Mientras la suerte de Hosni Mubarak parece jugarse entre los tribunales y los hospitales y la tensión retorna a la plaza de Tahrir, en el escenario político egipcio comienza a apreciarse un incipiente realineamiento de actores que pretenden jugar un papel principal en la etapa pos-Mubarak.
La primera lectura del resultado del referéndum celebrado el pasado 19 de marzo -con el 77% de votos favorables a la reforma parcial de la Constitución vigente- indica que la mayoría de la población valida el proceso que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) está liderando. En realidad, apenas se ha limitado el poder presidencial a dos mandatos, mientras se abre la posibilidad de participar a candidatos ajenos al otrora dominante Partido Nacional Democrático (PND) y se reduce la capacidad presidencial de decretar el estado de emergencia hasta un máximo de seis meses. Pero solo una minoría, en la que figuran algunos de los “Jóvenes del 25 de enero”, ha mostrado su descontento, al dudar de la voluntad democratizadora del CSFA. Su poder sigue siendo, al menos de momento, absoluto y nadie puede asegurar que su objetivo último sea la instauración de la democracia.
En ese contexto comienzan a perfilarse movimientos que apuntan a una informal alianza entre el CSFA, la cúpula del PND y los Hermanos Musulmanes (HH MM).
Con el liderazgo de Hossam Badrawi -último secretario general del PND con Mubarak- el ex partido del régimen aspira a encontrar un nuevo espacio para lograr seguir aferrados al poder, incluso bajo nuevos paraguas partidistas. La afinidad histórica con el régimen y la amplia experiencia de poder de muchos de sus dirigentes -aliados tradicionalmente con terratenientes, líderes tribales y prohombres del entorno rural- a buen seguro les permitirá mantenerse a flote en la etapa que ahora se abre.
Por su parte, los HH MM, con Mohamed Badie a la cabeza, pretenden aprovechar esta oportunidad para traducir en peso político su atractivo entre amplias capas de la población. Para ello deben recuperar presencia institucional -tras haber sido expulsado de las instituciones, como consecuencia de su boicot electoral en la segunda vuelta de las legislativas del pasado noviembre- y lograr, por encima de todo, su legalización. Uno de los métodos más obvios para lograrlo es aproximarse al CSFA -algo que ya intentaron sin reparos en los estertores del mandato de Mubarak, aceptando el diálogo con Omar Suleiman en contra de la opinión de todos los demás grupos de oposición.
Entretanto, continúan sin conocerse aspectos fundamentales del inaplazable proceso electoral. Puede suponerse que los militares prefieren un sistema presidencialista (que es en el que mejor ven reconocida su fuerza), a uno parlamentario. Amr Musa (ex secretario general de la Liga Árabe) se vislumbra como un candidato presidencial más afín al CSFA que Mohamed el-Baradei. Pero aún falta por saber si las elecciones legislativas serán en junio (como inicialmente está previsto) o en septiembre. Tampoco puede confirmarse todavía si las presidenciales serán en agosto o si se retrasarán hasta diciembre. También queda por ver si finalmente se optará por un sistema proporcional o si se preferirá mantener el mayoritario. En realidad, ni siquiera se puede dar por hecho que serán legalizados todos los partidos que lo soliciten. En resumen, demasiadas incógnitas aún por despejar.
