El pasado mes de diciembre se publicó el Informe de consultas ciudadanas sobre el futuro de Europa celebradas en España en 2018. Se trata del resultado de un importante ejercicio participativo que ha tenido lugar en todos los países de la UE y que en nuestro país se ha desarrollado con una activa implicación del Real Instituto Elcano. El Informe tiene contenidos muy valiosos que requieren un análisis detallado. Este post, sin embargo, se centra en un aspecto muy concreto incluido al final de la sección del Informe que aborda los fracasos y debilidades: “la imagen de los eurodiputados”. No es un aspecto menor sino significativo y preocupante. Como se lee allí, entre los españoles “existe una sensación generalizada sobre que ser eurodiputado es un premio que los partidos políticos de los diferentes países conceden a sus ‘figuras de más edad’ a cambio de no hacer nada”. Es decir, en nuestro país está extendida la percepción de que en el Parlamento Europeo se trabaja poco y que ser representante sirve más bien como salida para retribuir los servicios prestados o evitar que algunos de sus miembros resulten molestos.
Es una imagen superficial y, a rasgos generales, injusta pero denota la existencia de un problema político que es, en el mejor de los casos, subjetivo y que quizás está alimentado por elementos objetivos. No es algo exclusivo de España. Las deficiencias en la elaboración de las candidaturas para las elecciones europeas preocupan en Bruselas/Estrasburgo y, hace ahora diez años, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo encargó a centros de investigación de los distintos países miembros un estudio para analizar los procedimientos nacionales e identificar fortalezas y defectos. El análisis sobre España se asignó al Real Instituto Elcano pero su elaboración, que yo mismo coordiné, se benefició del asesoramiento de Xavier Coller y sobre todo del trabajo de Guillermo Cordero, compañero en el Departamento de Ciencia Política de la UAM. En nuestra disciplina hay una corriente de literatura sobre los mecanismos internos de los partidos para la selección de las personas que irán en sus listas electorales y en España sus dos máximos expertos son justamente los profesores Coller y Cordero. Para la investigación elaboramos un cuestionario y entrevistamos en profundidad a representantes de todas las fuerzas que entonces se presentaban, incluyendo a sus cabezas de lista.
Las conclusiones del análisis fueron formuladas con un lenguaje sobrio, pero era evidente la crítica hacia el procedimiento dominante. Las razones que llevaban a formar parte de la candidatura (con la excepción de los cabezas de lista) no eran ni el tirón electoral ni la trayectoria en asuntos europeos. El reclutamiento, que seguramente no dista mucho del usado en los demás procesos electorales españoles donde también se elaboran listas cerradas y bloqueadas, estaba guiado por tres criterios. El primero era formal: la paridad de género (pues en 2007 se había aprobado ya la Ley de Igualdad y, con ella, la introducción de cuotas), y los otros dos informales: equilibrios territoriales y consideraciones discrecionales de la organización, entre las que solo de forma secundaria podían llegar a ser importantes la excelencia parlamentaria, el dominio de idiomas, las habilidades negociadoras o el conocimiento de la integración europea.
Los órganos que en cada partido realizaban la selección electoral (a los que podemos denominar selectorados, del inglés “selectorates”) no trabajaban con reglas transparentes o protocolos formalizados y gozaban de muy poca autonomía frente a presiones del líder o el resto del aparato. Y así, la elaboración de las candidaturas españolas al Parlamento Europeo resultaba al final un proceso bastante oligárquico y disciplinado en el que, como reconocían los entrevistados, podían llegar a tener un peso definitivo el deseo de contar en el grupo con diputados leales a la dirección nacional o, en efecto, dar una salida política o incluso profesional a miembros que no tenían encaje en otros niveles. Es decir, perversiones del sistema que, aunque no fuesen mayoritarias, sí abonan con algo de realidad esas percepciones que, como se ha dicho, dominan entre los ciudadanos cuando se les pide opinión sobre esta materia.
Ahora que se empiezan a realizar los movimientos de cara a la elaboración de las candidaturas para las elecciones de mayo de 2019, resulta importante llamar la atención sobre este problema. En los últimos diez años se han producido al menos tres novedades en el sistema político español que podrían servir para mejorar el procedimiento de reclutamiento: la relativa transparencia que supone la introducción de primarias en ciertos casos, el auge de las redes sociales que expone a los políticos individuales a mayor escrutinio público y, sobre todo, la creciente competitividad del sistema de partidos por la aparición de nuevas fuerzas. Al mismo tiempo, es defendible la hipótesis alternativa de que justo estos tres cambios podrían hacer todavía más imperfecta la selección
Como quiera que sea, y desde la perspectiva de la defensa de los intereses y valores de la sociedad española en el proceso de integración, España se juega mucho acertando o fallando con la calidad de los componentes de las candidaturas. Al fin y al cabo, el Parlamento Europeo inviste y controla a la Comisión pero, sobre todo, es el colegislador de todas las normas de la UE. Los eurodiputados elaboran (y lo hacen de verdad) las directivas que los parlamentarios nacionales se limitan a transponer al derecho interno. Hay bastante margen de mejora porque, cuando se mide la influencia de los eurodiputados españoles (portavoces, relatores, “chairs” en comisiones, liderazgos en sus grupos, etc.), se golpea por debajo del potencial; sobre todo teniendo en cuenta que el PP es quizás el segundo partido del PPE, el PSOE la socialdemocracia europea con mayores responsabilidades de gobierno, Ciudadanos el partido liberal con más votantes y Unidos Podemos la principal fuerza política de la Izquierda Unitaria Europea.
Por otro lado, también sería lamentable un exceso de renovación que se llevase por delante la experiencia y contactos de quien sí merezca seguir. El eurodiputado que, además de capacidad, tiene conocimiento personal de los procesos y las redes bruselenses, puede conseguir mejores responsabilidades y más influencia para su partido y el conjunto del país. Por eso, empezar de cero sería lamentable y hay formas más o menos objetivas para determinar qué descarte no supondría una grave pérdida y, por tanto, por quién seguir apostando. Surge de forma rápida al menos una veintena de nombres entre los que hay, por cierto, tantas mujeres como hombres y un origen territorial muy diverso. Ninguno de esos dos criterios es criticable. Lo que, en cambio, hay que revisar completamente es la idea del Parlamento Europeo como premio de jubilación, destino que llenar de leales o retiro para molestos.
Podemos y Ciudadanos, que por razones obvias han sufrido en estos cinco años los problemas de candidaturas elaboradas con algo de precipitación, han anunciado cabezas de cartel que conocen bien la UE y eso apunta a un proceso más cuidado para seleccionar al resto de la lista. En PP y PSOE el reto es saber combinar veteranos y noveles de alta calidad y, en ese proceso, no guiarse tanto por las simpatías o antipatías de los nombres barajados hacia los líderes nacionales y autonómicos del partido, como por el valor añadido que aporten desde una lógica europea. Eso además servirá para que la campaña, que estará algo oculta por un súperdomingo de elecciones locales y autonómicas, dedique atención de verdad al proceso de integración.
En definitiva, al margen del obvio pluralismo político que implica este ejercicio y de las estrategias y compañías que cada partido elija luego en el Parlamento Europeo (que es una cuestión que merece ser analizada aparte) de lo que se trata es que los selectorados de los distintos partidos españoles tomen mayor conciencia de la calidad política y técnica que se exige para ejercer como eurodiputado. Una exigencia que es mucho mayor que la de un diputado nacional o autonómico, no solo por la complejidad de los dossieres o el plurilingüismo sino, sobre todo, por tratarse de un “working parliament” alejado de las pautas dominantes en la esfera doméstica (con procedimientos jerárquicos y orales, tanto por lo que se refiere a los trámites legislativos como en el control al ejecutivo). De lo contrario, la mala imagen comentada al principio no podrá considerarse injusta del todo.
