU.
[2] Las unidades territoriales (provincias o NUTS III) que entre 1950 y 2000 perdieron población en términos absolutos suponían un 53,5% del territorio de España, un 28,9% del de Italia y un 74,7% del de Portugal (Pinilla et al., 2008).
[3] Sobre los procesos de despoblación en España pueden verse panorámicas generales en López Trigal et al. (2009), García Pascual (2003) y Collantes y Pinilla (2011).
[4] Si estimamos índices de Gini del grado de concentración por provincias de la población, las diferencias entre los nacidos en España o fuera de España, son significativas aunque no enormes. En el primer caso su índice era del 0,50 y en el segundo del 0,65.
[5] La correlación entre su peso relativo en zonas rurales y urbanas era ya alta en el año 2000 (0,88) y ha aumentado en 2008 (0,93).
[6] Véase en el Apéndice el listado de las provincias.
[7] Han sido precisos dos pequeños ajustes. Primero, excluir también aquellos municipios que están por debajo de 10.000 habitantes en 2000 o 2008 pero que en realidad pertenecían en 1991 o 2000 a municipios urbanos. En segundo lugar, hay que excluir también a aquellos municipios para los que la fuente no ofrece datos para 2000 por motivo de la mala calidad de las informaciones proporcionadas por los propios ayuntamientos. Sólo 14 municipios se encuentran en la primera situación y 29 en la segunda.
[8] El cálculo lo hemos hecho basándonos en datos del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) para el conjunto de las 22 provincias, incluyendo por lo tanto también sus zonas urbanas. Dichos datos están sólo disponibles para los padres o madres según su nacionalidad, lo que no permite tener en cuenta a los inmigrantes que hayan adquirido o tuvieran la nacionalidad española. Véase sobre este tema Roig y Castro (2007).
[9] Una clasificación de los nuevos pobladores del medio rural puede encontrarse en Pérez y Gurría (2010).
[10] OECD (2005).
[11] Asociación Española de Municipios Contra la Despoblación, http://www.campoyvida.com.
[12] Abraza la Tierra, http://www.abrazalatierra.com.
[13] Fundación CEPAIM-Nuevos Senderos, http://cepaim.org/programa/que-hacemos/intervencion-con-unidades-familiares/nuevos-senderos/.
