La reciente evolución del terrorismo global, vinculada, sobre todo, a la emergencia del autodenominado Estado Islámico y la proclamación del Califato a ambos lados de la frontera sirio-iraquí, ha puesto en jaque a los gobiernos europeos, que observan atónitos cómo miles (5.000 según las últimas cifras de Soufan Group) de sus ciudadanos han abandonado sus países para enrolarse en el proyecto utópico –y, de paso, en una organización terrorista– liderado por Abu Bakr al-Baghdadi. Y es que la amenaza actual del terrorismo yihadista se asocia no sólo con focos externos sino también con un inédito componente homegrown, que también ha eclosionado en España.
En dicho contexto, y enmarcado en el desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV), el pasado mes de diciembre, pocos días después de los atentados de París, se pusieron en marcha cuatro herramientas de colaboración ciudadana para alertar sobre eventuales casos de radicalización dentro de nuestra sociedad: la web Stop Radicalismos; un correo electrónico; un teléfono gratuito, operativo siete días a la semana, 24 horas al día; y el botón Stop radicalismos de la App Alertcops.
El objetivo último de esta iniciativa no es otro que el de movilizar a la sociedad civil en la detección de situaciones de riesgo en su entorno, como ya hiciera Francia, uno de los más castigados por la violencia yihadista, que, en 2014, estableció canales de comunicación directa con sus ciudadanos para alertar sobre posibles casos de radicalización violenta, así como informar de la salida de nuevos Foreign Terrorist Fighters (FTF) desde su territorio hacia zonas de conflicto; por su parte, los EEUU lanzaron la campaña “If you see something, say something», de más amplio alcance. Y si bien dos meses no es tiempo suficiente para valorar el recorrido de la iniciativa española, sí podemos extraer algunas reflexiones en base a los datos que arrojan sus primeros 60 días de funcionamiento.
Gestionadas a través del Centro de Coordinación de Información Sobre Radicalización (CCIR), creado ad hoc dentro el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), desde el 4 de diciembre hasta el 31 de enero, el CCIR ha recibido un total de 907 comunicaciones, de las cuales casi la mitad (49%) han sido “de interés” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), y, de estas, un 1% “críticas», las cuales precisaron de intervención inmediata. El mayor número de avisos, 112, se registraron el día 5 de diciembre, uno después de su lanzamiento y difusión a través de los medios de comunicación. En adelante, la distribución de las mismas es irregular, con un promedio de 15 avisos diarios, aunque los mejores registros siempre coinciden con la publicitación en medios. Debido a su anonimato, la web es el canal preferido por los usuarios para comunicar con el CCIR: el 44% de los usuarios la eligió, mientras que cuatro de cada diez lo hicieron a través del teléfono de línea 900 por el mismo motivo. Muy por detrás se sitúan, por orden, el correo electrónico y la aplicación para móviles.
Geográficamente, destacan la Comunidad de Madrid –con un 19%, de los avisos recibidos–, seguida de Cataluña (17%) y Andalucía (15%) , del mismo modo que, en el nivel provincial, el mayor número de comunicaciones se produjeron en Madrid (19%) y Barcelona (14%), que albergan las dos ciudades más importantes del país. En conjunto, caben destacar las comunicaciones recibidas desde el litoral mediterráneo –de Girona a Cádiz–, que suponen casi un 35 % del total. Este mapa no difiere sustancialmente del de los focos tradicionales de radicalización yihadista identificados en nuestro país.
Con una difusión relativa, y en este corto periodo de tiempo, los canales abiertos por el Ministerio del Interior parecen estar posibilitando que los ciudadanos den cuenta de su preocupación bien relacionada con algún ser cercano, bien por el cariz con el que la convivencia se desarrolla en su entorno (barrio, vecindario, escuela o lugar de culto, por ejemplo). Del mismo modo, y como era previsible, el conocimiento y la confianza se demuestran esenciales para que dichos instrumentos cumplan efectivamente su función de constituir una alerta temprana que permita tomar medidas –sociales o en el ámbito de la seguridad– pertinentes en cada caso. Por ello, es fundamental complementar estos con campañas de sensibilización y difusión, destinadas al conjunto de la ciudadanía, pero especialmente dirigidas a los jóvenes, los más afectados en esta problemática. En cuanto a la confianza, no cabe duda de que la transparencia e información son cruciales pero tampoco sería mala idea implicar a otros colectivos, aparte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), para superar la imagen de una sociedad “vigilante” cuando en realidad se trata de avanzar hacia una sociedad “resiliente” y “corresponsable”.
