A Donald Trump nunca le han gustado los acuerdos multilaterales que restringen su libertad de acción. Durante su campaña electoral y después de ella, ha criticado el Tratado del Atlántico Norte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Acuerdo Transpacífico, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones o el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Ahora le ha tocado el turno al Acuerdo sobre el programa nuclear iraní de 2015, el denominado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés).
El Presidente estadounidense no ha denunciado el Acuerdo como anunció durante la campaña electoral, pero ha tomado la decisión de no certificar el último informe de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), por lo que corresponde ahora al Congreso decidir qué medidas se deben adoptar para que se pueda certificar su cumplimiento. La decisión preocupa a las otras partes del Acuerdo: Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China porque puede afectar a la recuperación de sus relaciones con Irán y porque una eventual retirada iraní del Acuerdo aumentaría la inestabilidad regional. Razones que la Alta Representante Mogherini ha trasladado directamente a los congresistas para evitar una decisión unilateral e irreparable.
Por qué la no-certificación
El Congreso de EEUU incluyó el requisito de una certificación cada 90 días en la Iran Nuclear Agreement Review Act de 2015 para compensar su tramitación por el Presidente Obama como un acuerdo y no como tratado, con lo que eludió la aprobación de Senado. El requisito que se diseñó como un mecanismo bipartidista de control sobre la Casa Blanca, se ha utilizado ahora por el Presidente Trump para colocar al Congreso en una situación difícil. Ahora, republicanos y demócratas deben decidir si vuelven a imponer o no las sanciones que se levantaron tras la firma del JCPOA, lo que pondría en peligro la vigencia del Acuerdo aunque el resto de las partes decidiera mantenerlo. También pueden modificar la Ley mencionada anteriormente para modificar el requisito de la certificación o, simplemente, pueden no hacer nada y devolver la iniciativa al Presidente. Dadas las tensiones existentes con la Casa Blanca, las divisiones entre republicanos y demócratas o la agenda sobrecargada con las cuestiones fiscales, sanitarias o migratorias, lo más probable es que el Congreso evite entrar en una escalada unilateral de sanciones.
Durante la campaña electoral, el Presidente Trump tomó partido en el debate entre detractores y defensores del Acuerdo de la Administración anterior, anunciando su denuncia. No ha cumplido su palabra, pero tras certificar su cumplimiento en dos ocasiones anteriores a regañadientes, ha decidido no hacerlo una tercera en su primera intervención en la Asamblea General de la ONU. La decisión va en contra de las positivas valoraciones internacionales y de su propia Administración sobre el cumplimiento del Acuerdo por Teherán. Recientemente, tanto su Secretario de Estado, Rex W. Tillerson, como su Secretario de Defensa, James Mattis, han reiterado que el Acuerdo con Irán servía a los intereses de EEUU porque no se debía reabrir un nuevo frente de tensión nuclear con Irán cuando está abierto el de Corea del Norte. Tampoco ha sopesado las desventajas que podría tener una decisión hostil sobre el comercio bilateral como el posible millonario acuerdo de Boeing con las aerolíneas iraníes.
El Acuerdo no es perfecto pero facilita una congelación del programa durante 10-15 años y, aunque alguna de las restricciones sobre el programa nuclear se eliminarán a medio plazo, eso no implica que Irán pueda disponer de un arma nuclear. La mayor preocupación de la Administración viene por la influencia iraní en los conflictos regionales. Su apoyo al régimen de Bashar al-Assad, a Hezbolá y a otras milicias en la región; sus programas de misiles balísticos o el encarcelamiento de ciudadanos con la doble nacionalidad estadounidense son acciones que inquietad y enfadan en EEUU. El levantamiento de las sanciones ha potenciado la proyección estratégica de Irán en la región, convirtiéndose en un interlocutor indispensable para mediar en los conflictos de Siria, Irak o Yemen, a los que hay que añadir su posición privilegiada para contener las reivindicaciones territoriales kurdas. A ello hay que añadir la normalización de las relaciones políticas y económicas de Irán con países que participaban en el régimen de sanciones. Una normalización que ha posibilitado la aparente consolidación de la corriente moderada iraní dentro de la línea oficial revolucionaria, y a la que podrían poner en peligro la vuelta de las sanciones.
Conclusiones
Todo apunta a que Congreso no volverá a imponer a Irán las sanciones levantadas, por lo que el Presidente Trump puede quedarse, de nuevo, con las manos vacías. Es lo mejor que podría pasar porque el fracaso del Acuerdo acentuaría la proliferación nuclear en Oriente Medio y distanciaría a EEUU de sus aliados occidentales. Por ahora se espera que el JCPOA sobreviva a este primer asalto, pero la decisión ya tiene un coste para la credibilidad de EEUU, transmitiendo la imagen de ser un socio poco fiable que no cumple con sus compromisos. Tampoco parece probable que Irán aproveche la no-certificación para denunciar el Acuerdo, pero endurecerá su postura negociadora en cualquier disputa o interpretación que pueda surgir en la aplicación del Acuerdo en el futuro.
