En el año 2008, Egipto encabezó la lista de “grandes reformadores económicos” que más habían avanzado en el ranking mundial “Doing Business ” elaborado desde 2004 por el Banco Mundial. En él se miden las facilidades otorgadas por cada país para la actividad de las empresas privadas (trámites de creación y cierre de empresas, permisos de construcción, flexibilidad de los contratos de trabajo, registro de la propiedad, acceso al crédito, protección de los inversores, sistema impositivo, comercio internacional, ejecución de los contratos). Desde 2007, Egipto siempre ha estado entre los diez países más reformadores del mundo de ese ranking (aún cuando su puesto en términos absolutos sigue siendo modesto, el 94 entre los 183 incluidos en el estudio), ganándose los elogios unánimes de las instituciones financieras internacionales por el celo reformador del equipo económico que accedió al Gobierno en 2004[1]. En el ranking de 2011, publicado en noviembre de 2010, aparte de las petromonarquías del Golfo, sólo otro país árabe superaba a Egipto en el ranking de las facilidades para los negocios: Túnez (puesto 55 del mundo). Les siguen, por este orden: Yemen, Jordania, Líbano y Marruecos.
En la última edición de otro ranking ampliamente difundido, el Informe sobre la Competitividad en el Mundo Árabe elaborado por el Foro Económico Mundial de Davos, igualmente publicada en noviembre de 2010, se destaca que el país más competitivo del norte de África es Túnez, seguido de Marruecos y de Egipto[2].
Evidentemente, esto no implica ninguna relación de causalidad directa entre aumento de la competitividad y mayor proclividad a las revueltas, ni justifica un determinismo que nos lleve a pensar que los siguientes países en rebelarse contra sus regímenes políticos y sus sistemas económicos serán Marruecos, Yemen o Jordania. Pero la condición de “alumnos modelo” de Túnez y Egipto, desde el punto de vista de las reformas económicas, debe llevarnos a reflexionar sobre la brecha que existe entre las reformas requeridas para adaptarse a la globalización y a las exigencias de política económica impuestas por las instituciones financieras internacionales y los países donantes –que la mayoría de los países árabes mediterráneos han impulsado con éxito desde los años 80- y las necesarias para promover una mayor justicia social, mayor creación de empleo y mejora de las condiciones de vida para la población, que es lo que piden los manifestantes y lo que han relegado los regímenes de los países árabes mediterráneos.
Así pues, la reforma que necesitan los países árabes mediterráneos no podrá ser sólo una reforma política, sino también una reforma económica que dé una mayor dimensión social a sus políticas económicas. Las grandes potencias, empezando por la Unión Europea (UE), que han impulsado desde los años 80 políticas de ajuste estructural, privatización y liberalización, no las acompañaron de las necesarias políticas sociales. Esto resultó en un modelo económico en el sur y este del Mediterráneo muy alejado de la economía social de mercado que preconiza la UE dentro de sus fronteras. Y los pueblos del sur del Mediterráneo no sólo han demostrado su deseo de una democracia a la occidental; también aspiran a un Estado de bienestar a la europea.
[1]http://www.doingbusiness.org/.
[2] http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_ArabWorldReview_2010_EN.pdf.