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Resumen
El sistema político cubano responde a características post-totalitarias (Linz & Stepan, 1996) en un país subdesarrollado bajo una política de embargo estadounidense, denunciada como una violación del derecho internacional por la Asamblea General de Naciones Unidas en 23 oportunidades.
¿Qué condiciones por presión, conveniencia o paradigma pueden llevar a los partidarios activos y pasivos del Partido Comunista Cubano, y las fuerzas militares y de orden que le son afines, a permitir la existencia de una oposición institucionalizada en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos? ¿Qué cambios actitudinales y de comportamiento en el núcleo de la oposición pueden abrir dinámicas que activen a sus simpatizantes pasivos de modo tal que puedan erigirse en factores de presión para ese resultado? Sin cubrir todas sus aristas, abordaré esas interrogantes a partir de la ausencia de una oposición leal en Cuba.
Introducción
Una de las preguntas centrales de Juan Linz y Alfred Stepan en su libro Problems of Democratic Transition and Consolidation se refiere al desarrollo de una oposición democrática. Para que la democracia se consolide como la única opción –“the only game in town” (Di Palma, 1990)– se necesitan cambios de comportamiento, de actitudes e institucionales que incluyen no sólo el desmontaje del régimen no democrático sino también la gestación de una estructura cultural alternativa en esas tres dimensiones. Como lo explica Charles Tilly,[1] las experiencias históricas de democratizaciones han sido largas y trabajosas pues implican una transformación de la “auto-concepción de la sociedad política”.
El sistema político cubano responde a características post-totalitarias (Linz & Stepan, 1996) en un país subdesarrollado bajo una política de embargo estadounidense, denunciada como una violación del derecho internacional por la Asamblea General de Naciones Unidas en 23 oportunidades.
Las características fundamentales de ese sistema post-totalitario son las siguientes:
- Significativos niveles de pluralismo cultural social y económico, debido a los procesos de reforma económica, liberalización política y apertura al exterior, combinados con la mantención del monopolio político del Partido Comunista de Cuba (PCC).
- Reemplazo de décadas de liderazgo carismático por uno de tipo institucional-colectivo con la adopción de mecanismos estables de renovación a partir de límites de mandato.
- Adopción de patrones de aquiescencia política, en sustitución de mecanismos totalitarios de movilización obligatoria (lo que aumenta la importancia del terreno difuso de opositores y partidarios pasivos del gobierno en la dinámica política nacional).
- Convalecencia post-revolucionaria (Brinton, 1965) al interior del aparato del Estado, implicando un aumento de la pluralidad con énfasis en soluciones políticas pragmáticas dentro de las ideologías oficiales: marxismo y nacionalismo.
- Junto con estos rasgos se mantiene una política de represión selectiva a los opositores frontales al sistema unipartidista a partir de razonamientos de tipo doctrinal (la defensa del unipartidismo comunista como paradigma) o de argumentos de emergencia (el acoso norteamericano y la violación continuada de la soberanía cubana motiva la derogación de ciertos derechos). Aquí es importante notar las diferencias entre un enfoque y otro. En la primera variante comunista se propone un paradigma reñido con varias de las libertades de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por tanto esencialmente anti-democrático. En el segundo argumento, al decir de Carlos Rafael Rodríguez, “a un país en guerra no se le puede pedir una democracia de paz”. Se concibe al unipartidismo dentro del modelo de la Declaración Universal como un mecanismo de emergencia donde derechos reconocidos son derogados en tanto dure el período de agresión externa denunciado.
Al abordar cómo esos factores concretizan un espacio político para una oposición leal democrática es necesario apuntar a las relaciones de dominación y como su variación hacen más o menos probable esa posibilidad. Se trata de un problema político, no solo institucional-legal, en tanto implica la gestación de una democracia moderna a partir de relaciones específicas de poder.
Alfred Stepan resuelve ese problema a nivel teórico al proponer un modelo de cinco actores en razón de la posición que ocupan en la estructura de orden y dominación del Estado: (1) el núcleo de partidarios del régimen pre-democrático, que consideran que sus intereses políticos, económicos y sociales son bien servidos por el statu quo; (2) los aparatos de coerción que mantienen al régimen en el poder; (3) los partidarios pasivos del régimen; (4) los partidarios activos de la oposición; y (5) los partidarios pasivos de la oposición (Stepan, 2001). Para que una oposición política sea tolerada primero, y legalizada después, en un contexto como el cubano es importante la gestación de cambios tanto en la correlación de poder entre esos cinco actores como en la “autoconcepción de la sociedad política” que cada uno de ellos tiene, es decir su percepción de la misma.
Las preguntas centrales a responder entonces serian: ¿qué condiciones por presión, conveniencia o paradigma pueden llevar a los partidarios activos y pasivos del PCC, y las fuerzas militares y de orden que le son afines, a permitir la existencia de una oposición institucionalizada en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos? ¿Qué cambios actitudinales y de comportamiento en el núcleo de la oposición pueden abrir dinámicas que activen a sus simpatizantes pasivos de modo tal que puedan erigirse en factores de presión para ese resultado?
Arturo López-Levy
Doctorando en la Josef Korbel School of International Studies, Universidad de Denver
[1] Un régimen es democrático –según Charles Tilly– en la medida en que las relaciones políticas entre el Estado y los ciudadanos se caracterizan por consultas amplias, equitativas, legalmente protegidas y mutuamente vinculantes. La democratización seria el movimiento neto en dirección a consultas más amplias, equitativas, protegidas y mutuamente vinculantes. La des-democratización sería un movimiento en el sentido contrario (Tilly, 2007, p. 13).
