La celebración del aniversario de las demostraciones contra el gobierno de febrero de 2011 ha dado lugar a nuevas manifestaciones que han sido contenidas en esta ocasión con más eficacia policial que entonces. El gobierno ha culpabilizado al partido opositor al-Wefaq (una asociación política chií “consentida”) de estar detrás de los conatos. Es cierto que ese partido ha tratado de mantener vivas la demandas políticas y sociales de entonces, como en septiembre, cuando boicoteó la convocatoria de elecciones para cubrir los 18 escaños de la Cámara Baja abandonados en febrero o cuando en diciembre convocó manifestaciones prohibidas contra el gobierno, pero en estos 12 meses no han cambiado las circunstancias que generan la contestación bahreiní. Por un lado, permanecen las causas endógenas de las movilizaciones: el poder político sigue en manos de la minoría suní gracias a la ingeniería electoral que otorga a la mayoría chií (65% de la población) sólo el 45% de los escaños; la dinastía al-Qalifa no ha realizado las reformas que prometió a los mediadores árabes y estadounidenses entonces y, por el contrario, se ha dedicado a profundizar y ampliar el control interno gracias al apoyo militar de las monarquías del Golfo, a la represión sistemática de quienes encabezaron las revueltas de hace un año y a una mayor represión preventiva de la oposición. Por otro lado, la tensión regional entre Irán y las monarquías del Golfo se ha dejado sentir en las movilizaciones, permitiendo a Irán activarlas o desactivarlas para mostrar su capacidad de influencia en el interior de los países del Golfo.
El diálogo nacional abierto a la oposición a instancias internacionales se estancó antes del verano de 2011 cuando la oposición chií se opuso a debatir exclusivamente cuestiones sociales y económicas en lugar de las políticas. Tampoco participó en las elecciones de septiembre que acabaron acentuando el control suní de la Asamblea Nacional: 32 suníes contra ocho chiíes (ninguno de ellos miembro de al-Wefaq). En noviembre se hizo público el Informe elaborado por la Comisión de Investigación Independiente (BICI) creada para investigar los hechos de febrero y, a pesar de la limitación de sus objetivos, el informe documentó el uso de la fuerza sistemático, deliberado y excesivo contra los manifestantes y la falta de evidencias para sostener la acusación gubernamental de que Irán estaba detrás de las protestas. Tras su publicación, el Rey Hamad se comprometió a adoptar algunas recomendaciones que tenían que ver con la falta de preparación de las fuerzas de seguridad para mantener el orden, enjuiciar a los culpables de los abusos, liberar a los detenidos, reintegrar a los despedidos y reparar a las víctimas, pero todavía no hay evidencias tangibles de que el gobierno las haya implementado.
Según el mismo Informe, el número de víctimas mortales entre el 14 de febrero y el 15 de abril de 2011 ascendió a 35, un número absoluto inferior al sirio aunque si se tiene en cuenta la reducida población bahreiní (750.000) y la limitada duración de las revueltas (dos meses) su nivel de violencia se asemejó al actual de Siria (aproximadamente dos víctimas mortales por cada 100.000 habitantes y mes, contabilizando en Siria 22 millones de población, 12 meses de represión y 5.000 víctimas mortales). Desde entonces, el número de víctimas se ha reducido drásticamente pero se ha acentuado la represión siguiendo –paradójicamente– el modelo iraní de represión que permitió la anulación de la capacidad de movilización del Movimiento Verde en Irán tras las manifestaciones de 2009, llevando a cabo una represión preventiva y selectiva que ha evitado, hasta ahora, que se reprodujera el nivel de contestación de hace un año. La apariencia de estabilidad ha permitido la retirada de las fuerzas de seguridad del Consejo de Cooperación del Golfo que se desplegaron en marzo de 2011 y el levantamiento del estado de emergencia en junio. Para evitar la repetición de los sucesos de febrero de 2011, el gobierno bahreiní ha reforzado sus propias fuerzas de seguridad reclutando miembros suníes de países como Pakistán y Jordania (la comunidad chií tiene vetado el acceso) y asesores policiales extranjeros. También ha mejorado el material antidisturbios para evitar el empleo de armas letales para contener los disturbios, aunque sus suministradores tradicionales, incluyendo algunos países europeos restringieron la venta de estos equipos policiales, y de los militares, a Bahréin tras los sucesos de febrero de 2011.
A diferencia de hace un año, cuando los países del Consejo de Cooperación del Golfo y EEUU intercedieron ante el gobierno para que cesara en la represión e introdujera reformas, la situación del Golfo les ha llevado a moderar sus críticas y demandas. Su respaldo incondicional permite al gobierno bahreiní aplazar las reformas más sensibles y ganar tiempo para consolidar su posición sosteniendo un discurso que reduce la oposición política y social a la etnia chií y que atribuye la movilización de ésta a la influencia iraní. A diferencia de Libia y Siria, la estabilidad de Bahréin es crítica para los países árabes del Golfo y para la presencia de la V Flota de EEUU. La caída de la dinastía al-Qalifa afectaría a la viabilidad de la dinastía al-Saud en Arabia Saudí a medio plazo y, a corto plazo, permitiría al irredentismo chií desestabilizar desde Bahréin la zona noroeste saudí próxima donde se acumular la población chií y el 10% de las reservas de petróleo mundiales. Esta posibilidad representa una amenaza a los intereses vitales de Arabia Saudí y de los gobiernos actuales del Consejo de Cooperación del Golfo, por lo que apoyaron a la monarquía bahreiní en 2011 y volverán a hacerlo en 2012 si es preciso (EEUU prorrogó hasta 2016 el acuerdo de defensa que caducaba en octubre de 2011 y en septiembre reanudó las exportaciones de armamento que se habían interrumpido tras los disturbios de marzo). Por su parte, el régimen iraní tiene abiertos demasiados frentes como para participar activamente en la escalada de las protestas. Le basta con que en Riad y Manamá sepan que puede hacerlo para disuadir a los países del Golfo de incrementar su beligerancia frente a Teherán. Sin embargo, si como indica el Informe BICI, Irán no estuvo tras los disturbios de febrero de 2011, tampoco tendría que estar detrás de los que se están reeditando en 2012, por lo que su evolución parece depender fundamentalmente de la presión que puedan ejercer la oposición chií bahreiní y de la forma de aliviarla que encuentre el gobierno suní.
