El viernes 21 de diciembre, unas horas antes de que empezaran las fiestas navideñas, se celebró en la Fundación Carlos de Amberes un seminario coorganizado por el Real Instituto Elcano que llevaba por título: “¿Qué Unión sin Marco Financiero Plurianual?”. La actividad formaba parte de un ciclo denominado “Europa a debate”, que arrancó en 2010 y va tratando sobre distintas cuestiones claves de la integración europea. En sesiones anteriores se han abordado por ejemplo la acción exterior, la política de innovación o los temas de seguridad y, por supuesto, diversas dimensiones de la pertinaz crisis. Pero no todo es crisis en la UE y, aunque en estos momentos resulte difícil, se puede y se debe hablar de algo más que cómo gestionar la recesión o cómo conseguir la irreversibilidad del euro. Entre otras cosas, porque la propia superación del complicadísimo momento económico actual está conectada al enorme valor añadido que sigue teniendo la Unión en otros ámbitos para sus ciudadanos y para los Veintisiete.
Esa conexión es particularmente clara en el caso de la actual renegociación del presupuesto europeo, que era el asunto debatido en el seminario. Al fin y al cabo, la construcción del Mercado Interior o la adopción de la moneda común no se entiende sin las acciones redistributivas que les han acompañado en el sector agrícola (la PAC), en la formación de capital humano (Fondo Social y política de I+D) o en el terreno de las infraestructuras (Fondo de Cohesión y fondos regionales). Como sabemos, el impacto macroeconómico del dinero administrado por las instituciones europeas es limitado pues sólo ronda el 1% del PIB. Sin embargo, se trata de partidas de alta calidad (por estar orientadas a la inversión, a la sostenibilidad y a la cohesión económica y social) que sí pueden marcar cierta diferencia en los territorios menos avanzados. Desde su adhesión a las entonces Comunidades Europeas, España constituye un buen ejemplo sobre cómo maximizar esos recursos y, en parte gracias a ellos, nuestra riqueza per cápita consiguió superar hace unos años el promedio del conjunto de la UE (aunque por efecto de la crisis ahora se sitúa en el 99% de la media).
España ha sido, en efecto, una historia de éxito en relación al buen uso de los fondos pero, como suele ocurrir con el gasto público bien empleado, no hay suma cero entre unos estados frente a otros sino una suma positiva en la que todos ganan. No obstante, es cierto que –cuando se calculan los saldos sobre lo que se entrega a Bruselas y lo que se recibe- hay unos países más beneficiados que otros. Por ejemplo Francia, que tiene un importante sector agrario, tiene un saldo históricamente mejor que el del Reino Unido que sería aún mucho mayor de no haber mediado a mitad de los años ochenta una agria negociación resuelta con una controvertida reforma para ajustar las contribuciones británicas. Precisamente esas tensiones entre los estados miembros y las instituciones, que tanto alteraron el equilibrio europeo de hace un cuarto de siglo, llevaron en su día a idear un nuevo sistema de programación plurianual que, en principio, resultaba más fácil de gestionar políticamente. Esta técnica de planificación presupuestaria se ha traducido hasta ahora en los llamados “Paquete Delors I” (1988-1992), “Paquete Delors II” (1993-1999), “Agenda 2000” (2000-2006) y las perspectivas financieras en vigor (2007-2013). Justamente en este momento se está negociando el Marco Financiero Plurianual para 2014-2020 y, como quiera que en noviembre pasado fracasó el primer intento de llegar a un acuerdo sobre el mismo, en el seminario se analizaron los desencuentros que por ahora lo impiden.
Moderados por la periodista de la Cadena Ser Griselda Pastor y por el economista Jorge Fabra, intervinieron importantes representantes del Consejo (Andreas Mavroyiannis, que es Viceministro de asuntos europeos de Chipre; el país que ha ejercido la Presidencia rotatoria en este semestre), del Parlamento Europeo (Salvador Garriga, que es eurodiputado de la Comisión de Presupuestos), de la Comisión (Francisco Fonseca, que es el representante en España) y del Congreso de los Diputados (Gabriel Elorriaga, que es el presidente de la Comisión de Hacienda). Yo mismo tuve la suerte de moderar una sesión del seminario que abordaba las distintas visiones que tienen los estados y las dificultades de llegar a un acuerdo. En ella participaron Carlos Carnero (de la Fundación Alternativas), Alfonso Utrilla (de la Universidad Complutense) y Mario Kölling (del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales). Mario, que es un gran experto hispano-alemán en estas cuestiones, es bien conocido por los asiduos a la web del RIE en temas europeos ya que viene realizando desde 2010 el seguimiento de esta negociación junto a Cristina Serrano (una alta funcionaria del Ministerio de Economía). Los dos han publicado una serie de ARIs muy recomendables para entender este proceso tan complejo y hace sólo unos días apareció el último, donde se trata de desentrañar el porqué de las “líneas rojas” que mantienen varios estados miembros. Unas posiciones que se traducirán casi seguro en una reducción del ya de por sí muy limitado presupuesto europeo; lo que resulta especialmente negativo en el contexto económico actual donde tan necesarios son los estímulos al crecimiento.
Como ya se ha sugerido antes, la razón que explica esta dinámica es que los países abordan la negociación fijándose mucho más en los saldos específicos (si son receptores o contribuyentes netos) que en el beneficio general difuso. Y los que más aportan a las arcas comunitarias, aunque obtienen otros retornos por ese dinero, lo hacen de manera indirecta con la consiguiente dificultad política para que eso se perciba entre sus ciudadanos. Así pues, resulta casi irresistible la tentación de presentar el acuerdo final como una victoria nacional ante las respectivas opiniones públicas (disminuir el dinero aportado en el caso de los países ricos o aumentar el recibido en el caso de los pobres). Al fin y al cabo, los miembros del Consejo Europeo no responden después de las cumbres ante televisiones, periódicos o radios de escala europea –que no existen- sino exclusivamente ante corresponsales nacionales y eso deja muy poco margen de maniobra. Como expresó en el debate de manera gráfica el periodista Miguel Ángel Aguilar (que es además el presidente de la Fundación Carlos de Amberes), es como si en las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros de los viernes sólo hubiese redactores de Tarragona Ràdio, de Canarias7, del diario Lanza de Ciudad Real, o de Euskal Telebista, pero no existieran medios con una visión colectiva que fueran más allá de lo que cada territorio gana o pierde con las decisiones estatales. Al final, el problema no es tanto que la Unión carezca en este momento de Marco Financiero Plurianual sino que carezca de un espacio público común.
