Resumen
Este documento de trabajo tiene como objeto analizar las causas que explican la implantación del crimen organizado en América Latina. Con ello se pretende contribuir a la realización de un diagnóstico que, a todas luces, es preciso revisar respecto a las políticas de seguridad diseñadas para combatir este tipo de criminalidad. Las políticas aplicadas han dado resultados limitados, lo que hace pensar que el motivo se encuentre en que no se están abordando las causas que favorecen la implantación del crimen organizado, o al menos no todas.
Aunque el análisis se desarrollara bajo una perspectiva multicausal, la propuesta es plantear una jerarquía de causas y otorgar más importancia a unas que a otras. En este sentido, se pretende dar particular relevancia a la corrupción sistémica que hace posible que determinados representantes estatales acaben protegiendo estas redes criminales. Esta complicidad y protección es la mejor forma posible de asegurar y ampliar las actividades ilegales, lo que explicaría la particular implantación de estas redes en la región.
De acuerdo a este planteamiento se demostrará la relación directa entre corrupción y criminalidad, ya que a mayor corrupción hay más criminalidad.
Introducción
El persistente combate al crimen organizado y los escasos resultados obtenidos, hasta el momento, hacen pensar que no hay un diagnóstico completo sobre las causas que están favoreciendo este tipo de criminalidad. Las causas señaladas comúnmente han sido económicas, sociales, políticas e institucionales, pero es preciso, aun aplicando una perspectiva pluricausal, jerarquizar la incidencia de estas causas y diferenciar entre causas y consecuencias.
De acuerdo a este planteamiento, la principal pregunta es: ¿por qué las políticas aplicadas no logran controlar el crimen organizado? En realidad, este tipo de criminalidad existe en todo el planeta, sin embargo, en América Latina actúa con impunidad y ha adquirido importantes cotas de poder.
Para dar respuesta a esta pregunta, aunque sin prescindir obviamente de los actores criminales, se pretende centrar la atención en el Estado, con el fin de comprobar cuáles son sus debilidades para combatir esta amenaza. Si no se contempla este aspecto, cualquier política dará resultados limitados.
La mayoría de las políticas tiene por objeto el combate a los criminales y se diseñan de acuerdo a éstas, pero apenas hay políticas cuyo objeto sea el fortalecimiento del Estado con el fin de que su acción sea realmente eficiente y de esta manera se pueda lograr el control de la criminalidad organizada.
Con ello, se pretende destacar la corrupción como causa de primer orden para entender la particular implantación del crimen organizado en la región. Hipótesis que, a su vez, obliga a buscar los motivos que explican la existencia de corrupción endémica en la mayoría de los Estados latinoamericanos. En este sentido, se apuntará que la imposibilidad del Estado para imponer el imperio de la ley, de manera permanente, en todo el territorio y a todos los ciudadanos, sin excepción alguna, favorece dicha corrupción. Cuanto menor sea esta capacidad, mayores serán las posibilidades de evadir el cumplimiento de la ley. En este contexto la corrupción es el mejor instrumento para lograr la excepcionalidad ante la ley. Esta posibilidad es la que garantiza la impunidad al crimen organizado para realizar sus negocios ilegales, ya que los representantes estatales corruptos no sólo no aplican la ley sino que protegen sus actividades, llegado el caso. Solo esta protección puede explicar la sofisticada huida de uno de los principales narcotraficantes mexicanos de una cárcel de alta seguridad o la de tres peligrosos narcotraficantes de otra cárcel de máxima seguridad en Argentina, ambos casos en 2015. Tampoco se puede entender, sin dicha complicidad, el caso de la desaparición en Iguala en 2014 y que además no esté todavía esclarecido. Estos son algunos de los casos con mayor impacto mediático, pero en cualquier caso no son aislados, sino muestras de un problema sistémico.
En otras palabras, las políticas públicas han de fortalecer el Estado para evitar que en su seno se establezcan relaciones de protección y complicidad con redes criminales organizadas. Con ello no se erradica por completo el crimen organizado, pero su capacidad de maniobra, sostenibilidad y poder puede llegar a controlarse, ya que no contarían con la complicidad del Estado. De ahí que se pretende poner de manifiesto que si la debilidad del Estado no garantiza la aplicación y el cumplimiento de las normas tanto a sus representantes, como a la sociedad en su conjunto, cualquier política de seguridad tendrá resultados muy limitados, por muchos recursos que se inviertan para combatir a los criminales. La aplicación eficaz del imperio de la ley es la única manera de evitar la corrupción, ya que entonces no será posible negociarla. El efecto será la reducción de la impunidad, pues no habrá posibilidad de “comprar” la excepcionalidad ante la ley.
Esta no es una relación mecánica, siempre habrá espacios de informalidad y oportunidades de excepcionalidad en todos los Estados. Sin embargo, cuanto más sólido sea el imperio de la ley, los niveles de corrupción serán menores y en consecuencia también los de impunidad.
Sonia Alda Mejías
Investigadora y docente del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), Perú
