La Convención sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) se aprobó el 18 de diciembre de 1979 y, en diciembre de 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Hoy, casi cuarenta años después, sigue siendo veraz y válido lo que se afirma en el preámbulo de la CEDAW: “las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones” y “esa discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana”.
Año a año, cada 25 de noviembre, desde que el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en 1981, declaró esa fecha Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer (la Asamblea General de UN lo votó en diciembre de 1999), en conmemoración del asesinato de las dominicanas hermanas Mirabal por la dictadura de Leonidas Trujillo, se hace más presente la lucha contra la violencia de género y la denuncia de todas las violencias que se ejercen sobre las mujeres. Pero también año a año, cada día, se hacen oír las voces que insultan, agreden e intentan desacreditar a las mujeres que se atreven a hablar, a denunciar las violencias de las que son objeto. En 2007, la CEPAL publicaba el informe ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe, resultado del estudio interdisciplinar sobre la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, y en cuya producción se habían implicado todas las agencias especializadas del sistema de Naciones Unidas. Desde 2015, el hashtag #NiUnaMenos es el símbolo de la movilización que impulsaron las feministas argentinas en denuncia de la violencia contra las mujeres y la impunidad de quienes la llevan a cabo.
Documental «Las Mariposas: Las Hermanas Mirabal».
Cuando la conmoción cunde en los medios por escándalos como el producido por la denuncia de acoso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, hemos de ser conscientes de que tenemos datos suficientes para sospechar que realidades como esa son cotidianas para muchas mujeres. De hecho, la UE en su sitio dedicado a la tolerancia cero con la violencia contra las mujeres, nos ofrece los siguientes datos:
- Una de cada tres mujeres en la UE ha sufrido violencia física y/o sexual desde la edad de 15 años.
- El 75% de las mujeres en un puesto profesional o en un puesto de alta dirección tiene experiencia de acoso sexual.
- Una de cada diez mujeres ha sufrido hostigamiento o acoso sexual a través de nuevas tecnologías.
La constatación del ejercicio de la violencia hacia las mujeres debe dirigir nuestra mirada a la falta de seguridad que las mujeres, en distintas circunstancias y contextos (sin desconocer que la pobreza, la pertenencia étnica, la precariedad laboral o la falta de trabajo, o la ausencia de protección legal se constituyen en condiciones agravantes), experimentan cotidianamente. El asesinato de mujeres por parte de su pareja o expareja es la brutal punta del iceberg de la falta de seguridad de las mujeres: es en el ámbito de lo más íntimo donde muchas mujeres no pueden sentirse seguras. Pero ese extremo de la ausencia de un espacio seguro en el ámbito del hogar debe entenderse en el contexto general de la falta de seguridad de las mujeres en el espacio público; una falta de seguridad que se vive cotidianamente en el transporte público y privado, en el ámbito laboral, en las escuelas, en la calle. En 2014, la UE puso en marcha una encuesta sobre violencia contra las mujeres, en la que se refieren las distintas situaciones en las que las mujeres sufren las violencias y la amplitud del fenómeno. En relación con la falta de seguridad, se constata que
“la mitad de todas las mujeres de la UE (53%) procuran evitar ciertos lugares o situaciones, al menos en ocasiones, por temor a ser víctimas de agresiones físicas o sexuales. Por el contrario, encuestas recientes sobre victimización delictiva y miedo a los delitos indican que el número de hombres que limitan sus movimientos es mucho más reducido.”
La movilización de las mujeres y de las feministas está transformando los diagnósticos y las prácticas, y algunos organismos internacionales y algunas administraciones públicas (como ejemplos españoles, las propuestas de la Generalitat Valenciana y del Gobierno Vasco) proyectan actuaciones políticas, todas con un mismo objetivo: construir un espacio público seguro para las mujeres. El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó en marzo de este año la iniciativa Transport Gender Lab con la que promueven la integración de la perspectiva de género en los sistemas de transporte de cuatro grandes capitales latinoamericanas (Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México y Quito) con tres grandes objetivos: mejorar la seguridad de las mujeres en los transportes públicos de estas ciudades, generar datos de movilidad desagregados por sexo, y aumentar la participación laboral de las mujeres en el sector de infraestructura y transportes.
ONU Mujeres establece algunas cuestiones que fundamentan la necesidad de una planificación y diseño de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas: el espacio no es neutral; las relaciones de género contribuyen a la organización del espacio urbano; los espacios en la ciudad reflejan las relaciones de poder; y la reducción del miedo de las mujeres a circular por los espacios públicos mejora la calidad de la vida urbana y comunitaria. En tiempos marcados por el discurso y la política de seguridad, el primer objetivo del Estado y de la sociedad debe ser que las mujeres no sientan miedo a salir, hablar, caminar, participar, trabajar, viajar… vivir.
