¿Qué está ocurriendo en Yemen?
La inestabilidad crónica del país se acentuó cuando en octubre de 2010, el Presidente Ali Abdullah Saleh rompió el diálogo con las fuerzas de la oposición. En febrero de 2011 arreciaron las movilizaciones y aunque el Presidente Saleh anunció que no prorrogaría su mandato, la oposición solicitó su dimisión en sintonía con las demandas de Túnez y Egipto. El Gobierno permitió las manifestaciones pero los enfrentamientos entre partidarios y opositores aumentaron la violencia y desbordaron a las fuerzas de seguridad que recurrieron a la mano dura. No hay datos fiables sobre el número total de víctimas, aunque sólo el 18 de marzo se registró la muerte de unos 50 manifestantes y varios centenares de heridos, y posteriormente podían haber fallecido otras 20 hasta la fecha sin contar las 110 debidas a la explosión accidental de un polvorín en la ciudad de Jaar durante su toma por el grupo yihadista Ejército Islámico de Abyan-Aden. Desde entonces se suceden los enfrentamientos y aumenta el número de víctimas aunque no existen fuentes fiables (el ultimo enfrentamiento en la ciudad de Taiz durante el último fin de semana de mayo habría causado unos 50 muertos según fuentes de Naciones Unidas).
¿Qué riesgos de seguridad se corren con la situación actual?
Tanto la permanencia como el cambio de régimen generan riesgos. Yemen arrastra problemas estructurales como la división política, la pobreza, la corrupción o la presión demográfica, entre muchos otros, que le colocan en riesgo de ser un Estado fallido (ocupa el 15 lugar entre los 60 de más riesgo según el Índice de 2010 de Foreign Policy) y que no han mejorado durante los 33 años bajo el mandato del Presidente Saleh. Un cambio de régimen puede calmar las tensiones acumuladas durante las manifestaciones pero se enfrentará a los mismos problemas estructurales y, además, no podrá contar con la unidad de las fuerzas armadas (67.000) y de seguridad (71.200). El Presidente Saleh ha tratado de asegurarse la lealtad de las fuerzas armadas y de las tribus mediante un sistema clientelar que ha funcionado hasta que los enfrentamiento de 2011 llevaron a la oposición a gran número de miembros del Gobierno, la administración, el partido y grupos tribales, sociales y religiosos que antes apoyaban al régimen. La división condujo al enfrentamiento de Saná del 21 de marzo de 2011 cuando se enfrentaron fuerzas de la Guardia Republicana leales al Presidente Saleh con sectores disidentes de las fuerzas armadas bajo el mando del general Ali Mohsen Al-Ahmar que desplegó en la capital carros de combate para proteger a los manifestantes y cercar los edificios del Gobierno. También se han registrado enfrentamientos entre la tribu al-Ahmar y fuerzas gubernamentales por el control de la zona de Hasba cerca de la capital Saná. La desestabilización o el vacío de poder podrían aprovecharse por el movimiento secesionista del sur, por los rebeldes huthis (chiítas de la secta zaidí) en el norte y por al-Qaeda en la Península Arábiga para aumentar su capacidad de influencia (el 27 de mayo de 2011 tomaron la ciudad de Zinjbar en Abyan).
¿Qué salidas existen a la situación actual?
El tiempo para las reformas ya ha concluido y las movilizaciones reivindican la salida del poder del Presidente Saleh. Este anunció el 23 de marzo que estaba dispuesto a renunciar a su cargo y desde entonces ha estado negociando las condiciones de su salida con la plataforma opositora, con los países del Consejo de Cooperación del Golfo y con la participación terceros como Estados Unidos, la UE y Turquía, entre otros. La negociación contemplaba la salida del poder a cambio de inmunidad para el Presidente y sus colaboradores más cercanos y parecía que existía consenso entre las partes pero no se llegó a firmar. El Presidente Saleh todavía cuenta con apoyo social y se resiste a renunciar al poder porque se considera en posición de imponer las condiciones y no cree que los manifestantes respetarán los compromisos negociados con la oposición una vez que él se vaya y se resiste a correr la misma suerte que el ex Presidente Mubarak de Egipto. Sin una salida política, las tensiones políticas, tribales y militares locales pueden desembocar en una guerra civil, que, a su vez, alentaría los conflictos latentes con al-Qaeda o con los secesionista huthis.
¿Cómo afecta lo anterior a la seguridad regional?
Arabia Saudita y Estados Unidos respaldaron inicialmente al Presidente Saleh y le pidieron que introdujera reformas para desactivar la escalada de enfrentamientos. Para ambos el mayor riesgo no era el de un cambio de régimen sino el de una desestabilización prolongada que consolidara la insurgencia secesionista o el terrorismo yihadista. EE.UU. ha proporcionado equipo y asistencia militar para luchar contra el terrorismo (150 millones de dólares en 2010) pero no ha obtenido la colaboración decidida que buscaba del Presidente Saleh quien ha contemporizado con la actividad yihadista en su territorio. La salida de Saleh conllevaría la desmovilización de los mandos y unidades de las fuerzas de seguridad que le eran leales y a las que entrenaba EE.UU. o aumentaría la penetración yihadista en ellas. Arabia Saudita comparte la preocupación por al-Qaeda pero también está preocupada por el riesgo de que las reivindicaciones de los huthis yemeníes interactúen con las de las comunidades ismaelita (en 2009 se desplegaron fuerzas saudíes en la provincia de Saada) y chiíta dentro del territorio saudita (en plena ebullición por la crisis de Bahrein), acentuando la tensión entre Irán y Arabia Saudita. Puestos a elegir el mal menor, las potencias regionales y extra-regionales apoyaron una transición rápida del poder apoyada en la mediación del Consejo de Cooperación del Golfo pero al fracasar la mediación buscan poner fin al régimen de Saleh.
