Son muchas las ocasiones en las que la Unión Europea (UE) no llega en tiempo y forma a adoptar decisiones operativas en política exterior, de seguridad y defensa. En tiempo porque se dilatan los plazos hasta que se logra la unanimidad entre 27 actores con visiones, estrategias e intereses no siempre coincidentes. Y en forma porque, obligados al mínimo común denominador, lo acordado no suele tener la fuerza suficiente para alcanzar los objetivos perseguidos. Por eso, es muy bienvenida la iniciativa lanzada este mismo mes por el llamado Grupo de Amigos de la Mayoría Cualificada para cambiar la vigente regla de la unanimidad, con la que funciona el Consejo Europeo en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), y pasar a la de una mayoría cualificada, tal como ya existe en muchas otras áreas de acción comunitaria.
(…) es muy bienvenida la iniciativa lanzada este mismo mes por el llamado Grupo de Amigos de la Mayoría Cualificada para cambiar la vigente regla de la unanimidad
Fue el canciller alemán, Olaf Scholz, el encargado de presentar la idea el pasado 4 de mayo, a la que se han sumado de inmediato la propia Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Eslovenia, con el añadido más reciente de Rumanía. Un grupo en el que confluyen tanto claros representantes de lo que en la jerga comunitaria se suelen calificar de europeístas como de atlantistas, aunque no hay ninguno de los que prefieren mantener su condición de neutrales.
Todos ellos parecen movidos tanto por la insatisfactoria experiencia de tener que negociar hasta la extenuación con los más reticentes a ceder en sus esquemas nacionalistas, como por la necesidad de contar con un mecanismo más eficiente y rápido para responder a los desafíos que se le presentan a todos ellos. Como pone de manifiesto el informe presentado por el Parlamento Europeo el pasado noviembre, reflejando el descontento generado por las disfunciones que provoca la obligada unanimidad, desde mitad de 2016 se han producido 30 vetos individuales, amenazas de veto o retrasos en la adopción de medidas sobre PESC. El mismo informe confirma que en los últimos 10 años ha habido al menos 25 relevantes llamadas de atención sobre la necesidad de modificar dicha regla, sin éxito alguno.
Y si antes el impulso vino propiciado por el estallido de la crisis económica y la pandemia –que hizo más patente la necesidad de sumar fuerzas ante la incapacidad individual de cada Estado para hacerle frente– por la salida del Reino Unido –allanando el obstáculo que representaba un Londres únicamente interesado por la oportunidad que le ofrecía un mercado común–, y por los desprecios de Donald Trump –mostrando el menguante interés de Washington por la UE–, ahora es Vladimir Putin el mayor acicate para dar un paso que se resiste desde hace ya demasiado tiempo.
También, mirando hacia adelante, parece innegable la necesidad de un cambio en esa dirección si no se quiere provocar una parálisis general ante la próxima entrada en el club comunitario de nuevos miembros, dado que las actuales reglas de juego ya han demostrado sobradamente su inadecuación para gestionar una Unión muy distinta a la que aprobó la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (Lisboa, 2009). Y lo mismo cabe decir si realmente se apuesta, como plantea la Brújula Estratégica, por una Unión con autonomía estratégica en un escenario de creciente competencia entre grandes potencias y con desafíos que no van a esperar a manifestarse hasta que la UE decida superar sus propias limitaciones.
Es bien sabido que la primera dificultad para dar un paso de esas dimensiones es, precisamente, que se necesita el acuerdo de todos los miembros para ello. Y actualmente, como se está poniendo de manifiesto a diario con la negociación de cada nueva ronda de sanciones contra Rusia, es bien evidente que algunos miembros no parecen dispuestos a perder su capacidad de veto. En todo caso, eso no hace infructuoso el esfuerzo. Una opción potencial es cambiar los tratados, algo que cualquier Estado miembro puede proponer y por lo que el Parlamento Europeo ya se ha manifestado favorablemente, aun siendo conscientes de que esa vía resulta muy compleja y lenta. Por eso parece más aconsejable explorar todas las posibilidades que ya ofrece el Tratado vigente. Actualmente el Consejo Europeo ya puede emplear la mayoría cualificada para modificar regímenes de sanciones en vigor o para nombrar a Representantes Especiales y queda por ver si es posible avanzar por la senda de la abstención constructiva que ya permite a un país (como han hecho Irlanda y Austria) quedarse al margen de la decisión a adoptar sin bloquearla.
El camino no está exento de riesgos porque puede desembocar en una discusión interminable que acabe ensanchando aún más las brechas internas existentes o llevar a decisiones impuestas por los más grandes. Pero para esto último hay que recordar que la mayoría cualificada sólo se logra si al menos 15 de los 27 Estados miembros votan a favor y si entre ellos representan al menos el 65% de la población total de la UE. Ojalá, España, durante su próxima presidencia del Consejo de la UE, sea capaz de acelerar el proceso.
