Finalmente el consejo de ministros tunecino, presidido por la máxima instancia provisional del país, el presidente interino Fuad Mubaza, ha decidido mantener la fecha del 24 de julio para las elecciones a la Asamblea Constituyente, publicando en el JORT, el boletín oficial, el decreto de convocatoria el 24 de mayo. Lo ha hecho después de que la Alta Instancia Independiente para las Elecciones, recientemente constituida, propusiera aplazar los comicios al 16 de octubre por considerar que mantener la fecha de julio era precipitado, pues no existen las condiciones adecuadas para asegurar el desarrollo correcto del proceso electoral.
Los problemas, fundamentalmente de carácter técnico, argumentados por Kamal Jandoubi, presidente de la Instancia, eran la dificultad de preparación de un dispositivo administrativo de envergadura para disponer de listas de votantes adecuadas, que tardarán al menos un mes para llevar a cabo su tarea (6.000 agentes inscriptores necesarios en 1.500 centros de inscripción) y organizar los 8.000 colegios electorales con un total de 40.000 encargados de las mesas. Además, según el editorial del diario La Presse (25 de mayo), hay más de 650.000 ciudadanos sin documento de identidad imprescindible para votar. Por su parte, también el presidente de la Alta Instancia para la realización de los Objetivos de la Revolución, la Reforma Política y la Transición Democrática, Yadh Ben Achour se ja mostrado partidario del aplazamiento, dado el atraso de las operaciones técnicas que podía hacer “correr el riesgo de hacer unas malas elecciones, no creíbles”.
El debate ha llegado en estas últimas semanas a la opinión pública, si bien parece que esta también es favorable a no postergar las elecciones, según muestra una encuesta realizada por la Agencia Sigma Conseil a 1250 personas, en la que el 67 % de los tunecinos era partidario de celebrarlas el 24 de julio, según informa el diario tunecino Le Temps el 25 de mayo. Parece que la mayoría de los partidos eran de la misma opinión, para acortar así la provisionalidad en la que vive el país desde el mes de enero, con pesadas consecuencias económicas por el freno del turismo y la inestabilidad que el clima político ha aportado al ámbito empresarial y laboral, produciendo una caída drástica del crecimiento económico.
La Alta Instancia Independiente para las Elecciones fue designada a principios de mayo por la Comisión presidida por Ben Achour, a partir de una lista de candidatos propuesta por las organizaciones colegiales de profesionales concernidos en su composición. De los 15 miembros que la integran, tres de ellos son magistrados (Omar Tounekti, Mourad Ben Moula, Mohamed Ben Salem), tres miembros de la Orden Nacional de Abogados (Boubaker Belthabet, Mohamed Fadhel Mahfoudh, Ridha Torkhani), dos notarios (Sami Ben Slama, Nabil Bafoun), un experto contable (Anouar Ben Hasan), un miembro del sindicato nacional de periodistas (Larbi Chouikha), un representante de los tunecinos en el exterior (Kamal Jendoubi, elegido presidente de la Instancia) , dos miembros de organizaciones de derechos humanos (Abderrahman Hedhili, de la FTDH y Monia Abed, de la Asociación Tunecina de Mujeres Juristas), dos enseñantes universitarios (Souad Kaley-Triki, Mohamed Seghaier Achouri) y un experto en informática (Zaki Rahmouni).
Desde un principio esta instancia ha estado rodeada de cierta polémica, pues los magistrados se negaron a presentar candidatos a la misma, expresando así su malestar por la desatención a su sector –considerado vital para una transición democrática- por el ministro de Justicia. Los magistrados integrados finalmente en la Instancia fueron designados directamente por la Comisión de Ben Achour.
