Introducción
Los gobiernos de todo el mundo han reaccionado ante la pandemia del COVID-19 confinando a 4.000 millones de personas y, en consecuencia, la economía ha conocido la mayor contracción desde la Gran Depresión que precedió a la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos han movilizado del orden de 9 billones de dólares1 para la recuperación económica (Agencia Internacional de la Energía,2 2020).
Es obvio que la respuesta a la crisis climática no ha estado hasta el momento ni remotamente planteada en unas coordenadas equivalentes de gravedad y movilización de recursos. Ante una crisis sistémica que se manifiesta en el corto, medio y largo plazo como es la derivada de la desestabilización del sistema climático y la degradación de la biosfera, estamos peor preparados. La respuesta a dicha desestabilización se abre paso a duras penas. Treinta años después del primer informe de síntesis del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) presentado en 1990, la situación es mucho peor que entonces. La crisis climática se puede ir de las manos adentrándose en un territorio letal para la humanidad (escenario HotHouse o “Tierra Invernadero”, Steffen et al., 2018).3 Dada la imprevisibilidad de las elecciones presidenciales norteamericanas, un acuerdo climático ambicioso entre Europa y China es el elemento clave sobre el que erigir una respuesta renovada de la comunidad internacional.
Este documento de trabajo argumenta la necesidad de dicho acuerdo. Dadas las actuales circunstancias internacionales, se presenta como la palanca más creíble con la que activar al resto de la comunidad internacional para lograr el éxito de la cumbre de Glasgow en noviembre de 2021, manteniendo la vitalidad y credibilidad del Acuerdo de París. La COP26 de Glasgow está llamada a ser la más importante desde 2015. En los 5+1 años transcurridos desde entonces, los mensajes de la ciencia del clima han adquirido un tono muy alarmante. Hablamos ya de emergencia climática. Y tras la experiencia dramática del COVID-19 la palabra ha adquirido unas connotaciones precisas.
Este documento reconoce de manera explícita las numerosas dificultades existentes en importantes ámbitos de la actual relación de la UE con China, pero el mensaje que trata de posicionar es sencillo y directo: no hay nada más urgente e importante en estos momentos en la agenda internacional de la UE que lograr un aumento de la ambición climática de la comunidad internacional, en especial la de China, ya que representa la cuarta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
El IPCC en su informe especial sobre los 1,5ºC ha planteado la necesidad de que, para el año 2030, se haya retirado al menos la cuarta parte de las emisiones globales actuales.4 Esa ambición ha de cristalizar en Glasgow. La emergencia climática en la que nos hemos adentrado exige que de la cumbre escocesa salgamos con la esperanza de que seremos capaces de reconducirla.
Además, el contexto económico generado por la crisis del COVID-19, así como los riesgos financieros que están emergiendo en el sistema energético como consecuencia del cambio climático y la transición energética, inciden en esa prioridad. Respecto al contexto económico, la referencia fundamental es el informe Sustainable Recovery presentado por la Agencia Internacional de la Energía en colaboración con el Fondo Monetario Internacional en junio de 2020. Tras caracterizar la situación como el mayor shock económico desde los años 30 del siglo XX, ambas agencias calculan que alrededor de 300 millones de personas han perdido el empleo en el primer semestre de 2020 y estiman una contracción del PIB global este año en torno al 6%. Las ondas expansivas de semejante shock han afectado de manera sistémica a toda la economía, incluyendo al sector energético en el que se espera una caída de las inversiones en las tecnologías fósiles del 20%.
Como respuesta a esa contracción, la Agencia Internacional de la Energía y el Fondo Monetario Internacional han presentado el denominado Plan de Recuperación Sostenible que habría de llevarse a cabo en los próximos tres años, 2021-2023, en torno a seis ejes centrales: electricidad, transporte, edificios, industria, combustibles y tecnologías emergentes. El plan precisa la movilización adicional de un 1 billón de dólares al año y, según las estimaciones de la AIE, se generarían o preservarían 9 millones de puestos de trabajo. Lo que es aún más decisivo en el contexto de este documento, la Agencia Internacional de la Energía afirma que con la aplicación de las medidas del plan, se habrá alcanzado en 2019 el pico de las emisiones mundiales de CO2 y estas entrarían en una trayectoria de declive estructural.
El plan incluye, en primer lugar, medidas para impulsar tecnologías renovables maduras como la solar y eólica y acelerar la expansión de las redes de transporte y distribución de electricidad. En segundo lugar, desplegar la movilidad sin emisiones, tanto a través de vehículos eléctricos como del transporte ferroviario. En tercer lugar, mejorar de manera sistemática la eficiencia de la edificación construida. En cuarto lugar, mejorar la eficiencia de la industria de manufacturación, textil y alimentación. En quinto lugar, avanzar hacia la producción y el uso de combustibles más limpios. Finalmente, impulsar la innovación en áreas como el uso del hidrógeno, baterías, captura y uso del carbón, etc.
Por su parte, los riesgos del sistema financiero han sido analizados de forma integrada por Carbon Tracker5 (2020). En su informe argumenta que la transición energética está teniendo ya un impacto disruptivo en el sistema energético fósil con profundas consecuencias potenciales para la estabilidad de los mercados financieros (y la geopolítica internacional), dado el valor de los activos implicados. Carbon Tracker calcula que las acciones del sector fósil en manos de los mercados financieros internacionales alcanzan los 18 billones de dólares (la cuarta parte del total) y el de los bonos, los 8 billones de dólares (la mitad del total).
El riesgo del sistema financiero se produce como consecuencia de su exposición a un sistema fósil impactado por las fuerzas de mercado desencadenadas por la irrupción de unas tecnologías renovables cada vez más competitivas y eficientes, así como por las políticas climáticas públicas cada vez más avanzadas (en especial en el continente europeo). Como consecuencia de esa dinámica, un subsector tras otro del sistema fósil está alcanzando su pico de demanda, lo que se traduce en una tendencia estructural hacia precios cada vez menores, caída de beneficios y aparición de activos varados.6 El impacto económico provocado por la pandemia del COVID-19, con su incidencia especialmente severa en el transporte y la movilidad globales (petróleo) ha agravado las tendencias subyacentes. A modo de ejemplo, la multinacional BP tras anunciar pérdidas de 7000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2020 y reducir a la mitad su dividendo por primera vez en 10 años, ha anunciado que en el marco de su estrategia hacia cero emisiones netas en 2050 va a reducir la producción de oil & gas en un 40% en el año 2030, y que va a poner en marcha una migración hacia las renovables.
Carbon Tracker estima que la diferencia de valor del sistema fósil según lo calculan los Estados con grandes reservas de petróleo y gas (en menor medida carbón) y según se desprende de un escenario coherente con los objetivos del Acuerdo de París en el que la mayor parte de esos activos de petróleo, gas y carbón quedarían (varados) sin explotar, es de 100 billones de dólares (según datos del Banco Mundial, el PIB global en 2019 fue de 87,7 billones de dólares).7 Es una cifra colosal que refleja la importancia de llevar a cabo una transición energética ordenada y prudente. En consecuencia, desde las autoridades reguladoras y supervisoras del sistema financiero se viene demandando con creciente apremio a los agentes del sistema que analicen su exposición y consiguiente riesgo y que se preparen de manera progresiva para una transición imparable, evitando que la denominada “burbuja del carbón” pueda estallar de manera abrupta provocando daños sistémicos.
Al mismo tiempo, la UE aspira a que los ingentes recursos económicos movilizados8 para la recuperación post-COVID se encuentren alineados con el Acuerdo Verde Europeo, lo que significa una apuesta por la eficiencia y las energías renovables. Concretamente, que sean coherentes con los objetivos de descarbonización a 2030 que, previsiblemente, se situarán en la horquilla de reducción del 50%-55% sobre 1990, en lugar del 40% actual. Todo ello, con el objetivo estratégico a largo plazo de alcanzar la neutralidad climática del continente en 2050.
Por lo tanto, la UE se encuentra en un momento en el que confluyen varias macro tendencias con elementos coyunturales críticos. Así, por un lado, la aceleración de la crisis climática y la demanda urgente de la ciencia del clima de acelerar los objetivos de descarbonización al objeto de que sigan siendo viables los objetivos del Acuerdo de París. Por otro lado, la necesidad de reducir la exposición al riesgo del sistema financiero europeo e internacional. Al mismo tiempo, una coyuntura dominada por el acuerdo del Consejo Europeo de inyectar 1,8 billones de euros a la economía, con los que se quiere modernizar el tejido productivo e industrial comunitario.
En ese marco de referencia, el acuerdo climático entre Europa y China se presenta como una pieza clave para lograr que la COP26 en Glasgow en noviembre de 2021 sea un éxito, es decir, que las propuestas de mitigación presentadas a la cumbre por los diferentes países permitan reducir para 2030 la trayectoria de las emisiones en, al menos, un 25% del total de las actuales.
Previsiblemente, hasta el año 2025 no tendrá lugar otra cumbre climática al más alto nivel político (con presencia de los jefes de Estado y de Gobierno de la mayor parte de la comunidad internacional). En consecuencia, de no lograrse ese resultado positivo la trayectoria de las emisiones de la década 2021-2030 quedaría seriamente comprometida al apenas existir margen de maniobra para modificarla en la cumbre que se celebrará en 2025, dado el lapso temporal que existe entre el momento en que se adoptan las decisiones y su traducción práctica sobre el terreno. Y el tiempo para reconducir la emergencia climática se agota…
Este documento de trabajo presenta, en primer lugar, una síntesis de los principales impactos que la crisis del clima va a suponer para la República Popular China, según estudios llevados a cabo por científicos de ese país. Pone, asimismo, números detallados a la responsabilidad de China en las emisiones de gases de efecto invernadero. Así, el país asiático ha sido, con el 21,5% del total acumulado entre 1990 y 2019, el mayor emisor de CO2 desde que el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático emitió su primer informe de síntesis. En la actualidad (datos de 2018) emite el 25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
El documento reflexiona, a continuación, sobre el contexto geopolítico creado por la estrategia de contención hacia China que ha puesto en marcha la actual Administración de EEUU. Analiza, después, los diferentes hitos y documentos que han centrado la relación entre la UE y China en los últimos años. Tras destacar el punto de inflexión que ha protagonizado la UE en su ambición climática (avanzar hacia un continente climáticamente neutro en 2050), el documento finaliza argumentando las bases mínimas que la UE habría de demandar a China sobre mitigación de emisiones en el marco de un acuerdo amplio y comprehensivo entre ambas potencias.
Este último aspecto es especialmente relevante dada la actual confrontación entre narrativas que se ha producido alrededor de la “salida verde” de la crisis post COVID-19. Así, desde algunos laboratorios de ideas tanto chinos como europeos se viene argumentando que lo más importante en este momento no es insistir en objetivos concretos de mitigación en el horizonte 2030, sino incidir en la recuperación económica, la creación de empleo y que haya una apuesta por las tecnologías renovables.9
Sin embargo, ese enfoque no es suficiente para responder a la emergencia climática. La UE ha de evitar adherirse a esa narrativa que oculta tras una niebla evanescente los compromisos concretos. No es suficiente defender un difuso “carácter verde” de la recuperación económica post-COVID. A la cumbre de Glasgow se ha de llegar con objetivos precisos para 2030, así como con compromisos de descarbonización a largo plazo.
Antxon Olabe Egaña
Economista ambiental y ensayista, autor del libro Crisis climática-ambiental. La hora de la responsabilidad (Galaxia Gutenberg, 2016) y asesor sobre cambio climático y transición energética en el Gabinete de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.
1 Billones, millones de millones.
2 Agencia Internacional de la Energía (2020), Sustainable Recovery.
3 Will Steffen et al. (2018), Trajectories of the Earth System in the Anthropocene.
4https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf.
5 Carbon Tracker (2020), Decline and fall. The size and vulnerability of the fossil fuel system.
6 La demanda agregada total de combustibles fósiles en los países de la OCDE alcanzó su pico en el año 2005; la de la generación de electricidad con combustibles fósiles en Europa se alcanzó en 2006; la demanda mundial de carbón conoció su cénit en 2013; las inversiones E&P en 2014; la demanda de vehículos de combustión interna en 2017; la generación eléctrica global con combustibles fósiles llegó a su pico en 2018; y posiblemente el pico de la demanda agregada de combustibles fósiles a nivel mundial se ha producido en 2019 (Carbon Tracker, 2020, op. cit.).
7 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.
8 Hay que destacar la importancia que ha tenido para la UE y para España la histórica cumbre del Consejo Europeo celebrada en julio de 2020. Sus resultados económico-financieros han sido considerados los más importantes desde la aprobación de la moneda única. La UE ya había provisto 420.000 millones de euros para financiar en el otoño de 2020 las medidas de choque más urgentes contra la recesión provocada por la pandemia del COVID-19. En la mencionada cumbre se aprobó la financiación adicional de 750.000 millones de euros (390.000 millones en subvenciones y 360.000 millones en préstamos) con cargo a una emisión de bonos realizada por la Comisión Europea. El 90% se destinará al Fondo para la Recuperación y la Resiliencia (FRR). El 70% del dinero se repartirá entre 2021 y 2022, mientras que el 30% restante se entregará en 2023. A todo ello hay que añadir el presupuesto de la UE 2021-2027 de 1,074 billones de euros. El 30% se destinará a la respuesta a la emergencia climática. Destacar, asimismo, que entre las posibles medidas previstas por el Consejo para el pago de la deuda generada por esa emisión comunitaria de bonos están desde los impuestos a los plásticos de un solo uso hasta los ajustes sobre el carbono en frontera, pasando por la ampliación del sistema de compra venta de permisos de emisión al transporte internacional por avión y por barco.
9 https://chinadialogue.net/en/climate/hopes-for-eu-china-climate-deal-centre-on-a-green-recovery/.
Fábrica en situada junto al río Yangtsé (China). Foto: High Contrast (Wikimedia Commons / CC BY 2.0 DE)
