La primer mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo el 1 de octubre de 2024 y, durante al menos la primera mitad de su mandato de seis años, la coalición de partidos que la llevó al poder tendrá mayoría en ambas cámaras del Congreso.
La primera tarea de Sheinbaum será definir el presupuesto del gobierno para 2025. Aquí, la máxima prioridad debe ser reducir el déficit presupuestario –que alcanzará el 5,8% del PIB en 2024, en comparación con el 2% en 2018– y enviar una señal clara de que la deuda del país es sostenible.
Sheinbaum debe abandonar dos ideas muy arraigadas en México, pero profundamente erróneas: que la informalidad desaparecerá naturalmente a medida que se acelere el crecimiento y que dos sistemas diferentes y desiguales de protección social promueven la inclusión social.
El siguiente desafío será lograr que la economía vuelva a crecer. Bajo la administración del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el crecimiento anual del PIB promedió sólo el 1,1%. Algunos podrían afirmar que el lento crecimiento fue resultado de la pandemia del COVID-19, no de las políticas del gobierno, pero durante el mismo período, Estados Unidos (EEUU) –el mayor socio comercial de México– creció dos veces más rápido. El ingreso per cápita de México en 2024 será el mismo que hace seis años.
Para impulsar el crecimiento, algunos le dirán a Claudia Sheinbaum que debe aprovechar el near o friend shoring, es decir, el traslado de las cadenas de suministro de China a países que sean más amigables y geográficamente más cercanos a EEUU, lo que podría presentar una oportunidad importante para que México atraiga más inversión extranjera.
Para aprovecharla, el gobierno de Sheinbaum debe demostrar un mayor compromiso con el Estado de derecho, incluyendo la independencia del Poder Judicial. También debe ampliar el acceso y mejorar la confiabilidad del suministro de energía.
El imperativo energético será difícil de cumplir. Mexico tiene un amplio margen para las energías renovables y la buena noticia es que Sheinbaum se ha comprometido a impulsarlas. La mala noticia es que también está comprometida a continuar la política de su predecesor de mantener al menos el 54% de la generación de electricidad bajo control estatal. Será muy difícil cumplir con ese compromiso, a menos que la compañía eléctrica estatal aumente rápidamente su capacidad de generación al mismo tiempo que elimina gradualmente el carbón y el fuelóleo.
Más allá de la electricidad, México también necesita más gas natural. Sin embargo, su empresa estatal de petróleo y gas, Pemex, es la compañía energética más endeudada del mundo y no está bien posicionada para aumentar el suministro rápidamente. Ante esto, la mejor apuesta de México es abrir la producción y el transporte a participantes privados.
El predecesor de AMLO, Enrique Peña Nieto, intentó hacer precisamente eso. Pero AMLO revirtió esos intentos. Ahora, Sheinbaum debe decidir entre mantener la posición dominante de Pemex –y presionar aún más al presupuesto federal– o revertir otra vez la política de un predecesor.
Si todo eso sale bien, ¿sería suficiente? Desafortunadamente, la respuesta es negativa. Para entender porque, conviene recordar que, en las tres décadas previas a la presidencia de AMLO, el crecimiento anual del PIB de México promedió apenas entre 2% y 2,5%. Se trata de un desempeño muy mediocre, dado que durante este período el país disfrutó de un bono demográfico, un entorno macroeconómico estable y un crecimiento espectacular de las exportaciones manufactureras (que ahora son alrededor de 40% del PIB y superan las del resto de América Latina combinada).
La razón fundamental del lento crecimiento de México es clara: su productividad está estancada. Y ello es así porque hay profundos fallos en el diseño y funcionamiento de instituciones clave. En particular, el sistema de protección social subsidia las actividades informales y grava las formales; su sistema fiscal subsidia a las pequeñas empresas improductivas y obstaculiza el crecimiento de las productivas; y deficiencias en el entorno jurídico para hacer cumplir los contratos mercantiles y crediticios dejan la mayoría de las empresas sin acceso al crédito.
En México, empresas informales improductivas pueden competir con las formales más productivas porque afrontan menores cargas tributarias y costes laborales, y porque en muchas ocasiones las regulaciones y las leyes no les aplican. Como resultado, muy pocas empresas de alta productividad crecen, mientras que un número mucho mayor de empresas de baja productividad sobreviven en lugar de ser expulsadas del mercado. Un peso de capital y trabajo produce 35% o más de valor agregado en el sector formal que en el sector informal. Sin embargo, continuamente se desperdician inversiones y se crean empleos en actividades informales, que ocupan a más de la mitad de la fuerza de trabajo. Esta situación ha persistido a pesar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su sucesor, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¿Por qué cambiaría esto el nearshoring?
Nada de esto pretende argumentar que Sheinbaum no deba hacer que México sea más atractivo para la inversión extranjera. Por supuesto que debe hacerlo. Pero si su propósito es lograr un crecimiento inclusivo, como afortunadamente lo ha señalado, tendrá que ir mucho más allá.
Sheinbaum debe abandonar dos ideas muy arraigadas en México, pero profundamente erróneas: que la informalidad desaparecerá naturalmente a medida que se acelere el crecimiento y que dos sistemas diferentes y desiguales de protección social promueven la inclusión social. En lugar de ello, debe comprometerse a eliminar los incentivos perversos que surgen del tratamiento desigual de las actividades formales e informales y gravar los hogares de altos ingresos en lugar de las actividades productivas.
México es un país con profundas desigualdades; y también es un país donde la productividad se ha estancado durante décadas. Necesita una estrategia para abordar ambos problemas al mismo tiempo. Dejando a un lado la retórica, la estrategia de desarrollo de AMLO fue, en esencia, la misma que la de sus predecesores durante los últimos 25 años: pensar que la combinación de estabilidad macroeconómica y una creciente inserción en la economía mundial es suficiente para crecer y que un conjunto de programas sociales para las familias excluidas de la formalidad genera inclusión social. A fin de cuentas, el país creció muy poco y la informalidad persistió. Más de las mismas políticas traerán más de los mismos resultados. Pero si Sheinbaum está dispuesta a abordar la división formal-informal y construir un Estado de bienestar inclusivo y favorable a la productividad, su presidencia podría resultar verdaderamente transformadora.
