Hace apenas cuatro semanas nadie ponía en duda que las elecciones presidenciales senegalesas tendrían lugar este domingo, 25 de febrero. Sin embargo, la víspera del arranque de la campaña electoral se produjo un giro radical de los acontecimientos que ha precipitado al país hacia la crisis institucional más grave desde que alcanzó su independencia en 1960. En un discurso televisado, el presidente Macky Sall anunció el aplazamiento sine die de los comicios por decreto, alegando posibles problemas de transparencia en el Consejo Constitucional, institución encargada de validar las candidaturas de los aspirantes a la presidencia. Los hechos son especialmente graves porque rompen con la sólida tradición democrática del país, que ha vivido tres traspasos de poder pacíficos desde sus primeras elecciones en 1960, y que nunca ha sufrido un golpe de Estado militar, pese a lo recurrente del fenómeno en África Occidental. Definitivamente, la imagen de Senegal como modelo de democracia en la región se ha derrumbado.
El curso de los acontecimientos, además de un ataque al buen funcionamiento de los procesos democráticos, constituye un bloqueo institucional inédito que lleva a Senegal a una situación de incertidumbre.
Esta situación empezó a fraguarse el 20 de enero de 2024, con la exclusión de la carrera presidencial del opositor Karim Wade, hijo del expresidente Abdoulaye Wade. El Consejo Constitucional invalidó su candidatura por poseer la doble nacionalidad franco-senegalesa, circunstancia prohibida por la Carta Magna. Karim Wade acusó de corrupción a dos jueces de la institución y el Partido Democrático Senegalés (PDS), que él mismo lidera, propuso la creación de una comisión de investigación parlamentaria. Así, se inició un conflicto sin precedentes entre los Poderes Legislativo y Judicial.
Paralelamente, el PDS presentó una proposición de ley para aplazar las elecciones presidenciales. Antes de que ésta se llegara a votar en la Asamblea Nacional, el presidente Sall sorprendió a la nación con los mencionados decreto y discurso televisado. Pocos días después, el 5 de febrero, en un ambiente muy tenso tanto en las calles como en la Asamblea Nacional, el PDS logró aprobar por ley el cambio de fecha de los comicios al 15 de diciembre de 2024. Esto fue posible gracias al apoyo de la Alianza por la República (APR), a la que pertenece el presidente en funciones, por un lado; y a los cuerpos de seguridad del Estado, por otro, que sacaron del Hemiciclo a la fuerza a diputados de la oposición que trataban de impedir la votación de la ley por considerarla contraria al orden constitucional. A pesar de su enfrentamiento histórico, el PDS y la APR han visto coincidir circunstancialmente sus intereses: Karim Wade aspira a ser candidato a la presidencia; y el presidente Sall, que permanecerá 10 meses adicionales en el poder, gana tiempo para impulsar a su “sucesor”, Amadou Ba, que carece de popularidad tanto en el seno del partido como entre el electorado. Estos movimientos han sido percibidos como un “golpe de Estado institucional” por los demás partidos políticos e importantes sectores de la sociedad civil senegalesa.
Efectivamente, el 15 de febrero el Consejo Constitucional juzgó inconstitucionales tanto el decreto presidencial, como la ley subsiguiente, en una decisión histórica. La alta instancia constató la imposibilidad de respetar el calendario original porque la campaña electoral nunca llegó a tener lugar, pero invita a las autoridades a celebrar las elecciones cuanto antes y en ningún caso después del 2 de abril, fecha de expiración del mandato de Sall. El curso de los acontecimientos, además de un ataque al buen funcionamiento de los procesos democráticos, constituye un bloqueo institucional inédito que lleva a Senegal a una situación de incertidumbre.
Implicaciones a tres niveles
A nivel nacional, este aplazamiento poco ortodoxo de las elecciones supone un punto de inflexión autoritario, en un contexto de erosión paulatina de la salud democrática del país desde 2019. Asimismo, la represión brutal de las manifestaciones por parte de las fuerzas del orden ha provocado 200 detenidos y cuatro muertos desde el anuncio televisado del presidente Sall. Estas víctimas se suman a las 37 personas asesinadas en las protestas de marzo de 2021 y de junio de 2023, según cifras de Amnistía Internacional. En términos de respeto de las libertades políticas, Senegal también ha experimentado un deterioro significativo. Desde el inicio de las manifestaciones, el gobierno cortó la conexión a internet móvil en repetidas ocasiones y retiró durante una semana la licencia a una cadena de televisión privada crítica con el régimen. Todo ello viene a agravar las crisis simultáneas que sufre el país: de confianza en las instituciones, por un lado, y económica y social, por otro, que han contribuido a la intensificación de los flujos migratorios irregulares en los últimos cuatro años.
A nivel regional, se ha perdido un modelo de estabilidad política y democrática en un momento crítico: desde 2020, ha habido dos golpes de Estado militares en Malí (2020 y 2021), uno en Guinea y en Chad (2021), dos en Burkina Faso (enero y septiembre de 2022) y uno en Níger (2023). Senegal era un referente y punto de apoyo importante para la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en sus esfuerzos para hacer volver a estos países al orden constitucional. La autocratización de Senegal es un duro golpe para la organización regional, que ya se ha visto debilitada por la reciente salida de Malí, Burkina Faso y Níger. Por otro lado, la frontera oriental de Senegal actúa como muro de contención de la amenaza del terrorismo yihadista, que hace estragos en el Sahel. Es fundamental que este periodo de inestabilidad en Senegal no se convierta en una oportunidad para los grupos terroristas que operan en la región en su lógica de expansión hacia la costa atlántica.
Por último, si la situación no se reconduce, la Unión Europea (UE) corre el riesgo de perder uno de los pocos aliados fiables que conservaba en una región en la que cada vez tiene menos presencia. Concretamente para España, Senegal es un socio prioritario en términos de cooperación al desarrollo y de gestión de flujos migratorios. Para volver a situarse como actores relevantes, la UE y sus Estados miembros deberían condenar más firmemente esta deriva autoritaria por dos razones fundamentales. En primer lugar, para sumarse a la presión de Estados Unidos (EEUU) y contribuir a que se reconduzca la presente crisis político institucional. Además, es importante en términos de imagen, ya que la moderación, en este caso, sería percibida como apoyo tácito al “golpe de Estado institucional”. A la UE se le acusa recurrentemente en la región de actuar con hipocresía y doble rasero en su acción exterior. Por ejemplo, se critica su contundencia contra las juntas militares en Malí, Burkina Faso y Níger cuando, de forma paralela, se resistió a llamar “golpe de Estado” a la muerte repentina y violenta del presidente Idris Déby en Chad, supuestamente por los estrechos vínculos de este país con Francia y otras potencias occidentales. Así, una reacción asertiva de la UE a los acontecimientos en Senegal es fundamental para generar contra narrativas alrededor de la institución y restaurar su credibilidad.
Esta crisis todavía está en desarrollo, dejando numerosas incógnitas: ¿respetará el presidente Macky Sall la fecha oficial de expiración de su mandato, cumpliendo con la decisión del Consejo Constitucional? ¿qué efecto tendrá en la región la presente desestabilización de Senegal, en términos políticos y de seguridad? ¿podrá la UE desempeñar un papel relevante para poner fin a este periodo de incertidumbre? Lo que sí está claro es que, a todos los niveles, es imperativo que Senegal resuelva el bloqueo institucional que sufre, investigue los abusos perpetrados por las fuerzas del orden y, en definitiva, regrese a la senda democrática que nunca debió abandonar.
(Texto actualizado: 23 de febrero de 2024).
Tribunas Elcano
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