¿Cómo ha evolucionado la seguridad tunecina en los últimos años?
El Gobierno de Ben Alí se dedicó a preservar la estabilidad interior, combatiendo a los movimientos de oposición política, los activistas de derechos humanos y el terrorismo. Para ello empleó al Servicio de Seguridad Nacional -cuya cifra de efectivos no se conoce- apoyado por la Guardia Nacional (12.000), desplegada por todo el territorio, y por la policía de las ciudades principales. Las fuerzas de seguridad interior fueron denunciadas reiteradamente por la brutalidad de sus agentes y por la pasividad de sus mandos. La aprobación de la Ley Antiterrorista de 2003 incrementó la capacidad de represión indiscriminada y las denuncias por este motivo. Desde el atentado de Djerba en 2002, que dio lugar a la ley anterior, no se han registrado atentados de importancia aunque Al-Qaeda y grupos afines han estado reclutando ciudadanos tunecinos para campañas terroristas e insurgentes en el exterior. Las Fuerzas Armadas son reducidas (35.800) y están mal equipadas. No han tenido un papel influyente en los asuntos internos porque el Presidente Ben Alí mantuvo a los militares deliberadamente apartados del aparato de poder.
¿Cuál es el papel de las fuerzas de seguridad tunecinas en la salida de la crisis?
Las fuerzas de seguridad y defensa tuvieron un comportamiento desigual durante la crisis que es de esperar mantengan mientras dure la transición. Las fuerzas policiales se emplearon violentamente contra los manifestantes siguiendo su patrón de represión habitual, y los muertos causados por sus disparos a principios de enero alimentaron las protestas. La persistencia de las movilizaciones sociales, sin embargo, dividió a los responsables policiales y, una vez caído el Gobierno, se redujo la violencia policial aunque se siguen produciendo enfrentamientos entre policías y manifestantes que han causado ya tres víctimas desde el cambio de gobierno. El Presidente Ben Alí recurrió a las Fuerzas Armadas cuando las de seguridad comenzaban a verse desbordadas, pero la decisión del entonces Jefe de Estado Mayor, general Rachid Ammar, de no usar la fuerza contra la población precipitó la caída del régimen. Posteriormente, las fuerzas armadas se enfrentaron a las de la seguridad presidencial y colaboraron con el resto de las fuerzas policiales para mantener el toque de queda. Finalmente, se ha relevado a todos los mandos superiores de las fuerzas de seguridad y defensa.
¿Qué efectos sobre la seguridad puede tener la crisis tunecina?
Cualquier nuevo Gobierno tendrá que afrontar la reforma del sector de la seguridad, democratizando y profesionalizando sus fuerzas de seguridad interior y modernizando sus fuerzas armadas. En un marco de cambios sociales y económicos prioritarios, el nuevo Gobierno tendrá que optar por redimensionar a la baja los gastos de seguridad y defensa, con el consiguiente malestar entre las fuerzas de seguridad, o aumentar la cooperación militar y policial con los países occidentales, asumiendo su coste político. El peor escenario para la seguridad tunecina sería el de una transición vacilante donde los Gobiernos no pudieran desarrollar las reformas necesarias y donde la inestabilidad política y social devolviera a las fuerzas de seguridad el protagonismo que deben perder en una sociedad democrática. La probabilidad de que grupos afines a Al-Qaeda actúen ahora en Túnez depende de que se consolide o no el proceso de transición en curso.
