Túnez se la juega

Ocupados con otros focos de conflicto y tensión aguda en el mundo árabo-musulmán, Túnez apenas se ha citado en estos últimos siete años para recordar que es el único destello de esperanza de la apresuradamente denominada “primavera árabe” y que el yihadismo lo tiene entre sus objetivos. Pero además de ser el país norteafricano que contabiliza más nacionales incorporados a las filas del terrorismo yihadista, sigue estando lejos de consolidar su transición hacia un sistema que satisfaga plenamente las demandas y esperanzas de sus más de once millones de habitantes.

Por eso no puede extrañar que se hayan vuelto a producir movilizaciones ciudadanas como las que se registran en diversas ciudades desde principios de año. Olvidado ya el carácter festivo de las celebraciones del 14 de enero como recordatorio de la caída del régimen de Ben Ali, esa fecha ha ido cobrando un tono crecientemente reivindicativo hasta estallar en el actual movimiento Fesh Nastanneu? (¿A qué esperamos?), punta de lanza todavía de perfiles imprecisos de la frustración de una población mayoritariamente joven que sufre un claro deterioro en sus condiciones de vida.

El desencadenante más inmediato de lo que ahora ocurre ha sido la aprobación de la ley de presupuestos de 2018, estableciendo nuevos recortes en las subvenciones y ayudas a los más desfavorecidos, en paralelo a una notable subida de precios y de impuestos. Unas medidas que responden en origen a los graves problemas económicos que sufre Túnez, tanto por la corrupción e ineficiencia propias como por el impacto de una violencia que ahuyentó al turismo y a los inversores internacionales. En el intento por cambiar las negativas tendencias de una economia que no logra crear suficiente empleo (la tasa entre diplomados supera el 30%), ha sido necesario recurrir al Fondo Monetario Internacional (con una línea de crédito aprobada en 2016 de unos 2.800 millones de dólares para los siguientes cuatro años), lo que supone la ya conocida receta de austeridad como norma principal.

Si a eso se une la creciente percepción de que la clase política no representa a la ciudadanía, encerrada en sus disputas endogámicas con vistas ya a las elecciones municipales previstas para el próximo mes de mayo, se termina por configurar un panorama que no augura más que tensión y represión. Una represión que el gobierno liderado por Youssef Chahed no ha dudado en activar, incluso con la vuelta de los militares a la calle, y que ya se ha saldado con un muerto y más de ochocientos detenidos. Todo indica que tanto el gobierno –con Ennahda y Nida Tunis– como la oposición – con el Frente Popular en cabeza– son progresivamente percibidos como ignorantes e insensibles a lo que sucede a los tunecinos, a los que incluso no han dudado en calificar como fanáticos y hasta asesinos por su activismo reivindicativo. No en vano se sigue percibiendo un pesado lastre del antiguo régimen en muchos de los nuevos gobernantes y se contabilizan ya nueve gobiernos desde la caída de Ben Ali.

Eso no quita para que, por puro tacticismo, Chahed se decida a retocar algunos de los aspectos más impopulares de los presupuestos ya aprobados, intentando así desactivar una dinámica que por otro lado carece de liderazgo definido y no ha logrado movilizar a tantos tunecinos como los que salieron a las calles hace ahora siete años para librarse del dictador. Pero aunque eso suceda –con medidas como las decididas en la noche del pasado sábado, aprobando el desembolso de ayudas a los más necesitados por un importe que apenas supera los 23 millones de euros– los problemas de fondo seguirán estando ahí, caracterizando una situación para la que no bastan con los esfuerzos tunecinos para salir del túnel en el que el país lleva metido desde hace tiempo. Algo que la Unión Europea y otros actores externos parecen no comprender, dada su tacañería en la apuesta por un Túnez estable y desarrollado.

Túnez cuenta con ventajas muy apreciables para encontrar la senda que le permita asentarse entre los Estados democráticos en los que el bienestar y la seguridad sean señas de identidad consolidadas. Por un lado, ha logrado mejorar su nivel de seguridad, contando con que los últimos golpes violentos se remontan ya a marzo de 2016. Además, ha demostrado su capacidad para la negociación y el acuerdo, como queda de manifiesto con la aprobación de una Constitución sin igual en la región. Las asociaciones de mujeres y el resto del tejido asociativo son activos muy relevantes a la hora de explicar esa mayor capacidad para el entendimiento y para encontrar salidas pacíficas a las controversias. Y, por último, hasta las variables económicas han ido mejorando sus registros, aunque también es cierto que eso no se ha traducido en mejoras para sectores muy amplios de una población que sufre nuevamente el repunte de la inflación (6,4% en diciembre pasado).

Ojalá que el día de ayer solo se recuerde por la suspensión de todos los partidos de futbol y por marcar el inicio de un proceso que restablezca el contrato social.