Una quinta parte de los entre 230 y 235 combatientes terroristas extranjeros (CTE) que a partir de 2012 se desplazaron desde España a Siria e Irak –excepcionalmente a otras áreas de conflicto en Malí o Filipinas– ha retornado. Son en la actualidad entre 40 y 50 individuos, pero apenas suponen del 2% al 3% de los no menos de 1.500 y quizá ya 2.000 que se estima han regresado al conjunto de los países de Europa Occidental tras abandonar las zonas de contienda armada en Oriente Medio hacia las que partieron en algún momento del tiempo a lo largo de los últimos siete años. En Francia y Alemania el número total de retornados es hasta 10 veces mayor que en España; en Bélgica, cuatro veces mayor; y en otros casos, como por ejemplo los de Austria y Suecia, tres veces mayor.
Los CTE procedentes de España y que han retornado son individuos que viajaron hacia Siria e Irak para incorporarse a organizaciones yihadistas activas en esos dos países –principalmente al denominado Estado Islámico, aunque también a la rama siria de al-Qaeda y otras entidades relacionadas con la misma– o para establecerse en demarcaciones donde dichas organizaciones contaban con notable presencia cuando no habían conseguido imponer su dominio. Pero no todos los retornados alcanzaron el destino que ambicionaban ni llegaron a recibir entrenamiento en el uso de armas y explosivos o a implicarse en actividades de violencia y terrorismo. Es el caso de, por ejemplo, algunas de las aproximadamente 30 mujeres que han sido parte de aquel elenco de CTE partidos de España y que constituyen en torno a un 12% del total.
“Unos 20 de estos retornados que en su día partieron desde España se encuentran en prisión, pero sólo la mitad de ellos están recluidos en centros penitenciarios españoles”
Hay, pues, mujeres que regresan –incluso viudas y con hijos de corta edad– tras irse en circunstancias relacionadas más con su estado civil o su edad que con un compromiso militante. Asimismo, entre los CTE que se desplazaron a Siria e Irak desde España hay quienes –como Abdeluahid Sadik Mohamed– no fueron psicológicamente capaces de afrontar la experiencia en que estuvieron inmersos y vuelven, desilusionados y traumatizados, pasadas semanas o meses. Pero también hay quienes –como Ahmed Samsam– retornaron para volverse a ir; quienes –como Benaissa Laghmouchi Baghdadi– lo hicieron para contribuir a enviar a esa zona de conflicto más CTE captados en nuestro país; o quienes –como Abdeljail Ait El Kaid– fueron para participar en la preparación y la ejecución de algún atentado, también en suelo español.
Unos 20 de estos retornados que en su día partieron desde España –los CTE provenientes de nuestro país residían sobre todo en Ceuta, Melilla, Cataluña y Madrid– se encuentran en prisión, pero sólo la mitad de ellos están recluidos en centros penitenciarios españoles, donde seis cumplen ya condena, incluyendo a los cuatro mencionados en el párrafo anterior. El resto están encarcelados, pero en Marruecos. Sin embargo, sólo a unos pocos de esos retornados que están presos en España se les detuvo dentro del territorio nacional. Los demás fueron entregados a las autoridades españolas gracias a las correspondientes órdenes internacionales de detención (OID) previamente emitidas, tras haber sido aprehendidos en Turquía, país de habitual tránsito hacia o desde Siria, aunque también en Bélgica, Bulgaria y Polonia.
“Desde 2016 existe en las prisiones españolas un programa de intervención cuyo objetivo es distanciar del extremismo a los reclusos radicalizados”
Así, la criminalización ha sido y es la primera medida de respuesta que en España se da al fenómeno de los CTE retornados, pues han incurrido en delitos –como el desplazamiento a un territorio extranjero controlado por una organización terrorista o el establecimiento en el mismo para recibir adiestramiento o para colaborar con ella– tipificados en el Código Penal. Esto no impide que la aplicación de la ley se module, en su ejecución, según las características de algunos retornados y las circunstancias bajo las cuales se trasladaron, por ejemplo, en el caso de determinadas mujeres que vuelven con hijos menores necesitados de una muy especial atención. Además, encarcelamiento no excluye rehabilitación, y desde 2016 existe en las prisiones españolas un programa de intervención cuyo objetivo es distanciar del extremismo a los reclusos radicalizados –incluidos los CTE retornados que sigan estándolo– y acercarlos a valores de convivencia democrática para que, en libertad, no constituyan un peligro para la sociedad.
Pero ni siquiera la mayor parte de los CTE retornados que viajaron desde España a Siria e Irak están en prisión. Entre 20 y 30 de estos yihadistas retornados se encuentran en libertad. Esta situación se produce por lo común cuando, pese a que las fuerzas y cuerpos de seguridad o los servicios de inteligencia conozcan la trayectoria de esos individuos, las investigaciones sobre los mismos no arrojan la suficiente evidencia incriminatoria, a veces muy difícil de obtener. Ahora bien, es una situación que permite tratamientos singulares de casos muy concretos, como podría darse en el supuesto de alguna mujer, sola y con hijos, a la que pudiera facilitarse el retorno con el fin de favorecer su reintegración social y la de los niños siendo, como es, muy improbable que la madre se plantee emigrar de nuevo a una zona de conflicto. Ahora bien, estos casos específicos requieren, de cualquier modo, una cuidadosa valoración de su potencial peligrosidad.
Porque los retornados que perseveran en sus actitudes y creencias yihadistas suponen un indudable peligro. Tanto si pasan por prisión sin haber dejado de justificar el terrorismo contra quienes no son musulmanes o contra quienes califican de herejes, en pos de la reconstitución de un califato, como por supuesto si no llegan a ser detenidos y encarcelados. La implicación de algún CTE o de individuos entrenados por organizaciones yihadistas en el exterior tiende a hacer que la planificación y preparación de atentados dentro de las sociedades occidentales sea más eficaz y su eventual ejecución de mayor letalidad que en ausencia de los mismos. Terroristas de esas características, adiestrados por ejemplo en campos de al-Qaeda y organizaciones afines en Afganistán, los hubo entre quienes constituyeron la red yihadista que estuvo detrás de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
En cualquier caso, sólo unos 10 de los retornados en situación de libertad se desenvuelven dentro del territorio nacional y el resto, entre 10 y 20 más, lo hacen fuera del mismo, principal pero no exclusivamente en Marruecos. Este hecho y el de que la mitad de los retornados presos se encuentren en cárceles de Marruecos –país que no extradita a sus nacionales, aunque las autoridades españolas hayan cursado una OID– están en consonancia con el origen nacional de los CTE que a partir de 2012 se desplazaron desde España a Siria, Irak y alguna otra zona de conflicto. No más de dos de cada 10 de ellos son ciudadanos españoles. La mayoría, al menos seis de cada 10, tienen la nacionalidad marroquí, aunque residieran en nuestro país o contasen con estrechos vínculos familiares en el mismo.
“Esta realidad pone de manifiesto la medida en que nuestras autoridades están obligadas a gestionar el problema teniendo en cuenta la importancia de la cooperación con otros países”
Esta realidad pone de manifiesto la medida en que nuestras autoridades están obligadas a gestionar el problema de los CTE retornados teniendo en cuenta, en su dimensión internacional, la importancia de la cooperación con otros países y en especial con Marruecos. En su dimensión nacional, se trata de aplicar individual y oportunamente la ley a aquellos retornados cuyos delitos de terrorismo pueden acreditarse, manteniendo el necesario seguimiento de quienes están en libertad dentro de España mientras sus transgresiones del Código Penal no puedan ser probadas y que con su comportamiento pueden practicar el disimulo e inducir a engaño. También se trata de complementar el encarcelamiento con iniciativas que favorezcan tanto el desenganche como la desradicalización de los CTE retornados y a las que sería deseable añadir algún tipo de colaboración desde dentro de sus comunidades de origen, donde es previsible recalen de nuevo.
En los países miembros de la UE existen enfoques distintos respecto a los CTE que retornan, pero ignorar o minimizar su criminalización no es propio de un Estado de derecho ni acorde con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo. Rebajar el coste de retornar, apelando a mejores condiciones para una rehabilitación, no sólo favorece a quienes lo hacen desilusionados o traumatizados, sino también a los que regresan por conveniencia. No tiene efecto disuasorio respecto a posibles nuevos ciclos de movilización yihadista y puede facilitar, en un espacio común sin fronteras, que se disemine la amenaza inherente a los CTE retornados pero aferrados a su visión salafista y belicosa del credo islámico. Además, detener, enjuiciar y en su caso condenar a los yihadistas retornados no excluye medidas de desradicalización ni es incompatible con su reintegración social.
