A menudo, cuando se habla de lucha por el control de recursos escasos, se suele pensar en petróleo, oro, coltán o incluso las llamadas tierras raras. Sin embargo, hay otros asuntos tanto o más relevantes que apenas merecen atención, cuando su potencial belígeno es incluso superior. Así ocurre, por ejemplo, con el agua. Recordemos que hay unos 260 ríos en el planeta cuyas aguas están compartidas por dos o más países y eso implica, por definición, unos 260 potenciales conflictos si no se logra encontrar una fórmula común de gestión que satisfaga las necesidades de todos. En ese terreno merece atención especial el río Nilo, con sus 6.825km. compartidos por nueve países en los que habitan unas 400 millones de personas, y, aún más concretamente, la construcción de la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD).
Fue ya en 1929 cuando Egipto logró garantizarse un acceso privilegiado al Nilo (a pesar de ser el último que recibe sus aguas), aprovechando el apoyo británico y el hecho de que, salvo Etiopía, el resto de los ribereños no eran aún Estados soberanos. Tras incorporar a Sudán al acuerdo (en 1959), ambos países consiguieron reservarse el 87% de todo el caudal del gran río (55.500 millones de m3 para Egipto y 18.500 para Sudán; de los 84.000 que aporta anualmente), en detrimento de todos los demás (Etiopía, Ruanda, Tanzania, Uganda, Burundi, República Democrática del Congo-RDC y Kenia). Y así, con el añadido de que El Cairo dispone del derecho de veto sobre cualquier proyecto hidráulico aguas arriba, hemos llegado hasta hoy.
Entre los intentos por modificar un statu quo tan desequilibrado destaca la firma, en mayo de 2010, del Nile River Basin Cooperative Network, a la que únicamente se sumaron inicialmente Etiopía, Ruanda, Tanzania y Uganda (aunque Burundi, RDC y Kenia también apoyaron la decisión, mientras que Egipto y Sudán no dudaron en mostrar su frontal rechazo). Es en ese contexto, acelerado por la creciente necesidad de atender a las demandas de los demás países ribereños, en el que se inscribe la decisión etíope de construir la GERD, ubicada a tan solo 15km de la frontera con Sudán y llamada a ser la mayor presa africana, con capacidad para producir 6.000MW cuando esté terminada (previsiblemente antes de que termine la década).
La reacción inicial de Egipto llegó al punto de identificar a la presa como un casus belli, al entender que su construcción supondría una inaceptable pérdida de caudal (aunque todo indica que habitualmente no llega a necesitar realmente su cuota). En esa línea, los sucesivos gobiernos egipcios adoptaron una postura de extrema dureza, que incluía la amenaza de bombardear la presa, en su desesperado intento de paralizar el proyecto.
Ahora, cuando ya la mitad de los trabajos han sido realizados, el panorama se ha ido modificando en un sentido positivo, sobre todo desde la firma a tres bandas (Egipto, Sudán y Etiopía) de un acuerdo sobre principios básicos, logrado el pasado mes de marzo en Jartum.
Por un lado, Egipto ha abandonado la idea de la destrucción (no podría hacerla sin la cooperación sudanesa para utilizar sus bases aéreas y provocaría una catástrofe inimaginable aguas abajo) y se centra ya únicamente en defender sus intereses para evitar una disminución que acarrearía insoportables costes para millones de fellahs (campesinos del valle del Nilo) que dependen vitalmente de ese caudal. Uno de los elementos más relevantes en las discusiones que todavía siguen en marcha es el ritmo de llenado de la presa, dado que sus 74.000 millones de m3 casi equivalen a toda el agua que el Nilo proporciona anualmente (84.000). Si Adís Abeba decide acortar los plazos, el impacto aguas abajo podría disparar una airada respuesta egipcia.
Por otro, Etiopía necesita imperiosamente generar energía eléctrica para atender a sus más de 90 millones de habitantes (cuando solo un 30% del país está electrificado) y para potenciar sus planes de industrialización. La exponencial subida de la inversión (inicialmente cifrada en 5.000 millones de dólares) hace aún más difícil para el gobierno etíope cubrir los gastos previstos sin contar con inversores exteriores. Y calcula que solo suavizando las tensiones con sus vecinos logrará movilizar los fondos necesarios para rematar una tarea tan compleja.
Nada de eso significa, incluso tras la firma el pasado 29 de diciembre del llamado Khartoum Document, que ya hayan quedado despejados todos los obstáculos. El temor de El Cairo es que Adís Abeba no se limite a utilizar la presa para producir electricidad sino también para poner en regadío sus propias tierras, detrayendo caudal aguas abajo; lo que, unido a la previsible evaporación del agua embalsada, supondría una merma considerable del agua recibida finalmente. Este reciente documento solo supone un paso más en la dirección adecuada, fijando un calendario para poner en marcha los acuerdos logrados en marzo y estableciendo el compromiso de Etiopía de no desviar agua para rellenar la presa mientras no se terminen los trabajos de impacto medioambiental que deben llevarse a cabo de manera inmediata. Ahora queda aplicar lo firmado.
