Las reglas impositivas existentes ya no cuadran con la nueva economía digital ni con los modelos de negocio que se están imponiendo. Muchas empresas son digitales o tienen una parte importante de sus actividades en la esfera digital. Nueve de las 20 primeras empresas del mundo en capitalización son digitales, comparadas con una hace tan solo diez años. A menudo se generan negocios o beneficios sin presencia física, porque ésta ya no es lo esencial, aunque para una parte del mercado on-line sí lo sea porque hay que comer, vestirse y moverse, entre otros. Los propios usuarios generan valor para las empresas digitales, a cambio de servicios formalmente gratuitos, que suelen escapar a los impuestos tradicionales. Adaptarse es necesario. Los Estados han de hacerlo. La Unión Europea lo ha intentado, siquiera de forma provisional, y ha fracaso, amordazada por la regla de la unanimidad en estas materias y la competencia fiscal entre Estados en su seno.
La UE no solo ha perdido una ocasión para adaptar su sistema impositivo al siglo XXI, de momento el de la digitalización, sino para conformar a este respecto estándares globales, que ahora ha de intentar cuadrar la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20. Cuatro países (Dinamarca, Finlandia, y Suecia, capitaneados por Irlanda) han hecho uso de la regla de la unanimidad en la UE para vetar una propuesta incluso rebajada a este respecto. Porque su fiscalidad es más ventajosa para muchas empresas que instalan su sede en ellas, y por temor a represalias de EEUU, aunque Trump esté tentado de imponer nuevos impuestos a los gigantes digitales.
Según la Comisión Europea, que un año atrás puso sobre la mesa una propuesta para tasar la “presencia digital significativa” muy inspirada por París, la fiscalidad media en la UE es de 9,5% sobre los beneficios de las digitales, frente a un 23,2% de las tradicionales. A lo que hay que añadir, en términos de pérdidas para los Estados, el lugar donde se paga el IVA (a menudo Irlanda o Luxemburgo, pero esto último no estaba sobre la mesa). No se trata de combatir la evasión, sino la elusión fiscal para lograr un sistema justo y eficiente, que necesitan unos Estados faltos de fondos.
La Comisión Europea propuso un 3% sobre lo que obtienen las plataformas digitales vía publicidad y venta de datos (aunque esto último se suprimió, pero seguirá siendo esencial). Solo para las grandes digitales con ingresos de, al menos, 7 millones de euros anuales en el Estado, 750 millones en el mundo y 50 millones en la UE, 100.000 usuarios y 3.000 contratos para servicios digitales. Una propuesta muy dirigida, de momento a Google y Facebook, de ahí el apodo de tasa Google (el nombre formal es “fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa”). Son los Estados los que recaudarían un total que la Comisión calcula en 5.000 millones de euros anuales. Se trata de gravar donde se consumen los productos y servicios, no donde se crean o se genera valor. Más sobre volúmenes que sobre beneficios, más elusivos para los Estados en la era digital.
La propuesta había ido ganando apoyo, y bastante rápidamente para lo que es la UE. Los grandes Estados miembros estaban de acuerdo, incluso países esencialmente exportadores como Alemania y Países Bajos, o celosos de sus sistemas nacionales, como Luxemburgo y Austria. Se trataba de algo limitado y temporal hasta que fructificara una propuesta de la OCDE. Era sólo un principio y todos los sabían. También los países del veto. Debía seguir la imposición sobre plataformas sociales y comercio electrónico o sobre datos que generan los usuarios que luego las plataformas monetizan (algo que también acabará cambiando).
Francia sigue adelante con su propia tasa Google. “Queremos construir el impuesto del siglo XXI”, ha señalo el ministro de Finanzas Bruno Le Maire. Alemania lo estudia. En el Reino Unido, el gobierno conservador también ha puesto sobre la mesa para 2020 una Tasa sobre Servicios Digitales (Digital Service Tax, DST) de 2% que gravará las actividades de motores de búsqueda, redes sociales y ventas online solo sobre empresas con beneficios para no perjudicar a las startups. En España, el nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales ha decaído con la convocatoria de elecciones, pero de un modo u otro probablemente volverá. De nuevo, al menos de momento, soluciones europeas, pero no europeístas que pueden fragmentar y hacer más complejo el mercado europeo. Alemania según su ministro de Finanzas Olaf Schloz, que rompe así un tabú, está ahora dispuesta a renunciar a la regla de la unanimidad en la UE para estas cuestiones fiscales. Aunque claro, hace falta unanimidad para renunciar a la unanimidad, con lo cual el control del candado sigue en manos de los reticentes.
La UE no renuncia aún. La Comisión Europea mantiene su propuesta, que volverá a plantear en si la OCDE no logra para mediados de 2020 diseñar una propuesta de consenso. Los modelos de negocio evolucionan de forma más rápida que los sistemas impositivos, incluidos los países. Evitar elusiones fiscales es algo que interesa a muchos. También, o incluso aún más, a los países en vías de desarrollo. Pues cuando los sistemas de bienestar crecen en todo el mundo, y muy especialmente en Asia Oriental y América Latina, los Estados necesitan ampliar, y desde luego, no perder ingresos. La solución tendrá que ser mundial, o casi. Europa podría haber servido de catalizador.
