Todo dividendo digital coexiste con divisiones digitales. Las coyunturas críticas evidencian hasta dónde puede llegar el nivel de alcance, propagación y velocidad de aquellos dominios globales que no están sólo en manos de los Estados. En el caso de la actual crisis por el COVID-19, el ciberespacio y el complejo mundo de lo digital constituyen terrenos de experimentación, de juego, así como de prueba y error. En sus usos negativos –ciberataques a bases de datos de hospitales, correos electrónicos fraudulentos con fines de estafa o robo–, en sus usos todavía por resolver en algunos casos –protección de la privacidad ante la trazabilidad de datos para la detección de personas contagiadas–, y en sus usos más bien positivos –reforzamiento de la infraestructura global de telecomunicaciones, ayuda asistencial a personas en necesidad, o intercambio de datos con fines de seguridad y protección civil.
Los procedimientos y sistemas de gestión de crisis hacen uso de tres herramientas –datos, ciberinteligencia y ciberdefensa, y estructuras tecnológicas físicas– para hacer frente a estas fracturas digitales. El nivel estatal es la primera capa de respuesta, dada su inmediatez y necesidad de proteger infraestructuras claves críticas –como las instalaciones eléctricas, de agua, gas, telecomunicaciones, y otras. También para garantizar la continuidad de la actividad económica mediante el teletrabajo y la transmisión de datos por vía digital.
Sin embargo, si bien estos necesarios esfuerzos van a asentar una estructura de protección con mejores lecciones aprendidas para futuras crisis, lo digital no entiende de fronteras, y en ocasiones se transforma más rápido que la propia sociedad. A esta volatilidad se le añade el crecimiento de enfoques de digitalización global divergentes, con respuestas, estándares y protocolos distintos, múltiples como proponen la Unión Europea –más enfocada en la protección y reutilización de datos–, China –orientada a una centralización del procesamiento de datos–, y Estados Unidos –colaborando con el sector privado, pero con una estrategia todavía no clara, como demuestra su reciente publicación de la Casa Blanca de la Estrategia Nacional para el 5G, un documento más declarativo que programático.
Cooperación y gobernanza digital
En junio de 2019, el Panel de Alto Nivel para la Cooperación Digital de Naciones Unidas publicó un innovador informe: “La Era de la Interdependencia Digital”. Este documento aborda la necesidad de fomentar una cooperación digital con el fin de reducir la fragmentación de la interconectividad que define la era digital, los enfoques y estándares en competición, y la dañada confianza mutua. Para ello, se trabaja conjuntamente para hacer frente al impacto económico, legal, ético, social y político de las tecnologías digitales, maximizando sus beneficios y reduciendo sus daños tangibles e intangibles, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Existen Rondas de Trabajo de temáticas concretas en las que se aglutinan especialistas: Conectividad, Bienes Públicos Digitales, Inclusión Digital, Servicio de Asistencia para la Digitalización del Sector Público, Derechos Humanos Digitales, Inteligencia Artificial, Seguridad y Mundo Digital, y Arquitectura técnica de Cooperación Digital.
En un contexto de crisis como el actual, que se sube al tren de la desglobalización que ya acontecía, la cooperación digital resulta ser un pilar esencial a la hora de tratar no ya los retos que el propio mundo digital conlleva, sino aquellos que van a aparecer a raíz de la crisis del coronavirus. Entre ellos, la posible tendencia a la digitalización de muchas esferas anteriormente físicas; el fuerte impacto económico; la prioridad presupuestaria pública; la remodelación de las cadenas globales de suministro; elevadas tasas de desempleo, crispación social y nuevas modalidades de movilización; la reconfiguración de la Unión Europea, el cuestionamiento del liderazgo global de Estados Unidos y la campaña de imagen y reputación por parte de China; o la relectura de la propia arquitectura de seguridad nacional e internacional en relación a la prevención y respuesta a la pandemia.
El marco de cooperación digital requiere dos vías de trabajo, que ni son excluyentes ni son áreas compartimentadas: el multilateralismo, y el multi-stakeholderism. El primero demostraba y está demostrando fuertes tensiones. Ya no sólo por China y su empresa líder, Huawei, que está desarrollando una nueva propuesta de Protocolo de Internet –“the New IP Proposal”– para implantar una “nueva comunidad compartida en el ciberespacio” completamente apartada del Internet actual, y la cual está publicitando fervientemente en las reuniones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y en la Conferencia Mundial de Internet, celebrada cada año en Wuzhen, cerca de Shanghai. También por el escepticismo manifestado por Estados Unidos ante la Estrategia de la Unión Europea “Shaping Europe’s Digital Future” (Configurar el futuro digital de Europa), que propone su propio “Next Generation Internet”, pero limitándose a ahondar en estándares y ecosistemas de donación de datos. Ahora bien, la segunda vía de cooperación digital –que incluye empresas privadas, sociedad civil, academia y tecnólogos/as– también afronta sus propias limitaciones. Primero, por la ausencia de un enfoque centralizado en estos esfuerzos. Mientras que el sector privado se une para publicar sus propias llamadas a la regulación de la Inteligencia Artificial, la sociedad civil y la academia se suelen aglutinar en otras coaliciones, como la Comisión Global para la Estabilidad del Ciberespacio.
Ahora bien, la cooperación no es algo tan simple, ni tiene una definición o forma única. Se puede hablar de cooperación digital en clave de pooling (agrupación, centralización, puesta en común de recursos) o de sharing (intercambio o distribución de esos recursos desde un punto centralizado hacia otros nodos). Algunos actores deciden combinar ambas modalidades, como la OTAN en su colaboración con la Unión Europea para el desarrollo de capacidades de ciberdefensa y defensa inteligente, en especial para el C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance). Pero la cooperación digital también puede variar en base a los recursos de cooperación: la Unión Internacional de Telecomunicaciones creó, a raíz del COVID-19, una Plataforma de Resiliencia de las Redes Globales para mantener la conectividad global durante la pandemia. Los recursos son la recopilación de información de mejores prácticas y su intercambio con el resto de actores, asistencia técnica para garantizar la resiliencia y disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los servicios de banda ancha, posibles donaciones de capacidades físicas para mejorar la protección de las infraestructuras, y estándares comunes para la protección del consumidor y la priorización de tráficos de datos.
En conclusión, el ciberespacio y el mundo digital no son ninguna novedad. Sin embargo, los nuevos riesgos que presentan –en sí y en el uso que se hace de los mismos– requieren la creación de un marco de cooperación digital global cuya primera limitación, en muchos casos, es la ausencia de este esquema a nivel estatal. La actual pandemia ha desbordado la capacidad de gestión de los sistemas nacionales e internacionales de crisis, que en las últimas décadas se habían limitado a epidemias, de menor impacto y menos transversales. Hoy, las reformas estructurales aparecen como políticas públicas a abordar de forma urgente, ya no solamente en materia de gobernanza digital, sino también en la interconexión de ésta con otros ámbitos y estructuras –como la seguridad nacional y los bienes sociales–, en relación a sus recursos, protocolos, regulaciones, y formas de relacionarse. Sólo así los Estados, y no sólo las personas, gozarán de buena salud.
