La inmigración se ha convertido en uno de los temas más cruciales para los votantes en estas elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2024. Se trata del tercer asunto más importante para el electorado, por detrás únicamente de la economía y la protección de la democracia. El cambio de actitud se produjo cuando la inmigración irregular llegó a alcanzar máximos históricos, antes de que el presidente Biden promulgase una orden ejecutiva en junio de 2024 que ha servido para reducir el número de cruces fronterizos durante tres meses consecutivos. Los dos candidatos a la presidencia, el expresidente Donald Trump (republicano) y la vicepresidenta Kamala Harris (demócrata), discrepan en la mayoría de las políticas sobre inmigración y emplean una retórica muy diferente al hablar sobre el tema.
Cuando era presidente, Trump aplicó políticas radicales para luchar contra la inmigración irregular y reducir la inmigración legal, echando mano de las amplias facultades del gobierno federal para impulsar su programa, entre ellas la presión diplomática y la coerción. En caso de ser reelegido en 2024, ha prometido “acabar con todas las políticas de fronteras abiertas de la Administración Biden”. También se ha comprometido a “restablecer todas sus políticas anteriores” y a adoptar medidas adicionales, algunas de las cuales podrían traspasar los límites marcados por el ordenamiento jurídico estadounidense.
Una de las medidas más comentadas que afirma Trump que implantaría nada más entrar a la Casa Blanca es “dar luz verde a la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos”. La campaña de Trump ha especificado que “movilizaría todos los poderes federales y estatales disponibles para poner en marcha la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos”. Si bien el presidente cuenta con autoridad jurídica para aumentar el número de deportaciones, una iniciativa de esta envergadura acabaría topándose con considerables dificultades logísticas, diplomáticas y de recursos. En función de cómo se ejecute el plan, también podría dar pie a pleitos judiciales. Hay estudios que demuestran que una deportación masiva de este estilo tendría importantes repercusiones económicas, trastocaría la actividad de algunos sectores, reduciría los ingresos tributarios y reactivaría la inflación. Además, las imágenes y los vídeos de agentes estadounidenses entrando en domicilios privados y deteniendo a familias con niños pequeños, personas de la tercera edad o residentes de larga data sin antecedentes penales provocarían una gran indignación pública.
La campaña de Trump ha especificado que “movilizaría todos los poderes federales y estatales disponibles para poner en marcha la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos”.
En su campaña de 2016, Trump se centró en gran medida en la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos (EEUU) y México, mientras que, en su campaña de 2024, ha puesto el foco en restaurar sus políticas fronterizas y de asilo. En un acto de campaña, Trump no descartó reactivar la política de Tolerancia Cero, una de sus decisiones más polémicas en materia de inmigración. En virtud de esta política de 2018, se llegó a separar a familias de inmigrantes que cruzaban la frontera entre México y EEUU; los niños fueron puestos bajo custodia estadounidense y se llevó a cabo una reunificación con otros familiares, mientras que a los padres se les imputaron cargos penales y acabaron siendo deportados. En palabras de Trump: “Sé que suena duro. Cuando le dices a una familia que, si vienen, los vas a separar, ya no vienen. Y no podemos permitirnos acoger a nadie más”. Trump cedió a la presión interna e internacional y suspendió el programa a los tres meses de su entrada en vigor. Volver a aplicar este programa podría provocar el mismo rechazo público que en 2018, además de someter a las familias a un dolor y un trauma innecesarios. De los 4.656 niños separados de sus padres en aplicación del programa Tolerancia Cero, 1.360 siguen sin reunificarse con su familia.
Trump también ha afirmado que restauraría otros tres programas polémicos para dificultar el acceso a la protección estadounidense a las personas solicitantes de asilo que crucen la frontera con México. En primer lugar, los Protocolos de Protección de Migrantes, un programa negociado con México en virtud del cual EEUU podía devolver al país vecino a determinados inmigrantes mientras esperaban a que se resolvieran sus procesos de inmigración. Otro de esos programas es el Acuerdo de Cooperación de Asilo, una iniciativa negociada por EEUU con El Salvador, Guatemala y Honduras para transferir a esos países a determinados solicitantes de asilo con la intención de que tramitasen allí sus solicitudes de protección. Por último, Trump y sus asesores han asegurado que invocarían el Título 42, una normativa que faculta al gobierno estadounidense para expulsar de inmediato a los inmigrantes por razones de salud pública. En 2020, su justificación fue la pandemia del COVID-19. En esta ocasión, están preparando el terreno al alegar que los inmigrantes traen al país tuberculosis y otras enfermedades contagiosas. Sin duda, varias organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y distintos congresistas criticarían esos programas, igual que cuando entraron en vigor por primera vez, por poner en peligro a los inmigrantes y negarles el acceso al sistema de asilo de EEUU, aparte de los pleitos judiciales resultantes.
Asimismo, Trump ha prometido reinstaurar su “prohibición de entrada al país desde países infestados de terrorismo”. Cuando accedió a la presidencia, una de sus primeras medidas en 2017 fue prohibir la entrada a EEUU a viajeros procedentes de determinados países de mayoría musulmana. Trump ha prometido volver a implantar la prohibición de viaje “a mayor escala que antes y con más fuerza que antes”. Es probable que ese programa sobreviva a todos los intentos legales de bloqueo porque sus asesores cuentan con la misma hoja de ruta que ya tuvo éxito en el primer mandato de Trump. La cuestión de más importancia es la eficacia y la repercusión del programa. No hay pruebas que respalden la eficacia de los programas de prohibición de viaje en función de la nacionalidad. Además, su ejecución podría hacer mella en la capacidad del gobierno a la hora de mantener o mejorar la cooperación y el intercambio de información con países fundamentales para la lucha contra el terrorismo, amén de socavar la credibilidad de EEUU frente al resto del mundo, puesto que daría la impresión de tratarse de una política diseñada para discriminar a las personas musulmanas.
Trump también ha comentado su intención de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en suelo estadounidense de padres inmigrantes sin papeles. Afirmó que firmaría una orden ejecutiva en su primer día en el cargo para retirarles a esos niños el pasaporte, el número de la Seguridad Social y otras prestaciones públicas. El consenso jurídico mayoritario es que la 14ª Enmienda garantiza ese derecho a los inmigrantes. Por lo tanto, para revocarlo, o bien el Tribunal Supremo emitiría un dictamen favorable a Trump, o bien se debería seguir el proceso de modificación constitucional, el cual exige que el Congreso proponga la medida y que tres cuartas partes de los estados del país la ratifiquen. No obstante, las encuestas muestran que solamente respaldan esa medida el 46% de los Republicanos y el 30% de los Demócratas, por lo que resulta poco probable que acabe aprobándose a través de una modificación constitucional.
Kamala Harris cuenta con un amplio historial como fiscal de distrito en California, fiscal general del mismo estado, senadora, candidata a la presidencia en las elecciones de 2020 y, por último, vicepresidenta; sin embargo, durante su campaña presidencial de 2024, ha buscado distanciarse de algunas de sus posiciones más liberales, anteriores a su mandato como vicepresidenta. Sobre todo, se ha dedicado a respaldar las políticas del presidente Biden y ha ido ajustando el mensaje.
Cuando Harris pasó a ser candidata en julio, Trump contaba con una ventaja de 35 puntos en materia de protección de fronteras y control de la inmigración. Seguramente sea ese el motivo por el que Kamala ha dejado entrever su opinión en materia de inmigración y está haciendo campaña como candidata centrista, más orientada hacia la búsqueda de soluciones. Desde entonces, ha mejorado, pero Trump sigue contando con una ventaja de 21 puntos en este tema.
En el debate presidencial de septiembre, Harris hizo hincapié en su experiencia como fiscal general de California, haciéndose cargo de delitos transfronterizos como el tráfico de estupefacientes y la trata de personas, en un intento de desmarcarse de Trump. También se comprometió a convertir en ley una propuesta presentada por un grupo bipartidista de senadores a principios de 2014, antes de que quedara en papel mojado por la oposición republicana. El proyecto de ley autorizaría a contratar a miles de agentes de patrulla fronteriza y funcionarios para el sistema de asilo, otorgaría al presidente la facultad de cerrar la frontera cuando el número de entradas supere un umbral determinado y, entre otras disposiciones, endurecería los criterios para presentar una solicitud de asilo. Harris ha criticado a Trump por instar a los congresistas republicanos a oponerse al proyecto de ley para no concederle una victoria a Biden en materia de inmigración en año de elecciones.
De ser elegida, seguiría respaldando las iniciativas del gobierno estadounidense, en las que ha llevado la voz cantante como vicepresidenta, para incrementar las inversiones públicas y privadas en Centroamérica con la idea de abordar las causas primordiales de la migración. Asimismo, le gustaría dar continuidad a la labor del gobierno a la hora de crear y ampliar las vías legales para recibir inmigrantes, como son el reasentamiento de refugiados, los visados de trabajo y el sistema de libertad condicional, con el fin de reducir la presión sobre la frontera entre EEUU y México. También cabría esperar que ahonde en la cooperación con otros países del hemisferio para la gestión migratoria, conminando a los 21 firmantes restantes a poner en práctica la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. No cabe esperar que ninguno de estos programas o iniciativas por separado reduzca o altere los flujos migratorios de manera inmediata o significativa. No obstante, en conjunción con otras políticas, serán piezas básicas de un sistema de gestión migratoria más duradero que promueva una migración segura, legal y ordenada.
A pesar de las numerosas diferencias entre ambos candidatos, donde sí están de acuerdo es en la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza y reformar el sistema de asilo. Trump defiende esa postura desde hace tiempo, mientras que Harris y muchos demócratas se han decantado recientemente por una línea más dura que encaja mejor con la opinión pública. Una encuesta reciente puso de manifiesto que el 55% de la población adulta se muestra a favor de reducir la inmigración en EEUU, el porcentaje mayor desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Además, si los sondeos siguen revelando un fuerte apoyo a las reformas de las medidas fronterizas y el sistema de asilo en 2025, podría servir de acicate para que ambos partidos unan fuerzas y lleven a cabo una reforma migratoria de amplio calado, algo que el Congreso lleva casi 40 años sin conseguir.
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