Resumen
Ante el espectacular descenso del 50% de los homicidios experimentado por Honduras, hasta no hace mucho el país más violento del mundo, este documento se pregunta: ¿cómo se han logrado cifras tan positivas?; ¿en qué aspectos de la realidad se ha incidido para lograr estos resultados?; y ¿puede convertirse en un modelo de referencia para el resto de la región, considerada la más violenta del mundo?
Mediante estas preguntas se trata de plantear si se ha atacado únicamente el síntoma, expresado en los altos niveles de violencia, o también se ha incidido en las causas que generan esta situación de extrema violencia, donde el crimen organizado ha acumulado importantes cuotas de poder. Para analizar este aspecto se prestará particular atención a la fortaleza o debilidad del Estado de derecho, pues se contempla, como punto de partida, como un instrumento trascendental para proporcionar seguridad.
El examen de las políticas aplicadas permitirá comprobar hasta qué punto sus resultados son sostenibles y qué dimensión tiene realmente los positivos cambios alcanzados.
Introducción
Honduras es un país olvidado e invisible. Sus menciones se reducen a pobreza, desigualdad e inestabilidad política. Su ubicación en los índices latinoamericanos e internacionales se encuentra invariablemente en los últimos puestos. También en los índices de homicidios, ya que ha llegado a ser el país más violento del mundo, en 2011 y 2012. De hecho, mientras que Honduras, por las características mencionadas, no figura como actor internacional en los mapas convencionales de las relaciones internacionales, sin embargo, es un punto neurálgico y trascendental en los mapas de las rutas de las organizaciones del crimen organizado transnacional, como lugar de paso, para transportar mercancías ilegales con dirección a EEUU, como la cocaína. A esta violencia se agrega la de las maras o bandas juveniles a las que la línea de separación con el crimen organizado es en ocasiones muy difusa.
En esta ocasión, la mención del país es por un motivo diferente. Se trata de poner de manifiesto el llamativo y espectacular descenso, al 50%, de los índices de homicidios en los últimos años. Después de ser el más violento, en este momento no hay un país en el mundo que haya logrado reducir la tasa de homicidios como lo ha hecho Honduras. Su evolución ha sido muy positiva mientras que en el resto de la región latinoamericana, a excepción de sus vecinos del Triángulo Norte, los homicidios han seguido creciendo.
Sin embargo, no es suficiente con dejar constancia de este hecho. Las preguntas obligadas son: ¿cómo se han logrado cifras tan positivas?; ¿en qué aspectos de la realidad se ha incidido para lograr estos resultados?; y ¿puede convertirse en un modelo de referencia para el resto de la región?
Mediante estas preguntas se trata de plantear si se ha atacado únicamente el síntoma, expresado en los altos niveles de homicidios, o también se ha incidido en las causas que generan esta situación de extrema violencia. Para analizar este aspecto se prestará particular atención al fortalecimiento que se haya logrado, o no, del Estado de derecho, pues es un instrumento trascendental para proporcionar seguridad. Esto nos permitirá comprobar hasta qué punto los resultados de la política aplicada son sostenibles y qué dimensión tiene realmente los positivos cambios alcanzados.
Descenso espectacular de la tasa de homicidios
En efecto, Honduras logró cerrar el año 2017 con una tasa de 42,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que implica un descenso del 17% con relación a 2016. Si bien los índices de violencia en el país siguen siendo altos, la cifra de homicidios bajó de 5.150 en 2016 a 3.866 en 2017. Los datos resultan aún más esclarecedores cuando se observa la evolución cronológica de la mencionada tasa de homicidios desde el año 2012 (Figura 1).
En ese año, el país había despuntado en el escenario mundial como el país más violento del mundo, con una tasa de criminalidad de 85,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año anterior, en 2011, la tasa era incluso un punto mayor, alcanzando los 86,5.
Figura 1. Honduras: tasa de homicidios, 2006-2017 (por cada 100.000 habitantes)
Desde 2012 la tasa ha mostrado una tendencia descendente continuada y paulatina, de tal manera que Honduras ha logrado hoy reducir su índice de violencia en un 52%. Esto no significa que el problema este resuelto. Naciones Unidas considera que 20 homicidios por cada 100.000 habitantes es ya epidémico y el país está aún lejos de situarse por debajo de este índice, pese a los avances tan destacables alcanzados. Las dos ciudades más importantes de Honduras han experimentado descensos espectaculares. En el caso de Tegucigalpa, entre 2012 y 2018 el descenso de homicidios ha sido del 58%, al caer de 102 a 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Tegucigalpa la disminución es aún mayor, alcanzando el 75%, al pasar entre 2013 y 2018 de 178 a 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.2 Hay que tener presente que dicha ciudad fue la más violenta del mundo durante varios años, de ahí que sean tan destacables estos datos, pese a seguir duplicando la cantidad de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Análisis de posibles indicadores que expliquen el descenso de los homicidios
La constatación de esta mejora obliga a analizar los factores que han favorecido la implantación de actores criminales y el ejercicio de la violencia, con el fin de comprobar la incidencia que estas políticas han tenido sobre los mismos.
Para ello, el punto partida es emplear una explicación multidimensional, si bien esta perspectiva no significa que no pueda darse particular relevancia a determinados factores. En concreto, la fortaleza del Estado de derecho es trascendental, pues dependiendo de esta variable será mayor o menor el espacio de corrupción y en consecuencia de impunidad, proporcionando un espacio de actuación a estas redes criminales muy ventajoso, ya que de esta manera logran la complicidad y la protección de representantes corruptos del Estado (Alda, 2014 y 2015).
En este sentido, si bien el Estado de derecho es un valor por sí mismo, indisoluble al de la democracia, en este caso se trata de contemplar su valor instrumental como medio imprescindible para garantizar la seguridad. Bajo esta visión, su importancia radica en contemplar la eficiencia y eficacia que proporciona la fortaleza del Estado de derecho y, en consecuencia, del imperio de la ley. En efecto, a mayor fortaleza, significa que la ley se aplica, sin excepciones, a todos los ciudadanos y en todo el territorio por igual, lo que implica la reducción de la impunidad y en consecuencia las posibilidades de actuar al margen de la ley, pues la impunidad es reducida. Lo cierto es que el crimen organizado existe en todo el planeta: ningún Estado, aún el más consolidado, ha impedido la acción criminal de estas redes. Sin embargo, sus espacios de actuación son menores ya que los niveles de corrupción, y en consecuencia de impunidad, son menores.
Ciertamente tampoco hay ningún Estado donde la corrupción sea cero. Pero cuanto menor sea, también serán menores las posibilidades de sobornar funcionarios para evitar que persigan e impidan su actuación criminal. Las posibilidades de controlar el desarrollo limitan necesariamente sus actividades, su dimensión y el poder que acumulan. Sus negocios se realizan bajo la presión y la persecución del Estado.
Sin embargo, si existe corrupción, hay la posibilidad de evadir el cumplimiento de la ley. De esta manera es posible que los funcionarios corruptos no persigan a estas redes sino que sean sus cómplices. En este contexto, las posibilidades de penetrar el Estado son mucho mayores y, por tanto, las de fortalecer el desarrollo y dimensión de estas actividades. En consecuencia, queda garantizada la impunidad y debilitado, en un círculo vicioso, el imperio de la ley.
Cabe señalar que la relación entre la fortaleza del Estado de derecho y la corrupción e impunidad es inversamente proporcional. Cuando la corrupción es alta significa que una parte de los representantes del Estado no aplican leyes y políticas de manera universal, sin excepciones y con total imparcialidad. Muy al contrario, utilizan su poder de manera discrecional, y no universal, tomando como criterio consideraciones subjetivas y no objetivas y universales para aplicar la ley. En consecuencia, el imperio de la ley es necesariamente débil. Este es el campo abonado para que las redes criminales puedan implantarse en la sociedad y contar incluso con la protección y la complicidad activa del Estado para la realización de sus negocios. Con esta opción es posible no sólo realizar actividades ilegales sino aumentar su número y dimensión y los ámbitos donde llevarlas a cabo (Alda, 2016 y 2017).
Sonia Alda Mejías
Investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales, Real Instituto Elcano| @soniaaldamejias
1 Los datos recopilados y los gráficos han sido elaborados por Ignacio Martínez Sánchez, ayudante de investigación en prácticas del Real Instituto Elcano (2020).
2 “Las cien ciudades más violentas del mundo, 2018”.
Vista de la ciudad de Tegucigalpa (Honduras). Foto: kristin klein (CC BY 2.0)
