Introducción

A lo largo del pasado mes de febrero, gobierno, ejército y servicios de inteligencia de Pakistán desarrollaron un conjunto de actuaciones que podrían resultar de particular trascendencia para la evolución de los conflictos en curso en Afganistán y Pakistán. Estas iniciativas se pueden sintetizar en dos grandes líneas. Por un lado, la cadena de detenciones en suelo paquistaní de prominentes líderes talibán afganos.[1] En particular, la detención del Abdul Ghani Baradar –lugarteniente del dirigente del movimiento talibán, el mulá Omar– ha supuesto un notable golpe de efecto pues parece contravenir la tradicional estrategia paquistaní de cultivar buenas relaciones con los talibán afganos como medio para garantizarse una posición de influencia en el país vecino en previsión de la retirada de las tropas estadounidenses. Por otro lado, estas detenciones coinciden con declaraciones del General Kayani –comandante en jefe del Ejército– y del primer ministro –Yousaf Reza Gilani– que reclaman para Pakistán una función relevante en las eventuales negociaciones con los talibán para resolver el conflicto de Afganistán (The New York Times, 10/II/2010).

Es pronto, sin embargo, para afirmar que la estrategia de Pakistán ha tomado realmente un nuevo curso. La detención de los líderes afganos puede perseguir objetivos compatibles con su tradicional política de diferenciar insurgentes enemigos y grupos neutrales. Al mismo tiempo, la estrategia de Pakistán debe interpretarse a la luz del contexto actual, marcado por la puesta en marcha de la Estrategia de estabilización regional para Afganistán y Pakistán –adoptada por EEUU en enero de 2010– y el inicio en febrero de la operación Mohstarack (“Juntos”), la mayor ofensiva militar emprendida por EEUU en Afganistán desde el año 2001. La nueva estrategia estadounidense contempla el envío de 30.000 efectivos adicionales[2] a Afganistán a principios de 2010 y por un período de 18 meses, transcurridos los cuales se debe iniciar el repliegue (Obama, 2009). Este aspecto de la estrategia –la fijación de una fecha de salida–, además de haber suscitado críticas de algunos analistas (Boot, 2010), imprime un ritmo acelerado en el que la colaboración de Pakistán puede resultar esencial. EEUU, en efecto, tiene grandes dificultades para crear su propia red de inteligencia humana en la zona por lo que se ve obligado a que recurrir al servicio de inteligencia paquistaní (ISI). Sin duda, Pakistán es el más capacitado para obtener información y para entender el modo de operar de los talibán y de otros grupos yihadistas, en cuya creación intervino directamente con el fin de que sirvieran de instrumento para proyectar su influencia en Afganistán (Stratfor, 2010d). Tras la alianza de Pakistán con EEUU en la “guerra contra el terrorismo”, se produjo una progresiva desafección de estos grupos yihadistas respecto de su mentor que desembocó en un conflicto interno entre el Estado paquistaní y los insurgentes, que operaban desde sus bases en la provincia de Baluchistán Norte, en las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA), en algunos distritos de Provincia de la Frontera Noroeste (NWFP) y que pronto ampliaron su presencia y ataques a ciudades situadas en el corazón del país, en la densamente poblada provincia de Punyab.

El objeto de este Documento de Trabajo es estudiar la política adoptada por Pakistán para combatir a los grupos yihadistas que operan en y desde su territorio, analizando los factores más relevantes en la definición de la dicha política. Entre estos factores ocupa un lugar preeminente la percepción de la India como amenaza permanente, y el intento de contrarrestar esta amenaza mediante un gobierno aliado en Afganistán que le confiera profundidad estratégica. El análisis pondrá de manifiesto la estrecha interdependencia entre la evolución de la situación en Pakistán y en Afganistán, y la necesidad de adoptar un enfoque consecuente. Esta relación de interdependencia aparece ya en los factores desencadenantes del conflicto entre Pakistán y las diversas insurgencias yihadistas, así como en la evolución de la estrategia paquistaní. Comenzaremos por una breve referencia al contexto regional, compuesto por tres escenarios estrechamente relacionados –Afganistán, Pakistán y la fronteriza franja tribal pastún–, y marcados por las conflictivas relaciones entre Pakistán y la India, así como por el déficit de confianza mutua en la alianza con EEUU.[3]

Las realidades de Pakistán: fragmentación interna y conflictivas relaciones de vecindad

La falta de cohesión interna y la debilidad de las instituciones de gobierno
Uno de los problemas fundamentales a los que ha tenido que hacer frente Pakistán desde su creación es el de su falta de cohesión interna, derivada, en gran medida, de su fragmentación en numerosas etnias. Entre las mayoritarias cabe mencionar a punyabis,[4] pastunes, sindis y beluchos.[5] Además, tres de los principales grupos étnicos se extienden más allá de sus fronteras: al igual que Pakistán, la India tiene una provincia llamada Punyab, casi la mitad de Afganistán es pastún, e Irán tiene una significativa minoría belucha en su provincia de Sistán-Baluchistán.

El grueso de los integrantes de los talibán, tanto afganos como paquistaníes, son pastunes. De los aproximadamente 40 millones de pastunes de la región, alrededor de 15 millones viven en Afganistán y el resto se encuentran en Pakistán. Dentro de Pakistán se concentran en la Provincia de la Frontera Noroeste (NWFP), en las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA), en la zona norte de las provincias de Baluchistan y en la ciudad portuaria de Karachi (en la provincia de Sind).

La frontera entre Pakistán y Afganistán, la línea Durand, fue trazada por el Reino Unido a finales del siglo XIX como barrera de separación entre la India, entonces bajo dominio británico, y la esfera de influencia de Rusia en Afganistán. Heredada por Pakistán desde la partición de la India, la línea Durand no ha sido aceptada por Afganistán como frontera internacional.[6] Se trata de una frontera porosa, atravesada por una densa red de rutas de comercio y contrabando, intensamente utilizadas. En el sector noroeste de Pakistán, un tramo de la frontera discurre por terreno montañoso que escapa, de uno y otro lado de la línea, al control efectivo de los gobiernos centrales respectivos. Del lado paquistaní, una extensa porción de este territorio fronterizo –las Áreas Tribales Federalmente Administradas– disfruta de un estatuto especial, caracterizado por su autonomía respecto al gobierno central y porque el gobierno de facto es ejercido por líderes tribales locales. Aunque la Constitución de 1973 somete esta región al poder del presidente de la nación, éste no ejerce directamente su autoridad en el área (Rubin y Siddique, 2006).[7] Este régimen jurídico especial responde en parte a la incapacidad del gobierno para establecer su control efectivo en la zona, pero también al hecho de que no había tenido necesidad de hacerlo hasta el presente. Las FATA seguían actuando como “área tapón” entre Afganistán y la Provincia de la Frontera Noroeste, esta sí, sometida al control directo del gobierno central y que también comparte frontera con Afganistán, al norte de las FATA.

La presencia de millones de refugiados afganos en Pakistán y, recientemente, de refugiados paquistaníes en Afganistán, contribuyen a desdibujar aún más la frontera. Para las fuerzas de seguridad de ambos países resulta prácticamente imposible cerrar la frontera, por lo que combatientes y fugitivos pueden atravesarla con facilidad en ambas direcciones y encontrar refugio en clanes emparentados, regidos por un código tribal común a los pastunes. En realidad, el concepto de frontera, asociado a la noción de soberanía territorial del Estado, parece no operar para los habitantes de un terreno en el que se imponen las realidades de una tradicional sociedad tribal, sujeta a alianzas e intereses ajenos a la línea de separación formal entre Afganistán y Pakistán. Desde esta perspectiva, el área reúne condiciones óptimas para los insurgentes que pueden combatir contra un gobierno y refugiarse en el Estado vecino, a diferencia de los Estados implicados en el conflicto –Afganistán, Pakistán, EEUU y los demás miembros de la coalición– cuyas acciones deben respetar una frontera política que los insurgentes ignoran (Stratfor, 2010d).

Los problemas de identidad del país, su falta de cohesión social, se han traducido en instituciones débiles, con frecuentes golpes militares. Ningún gobierno elegido democráticamente, desde el de Zulfikar Ali Bhuto, en 1970, ha agotado los términos del mandato, hasta el momento actual. El ejército funciona, en ciertos aspectos, como un partido político más. Un amplio sector de la población lo considera como principal defensor de la soberanía nacional y garante último de la estabilidad interna (Schmidt, 2009, p. 31). Se trata de una fuerza integrada aproximadamente por 600.000 efectivos, y orientado esencialmente a defender la frontera este contra la India y sin experiencia en la lucha contrainsurgente hasta hace pocos años, lo que explica sus dificultades iniciales para combatir a los grupos yihadistas.

La promoción de una identidad islámica como factor de cohesión interna y como instrumento de política exterior
La descolonización llevada a cabo por el Reino Unido en la India resultó traumática. La rapidez y los resultados del proceso de partición crearon un enorme problema humano. Alrededor de 12 millones de personas abandonaron sus hogares –hindúes y sijs cruzaron la frontera para establecerse en la India y musulmanes indios migraron a Pakistán–. La violencia sectaria que siguió a la partición se cobró entre 500.000 y un millón de vidas.

Durante estos primeros años el nuevo Estado tenía que abordar la definición de su identidad: su constitución como Estado democrático y pluralista para los musulmanes y otras religiones minoritarias, o su configuración como Estado islámico. El ejército optó por impulsar la identidad islámica del país para contrarrestar las tendencias nacionalistas de las minorías étnicas de las provincias periféricas, particularmente en la franja pastún (Bajoria, 2009a) aunque también algunos gobiernos civiles se han servido de la islamización como recurso para reforzar su poder.[8] Sin embargo, la política de islamización de Pakistán que más graves repercusiones ha tenido fue la desarrollada con fines estratégicos por el general Zia-ul-Haq, que ocupó el poder entre 1978 y 1988 (Rubin y Siddique, 2006, p. 8; Stratfor, 2008). En efecto, el general Zia-ul-Haq comenzó a usar el islamismo como un instrumento de política exterior, tanto en Afganistán como en la Cachemira bajo control indio, creando y facilitando entrenamiento, financiación y armamento a grupos islamistas radicales.

Durante la ocupación soviética de Afganistán, desde 1979 a 1989, los servicios de inteligencia de EEUU, Arabia Saudí y Pakistán proporcionaron abundante ayuda a la guerrilla que luchaba contra la presencia soviética en Afganistán. La porosidad de la frontera permitía facilitar material y utilizar la zona fronteriza con Afganistán como base para de operaciones contra las fuerzas soviéticas. Gracias a la ayuda estadounidense los servicios de inteligencia paquistaníes (ISI) se transformaron en una poderosa agencia de inteligencia, con influencia determinante en el desarrollo de la campaña contra la URSS pero también en la política interna de Pakistán. Tras la retirada soviética en 1989 y el colapso del régimen comunista de Kabul en 1992, estalló una lucha de poder entre las diferentes facciones islamistas. Los intereses de EEUU y Pakistán empezaron a divergir. El general Zia quería garantizarse un gobierno islamista y pro-paquistaní en Kabul. Washington prefería un gobierno más moderado, pero la región estaba perdiendo rápidamente su relevancia para EEUU. Los servicios de inteligencia paquistaníes, que habían apoyado inicialmente al líder islamista Gulbuddin Hekmatyar, pasaron a respaldar al movimiento talibán, que había logrado controlar la región de Kandahar en 1994 y que, también con el apoyo de Arabia Saudí, terminaría constituyéndose en gobierno de facto de Afganistán. Cuando bin Laden se estableció en Afganistán a mediados de los años 90 comenzó a forjar una estrecha alianza con el gobierno talibán, proporcionándole financiación cuando el embargo internacional amenazaba con estrangular al régimen, así como entrenamiento a sus fuerzas. Pese a las buenas relaciones entre el gobierno talibán y el de Pakistán, la estrategia de bin Laden, dirigida a aislar al máximo el régimen talibán del mundo exterior para intensificar aún más su dependencia de al-Qaeda, surtió efecto y acabó prevaleciendo la influencia de la organización terrorista (Rashid, 2008, p. 19).

Pakistán también se sirvió de grupos yihadistas como instrumento en su lucha contra la India por el control de Cachemira. Las elecciones celebradas en 1989 en la Cachemira bajo control indio, fueron seguidas de acusaciones de corrupción del proceso y de un levantamiento genuinamente popular de la población musulmana local. En los momentos iniciales de la yihad en Cachemira, entre 1988 y 1990, aparecieron más de 150 grupos yihadistas. El ISI respaldó especialmente a Hiz-ul-Mujahideen y Tehrik ul-Mujahideen, a los que permitió construir sus propios campos de entrenamiento. Inicialmente, la insurgencia en Cachemira tuvo como objetivo principal la lucha contra “la ocupación india”. Sin embargo, también aparecieron grupos sectarios. La presión de Arabia Saudí determinó que el ISI impidiera que los grupos chiíes se unieran a la yihad por Cachemira. No obstante, el ISI permitió la existencia de un grupo de esta naturaleza (HuM, Hizb-ul-Momineen), al que hizo que reivindicar la responsabilidad de atentados contra chiíes pro-indios, aunque habían sido cometidos por grupos chiíes, para evitar el peligro de que India avivara tensiones entre suníes y chiíes y que la insurgencia en Cachemira degenerase en un conflicto entre ambas comunidades (Jamal, 2010a, p. 9).

La estrategia del ejército indio, consistente en castigar a las familias de los yihadistas para sofocar la insurgencia, surtió efecto y alrededor de 1993 los grupos yihadistas genuinamente cachemires habían sido debilitados y neutralizados en gran medida. En esta coyuntura, el ISI comenzó a infiltrar grupos paquistaníes, abriendo la yihad de Cachemira a paquistaníes y extranjeros. El primer grupo en unirse fue Harakat-ul-Jihad al Islami (HuJI), grupo deobandi integrado por veteranos que habían combatido contra la URSS en la guerra de Afganistán. HuJI sufrió varias escisiones dando origen a grupos como Harakat-ul-Mujahedin (HUM), del que a su vez se separó Jaish-e-Mohammed (JeM). El origen de Lashkar-e-Taiba (LeT) es diferente: fue creado en 1990 para combatir en Cachemira por un poderoso movimiento religioso salafista (Markaz-Dawat wa’l-Irshad). LeT introdujo los atentados suicidas en Cachemira en 1999. Si HuM estaba mayoritariamente integrado por pastunes de la franja tribal de la frontera afgano-paquistaní, JeM y LeT tenían su base principal en la provincia de Punyab.[9]

El general Musharraf se sirvió de estos grupos para su fracasada ofensiva de Kargil en 1999. LeT resulta paradigmático de las complejas relaciones entre los servicios de seguridad paquistaníes y los grupos radicales. El grupo contó con financiación de Pakistán durante largo tiempo como medio para influir en Afganistán y Cachemira. Tras el 11 de septiembre, LeT se emancipó gradualmente de sus patrocinadores. Desde su creación LeT ha mantenido una estrecha vinculación con al-Qaeda. El grupo, además, ha logrado construir extensas redes internacionales de apoyo, tanto en el Golfo Pérsico, como en algunos países occidentales, incluidos EEUU y Reino Unido (Tankel, 2010). El atentado conjunto de LeT y JeM contra el parlamento indio, en diciembre de 2001, provocó una masiva concentración de tropas por parte de la India en la frontera con Pakistán, generando una peligrosa escalada de la tensión entre ambos países que se prolongó durante todo un año. Como gesto pacificador ante la India y la opinión internacional, Musharraf prohibió varios grupos islamistas y yihadistas en enero de 2002, incluidos LeT y Markaz, aunque a este último se le permitió cambiar de nombre y seguir actuando como Jamaat-ul-Dawah, organización centrada en la predicación. A pesar de la prohibición, LeT siguió actuando en Cachemira, y el gobierno nunca adoptó medidas para su efectiva desmantelación. El anterior presidente Musharraf, fue incapaz –o no quiso– destruir las infraestructuras del grupo, incluso durante la etapa de diálogo con la India, en la que dejó de promover la violencia en la Cachemira bajo control indio (Kfir, 2008).

LeT adquirió nueva prominencia tras los atentados de Bombay en noviembre de 2008. Dicho ataque, y la continuada infiltración de activistas de LeT en la Cachemira controlada por la India, han sido origen de nuevas fricciones entre la India y Pakistán. Algunos analistas han interpretado los atentados de Bombay como un punto de inflexión en la estrategia de LeT: en los atentados cometidos desde Bombay la cuestión de Cachemira se fundiría, o incluso habría quedado subordinada, al objetivo más amplio de crear tensiones regionales e internacionales, de modo que la presión de EEUU y de la India sobre Pakistán forzasen al ejército paquistaní a dividirse en dos frentes, contribuyendo a debilitar a un gobierno civil ya sobrecargado por la crisis económica y por la política de la oposición (Markey, 2008). De momento, LeT ha evitado cometer atentados contra el Estado paquistaní y el ISI, no ha emprendido acciones para desarticularlo. Este modus vivendi puede resultar insostenible si Pakistán quiere que prosperen las iniciativas de diálogo con la India, con frecuencia paralizadas tras los atentados de LeT o de otros grupos yihadistas relacionados (Jamal, 2010b, p. 7).

El nuevo contexto estratégico tras los atentados del 11 de septiembre de 2001

Las turbulentas relaciones entre EEUU y Pakistán
La actitud de EEUU hacia Pakistán ha tenido un carácter pendular. Desde la creación de Pakistán en 1947, el interés estadounidense en contener el expansionismo de la URSS y la preocupación de Pakistán por garantizar su seguridad frente a lo que percibía como una permanente “amenaza”, la India, facilitó una temprana alianza entre ambos países. Pakistán pasó a primera línea durante la Guerra Fría, y ambos países concluyeron en 1954 un acuerdo de asistencia mutua en materia de defensa. La relación atravesó períodos turbulentos, por ejemplo, cuando EEUU no otorgó el respaldo esperado por Pakistán durante el conflicto con la India en 1965. Posteriormente, cuando Pakistán construyó su primera instalación de enriquecimiento de uranio, en 1979, EEUU empezó a aplicar sanciones. Ese mismo año, la invasión soviética de Afganistán renovó la alianza de la Guerra Fría, pero las prioridades de EEUU cambiaron de nuevo a partir de la retirada soviética, en 1989. Las sanciones contra su política nuclear recobraron vigencia, y fueron endurecidas tras las pruebas nucleares realizadas en 1998. El golpe militar con el que Musharraf desplazó del poder al primer ministro Nawaz Shariff, en 1999 fue motivo de nuevas sanciones (Atlantic Council, 2009, p. 12-13). En el nuevo contexto geopolítico derivado del fin de la Guerra Fría, los intereses de EEUU se alineaban mejor con otra potencia de la región, y máximo enemigo de Pakistán, la India. Los atentados del 11 de septiembre cambiaron de nuevo el signo de sus relaciones.

La forzada alianza en la “guerra contra el terrorismo”
Antes del 11-S, Musharraf había manifestado explícitamente su apoyo al gobierno talibán en beneficio de los intereses estratégicos de Pakistán. Tras los atentados, Musharraf cedió a la intensa presión estadounidense, acompañada de poderosos incentivos económicos y del levantamiento de todas las sanciones que pesaban sobre Pakistán. Entre los años 2002 y 2008, EEUU destinó más de 11.200 millones de dólares de ayuda a Pakistán (Kronstadt, 2008). A cambio, tenía garantizado el tránsito por territorio paquistaní hacia Afganistán, como ruta de abastecimiento logístico para la Operación Libertad Duradera y para ISAF, así como el acceso a las bases navales y aéreas. Al mismo tiempo, Pakistán desplegó un elevado número de tropas a lo largo de la frontera afgana.

La guerra de Afganistán desplazó a los talibán del poder, pero no los derrotó. Ante la manifiesta superioridad militar de la Coalición, los talibán se retiraron a sus lugares de origen o huyeron hacia las áreas tribales de Pakistán de difícil acceso, de modo particular a Waziristán. Destruidos los santuarios de al-Qaeda y sus campos de entrenamiento en Afganistán, estas agencias tribales se convirtieron en refugio para al-Qaeda y los talibán, así como en destino para numerosos radicales islamistas procedentes de otros países con objeto de recibir entrenamiento y actuar después en otras áreas.

Aunque la campaña militar en Afganistán no fue inicialmente impopular entre la población paquistaní,[10] las percepciones empezaron a cambiar en el año 2003, con los preparativos de la guerra de Irak. Al mismo tiempo, las crecientes dificultades de la coalición frente a los insurgentes en Afganistán, hicieron surgir dudas respecto a la capacidad de la coalición para permanecer largo tiempo en el país vecino. Se renovaban los temores de que se reprodujera la situación de 1989: que EEUU se retirara, que retirara también su ayuda económica y militar y que Pakistán tuviera que afrontar en solitario la violencia y la inestabilidad en el vecino Afganistán y en sus propias áreas tribales.

Desde el inicio de la guerra de Afganistán en octubre de 2001, los objetivos de EEUU y de Pakistán fueron divergentes. En la primera fase de la “guerra contra el terrorismo”, la prioridad de EEUU era derrotar a al-Qaeda y centró sus esfuerzos en asegurarse la cooperación de Pakistán en este sentido, confiriendo menor relevancia a los talibán, tal vez por considerar que habían sido derrotados definitivamente. Pakistán tenía como objetivo esencial sofocar la insurgencia en su interior y en las áreas de la NWFP. Tras el resurgir de los talibán a partir del año 2005, EEUU empezó a exigir la colaboración paquistaní también en la lucha contra los talibán, acompañada de una cuantiosa ayuda económica. Por lo que respecta a los grupos centrados en la lucha cachemira, el gobierno estadounidense sólo conminaba esporádicamente a Pakistán para que los erradicara, temiendo que una presión excesiva resultara contraproducente.

La política seguida por EEUU, no consiguió que Pakistán se comprometiera efectivamente a combatir a los grupos terroristas establecidos en Pakistán. Islamabad inició un doble juego. Por un lado, su cooperación con EEUU se tradujo en la detención de miembros de al-Qaeda y de otros yihadistas extranjeros. Por otro lado, líderes talibán y señores de la guerra afganos –Jallaluddin Haqqani, Gulbuddin Hekmatyar entre otros– siguieron actuando con libertad desde sus refugios en territorio paquistaní y, según numerosos expertos, contaban con el apoyo activo del ejército paquistaní y del ISI (Jones, 2007, p. 32). Para Pakistán, se trataba de recuperar la influencia perdida sobre los talibán, y de garantizarse en el futuro un gobierno aliado en Afganistán. Para EEUU, suponía una violación de los compromisos adquiridos por Pakistán. Se generaba así una peligrosa e insatisfactoria distancia entre dos gobiernos formalmente aliados (Synnott, 2009, p. 7).

En cualquier caso, la postura de Pakistán no ha cambiado sustancialmente: Pakistán ha seguido colaborando y compartiendo información sobre al-Qaeda y aquellas facciones talibán que representaban un problema tanto para Pakistán como para EEUU, y se ha abstenido de actuar contra los talibán afganos y paquistaníes que se limitaban a atacar a las tropas internacionales en Afganistán.

Repercusiones en Pakistán: el nacimiento de una insurgencia yihadista interna
Tras los atentados del 11 de septiembre, la alianza del general Musharaff con EEUU en la “guerra contra el terrorismo” situó a la mayoría de los grupos yihadistas ante el dilema de apoyar o no la decisión del gobierno paquistaní y la mayor parte, al menos los sectores más radicales, optaron por la confrontación con el gobierno. La presencia de al-Qaeda y de elementos talibán afganos en las FATA fue determinante para el nacimiento del movimiento talibán paquistaní y la transformación, a nivel ideológico y operativo, de las insurgencias paquistaníes locales, que pasaron a dotarse de una agenda global, y a combatir al gobierno paquistaní, acusándolo de ser aliado de las fuerzas extranjeras en Afganistán. Esta “emancipación” favoreció una mayor cooperación entre grupos con fines originalmente diferentes, y abrió una etapa de violencia de una intensidad sin precedentes (Jamal, 2009, p. 14). En particular, las conexiones entre grupos yihadistas punyabis y el movimiento Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), incrementaron la capacidad operativa de éste último en la provincia de Punyab.

La “talibanización” se extendió paulatinamente desde la frontera con Afganistán hacia el este, creando nuevos santuarios para los terroristas en zonas hasta entonces tranquilas como el valle de Swat y alcanzando a la provincia de Punyab, donde grupos como LeJ y JeM, inicialmente orientados a la yihad por Cachemira o a la instauración de un Estado suní, pasaron a crear una red talibán punyabi. Pese a sus diferencias con los talibán paquistaníes pastunes, la red punyabi comparte su lucha contra el gobierno paquistaní y cierta vinculación con al-Qaeda.

LeJ jugó un papel particularmente relevante en este proceso. Fue creado a mediados de los años 90 por Sipah-i-Sahaba Pakistan (SSP), organización fundada el año 1984 por Maulana Haq Nawaz Jhangvi, clérigo deobandi de la provincia de Punyab y miembro de Jamiat-i-Ulama-i-Islam (JUI). Situándose en la línea de la política islamista del entonces jefe de Estado, el general Zia-ul-Haq, SSP tenía por finalidad luchar contra la influencia creciente de la revolución iraní entre los jóvenes, tanto suníes como chiíes, y establecer un Estado suní en Pakistán.[11] La presión sobre SSP, interesado en ser reconocido como partido político, hizo que la organización creara un grupo terrorista, que actuaba bajo su autoridad aunque formalmente era independiente. Nació así LeJ, con la misma finalidad sectaria de SSP. Para beneficiarse de los recursos destinados por el gobierno paquistaní a la yihad en Cachemira, LeJ también estuvo activo en esta región, donde el contacto con los grupos terroristas como Harkat-ul Jihad-al-Islam y Jaish-e-Mohammed, le permitió mejorar sustancialmente su entrenamiento y capacidad operativa (Jamal, 2009, p. 14). LeJ inició los contactos con al-Qaeda al poco de establecerse la organización en Afganistán en 1996, y pronto se convirtió en uno de sus principales aliados. Forzados por la intervención militar de EEUU, un amplio número de operativos de LeJ que habían estado combatiendo en Afganistán regresaron a Pakistán a finales de 2001, acompañados de miembros de al-Qaeda a los que facilitaron el asentamiento en el norte de las FATA. Tomando ocasión de la primera operación militar del ejército paquistaní en Waziristán sur, durante los años 2003-2004, LeJ intentó movilizar a los grupos yihadistas pastunes del noroeste de Pakistán para iniciar una insurgencia contra el gobierno de Islamabad. En diciembre de 2007 nació Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), a modo de coalición integradora de más de 20 facciones talibán, con el objetivo de “talibanizar” Pakistán y de emprender una “yihad defensiva” contra las tropas paquistaníes desplegadas en las FATA y en la Provincia de la Frontera Noroeste (Yusufzai, 2008).

Baitullad Mehsud, considerado por el gobierno como principal responsable de los ataques suicidas y de los atentados llevados a cabo en las áreas mencionadas y también en la provincia de Punyab, se convirtió en el líder de la coalición. LeJ sirvió de punto de contacto entre TTP y al-Qaeda (Stratfor, 2010e).

Hasta finales del 2008, el gobierno paquistaní se caracterizó por su falta de resolución. Todas las operaciones militares, emprendidas en la mayoría de los casos como respuesta a la presión internacional, habían concluido con la firma de acuerdos de paz con los talibán,[12] poniendo de manifiesto el fracaso del gobierno, en ocasiones a pesar de la superioridad del ejército sobre el terreno (Syed, 2009, p. 8). La política gubernamental de intentar poner fin a la violencia pactando la paz se demostró ineficaz y contraproducente: los acuerdos fueron sistemáticamente violados por los talibán, y seguidos de nuevos avances territoriales de los insurgentes.

La reacción de Pakistán ante las insurgencias yihadistas internas: las operaciones militares en las FATA y en la Provincia de la Frontera Noroeste

El ejército empezó a enfrentarse con mayor determinación a los grupos yihadistas establecidos en las FATA y en NWFP en las campañas militares más recientes, la primera de ellas iniciada a finales de 2008. Son tres las operaciones militares emprendidas, diferentes geográfica y cronológicamente, pero también en cuanto a su motivación y objetivos.

La Operación Sherdil (Corazón de león) en Bajaur (agosto 2008-marzo 2009): la lucha contra la institucionalización del gobierno talibán en las FATA
Aunque el epicentro de la insurgencia yihadista en las FATA se encuentra al sur, en Waziristán, el cambio de actitud de Pakistán ante las insurgencias internas tuvo su primera manifestación en la operación militar en la agencia de Bajaur y Mohmand, en el norte de las áreas tribales.

Los talibán habían contado tradicionalmente con una significativa presencia en Bajaur. Su actividad en esta zona, sin embargo, había sido de bajo perfil hasta el año 2007. Más que un frente de combate, Bajaur constituía un refugio para los talibán que actuaban a uno y otro lado de la frontera (Franco, 2009a). Poseía un valor eminentemente estratégico, siendo utilizada para la preparación de ataques terroristas, especialmente contra objetivos occidentales fuera de Pakistán. La confluencia de varios factores explica el notable desarrollo de la insurgencia islamista en la zona. Por un lado, la profunda influencia del grupo islamista Yehrik-e-Nefaz-e-Shariat-e Muhammadi (TNSM), creado por Sufi Mohammed a principios de los años noventa, considerado como primera manifestación del islam político en esa zona y precursor de las insurgencias yihadistas. Por otro, la relevancia estratégica del emplazamiento de ambas agencias, que comunican con una de las áreas más inaccesibles de Afganistán, la provincia de Kunar, mediante una red de pasos transfronterizos que facilitan una vía de escape para los insurgentes que actúan de uno y otro lado de la frontera afgano-pakistaní. (Khan, 2009: 6). Esta última circunstancia convirtió a Bajaur en un centro de atracción para numerosos insurgentes procedentes de diferentes organizaciones yihadistas, tanto pakistaníes como extranjeras. Junto a la facción de Qari Ziaur Rahman, que mantiene estrechos vínculos con los líderes del TTP y está compuesta por un grupo de veteranos combatientes uzbecos, turkmenos, afganos y árabes, se encuentran presentes el TTP, Harkat-ul-Jihadi Islami (HuJI), Jaish-e-Islami (JeI) y el Movimiento Islámico de Uzbekistán.

Los motivos determinantes del inicio de la ofensiva militar en Bajaur, sin embargo, obedecen menos a la voluntad del gobierno paquistaní de sellar la frontera para impedir los ataques en Afganistán, que a su intención de frenar el proceso iniciado por los talibán en estas agencias para institucionalizar su poder de facto, y establecer una estructura paralela de gobierno. La consolidación de estas infraestructuras hubiera podido conferir a los talibán la credibilidad y legitimidad que no podían adquirir por el solo uso de la fuerza, por lo que resultaba prioritario ponerle fin. Se trataba de un proceso comenzado a finales de 2006, cuando los talibán empezaron a extender su control sobre la zona, imponiendo su propio sistema de gobierno y creando tribunales islámicos. En poco menos de un año lograron controlar más de la mitad del territorio de la agencia de Bajaur,[13] y amenazaban con extenderse progresivamente al resto de las áreas tribales y a la adyacente Provincia de la Frontera Noroeste. El 7 de agosto de 2008 el gobierno puso en marcha la operación Sherdil, una ofensiva militar a gran escala que forzó una rápida retirada de los insurgentes y que permitió al ejército controlar la región.[14] Concluidas con éxito las operaciones militares, en marzo de 2009 el ejército negoció un acuerdo de paz con el clan Mammod, con el objeto de desmantelar por completo las estructuras talibán.[15] El acuerdo prohíbe el establecimiento de una administración paralela, restablece las instituciones tradicionales de gobierno y reafirma el control del gobierno paquistaní sobre la zona.

Como en ocasiones anteriores, la estrategia talibán consistió en replegarse y evitar una confrontación abierta. Pese a la afirmación del gobierno de haber expulsado del área a los diferentes grupos insurgentes, lo cierto es que varias organizaciones siguieron realizando ataques transfronterizos en Afganistán contra las fuerzas internacionales. La necesidad de concentrar los esfuerzos militares en la operación militar en Waziristán sur, forzó una reducción de la presencia del ejército en la agencia de Bajaur, circunstancia aprovechada por los insurgentes para reanudar sus actuaciones antipaquistaníes en noviembre de 2009 (Lalwani, 2010, p. 11). Una nueva intervención del ejército permitió recuperar localidades de particular importancia estratégica, como Sewai (donde los talibán habían construido refugios subterráneos y que había servido de sede para la celebración de varias reuniones de la shura) y Damadola, donde se habían construido varios campos de entrenamiento para los yihadistas (Stratfor, 2010b).

Diversos análisis destacan que la estrategia de decapitar la insurgencia actuando contra sus líderes podría estar incidiendo efectivamente en el debilitamiento de los talibán en la región, agudizando las crisis de liderazgo provocadas por las divergentes posturas mantenidas en cuanto a la reacción frente a la ofensiva del ejército paquistaní.[16] También se ha afirmado que se está produciendo una creciente desafección de la población local pastún hacia los talibán paquistaníes por la brutalidad de su régimen, por el asesinato de los líderes tribales y la introducción de prácticas contrarias a las tradiciones locales, así como por la muerte y destrucción ocasionadas por las acciones terroristas, lo que crearía circunstancias más propicias para la erradicación del movimiento.

Por último, cabe destacar que la operación Sherdil refleja una notable modificación de la estrategia militar paquistaní, que se separa de los métodos convencionales de combate para adoptar los modos propios de la contrainsurgencia (Lalwani, 2010, p. 10).

La operación Rah-e-Rast (“Camino de Rectitud”) en Swat (abril-junio 2009): una ofensiva militar para contener la expansión talibán hacia el este
La campaña militar del ejército paquistaní en la región de Swat representa otra acción militar a gran escala, en esta ocasión con el fin de frenar el proceso de expansión fuera de las FATA, que los talibán habían emprendido en flagrante violación de un acuerdo “paz por sharia” concluido con el gobierno el 16 de febrero de 2009.En efecto,después de casi dos años de confrontación entre el ejército y los talibán, que se habían saldado con la extensión de las zonas bajo control de los insurgentes, el gobierno paquistaní firmó el Acuerdo de Malakand con Sufi Mohammed, líder del movimiento talibán TNSM (Tehrik-e-Nifaz-e-Shariat-e-Muhammadi). En virtud del Acuerdo, el gobierno aceptaba la aplicación de la ley islámica en la región de Swat (que incluye los distritos de Malakand, Swat, Shangla, Buner, Dir, Chitral y Kohistan) a cambio de la paz. Con este acuerdo el gobierno aspiraba a contener los talibán de Swat dentro de los límites del distrito. Sin embargo, el pacto estaba llamado a fracasar desde el principio, entre otras razones porque junto a la facción firmante del acuerdo, en Swat existían otras facciones talibán con objetivos territoriales más amplios.

La violación de la tregua, decidió al gobierno a replantearse su anterior política de compromiso y optar de nuevo por la confrontación. Desde finales de abril hasta mediados de junio de 2009, fuerzas aéreas y terrestres paquistaníes procedieron a destruir algunas infraestructuras de los insurgentes y lograron controlar las zonas urbanas.

Según la valoración del ejército paquistaní, la campaña fue un éxito y provocó numerosas bajas entre los insurgentes. Es necesario, no obstante, tener en cuenta algunos aspectos. A lo largo de la operación, el ejército promovió la evacuación masiva de población con el fin de facilitar la confrontación con los insurgentes reduciendo el riesgo de bajas civiles. Como resultado de la campaña existen en la actualidad más de dos millones de desplazados internos, problema que requiere una pronta actuación para evitar los riesgos de radicalización entre los afectados.[17] Por otro lado, la consolidación de la victoria militar puede requerir una presencia prolongada, y costosa, del ejército en la zona. Dado el carácter local de los insurgentes de Swat, muchos se habrán retirado refugiándose en sus lugares de origen, donde pueden pasar desapercibidos entre la población civil, aunque abiertos a una nueva movilización (Syed, 2009, p. 7).

En respuesta a estos desafíos, junto al objetivo inicial de la operación –expulsar de la región a los elementos yihadistas– el ejército ha asumido los objetivos adicionales de cooperar con los esfuerzos civiles dirigidos a restablecer el control del gobierno, facilitar el reasentamiento del elevado número de desplazados internos, reconstruir la economía local y las instituciones locales de gobierno, cuya inoperancia había facilitado la toma del poder por los talibán (Lalwani, 2010, p. 11). La asunción de este tipo de tareas pone de manifiesto la evolución de la operación a una misión de contrainsurgencia, en la que Pakistán está contando con la asistencia de EEUU. Es una función para la que parece mejor dotado el Cuerpo de Fronteras que, a diferencia del ejército regular, ha operado tradicionalmente en la zona y es mayoritariamente pastún, por lo que está familiarizado con el terreno y conoce la lengua y las tradiciones locales. La opción también plantea sus problemas: se trata de una unidad con escasa preparación, mal equipada y utilizada en su momento para entrenar a los talibán, por lo que hace albergar dudas acerca de su fiabilidad. No obstante, la Administración estadounidense ha apostado desde hace años por esta unidad, con propuestas de financiación y de cooperación en su entrenamiento (Bajoria, 2008b). La implicación de EEUU en el entrenamiento del Cuerpo de Fronteras pakistaní había pasado desapercibida hasta el atentado suicida del 3 de febrero de 2010, en el distrito de Dir Inferior, que causó la muerte a tres soldados estadounidenses. Hasta ese momento, existía un desconocimiento general debido en gran parte al interés paquistaní de que pasara desapercibida para no herir susceptibilidades en cuanto al respeto de su soberanía nacional.[18]

En sus esfuerzos por pacificar la zona con carácter definitivo, el ejército ha formulado un ultimátum a los insurgentes que siguen activos en la zona señalándoles un plazo de entrega, el 15 de mayo, transcurrido el cual procedería a la confiscación de sus propiedades y a la expulsión de sus familias de la región (Dawn, 30/IV/2010).

Operación Rah-e-Nijat (“Camino de Salvación”): la ofensiva militar contra la insurgencia talibán antigubernamental en Waziristán Sur
El objetivo inicial de esta nueva operación militar era muy limitado: combatir la facción de Mehsud. No pretendía establecer un control material del gobierno en la zona, ni enfrentarse a otros grupos talibán. El grupo de Mehsud posee una de las redes insurgentes más eficaces e influyentes de Pakistán y goza de amplios contactos con grupos yihadistas establecidos en Punyab, como JeM, Harkat-ul Mujahidin y Lashkar-i-Jhangvi (Syed, 2009, p. 8-9). Consciente del riesgo de que la operación militar Waziristan pudiera provocar una alianza entre las distintas facciones, ejército y servicios de inteligencia emprendieron acciones de distinta naturaleza para debilitar al grupo de Mehsud.

Por un lado, en junio de 2009 comenzó una campaña de ataques aéreos para destruir sus infraestructuras antes de iniciar la ofensiva terrestre. En este contexto, es necesaria una breve referencia al relevante papel jugado por los ataques llevados a cabo por los UAV estadounidenses, que han causado la muerte de un considerable número de mandos de al-Qaeda y talibán. En particular, el hecho de que estos ataques hayan eliminado a algunos de los líderes más importantes pone de manifiesto que EEUU dispone de excelentes fuentes de información, ya sean los propios servicios de inteligencia paquistaníes, o líderes tribales pastunes opuestos a los extremistas. Aunque el gobierno paquistaní condene formalmente estos ataques como una violación de su integridad territorial y las muertes de civiles puedan acentuar los sentimientos antiamericanos de la población (Bajoria, 2009b), algunas encuestas realizadas entre la población de las zonas afectadas muestran la división de la sociedad paquistaní al respecto. De hecho, el ejército paquistaní también ha empezado a utilizar UAV propios, pero exclusivamente en misiones de inteligencia (Williams, 2009a).[20]

Por otro lado, el gobierno intentó neutralizar a otros líderes talibán paquistaníes, concluyendo acuerdos de paz con algunos de ellos e intentando agudizar las divisiones internas dentro de TTP, proporcionando con este fin ayuda a las facciones escindidas y a las dirigidas por los opositores a la facción de Mehsud. Entre ellas ocupa un lugar prominente la alianza Wazir, que une a los grupos de los líderes talibán Maulvi Nazir, en Waziristán Sur, y de Hafiz Gul Bahadur, en Waziristán Norte, en un frente común para enfrentarse con las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán. También, al parecer, para contrarrestar la creciente influencia en la región de Mehsud y de sus aliados del Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) (Sulaiman, 2008).

Tanto Maulvi Nazir como Hafiz Gul Bahadur combaten contra las fuerzas de la coalición en Afganistán, pero afirman no estar en conflicto con el gobierno paquistaní y se han declarado en contra de las actividades terroristas del TTP en Pakistán. No obstante, se oponen a la entrada del ejército paquistaní en sus territorios. Los acuerdos entre el ejército de Pakistán y ambos líderes se remontan a septiembre de 2006, en el caso de Hafiz Gul Bahadur, y a marzo de 2007, en el de Maulvi Nazir. Según los términos pactados, el ejército se comprometía a mantener una presencia mínima en sus territorios, a no efectuar ningún tipo de operación militar en la región y a no poner obstáculo a sus acciones armadas en Afganistán. En contrapartida, ambos líderes no efectuarían ataques contra el ejército de Pakistán (Yusufzai, 2009, p. 8).

Pakistán es consciente de la fragilidad de este tipo de acuerdos. Experiencias anteriores han demostrado que grupos insurgentes muy dispares pueden unir sus fuerzas ante la amenaza de una operación militar, por lo que el ejército debe calcular prudentemente sus movimientos en las áreas próximas.[21]

Coincidiendo con la preparación de la ofensiva, ampliamente divulgada, y tras el período de calma que había seguido a la muerte del líder del TTP Baitullah Mehsud en agosto de 2009, el TTP recrudeció la campaña de atentados terroristas contra personal e instalaciones del ejército, del ISI y de la policía, pero incluyendo también entre sus objetivos la oficina Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en Islamabad, hoteles y mercados públicos. Estos atentados evidenciaban la colaboración del TTP con otros grupos de la red talibán punyabi. Finalmente, el ejército inició la ofensiva el 17 de octubre de 2009, días después del atentado llevado a cabo contra el cuartel general del ejército en Rawalpindi el 10 de octubre, circunstancia que facilitaba la percepción de que la operación militar se emprendía en defensa del estado paquistaní, y no como una concesión a la presión estadounidense (Ali, 2009).

Dos meses antes de iniciar el ataque, el ejército había bloqueado la zona, cerrando las rutas de abastecimiento y las rutas de huida de los insurgentes. Pese a la discreción con la que Pakistán rodea la asistencia recibida de EEUU para la operación, numerosos elementos ponen de manifiesto la mejora de la cooperación entre ambos, particularmente en cuestiones de inteligencia (Lalwani, 2010, p. 12).

El inicio de la ofensiva militar no frenó los atentados suicidas vinculados al TTP en núcleos urbanos como Rawalpindi, Lahore, Peshawar o la propia capital, Islamabad, y dirigidos tanto contra objetivos blandos como contra instalaciones y personal de los cuerpos de seguridad paquistaníes. Este intento de presionar al gobierno y de influir sobre la opinión pública en contra de la ofensiva militar (Stratfor, 2009) no logró minar la resolución del ejército.

La imposibilidad de acceso al área de conflicto determina que la información disponible sea, principalmente, la proporcionada por el propio ejército de Pakistán, o por los portavoces del TTP. Del conjunto de las fuentes consultadas parece desprenderse que, a lo largo de la campaña, no se han producido combates intensos y que los insurgentes han optado mayoritariamente por retirarse ante el avance del ejército paquistaní. Como algunos analistas habían anticipado (Yusufzai, 2009b, p. 10), los insurgentes han buscado refugio principalmente en las agencias de Waziristán Norte, Orakzai –tradicional feudo talibán– y Kurram. La actual ofensiva militar en la agencia de Orakzai sigue teniendo por objeto la eliminación del TTP y representa, en este sentido, una lógica prolongación de la campaña en Waziristán sur. Al parecer, el primer ministro pakistaní Gilani, había desarrollado una suave presión sobre el ejército para que culminara la operación de Waziristán sur con una nueva ofensiva a gran escala en Orakzai y Waziristán norte (Jamal, 2010c, p. 4), pero Waziristán Norte, como veremos más adelante, ofrece un reto de diferente naturaleza.

Se puede afirmar que el principal desafío para el gobierno no es tanto ganar la batalla contra los talibán paquistaníes, lo que ya constituye un reto considerable, sino consolidar el eventual éxito para prevenir su posterior resurgimiento. Por este motivo, el inicial objetivo de la campaña militar –expulsar al TTP de Waziristán Sur y controlar sus antiguas bases de operaciones en la zona– ha sido ampliado, pasando a comprender también la reconstrucción de las instituciones civiles de gobierno de la agencia. Alcanzado el objetivo inicial, la segunda fase de la operación militar consistiría en la consolidación del control estatal, garantizando la efectiva remoción de todos los elementos insurgentes, y en iniciar los trabajos de reconstrucción y desarrollo, restaurando los servicios civiles y las instituciones locales, para permitir el retorno de la población desplazada. La tercera fase comprendería la adopción de medidas políticas para facilitar la gobernabilidad de Waziristán Sur, introduciendo reformas administrativas para incrementar la presencia de funcionarios estatales e incluso dividir la agencia en dos circunscripciones correspondientes a los dos grandes clanes de la zona, los Mehsud y los Ahmadzai Wazir (Yusufzai, 2009b, p. 9).

La inclusión de dos fases adicionales, con sus correspondientes objetivos, representan un notable incremento del nivel de ambición de la operación Rah-e-Nihat. La operación en Waziristán Sur ha conseguido sus objetivos geográficos: el TTP ya no controla sus antiguos bastiones en la agencia, las localidades que le habían servido como base de operaciones y en las que disponía de campos de entrenamiento. Sus miembros se han establecido en otras localidades y el ejército ha continuado los ataques aéreos y terrestres dirigidos a destruir la logística y las rutas de aprovisionamiento del TTP, y a eliminar a sus líderes. Las autoridades paquistaníes reconocen que, sin embargo, no han logrado destruir su capacidad operativa (Dawn, 27/IV/2010).

La estrategia de EEUU para estabilizar Afganistán y los nuevos dilemas de Pakistán

En su discurso de 2 de diciembre de 2009, el presidente Obama puso de relieve que el establecimiento de una asociación efectiva con Pakistán constituía un elemento central de la estrategia para la estabilización de Afganistán y Pakistán (Obama, 2009). La nueva estrategia de EEUU persigue el objetivo de “reforzar la seguridad respaldando acuerdos políticos que impidan el regreso de al-Qaeda y que permitan al gobierno afgano ampliar su prestación de servicios y establecer políticas no violentas” y, con este fin, muestra su apoyo al programa dirigido por el gobierno afgano “para la reintegración de aquellos individuos y comunidades que renuncian a al-Qaeda, abandonan la violencia y aceptan la Constitución afgana”.[22] Así, la decisión de enviar 30.000 tropas adicionales durante la primera mitad de 2010 no pretende imponer una solución militar a la insurgencia talibán, sino crear las condiciones necesarias para poder retirarse de Afganistán. Se trata de transformar un paisaje político en el que el gobierno central no ejerce un control efectivo sobre gran parte del país y está sometido a la creciente presión de la una reforzada insurgencia talibán. Lo que, en términos de estrategia militar, se traduce en eliminar la insurgencia de áreas consideradas clave, mantener el control de tales áreas y construir instituciones de gobierno, para crear dinámicas que garanticen la seguridad de la población frente a la intimidación talibán y, por tanto, priven a los insurgentes de sus apoyos locales (Stratfor, 2010c). En este contexto, resulta esencial la capacitación de las fuerzas afganas para afrontar eficazmente las amenazas que pudieran plantear al-Qaeda y los talibán en el futuro (Obama, 2009). Ahora bien, a diferencia de al-Qaeda, los talibán son un elemento esencial del panorama político que se pretende remodelar, y tanto Afganistán como EEUU han terminado reconociendo que, para alcanzar una solución estable, es necesario negociar con las facciones consideradas “reconciliables”. El acuerdo sobre esta posición de principio no oculta las dificultades de su puesta en práctica. De momento, EEUU no contempla una negociación con los dirigentes talibán de mayor rango, más bien pretende aprovechar la ausencia de un claro control jerárquico sobre las diferentes facciones para debilitarlos al máximo, fomentado las escisiones de los mandos intermedios (Stratfor, 2010a). En cualquier caso, la disyuntiva de participar en conversaciones de paz o de seguir combatiendo ha abierto una fractura en el movimiento.[23]

EEUU carece de la información necesaria para identificar a los talibán potencialmente reconciliables. Sólo Pakistán está capacitado y posee las conexiones necesarias para hacerlo, por lo que forzosamente tenía que reconocer la centralidad de este país en el proceso de estabilización. Una centralidad acentuada por la presencia del núcleo de al-Qaeda en Pakistán.

El difícil consenso sobre los  talibán reconciliables y no reconciliables
EEUU ha presionado persistentemente a Pakistán para que se enfrente a los talibán, afganos y paquistaníes, establecidos en las FATA y que regularmente cruzan la frontera con Afganistán para atacar a las fuerzas internacionales de la coalición. Frente a la dicotomía establecida por EEUU, Pakistán ha trazado su propia distinción entre talibán “buenos” y “malos”, entre facciones anti y pro-gubernamentales y ha dirigido sus esfuerzos a minimizar el peligro planteado por su enemigo más peligroso, la facción talibán de los Mehsud, evitando la confrontación con el resto del movimiento talibán paquistaní, y con los talibán afganos.

Las discrepancias entre ambos países en cuanto a los insurgentes considerados “reconciliables” son obvias, y Pakistán evita facilitar información a EEUU sobre aquellos talibán con los que mantenía ciertos vínculos y que no le habían convertido en objeto de sus ataques. Con varias operaciones militares en curso contra algunas de las facciones talibán en las FATA y en la Provincia de la Frontera Noroeste, obrar de otra manera comportaba el riesgo de tener que afrontar una insurgencia general en las áreas tribales, lo que excedía sus capacidades militares. Además, Islamabad siempre ha visto en los talibán afganos una importante baza estratégica, un instrumento eventual para ejercer su influencia sobre Afganistán. Por último, y esta es una consideración que puede cobrar particular relevancia ante el horizonte de una retirada estadounidense relativamente próxima, Pakistán no ignora la importancia del factor tribal en el comportamiento de la insurgencia talibán. Si el contexto internacional es una realidad cambiante, las dinámicas tribales a lo largo y a través de la frontera con Afganistán perduran en el tiempo (Franco, 2009d).

Pese a las divergencias sobre esta cuestión, EEUU y Pakistán han estrechado su cooperación en otras de áreas de interés común, que se ha reflejado en el éxito de los ataques estadounidenses contra figuras principales del TTP y de otros insurgentes desafectos al régimen de Islamabad. La reciente detención en Karachi del Mulah Baradar, número dos de los talibán afganos, en una operación conjunta de los servicios de inteligencia de EEUU y Pakistán, suscitó particular interés e interpretaciones muy diferentes. Algunos analistas consideran que es el resultado accidental de una operación con objetivos diferentes (Rashid, 2010); otros lo interpretan como un gesto de Pakistán hacia la comunidad internacional para demostrar su capacidad de actuar contra los talibán (Reuters, 18/II/2010) o una cesión ante la presión estadounidense; para otros, finalmente, constituye la captura deliberada de un contacto de alto nivel, susceptible de garantizar un puesto privilegiado a Pakistán en las negociaciones y de evitar un entendimiento directo entre los talibán y el gobierno de Kabul (The New York Times, 12/II/2010; Ruttig, 2010, p. 5). De acuerdo con esta hipótesis, el eventual deterioro de las relaciones paquistaníes con algunas facciones talibán de Afganistán quedaría minimizado por su creciente fragmentación y, eventualmente, compensado por una relación privilegiada con otras facciones. Dejando de lado las razones que puedan haber llevado a la detención, lo que adquiere relevancia es qué rendimiento pueda obtener Pakistán de esta acción.

¿La ampliación de la ofensiva a Waziristán Norte?
Desde la adopción de la nueva estrategia y de la celebración de la Conferencia de Londres sobre Afganistán, en enero de 2010, EEUU ha intensificado sus presiones para que Pakistán amplíe su ofensiva militar a Waziristán Norte.

Esta agencia tribal posee particular interés estratégico para el desarrollo de la contienda afgana. Constituye la sede principal de la familia Haqqani en Pakistán,[24] y también acoge a algunos líderes de al-Qaeda y del TTP que han huido de la ofensiva de Waziristán Sur.[25] La facción de los Haqqani constituye la mayor estructura regional talibán bajo el liderazgo del Mulah Omar, que ejerce su control en el este de Afganistán. La familia Haqqani constituía una de las fuerzas más poderosas de la zona, ya antes de que los talibán iniciaran su ascenso al poder. También son anteriores sus vínculos con al-Qaeda y otros yihadistas extranjeros. Se integraron bajo la dirección del Mullah Omar cuando los talibán se establecieron como gobierno de Afganistán, aunque disfrutando de un amplio margen de autonomía (Stratfor, 2010d).

Razones de diferente naturaleza han llevado al ejército de Pakistán a descartar una nueva ofensiva militar, al menos durante los próximos seis a doce meses. Por un lado, y es una razón que el comandante en jefe del ejército paquistaní, General Kayani, ha explicado con particular énfasis, porque las capacidades del ejército se encuentran comprometidas al máximo como consecuencia de las operaciones en curso. Pakistán no puede iniciar un nuevo despliegue militar antes de haber concluido los esfuerzos de estabilización en Bajaur, Swat y Waziristán sur, sin olvidar la necesidad de atención permanente a la fuente de tensión que representa la frontera con la India. Actualmente, el Ejército cuenta con unos 140.000 efectivos en la Provincia de la Frontera Noroeste y en las FATA. En su conjunto, las operaciones militares desarrolladas en las mismas han comportado el traslado de unos 100.000 efectivos anteriormente emplazados en la frontera con la India (United States Department of Defense, 2010, p. 33 y 80). Se trata de un despliegue militar sin precedentes, un esfuerzo para el ejército que pone de manifiesto la percepción del peligro que la insurgencia interna representa.

Por otro lado, aunque algunos líderes de al-Qaeda y del TPP se hayan refugiado en la región, los grupos insurgentes establecidos en Waziristán Norte –tanto los talibán afganos como los paquistaníes– no son hostiles hacia Pakistán. Parece existir un entendimiento tácito en el sentido de que el ejército no iniciará una ofensiva contra ellos, si no interfieren en su operación contra la tribu Mehsud en Waziristán Sur. La operación militar que pretende EEUU podría tener el efecto unir al conjunto de los talibán afganos y pakistaníes en un frente común contra Pakistán (Masood, 2010). Islamabad, además, no tiene interés en enemistarte con grupos insurgentes con los que podría verse abocado a negociar tras la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN. En particular, aunque mantienen una estrecha vinculación con al-Qaeda, los vínculos del ejército y los servicios de inteligencia de Pakistán con Jalaluddin y Siraj Haqqani, son uno de los cauce fundamentales para recuperar la influencia perdida en Afganistán: sea como precio a pagar en las negociaciones, o como un instrumento para asegurarse un papel relevante en la posguerra afgana.[26]

Razones adicionales parecen reforzar a Pakistán en su postura. Cuando Washington sigue debatiendo los principios aplicables a las negociaciones sobre Afganistán, y ante la perspectiva de una salida de las tropas estadounidenses en un plazo relativamente corto, en la que cobran nueva relevancia los demás actores regionales –especialmente India, Irán y Arabia Saudí– el nivel de incertidumbre es excesivamente elevado para que Pakistán adopte un curso de acción tan arriesgado. Desde esta perspectiva, resulta lógico que prefiera conservar todas sus opciones y esperar a ver cómo evoluciona la situación militar y los efectos de la nueva estrategia de EEUU.

La preocupante evolución de la situación en Waziristán Norte podría modificar los planteamientos expuestos. La afluencia de diferentes grupos talibán, algunos de los cuales integran combatientes extranjeros –chechenos, árabes y uzbecos entre otras nacionalidades–, se ha traducido en un incremento de ataques dirigidos contra instalaciones y personal de las fuerzas armadas en Waziristán Norte (Dawn, 28/IV/2010). Algunos analistas han señalado que un incremento en la frecuencia de los ataques podrían provocar una reacción por parte del ejército, y algún medio de comunicación se refiere a declaraciones oficiosas de militares paquistaníes proclives a la intervención, aunque descartando una ofensiva frontal (The New York Times, 29/IV/2010).

Consideraciones finales

Las ofensivas militares en Bajaur, Swat y Waziristán constituyen la reacción del gobierno y ejército paquistaníes ante los grupos yihadistas que habían pasado a constituir una amenaza directa para el Estado. La resolución e intensidad de las operaciones militares, más que un genuino cambio de postura ante las insurgencias yihadistas, era reflejo de una lucha por la supervivencia. Para garantizarse el éxito, el ejército evitó una confrontación general y concluyó acuerdos de neutralidad con algunos grupos para mantener sus facciones al margen de la campaña. Esta estrategia de fragmentación (divide y vencerás) es bien conocida por las milicias locales, pues ha sido practicada por los gobiernos que han intentado pacificar esta región a lo largo de diferentes momentos históricos (Syed, 2009, p. 8). Para algunos analistas se trata de una estrategia más efectiva que el intento de imponer una presencia militar en el conjunto de la región (Sulaiman, 2008).

Pakistán, por lo tanto, no estaba renunciando a servirse de los grupos yihadistas bajo su control como instrumentos de su política exterior, primordialmente con Afganistán y la India. Los talibán afganos, en particular, representaban una valiosa baza en su aspiración de ver instalado en Kabul un gobierno aliado, libre de la influencia india.

Al mismo, tiempo, la traumática experiencia que para Pakistán está suponiendo la confrontación con sus insurgencias internas podría facilitar un cambio de enfoque. Luchar contra los talibán paquistaníes mientras se respalda a los talibán afganos no deja de ser una política incoherente y probablemente contraproducente. A medio plazo, los vínculos de al-Qaeda con algunas de las facciones mantenidas al margen de la ofensiva –los talibán etiquetados como “buenos”– podrían determinar un cambio en las lealtades, con las consecuencias que el gobierno paquistaní ya ha experimentado con grupos inicialmente bajo su control.

El general Kayani ha afirmado recientemente que la talibanización de Afganistán no resulta conveniente para los intereses de Pakistán (Reuters, 18/II/2010). Queda por ver si es pura retórica o si refleja el principio de un cambio en la postura oficial, que apoyaría una significativa presencia talibán en el gobierno de Kabul pero no un Afganistán bajo dominio talibán absoluto, y potencialmente desestabilizador de las áreas tribales. Si se trata de un cambio incipiente, su pleno desarrollo exigirá superar dos realidades: el profundo arraigo de una postura pro-talibán en algunos elementos de las instituciones estatales –consecuencia de largos años de colaboración– y la anómala situación de las áreas tribales, que las hace más susceptibles de radicalización.

La fluidez de la situación actual invita a no a extraer conclusiones de amplio alcance y, sobre todo, a seguir de cerca la evolución los acontecimientos a lo largo del presente año, que podría resultar determinante para la transformación del paisaje político regional.

Pilar Pozo Serrano
Profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Valencia

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[1] Pakistán administra con cautela la información sobre sus operaciones militares. En ocasiones las noticias sólo se notifican o confirman transcurridos varios días. En este sentido, aunque la captura del Mullah Baradar en Karachi, en una operación conjunta de las agencias de inteligencia de EEUU (CIA) y de Pakistán (ISI), fue publicada el 15 de febrero, había tenido lugar, como mínimo, cuatro días antes (The New York Times, 15/II/2010). Del mismo modo, la detención en Pakistán de dos líderes talibán, “gobernadores en la sombra” de las provincias afganas de Kunduz y Baghlan, se hizo pública el 18 de febrero, cuando ya habían transcurrido varios días, o incluso semanas (The New York Times, 18/II/ 2010).

[2] Según los datos de un reciente  Informe del Departamento de Defensa de EEUU, a fecha de 31 de marzo de 2010 el número de efectivos de las fuerzas armadas de EEUU en territorio afgano  ascendería, aproximadamente, a 87.000 y se esperaba que se situara en torno a los 98.000 en agosto (United States Department of Defense, 2010, p. 5).

[3] Pakistán ha reprochado a EEUU y sus aliados europeos el haber sido tomado en consideración sólo desde la perspectiva de su relevancia para determinar el curso de la guerra de Afganistán o por las repercusiones de su situación interna en la seguridad internacional. Los intereses de Pakistán, y las posibles consecuencias del conflicto afgano para este país, habían sido en gran medida ignoradas o relegadas a un segundo plano (Synnott, 2009, p. 61).

[4] Los punyabis representan aproximadamente el 60% de la población, se concentran en la provincia de Punyab (o Punjab) y ocupan gran parte de los puestos claves en el ejército y la economía, lo que provoca un cierto resentimiento de las otras comunidades (Stratfor, 2008; Synnott, 2009, p. 22).

[5] Los beluchos se encuentran mayoritariamente en la provincia desértica de Beluchistán, cuyo territorio representa casi la mitad del territorio de Pakistán aunque su población constituye menos del 5% del total. Beluchistán ha sido origen de varios movimientos nacionalistas violentos que han conducido cinco insurgencias desde la creación de Pakistán. Estos grupos justifican sus actuaciones aduciendo la desatención de los intereses de desarrollo de la provincia por parte gobierno central así como su exclusión de los beneficios procedentes de la explotación de los recursos minerales presentes en el territorio belucho (Rashid, 2008, p. 36).

[6] Este rechazo suscita el recelo de Islamabad ante la eventualidad de que Afganistán pueda intentar en algún momento extender su control sobre las regiones pastunes de Pakistán. Pakistán quiere garantizarse un gobierno aliado en Afganistán, cuyos vínculos con la India no sean excesivamente estrechos, lo que por el momento sólo ha sucedido durante la etapa del gobierno talibán. Por su parte, para el actual gobierno Afganistán, la India representa un instrumento útil frente al eventual intento de predominio pakistaní, país con una población seis veces superior, y arsenal nuclear (Atlantic Council, 2009, p. 18).

[7] Las FATA están divididas en siete agencias, cada una de las cuales cuenta con un agente político encargado de ejercer la autoridad efectiva sobre la agencia tribal. El agente político detenta poderes legislativos, ejecutivos y de gestión económica, y no está sujeto a ningún mecanismo de control real, lo que ha facilitado la profusión de prácticas corruptas). Esta provincia no ha recibido la misma prioridad que otras áreas en los planes de desarrollo económico, y las escasas iniciativas se han concentrado en sectores beneficiosos para una pequeña élite política, dejando fuera del proceso amplios sectores de la población.

[8] El partido PPP del actual presidente Zardari, al igual que otros gobiernos anteriores, ha establecido alianzas políticas con partidos religiosos y regionales que tienen facciones violentas. Antes de ser depuesto por Musharraf, el líder del PML-N y principal rival político de Zardari, Nawaz Sharif, intentó promover la sharia como principal sistema legal del país (Stratfor, 2008).

[9] Un elevado porcentaje de los integrantes de ambos grupos procede de la franja Seraiki, al sur de la provincia de Punyab. En esta región, en que existe una elite terrateniente chií, la propaganda yihadista sectaria gozó de particular acogida entre la mayoritaria y desfavorecida población suní (Schmidt, 2009, p. 34).

[10] Según las encuestas realizadas por el Departamento de Estado de EEUU, un 64% de la población respaldaba la decisión del gobierno de cooperar con EEUU inmediatamente después de los atentados. Un año después, tras un discurso pronunciado el 12 de enero de 2002, en el que Musharraf proclamó la resolución de combatir a los grupos terroristas en Pakistán, el respaldo popular ascendió al 82% (Rashid, 2008, p. 146).

[11] SSP contó con un importante apoyo de Arabía Saudí, interesada en el establecimiento de una sólida infraestructura terrorista suní en la provincia paquistaní de Baluchistán, a lo largo de la frontera con Irán, que llevara a cabo atentados en el interior de Irán y que pudiera promover una revuelta de la población suní contra el régimen chií de Irán.

[12] La primera campaña militar en Waziristán Sur concluyó con la firma del acuerdo de Shakai en abril de 2004, en febrero de 2005 el ejército firmó el acuerdo de Sararogha con losTaliban y las tribus Mehsud, en septiembre de 2006 el gobierno pactó una tregua en Waziristan Norte con los talibán, seguida de la retirada de las tropas paquistaníes y en febrero de 2009 se firmó el acuerdo de Malakand aceptando una tregua en el Valle de Swat.

[13] La actitud de la población local fue esencial para facilitar el avance talibán, que supo explotar los defectos del anacrónico sistema vigente en las FATA. Aunque la intimidación y asesinato de líderes tribales fueran una práctica para imponer el sistema, algunos segmentos de la población aceptaron la aplicación de la sharia, debido a la frustración generada por el sistema de gobierno y de justicia vigentes Hay que tener presente que las FATA siguen sometidas a una legislación propia, establecida por la potencia colonial en 1848, más estricta que la establecida para el resto de Pakistán. Los Tribunales Islámicos se presentaban como un instrumento para reparar los abusos cometidos por individuos de las clases dominantes frente a las clases más humildes (Franco, 2009b, p. 6-8).

[14] Algunos analistas apuntan que la sustitución del general Musharraf por el general Kayani al frente del ejército a finales de 2007, y el fin del mandato presidencial de Musharraf en agosto de 2008, también pudo ser un factor relevante en el cambio de actitud del ejército (Franco, 2009ª, p. 8).

[15] El acuerdo restablece la Frontier Crimes Regulations Act como instrumento jurídico aplicable en la agencia, así como las instituciones tradicionales de gobierno: código tribal, el poder de los ancianos, los malik, y la Asamblea (Jirga) tribal. El acuerdo contiene detalladas prescripciones acerca de la disolución de las organizaciones armadas y el compromiso de los talibán locales en materia de desarme y de poner fin a los ataques a las fuerzas de seguridad paquistaníes. Prohíbe la presencia de extranjeros en el área, la existencia de campos de entrenamiento y exige a los locales que no permitan que elementos terroristas crucen la frontera o desarrollen actuaciones terroristas en la zona.

[16] Es el propósito de la campaña de asesinatos selectivos mediante UAV estadounidenses (Jordán, 2010, p. 35). La muerte en uno de estos ataques del líder del TTP Baitullah Mehsud, en agosto de 2009, fue seguida de una lucha por el liderazgo del movimiento. Un posterior ataque contra su sucesor como líder del TTP, Hakimullah Mehsud, en enero de 2010, pareció suponer un nuevo golpe para la unidad del TTP. Desde febrero pareció darse por seguro que había muerto, pero su reciente reaparición suscita cuestiones sobre quién ejerce al actual liderazgo del movimiento (Dawn, 3/V/2010). La dimisión de Maulvi Faqir Mohammed a principios de 2010 (reemplazado por Maulvi Mohammed Jamal-ud-Din) como líder del TTP en la agencia de Bajaur, debido a sus diferencias con otros líderes talibán de la región, es una muestra de las disensiones internas entre los diferentes dirigentes talibán (Khan, 2010, p. 9).

[17] Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), a finales de mayo de 2009 existían más de 2.500.000 de desplazados internos (Directorate General for Humanitarian Aid –ECHO–, 2009, p. 2).

[18] Tras el atentado, Pakistán ha reconocido la presencia de entre 60 y 100 miembros de un equipo de operaciones especiales cuya misión es el entrenamiento del Cuerpo de Fronteras paquistaní, de naturaleza paramilitar, en técnicas de contrainsurgencia, en particular en obtención de inteligencia y ayuda al desarrollo. Este último aspecto se considera crucial, teniendo en cuenta que el servicio de fronteras deberá afrontar el retorno de la población desplazada a causa de las ofensivas militares así como el reparto de ayuda en los campos de refugiados (The New York Times, 4/II/2010).

[19] La situación geográfica de Waziristán contribuye a complicar la operación. Comparte una larga y porosa frontera con Afganistán, que facilita numerosas rutas de abastecimiento y huida. Al sur, Waziristán linda con el norte de Baluchistán, provincia que cuenta con población mayoritariamente pastún en esa zona, que podría servir de refugio para los insurgentes.

[20] Los éxitos obtenidos mediante este tipo de ataques han ido acompañado de un alto coste político. Según datos proporcionados por las autoridades paquistaníes, los ataques con UAV ejecutados desde enero de 2006 hasta abril de 2009 han causado la muerte de 687 civiles y de 14 líderes de al-Qaeda, lo que supone un 98% de víctimas civiles. En ese sentido, la mayoría de los análisis coinciden en que los desproporcionados daños colaterales provocados con los ataques de los UAV pueden acrecentar el antiamericanismo de la población y deslegitimar al gobierno, por su alianza con EEUU. Curiosamente, una encuesta llevada a cabo por una organización paquistaní entre pastunes de las FATA, en la primavera de 2009, llegó a conclusiones contrarias. El 52 por ciento de los encuestados consideró que los ataques eran certeros en sus objetivos, el 58% no creía que provocaran antiamericanismo, el 60% estimó que los ataques perjudicaban realmente a los grupos insurgentes y el 70% era favorable a que el ejército paquistaní efectuara ataques similares (Aryana Institute for Regional Research and Advocacy, 2009, y, en el mismo sentido, Taj, 2010).

[21] En ocasiones, los pactos concluidos con el ejército no han impedido que las facciones bajo mando de estos líderes atacaran fuerzas paquistaníes ante lo que consideraban intrusiones excesivas en sus territorios, o en respuesta a los ataques efectuados por aviones no tripulados estadounidenses, de los que consideraban cómplice al gobierno paquistaní. El ejército y los servicios de inteligencia paquistaníes tuvieron que desarrollar intensas negociaciones para recomponer las relaciones, evitar malentendidos en el futuro y mantener vigente la tregua pese a los ataques de UAV estadounidenses que ambos grupos puedan sufrir (Yusufzai, 2009b, pp. 6-8).

[22] Ambos aspectos se sitúan en el contexto del programa de reintegración coordinado por el gobierno de Afganistán: “Reintegration is the absorption back into Afghan society of the local insurgent commanders and their followers, most of whom have no links to al-Qaeda or any extremist political agenda and have sided with the Taliban because of money, expedience, or coercion. Many Afghan districts are under neither Taliban nor government control. Others, while nominally influenced by the Taliban, are animated largely by local disputes. Consequently, our aim is to enhance security by supporting political arrangements that prevent al-Qaeda’s return and that allow the Afghan government to expand service delivery and establish non-violent politics (…) We joined our international partners at the London Conference in reiterating our support for Afghan-led efforts to reintegrate individuals and communities who renounce al-Qaeda, cease violence, and accept the Afghan constitution” (Office of the Special Representative for Afghanistan and Pakistan, 2010, p. 13).

[23] Los efectos de esta fractura son difíciles de determinar. Algunas fuentes subrayan que las declaraciones recientes de mandos talibanes en Afganistán y Pakistán, ponen de manifiesto que cada vez serían más los partidarios de participar en las negociaciones (The New York Times, 17/II/2010). Otras afirman, por el contrario, que pocos grupos talibanes parecen dispuestos a negociar (Stratfor, 2010c).

[24] Según EEUU, los Haqqani colaboraron con al-Qaeda y con los talibán paquistaníes en el ataque suicida contra la base de la CIA en Khost (Afganistán) el 30 de diciembre (The New York Times, 10/II/2010).

[25] El refugio de líderes talibán y de al-Qaeda en Waziristán Norte ha provocado una intensificación de los ataques de aviones no tripulados estadounidenses a lo largo de los últimos meses (Dawn, 26/IV/2010).

[26] De hecho, un sector de la Administración estadounidense es partidario de permitir que Pakistán conserve a los Haqqani como parte de su área de influencia en Afganistán sur, con la condición de que los fuerce a romper sus vínculos con al-Qaeda y a expulsar de su territorio a los miembros de la organización terrorista (The New York Times, 10/II/2010).