Son cosas de los calendarios, que se planean con mucha antelación. Pero en julio (8 y 9) se va a celebrar en Varsovia una cumbre de la OTAN, con Barack Obama, que también participará en otra cumbre con la UE (el presidente de cuyo Consejo Europeo, Donald Tusk, es un polaco, que se considera ahora “enemigo público nº 1 en su país”). El Papa Francisco celebrará el 27 de julio en la misma ciudad el día de la juventud de la Iglesia Católica. Todo cuando la Comisión Europea le ha abierto, al emitir su “Opinión” el 1 de junio, un expediente al Gobierno polaco del derechista partido Ley y Justicia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), por “amenaza sistémica” al Estado de derecho.
En concreto, y tras meses de conversaciones con los responsables polacos, la Comisión cuestiona que el Gobierno haya pretendido copar el Tribunal Constitucional y cambiar la Constitución en un sentido antidemocrático. En concreto, le recrimina: (1) el nombramiento de los jueces para el Tribunal Constitucional y la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional de 3 y 9 de diciembre el año 2015 en relación con estos asuntos (aunque el presidente de la república, Andrzej Duda, ha retenido la toma de posesión de los tres que tendría que haber ocurrido en diciembre); (2) la Ley de diciembre de 2015 que modifica la del Tribunal Constitucional, la sentencia de éste en relación con esta ley, y el respeto de las últimas sentencias dictadas por el alto tribunal; y (3) la efectividad de la revisión de la Constitución de la nueva legislación que ha sido aprobada y promulgada en este año 2016.
Es la primera vez que la Comisión Europea decide emitir una Opinión en este sentido contra un Estado miembro. Los primeros pasos, como analizamos, se dieron en base a los tratados y al “nuevo marco del Estado de Derecho en la UE”, del que se dotó el Ejecutivo comunitario en 2014. Ahora el gobierno que lidera la primera ministra Beata Szydlo –pero sobre la que manda a distancia Jarosław Kaczyński– debe responder en un “tiempo razonable”, aunque Polonia ha cuestionado la legitimidad y la base legal de la Comisión para abrir tal procedimiento. De llegar éste a su último estadio si Polonia no rectifica, el resto de los miembros de la UE, en aplicación del art.7 del Tratado de Lisboa, podría imponer sanciones e incluso llegar a suspender a Varsovia de sus derechos de voto en el Consejo de la Unión. Para ello se necesitaría una unanimidad de los demás 27, improbable dados los aliados con los que cuenta Polonia, como la Hungría de Viktor Orbán, también en el punto de mira de Bruselas a este respecto.
Es una cuestión de gran importancia por dos razones. La primera interna, porque Polonia es el principal país de los llamados “nuevos miembros” de la UE, y desde luego de su Este, y lo que está ocurriendo es un grave problema añadido para una Unión que tiene que lidiar esta temporada con el referéndum británico sobre el Brexit, la situación en ningún modo plenamente resuelta de Grecia en la Eurozona, la crisis de los refugiados y unas perspectivas económicas ramplonas, entre otras. Hacia afuera porque el paso dado por la Comisión vuelve a reforzar los valores que dice promover en el mundo, y que sólo resultan creíbles si los defiende hacia adentro. Claro que, si al final todo esto queda en nada, perderá credibilidad.
El nuevo Gobierno polaco, opuesto a Tusk en su visión de Polonia y de Europa, es abiertamente euroescéptico. Se ha negado a aceptar el cupo de 7.000 refugiados que le tocaban, y apoya la reforma a la baja de la UE que propone Cameron. Pero no por ello apoya el Brexit, entre otras razones porque es el país actualmente con más inmigrantes en el Reino Unido. Por otro lado, sus relaciones con Berlín son esenciales, y no parece que se romperán, pero el gobierno alemán no quiere reforzarlas si el polaco no rectifica su involución teocrática.
Cabría esperar que tanto Barack Obama como el papa Francisco aprovechen su estancia en Varsovia para denunciar, también, estos retrocesos democráticos en un país a cuyas preocupaciones de seguridad frente al vecino ruso van a responder los aliados de la OTAN.
