Uno de los pocos elementos de consenso sobre los cambios en la ribera sur del Mediterráneo es la necesidad de replantear la estrategia europea hacia la región. La irrelevancia de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y el alcance de los cambios socio-económicos subyacentes han reivindicado, en cierta medida y dentro de sus limitaciones, el enfoque del Proceso de Barcelona. La comunicación conjunta de la Comisión y la alta representante ofrece la primera respuesta articulada de la UE a dichos cambios, ofreciendo “Un partenariado por la democracia y una prosperidad compartida con el sur del Mediterráneo” (COM (2011) 200 final, 8/III/2011). Además de una declaración política de compromiso con la democracia y los derechos humanos, en sus aspectos económicos, a los que se dedica esta nota, el documento contiene elementos que merecen ser apuntados.
Primero, el documento reconoce “la necesidad de reformar la UpM” y de integrarla con el Proceso de Barcelona. Segundo, aunque incida en la actual revisión de la Política de Vecindad, sus párrafos destilan aroma a Barcelona: prosperidad compartida, desarrollo de los Acuerdos de Asociación, libre comercio, cooperación financiera, etc. Tercero, el documento reconoce las dificultades económicas que afrontan las transiciones y la necesidad de acompañarlas con ayuda financiera, aunque de manera condicionada y diferenciada según sus avances en democratización y derechos humanos. Cuarto, a pesar del énfasis en las cantidades (6.000 millones de euros en tres años condicionados a la aprobación de un préstamo de 1.000 millones de euros del BEI por el Parlamento Europeo), apenas hay compromisos financieros adicionales (4.000 millones de euros corresponden al Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación vigente hasta final de 2013, incluyendo una reorientación de los programas bilaterales de Túnez y Egipto por valor de 240 millones de euros y 445 millones de euros, respectivamente), aparte de los dedicados a ayuda humanitaria (30 millones de euros), Frontex (25 millones de euros), un apoyo ya otorgado a Túnez (17 millones de euros), y la colaboración del BEI y del BERD. Finalmente, el documento reconoce la necesidad de proveer incentivos para la sostenibilidad económica de las transiciones. Aparte de los incentivos financieros mencionados, se apuntan la liberalización del comercio agrícola y los servicios, apoyo al desarrollo rural y modernización agrícola, movilidad de los trabajadores, apoyo a las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, a las PYMES, a las renovables y el transporte, una Comunidad Euromediterránea de la energía…
El despliegue de todos estos incentivos plantea, entre otras, dos cuestiones: (1) si finalmente podrán ser aplicados o quedarán bloqueados por los intereses nacionales y sectoriales de los Estados Miembros; y (2) hasta qué punto serán lo suficientemente importantes, inmediatos e inclusivos como para ser efectivos en su doble objetivo de amortiguar las dificultades económicas y promover las reformas. En todo caso, la Comunicación constata que el Mediterráneo ha cambiado de manera fundamental y que las estrategias europeas deben ser revisadas incluyendo nuevos aspectos y rescatando algunas de las ideas fundacionales del Proceso de Barcelona. En cierta medida, es el final del Mediterráneo que hemos conocido hasta hace unos meses, pero sobre todo parece un réquiem a la UpM.
