Una de las principales características de los nuevos populismos, tanto en su formato bolivariano como en los nacionalistas xenófobos, visibles en Europa, Filipinas o incluso Estados Unidos, es la presencia de hiper liderazgos. El caudillismo subyacente deja muy poco o ningún espacio para la intervención de ciertas instituciones, especialmente de aquellos mecanismos consustanciales a los partidos políticos para ordenar su vida cotidiana.
En este punto concreto me refiero a autoridades legítimamente elegidas en convenciones partidarias, a Comisiones Ejecutivas u otros comités de gobierno con cometidos mucho más específicos, como, por ejemplo, la selección de candidatos. Todo esto viene a cuenta de lo ocurrido en la política argentina tras el inusitado e inesperado anuncio de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), del pasado sábado 18 de mayo, que tuvo la virtud de trastocar en minutos todo el tablero político nacional.
El anuncio, propalado a través de un video rápidamente convertido en viral en las redes sociales, incluía varios mensajes, la mayoría de contenido autorreferencial y victimista. El primero, el renunciamiento de CFK a ser candidata a presidenta en las elecciones que deben celebrarse en octubre próximo. Sin embargo, la noticia iba más allá ya que afirmaba que solo concurriría como candidata a vicepresidenta y que quien iba a encabezar la fórmula electoral era Alberto Fernández, su primer exjefe de Gabinete (también lo había sido durante el mandato de Néstor Kirchner) y quien durante un tiempo estuvo seriamente enfrentado con ella.
El segundo era que la magnitud de la tarea que debería tener por delante el nuevo gobierno ante la magnitud de la crisis económica y de la política de tierra arrasada ejecutada por Mauricio Macri era de tal envergadura que ella sola no bastaba para la hazaña. De ahí la necesidad de reforzar su futura gestión con un liderazgo compartido. Y finalmente se intentaba trasladar a la opinión pública la dura persecución contra su persona y su familia, particularmente contra su hija Florencia, expresada a través de los diferentes (e injustos) juicios por corrupción y otras causas penales que debe enfrentar en los próximos meses.
No casualmente pocas horas después de su anuncio debió pisar los juzgados para sentarse en el banquillo de los acusados en una causa por enriquecimiento ilícito a través de la contratación ilegal de obra pública, en la cual se vieron involucrados altos cargos de sus gobiernos, comenzando por el todopoderoso y prácticamente inmortal Julio de Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que estrenó su cargo en 2003, con la llegada de Néstor Kirchner y solo cesó en 2015, cuando acabaron los años del kirchnerismo en el poder. Pese a tan estrecha proximidad cultivada durante tanto tiempo, a lo largo de las sesiones en que estuvo presente, Cristina Fernández decidió comportarse como si nunca hubiera conocido a los restantes acusados.
Una de las cuestiones más interesantes de la decisión de CFK fue el carácter absolutamente personal y unilateral de sus determinaciones. Prueba de su liderazgo no compartido es que la nominación de quien debía encabezar la fórmula la tomó sola, sin consultar prácticamente a nadie. El problema, de cara al futuro, es en que posición queda quien teóricamente tendría que tener la suma del mando ejecutivo. ¿Quién será el verdadero o verdadera depositaria del poder? ¿Afectará el síndrome de la marioneta a la nueva gestión en caso de un triunfo electoral? ¿Y, en ese caso, cómo se relacionarán los gobiernos del mundo con el nuevo presidente?
La formulación de la candidatura de Fernández y Fernández todavía mantiene demasiados cabos sueltos, numerosas preguntas sin respuesta, especialmente en lo relativo a si será la fórmula definitiva del kirchnerismo o una palanca útil en la negociación para copar otros espacios dentro del peronismo y aumentar así sus opciones de triunfo. Una aclaración sobre la posibilidad de CFK de ser candidata pese a la existencia de juicios en su contra: mientras no haya una sentencia definitiva (lo que implica agotar todas las instancias y todos los plazos dilatorios de su defensa) mantiene intactos sus derechos políticos. Lo sucedido con el expresidente y actual senador Carlos Menem es buena prueba de ello.
Desde la perspectiva de la consolidación de la democracia en Argentina, y más allá de cualquier otro tipo de consideraciones políticas, lo ocurrido no es una buena noticia. Si en el interior de los movimientos políticos no se respetan las normas de funcionamiento ni las instituciones es totalmente posible que estas conductas se trasladen luego a la gestión gubernamental. A eso se suman las posibles disfuncionalidades que puedan surgir de una nominación efectuada de abajo arriba, en un contexto en el cual sea el teórico superior quien deba dar explicaciones a su subordinada y no viceversa.
