Este julio, la Unión Europea decidirá si renueva sus sanciones económicas contra Rusia. Estas sanciones están ligadas al cumplimiento del tratado de Minsk II, que contempla un cese de hostilidades y la implementación, por parte de Ucrania, de un paquete de reformas constitucionales para garantizar la autonomía y protección de los Oblasts de Donetsk y Lugansk. Minsk II fijaba como fecha límite para tales reformas el 31 de diciembre de 2015, pero ante el escaso progreso, la UE decidió extender las sanciones hasta julio de 2016 –coincidiendo con el fin de las sanciones de un año impuestas por Rusia en respuesta– e indirectamente responsabilizando a Rusia del incumplimiento de los plazos estipulados. Sin embargo, desde entonces, mucho ha cambiado en Rusia y poco en Ucrania para justificar tal política.
Rusia ha pasado de ser un enemigo resucitado de la Guerra Fría a ser un socio clave en la resolución del conflicto en Siria. Además, su poder económico en el sector energético y como importador está pesando demasiado en sus socios comerciales europeos más importantes, como Hungría e Italia, que ya se han manifestado en contra de las sanciones económicas. Cualquier oposición en el Consejo Europeo impediría la continuación de dicha política al requerir la aprobación por unanimidad de los Veintiocho. Rusia, consciente de este hecho, ha fomentado las reticencias de los países más afectados y las dudas de los socios indecisos –exige que Ucrania cumpla con el orden del acuerdo y avance en la solución política del conflicto como condición para retirar su apoyo militar a Donbass. Ucrania, más allá de las dificultades que supone el incumplimiento de las condiciones del cese de hostilidades , ha sido y sigue siendo un Estado asolado por la corrupción, con un sistema institucional frágil e incapaz de aprobar las medidas que Minsk II le exige, debido a la oposición del parlamento a facilitar la autonomía y las elecciones en Donetsk y Lugansk. La historia de la democracia ucraniana indica que los problemas del gobierno nacional para implementar las reformas distan de ser una excepción causada por el conflicto armado.
Parte de la oposición a la renovación de sanciones se basa en el esfuerzo económico que suponen y la dificultad de mantener su eficacia ya que, con el tiempo, agentes exportadores e importadores han buscado mercados y productos alternativos. El impacto por las sanciones a Rusia y las sanciones en respuesta es difícil de cuantificar, al coincidir en Rusia con una depreciación del rublo, una bajada del precio del crudo y una contracción del PIB de 3,7% en 2015. Aun así, la Comisión Europea fija el efecto global de las sanciones en -0,4% del PIB europeo en 2015 (lo que supone una pérdida de 50.000 millones de euros). Este efecto no es uniforme entre países y sectores (las ventas de maquinaria de transporte cayeron un 12% en Francia, mientras que en Italia lo hicieron un 42%) lo que dificulta la posibilidad de una decisión unánime. En definitiva, falta consenso para unas sanciones que, incluso si se llegasen a renovar, tendrían un impacto sin duda menor.
Las dudas sobre los esfuerzos reformistas ucranianos y su adhesión Minsk II se basan en la inestabilidad endémica de Ucrania, que hace pensar que el país no podrá aprobar las leyes necesarias antes de julio. En corrupción, Ucrania ocupa el puesto 130 de 168 (según el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparency International) y, como prueba, en febrero dimitía el Ministro de Economía, Aivaras Abromavičius, citando la corrupción gubernamental y la falta de apoyo por parte del presidente Petró Poroshenko para combatirla. La crisis política desatada culminó con una fallida moción de censura contra el primer ministro Arseni Yatseniuk. Tales tensiones son comunes en Ucrania: a la corrupción, hay que añadir la falta de autonomía del poder judicial y, lo más importante, un parlamento débil, incapaz de hacer frente al desproporcionado poder ejecutivo del presidente. La debilidad de la cámara legislativa ucraniana, que actualmente tiene bloqueada las reformas, proviene de las numerosas e inverosímiles coaliciones, formadas por unos partidos políticos que corresponden más a cultos de personalidad que a planteamientos ideológicos. Estos factores han hecho de Ucrania un escenario político explosivo, dominado los últimos quince años por los mismos actores y con pocas esperanzas de reforma de cara al futuro.
En definitiva, las sanciones económicas a Rusia parecen tener las horas contadas. La falta de unanimidad entre los Veintiocho indica que, para algunos Estados, Rusia es demasiado importante, y para otros, como acaba de demostrar el referéndum holandés, Ucrania no es un socio fiable de la UE –lo que pone en duda la lógica de seguir vinculando las sanciones al cumplimento de Minsk II. Para la UE, parece que Rusia ya no es tan mala ni Ucrania tan buena, por lo que podría parecer que lo feo sería renovar las sanciones.
Imagen: Ucrania, Rusia y las sanciones de la UE. Imagen vía Debate21
