Según Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, hubo «presiones e intimidaciones» por parte del régimen chavista para obligar a la gente a votar en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. Las encuestas eran bastante coincidentes en señalar que se esperaba una alta abstención, que rondaría el 70%, lo que finalmente ocurrió.
Esa posibilidad estaba fuertemente asentada en el muy extendido sentimiento de desafección con la política existente en buena parte de la población venezolana, un rechazo que comparten tanto el gobierno como la oposición. En realidad, prácticamente todos los principales dirigentes políticos son muy mal valorados por la opinión pública venezolana. Solo Hugo Chávez, pese a su larga ausencia, ronda el 50% de popularidad, cuando todos los demás se encuentran por debajo del 20%.
Alarmado por la prevista baja participación, Diosdado Cabello, el número dos del régimen, amenazó con que “el que no vota, no come”. Este dicho permite explicar claramente la afirmación de Bachelet de que quienes no fueran a votar no podrían acceder a los programas sociales. Si bien Cabello se refería en concreto a los alimentos distribuidos por los famosos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), los mecanismos de control político y social del chavismo son muy variados y la mayor parte de ellos giran en torno al carné de la patria.
Pero lo temido finalmente ocurrió, y no hubo ninguna sorpresa relativa al alto nivel de abstención. Y eso pese a que se alargó el horario de votación, o que se intentó acarrear a los empleados públicos y a los beneficiarios de las “misiones” a acudir a las urnas. Numerosos periodistas y otros observadores dieron cuenta de que había colas más largas para abastecerse de combustible en las gasolineras que en las mesas de votación, buena prueba de las privaciones que atraviesan los venezolanos en su vida cotidiana. Y eso que los lugares donde se podía ejercer el voto fueron reducidos de 44.000 a 29.500.
A diferencia de Bachelet, otros expresidentes latinoamericanos, como Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo y Manuel “Mel” Zelaya viajaron a Caracas como observadores internacionales, con el propósito de mostrar el talante más democrático del régimen. Todos ellos, menos Zelaya, son fundadores del encuentro progresista Grupo de Puebla, que abandonó de hecho el adjetivo bolivariano ante el descrédito en que había caído como consecuencia de la gestión del gobierno de Maduro. A este grupo se sumó José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo un llamado a la UE para que cambie su posición política respecto a Venezuela.
Si bien el argumento del ex presidente del Gobierno español es válido en lo que se refiere a la incongruencia en torno al reconocimiento de dos parlamentos y dos gobiernos, y en la coexistencia de los mismos, no contempla, sin embargo, el cúmulo de elementos que han llevado, una vez más, a hablar de fraude en lo que respecta a las elecciones venezolanas. Entre estos figuran la ilegal elección de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), la retirada de la titularidad y del nombre de los más destacados partidos de la oposición a sus legítimos dirigentes para ser entregados discrecionalmente a “amigos” del gobierno, la modificación de las reglas de juego electoral poco antes de los comicios (como el número de diputados y su forma de elección), por no hablar de la larga lista de presos políticos y exiliados. Todas estas cuestiones han sido tenidas en cuenta por la oposición a la hora de decidir su abstención electoral.
Sin embargo, no hay que negar la existencia de un buen número de países que han reconocido la legitimidad de las elecciones venezolanas y la transparencia de sus procedimientos. Entre los gobiernos latinoamericanos que han apoyado a Maduro destacan los de Cuba, Bolivia y México. Más allá del hemisferio occidental están Irán, Turquía, China y Rusia, entre otros. Para el gobierno de Vladimir Putin se trató de unas elecciones organizadas “de forma más responsable y transparente que en algunos países que tienen la costumbre de presentarse como un ejemplo de democracia”. Lo curioso de esta afirmación es que se trata del mismo gobierno ruso, a través de su ministro de Exteriores, que casi en las mismas fechas recibió a una delegación parlamentaria de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD).
Por eso habría que preguntarse quién debe cambiar. ¿La UE en su aproximación al problema venezolano y su apuesta por una clara democratización del país? ¿O el gobierno de Maduro en su deriva autoritaria? Es al régimen chavista a quien le toca dar señales de estar comprometido con la negociación (algo que hasta ahora no ha sucedido), y de que cambiará su política represiva, abandonando la práctica recurrente de la tortura y liberando a los presos políticos. Mientras eso no ocurra, la UE no debería modificar las líneas maestras de su lucha por la plena vigencia de la democracia en Venezuela.
