Desde su creación, la Unión Europea ha ido construyéndose y avanzando sobre la base de su capacidad de responder ante los retos de un mundo cada vez más complejo y proporcionar un proyecto de paz, libertad, seguridad, prosperidad y valores democráticos a los ciudadanos.
Frente a los hitos más positivos, como el mercado único y la política de cohesión a finales de los 80, la moneda única a finales de los 90 o la ampliación al Este en 2004, el proyecto ha dado pasos atrás, como el Brexit, y ha tenido que enfrentarse de manera casi constante a crisis, tensiones y dificultades que han ido conformando sus instituciones y las geometrías del poder.
España, uno de los grandes países de la Unión y con una población muy pro–europea, ha tenido una influencia variable a lo largo del tiempo, dependiendo de varios factores, entre los que cabe destacar la situación económica y política interna, el compromiso y la participación proactiva y constructiva del Gobierno en los principales debates, el alineamiento ideológico con las corrientes dominantes a nivel europeo e internacional, y su capacidad para tejer alianzas con otros países y las instituciones. La actual legislatura es, sin duda, uno de los periodos en los que España está teniendo un mayor papel, contribuyendo de manera particularmente activa a dar respuesta a los retos de gran magnitud que Europa ha tenido que afrontar como consecuencia de la pandemia y, en el último año, de la guerra de Rusia contra Ucrania.
El papel de España en la respuesta europea
Frente a la respuesta dada a la Gran Crisis Financiera iniciada en 2008, lastrada por la lentitud en la toma de decisiones, la falta de coordinación y las respuestas nacionales, la respuesta europea al shock generado por la pandemia del COVID-19 ha estado marcada por tres principios: unidad, determinación y solidaridad.
En el plano sanitario, la coordinación lograda para el desarrollo y suministro de vacunas eficaces abrió la puerta a una mayor integración en ámbitos hasta entonces reservados o de competencia eminentemente nacional. Sin la respuesta decidida de la Comisión Europea, no se hubiese garantizado el suministro de vacunas a toda la población en las mismas condiciones.
En el plano económico y social, las medidas acordadas en el Eurogrupo en abril de 2020 permitieron dar una respuesta inmediata al riesgo derivado de la caída de actividad, con una triple red financiera de seguridad para los ciudadanos, empresas y gobiernos, y proteger las rentas y el empleo. La posterior puesta en marcha del Plan masivo de inversiones y reformas, financiado con la deuda común, a través de los programas Next Generation EU, ha sido clave para mantener las expectativas positivas de la población y evitar una caída de la inversión y una destrucción masiva de empleo que, como sucedió tras 2008, hubiese tenido un impacto mucho más duradero y negativo.
España tuvo un papel fundamental para impulsar esa respuesta progresista, en clave socialdemócrata, tan diferente a la que se dio durante la pasada crisis financiera.
Gracias al liderazgo del Gobierno y a la capacidad de tejer alianzas con los principales países y especialmente Alemania, se protegió una base fuerte para la recuperación y la economía europea ha podido retomar la senda del crecimiento en muy poco tiempo, situándose en una posición de mayor fortaleza para hacer frente ahora a los retos derivados de la guerra.
La capacidad de responder a lo urgente sin perder de vista lo importante, esa visión de largo plazo para afrontar los retos de la doble transición verde y digital está siendo fundamental para seguir avanzando en la construcción europea.
En el caso de España, la agenda del cambio puesta en marcha desde 2018 ya contenía los principales elementos de esta agenda de futuro, con una política económica basada en la responsabilidad fiscal, la justicia social y las reformas estructurales para un crecimiento más sostenible e inclusivo.
Gracias al Plan de Recuperación y a los fondos europeos, esta visión se está haciendo realidad de forma visible e intensa, con resultados claros que se proyectan en la mejora de algunos desequilibrios arrastrados del pasado y en un nuevo ciclo económico muy diferente de los del pasado en cuanto a la fuerte creación de empleo y la mejora de su estabilidad, la bajada del paro y del paro juvenil, el saldo positivo de cuenta corriente, la mejora de los ingresos fiscales y la fortaleza de la inversión. Además, las inversiones y reformas impulsadas desde 2020 están acelerando un proceso de modernización estructural que ya se concreta en importantes proyectos de inversión nacional e internacional, aumento y atracción del talento en la nueva economía verde y digital, mejora de la productividad y puesta en marcha de proyectos estratégicos que hubiesen sido impensables en el pasado, por ejemplo, en el ámbito tecnológico.
El Plan de Recuperación ya es una realidad en nuestro país, que lidera el despliegue de las inversiones y la consecución de ambiciosas reformas, en el ámbito laboral, de la ciencia, del clima de negocios, de la educación o las telecomunicaciones. En un contexto nacional de estabilidad política y social que contrasta con otros muchos países europeos, España se ha ido consolidando como un ejemplo práctico de una política económica que, en paralelo, se ha ido convirtiendo en la nueva ortodoxia para los organismos internacionales. Gracias a esta actuación responsable, a una posición coherente y la capacidad de contribuir a encontrar soluciones y aportar a la respuesta europea, España tiene una voz respetada, escuchada y buscada en los grandes debates de la actualidad.
Liderazgo en los grandes debates
De hecho, el importante papel de España durante la respuesta a la pandemia ha seguido fortaleciéndose en el conjunto de los debates europeos, con ejemplos notables en tres ámbitos que tendrán importante recorrido en 2023: la reforma de la regulación de la energía, la reforma del marco económico– financiero y la construcción del marco regulatorio europeo para la nueva economía digital.
En efecto, España fue el primer país en dar la señal de alarma sobre la subida de los precios de la energía en los mercados internacionales, en el verano de 2021.
Ya entonces se iniciaba un proceso de reducción de la oferta que, junto con la fuerte recuperación de la economía mundial tras la pandemia, estaba llevando a importantes tensiones y exigía una respuesta común europea. Ante la falta de adaptación del mercado regulatorio, España y Portugal consiguieron establecer la “solución ibérica”, que ha bajado el coste medio de la electricidad, aliviando las tensiones inflacionistas y mejorando la competitividad de las empresas españolas.
Este ejemplo positivo, junto al fuerte compromiso con la transición ecológica, la alta penetración y potencial de las energías renovables en nuestro mercado, la hoja de ruta ambiciosa para el despliegue de las nuevas tecnologías como el hidrógeno verde y el papel de España para la autonomía estratégica de Europa, son los factores que explican que, poco a poco, otras propuestas como la centralización de compras, el tope de precios o los mercados de capacidad se hayan ido abriendo paso en el debate europeo. Este será, sin duda, uno de los temas claves en el resto de 2023 y durante la presidencia española.
En el ámbito económico–fiscal, gracias a la contribución activa de España se está avanzado hacia un nuevo paradigma, rompiendo con la política de bloques que había marcado tradicionalmente los debates a nivel europeo. El documento presentado en abril del año pasado junto con los Países Bajos para impulsar la reforma de las reglas fiscales europeas ha inspirado la posterior comunicación de la Comisión Europea, marcando, sin duda, un hito importante para encauzar este debate necesario sobre bases más constructivas.
España es, además, un ejemplo de responsabilidad fiscal compatible con el crecimiento económico y la creación de empleo, la mejor receta para generar confianza y un antídoto contra el establecimiento de trincheras.
El cumplimiento de los compromisos fiscales aporta en este momento un elemento de credibilidad y equilibrio clave para poder impulsar una reforma imprescindible, que tendrá gran protagonismo también durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
También en el ámbito fiscal, España ha defendido la transposición a Europa del acuerdo internacional alcanzado en el marco de la OCDE sobre un impuesto mínimo de sociedades, para evitar una carrera impositiva a la baja que nos empobrece a todos.
Estos factores sin duda han contribuido a reforzar el papel de España más allá de las fronteras europeas, también en el marco multilateral, como lo ilustra la participación activa en las reuniones del G20 y la presidencia del influyente Comité Económico y Financiero Internacional, el principal comité asesor del Fondo Monetario Internacional.
Finalmente, cabe destacar también la contribución española en el ámbito de la digitalización, con una agenda digital humanista que ponga al ciudadano en el centro y defienda los derechos y valores democráticos. Nuestro país cuenta con importantes fortalezas para la transformación digital, con infraestructuras potentes de conectividad, empresas grandes tractoras en los sectores tecnológicos, un ecosistema vibrante de startups, importantes universidades y una administración pública altamente digital. Sobre esta base, en 2020 se adoptó la agenda España Digital, hoja de ruta para impulsar la digitalización, que está siendo una palanca clave de modernización gracias al impulso de los fondos europeos Next Generation EU.
Hemos sido pioneros en áreas como la regulación de la protección de datos, con una ley que inspiró el reglamento europeo, siendo el primer país en regular el derecho a la desconexión digital. Hemos elaborado una Carta de Derechos Digitales que ofrece un marco de referencia para garantizar los derechos de los ciudadanos en la nueva era digital –desde el derecho al acceso a internet o a la identidad digital–, una carta con vocación europea que ya está sirviendo de inspiración para otros países, y que pretende servir de guía para futuros proyectos legislativos y desarrollar políticas públicas más justas, que nos protejan a todos.
También estamos a la cabeza en el ámbito de la inteligencia artificial, desarrollando con la Comisión Europea el primer piloto (sandbox) de regulación de Inteligencia Artificial en la Unión Europea, para definir, de forma conjunta, las mejores prácticas a la hora de implementar la futura regulación europea en este ámbito. Somos también el primer país de la Unión que contará con una Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Hemos aprobado una ley de startups pionera en Europa y puesto en marcha el fondo de inversión Next Tech, para poder hacer escalar las empresas en tecnologías disruptivas, que también participará en el fondo común recién lanzado para la European Tech Champions Initiative.
Muestra de este liderazgo es el importante avance en los rankings internacionales, como por ejemplo el Índice de la Economía y Sociedad Digitales (DESI) de la UE, donde España ha avanzado desde el 11º al 7º lugar, por delante de las otras grandes economías, y el éxito y liderazgo en la reciente Cumbre de la OCDE sobre economía digital, que España acogió en Gran Canaria a finales de 2022. La presidencia española sin duda será clave para encauzar algunas de las piezas básicas del modelo europeo para la nueva economía digital.
La presidencia del Consejo
Gracias al compromiso, el liderazgo y la inversión de capital político del Gobierno de España, que refleja el profundo sentimiento pro–europeo de la población, nuestro país está teniendo un papel fundamental para avanzar hacia una Unión Europea más fuerte, más solidaria y justa, poniendo en el centro a los ciudadanos para responder a los nuevos retos y necesidades de futuro.
En este sentido, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea llega en un momento absolutamente clave para Europa, con el reto derivado de la guerra en la frontera, las tensiones geopolíticas y los intensos cambios tecnológicos y en el comercio mundial.
Sobre la base de la confianza tejida con las instituciones europeas y el resto de los gobiernos, durante la segunda parte del año habremos de avanzar en la definición del nuevo marco de gobernanza energética, económica, financiera y digital, que impulse la industrialización y la autonomía estratégica, la cohesión social y territorial. En Europa y en España. Con la mirada puesta en el nuevo orden internacional que está emergiendo, en el refuerzo del marco multilateral y la cooperación con América Latina, trabajando e impulsando con determinación la integración europea con una agenda social, progresista y de futuro.
Texto originalmente publicado en Luis Simón, Raquel García e Ignacio Molina (2023), La influencia de España en Europa, Real Instituto Elcano, pp. 19-24.
Tribunas Elcano
Iniciativa del instituto que pretende recoger los análisis realizados por expertos/as sobre temas que están dentro del ámbito de nuestra agenda de investigación. Su publicación no está sujeta a periodicidad fija, sino que irán apareciendo a medida que la actualidad o la importancia de los acontecimientos aconsejen que acudamos en busca de la interpretación que pueda proponer la amplia comunidad académica que colabora con el Real Instituto Elcano, o miembros del equipo de investigación del Instituto.
