La crisis venezolana ha sido objeto de un tratamiento desigual en los más importantes foros de concertación regional del continente americano. La cuestión fue abordada en la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados de Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y Unión de Naciones del Sur (Unasur). En ninguna de estas organizaciones las declaraciones aprobadas supusieron una condena al gobierno de Venezuela, lo cual debe ser visto como un importante triunfo diplomático y una clara señal de que a pesar de la muerte de Hugo Chávez, Caracas aún mantiene buena parte de sus apoyos continentales.
Estos últimos pueden ser explicados fundamentalmente por la influencia que sigue teniendo la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con Cuba y Venezuela a la cabeza entre los gobiernos de la región, especialmente entre los populistas, pero no sólo. También hay que señalar la vigencia de Petrocaribe, mucho más importante desde un punto de vista numérico a la hora de decantar votaciones en la OEA o en la CELAC que el ALBA. Petrocaribe, el esquema que garantiza la entrega de petróleo a precios inferiores a los del mercado y con excelentes condiciones de financiación a buena parte de los países del Caribe y América Central, fue una excelente herramienta de influencia desarrollada por Hugo Chávez y que prueba su actual vigencia, pese a las crecientes dificultades económicas de Venezuela.
Sin embargo, y pese a estos importantes triunfos diplomáticos, el presidente Nicolás Maduro está comenzando a perder la batalla de la comunicación ante la opinión pública internacional. La expulsión de corresponsales y el cierre de señales internacionales han sido sólo un dato más en una cadena de políticas contrarias a la libertad de expresión. Por este motivo, y desde el mismo comienzo de la crisis, Maduro no ha sido partidario de airear en los organismos internacionales sus disputas internas con la oposición. De todos modos, obligado por las circunstancias y ante el riesgo de aparecer como el principal responsable de lo ocurrido, no le ha quedado más remedio que admitir que la difícil situación que atraviesa su país sea tratada en los foros multilaterales americanos (Unasur, CELAC, OEA). Eso sí, llegado ese momento, se ha propuesto emplearse a fondo, movilizando todos los recursos disponibles, para evitar declaraciones condenatorias. Este objetivo ha sido cumplido con creces en todos los frentes donde ha intervenido.
Pese a eso, el gobierno venezolano tiene su propia valoración acerca de dónde sus propuestas son mejor recibidas y expuestas a menores críticas y, por tanto, en dónde es preferible invertir los mayores esfuerzos. El lugar de preferencia lo ocupa Unasur, seguido por la CELAC y en último lugar, a considerable distancia, la OEA. Esta situación responde a causas muy concretas, directamente ligadas a la situación interna de cada país, a la orientación política ideológica de sus gobiernos, a la relación política y comercial con Venezuela y a su nivel de dependencia del petróleo venezolano y de los petrodólares de la cooperación bolivariana. En muchos casos, la dependencia energética, sumada a deudas y compromisos de distinto tipo, explica, como en el caso dominicano, una clara subordinación al punto de vista venezolano.
La preferencia por Unasur dio sus frutos no sólo en lo referente al contenido de la declaración, que muestra su preocupación “ante cualquier amenaza a la independenciay soberanía de la República Bolivariana de Venezuela” y respalda sus esfuerzos “para propiciar un dialogo entre el Gobierno, todas las fuerzas políticas y actores sociales con el fin de lograr un acuerdo que contribuya al entendimiento y la paz social”, sino también por la decisión de enviar a Caracas una misión de cancilleres, lo que de momento ha servido de coartada para la inacción de algunos gobiernos, como el de Brasil.
En Unasur encontramos, además de Venezuela, a dos activos miembros del ALBA, Bolivia y Ecuador, que han desplegado en esta ocasión, como en otras similares del pasado, todo su potencial diplomático. A esto se añade el papel jugado por Argentina, Brasil y Uruguay. Si bien en los dos últimos casos hay un mayor intento de guardar las formas y los mecanismos democráticos, en todos ellos vemos una intensa solidaridad con el gobierno chavista a partir de la interpretación del progresismo de su gestión y de los logros obtenidos para sacar de la pobreza a centenares de miles de venezolanos.
En este sentido destaca el envío a lo largo de 2014 de más de 4.000 millones de dólares en alimentos a Venezuela procedentes de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países, en el marco del fuerte desabastecimiento que vive el país. Según declaraciones del ministro de Alimentación Félix Osorio se importarán de Argentina 1.715 millones de dólares por 1.418.200 toneladas de alimentos, 1.765 millones de Brasil por 429.000 toneladas y 224 millones de Uruguay por 115.000 toneladas.
Dentro de Unasur las voces más críticas fueron las de Chile y Colombia. Sin embargo, en el caso de Chile se da la circunstancia de que a partir del 11 de marzo la llegada de Michelle Bachelet al gobierno ha supuesto una reducción considerable de las críticas contra las violaciones gubernamentales de los derechos humanos y a favor de la democratización del país. De todos modos, hay que señalar que Chile votó en la OEA a favor del tratamiento público de la sesión donde debía intervenir la dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado.
Colombia tiene una situación complicada. Forzada por la opinión pública de su país, mayoritariamente antichavista, el gobierno de Juan Manuel Santos ha mantenido una tímida posición crítica, sin elevar demasiado la voz en contra del gobierno venezolano. Sin embargo, no ha ido mucho más allá ya que el respaldo del gobierno de Maduro a las negociaciones de paz con las FARC en La Habana es de gran importancia. Tampoco hay que olvidar que ambos países comparten una extensa frontera común y que el comercio bilateral, a pesar de las fuertes reducciones sufridas en los últimos cinco años, sigue siendo de gran trascendencia para los productores, industriales y agrícolas, colombianos. En 2013 Venezuela mantuvo una balanza comercial deficitaria con Colombia al haber exportado 415 millones de dólares e importado por 2.244 millones.
Finalmente tenemos a Paraguay y Perú. Paraguay no quiere aumentar su aislamiento en el seno de Mercosur siendo la única voz contraria a Venezuela y por eso mantiene un discreto silencio, mientras que Ollanta Humala hasta ahora no se ha manifestado claramente sobre la cuestión, pese a las fuertes presiones para hacerlo. Vale la pena señalar que ambos países también votaron a favor de la sesión pública en la OEA. En la medida que las imágenes de la represión policial, militar y paramilitar se difunden con mayor intensidad, a los gobiernos regionales, especialmente a aquellos menos decantados en favor del chavismo, les resulta cada vez más difícil mantener su apoyo o su neutralidad al gobierno venezolano.
En la CELAC, si bien Maduro cuenta con el respaldo, al menos en las votaciones, de prácticamente todos los países caribeños, tiene que lidiar con las posturas más críticas de México y, muy especialmente, de Panamá. Finalmente tenemos el caso de la OEA, donde están presentes EEUU y Canadá, algo que les complica bastante la vida a los diplomáticos venezolanos, pese a las cómodas mayorías que hasta ahora siguen obteniendo a la hora de hacer aprobar sus propuestas.
La poca empatía con la OEA responde a diversas circunstancias, comenzando por los prejuicios ideológicos contra una institución tradicionalmente definida como una herramienta del imperialismo norteamericano. A la presencia de EEUU y Canadá hay que agregar una mayor presencia de normas claras, que rigen el funcionamiento de la organización y los debates, y que si bien pueden ser utilizadas a favor de los intereses venezolanos, como ocurrió a la hora de evitar la participación de María Corina Machado en el Consejo Permanente, también limitan considerablemente el margen de acción de su representación diplomática, comenzando por el embajador Roy Chaderton. Finalmente, no debe olvidarse la existencia de la Carta Democrática, que si bien en estos momentos resulta de muy difícil aplicación en el caso de Venezuela, supone la existencia de una amenaza permanente contra el futuro del proyecto político chavista.
