Durante las últimas semanas los Balcanes han vuelto a aparecer en las noticias de manera discreta y una vez más por la peor de las razones. A pesar de la poca cobertura mediática que se ha dado desde los medios generalistas españoles, lo cierto es que se están viviendo los episodios de mayor violencia en la región balcánica desde el año 2004 y los más importantes en Macedonia desde la firma de los Acuerdos de Paz de Ohrid de 2001.
El origen de la situación que se vive en estos días en este pequeño país balcánico ha sido, principalmente, su inestable situación política producto de una frágil construcción del Estado. La corrupción y el clientelismo han sido los vectores sobre los que ha operado toda la clase política macedonia, independientemente de la ideología, desde la independencia de Yugoslavia en 1991. En el caso de Macedonia, además hemos de añadir otros dos factores que sin duda han marcado su historia reciente. Por un lado, la presencia de una minoría albanesa que representa el 25% de la población macedonia de 2 millones de personas, aunque las relaciones interétnicas hasta el momento han permanecido estables desde la crisis de 2001. Por otro lado, el bloqueo que el país está padeciendo gracias al veto impuesto por Grecia en su perspectiva europea y atlántica, lo que está frenando las negociaciones tanto con la UE como con la OTAN. La causa es el conflicto que genera en el país heleno la cuestión del nombre de su país vecino.
Pero ¿qué ha sucedido en Macedonia? El detonante del estallido social, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los ciudadanos macedonios, ha sido la revelación pública de una serie de grabaciones que implicaban al primer ministro, Nikola Gruevski, y otros altos cargos del gobierno en acciones de fraude electoral, abuso de la justicia e incluso de la utilización de la policía contra miembros de la oposición. Por no mencionar las más de 20.000 escuchas ilegales ordenadas a periodistas críticos y otros miembros de la sociedad civil, incluyendo algunos ministerios. Especialmente sensible ha sido la pieza en la que el primer ministro discute con algunos altos mandos del Ministerio del Interior cuál debería ser la coartada más adecuada para el asesinato de un joven de 21 años por un policía en junio de 2011. Y todo ello, no podemos olvidar, unido a la grave crisis económica por la que atraviesa el país, que cuenta con un 28% de paro.
Estos graves acontecimientos hicieron que desde los primeros días de mayo la sociedad macedonia se echará a las calles a protestar contra el régimen. Los manifestantes no eran sólo miembros de la oposición socialdemócrata, sino también periodistas peleando por la libertad de prensa, estudiantes, miembros de organizaciones sociales, etc. Manifestaciones que nos han hecho recordar a aquellas que tuvieron lugar en Bosnia la pasada primavera y que quedaron simbolizadas en los plenums, donde las fracturas étnicas quedaron a un lado para dar paso a reivindicaciones ciudadanas fundamentadas sobre el eje de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción que recordaban más a Occupy Wall Street y el 15-M que a movimientos nacionalistas de otros tiempos. Estas manifestaciones también recuerdan los primeros tiempos del Euromaidan ucraniano, donde el eje movilizador original de la protesta también pivotaba sobre los mismos principios.
Y esta era la situación social cuando los días 9 y 10 de mayo tuvieron lugar los incidentes de Kumanovo en los que perdieron la vida ocho policías y 14 albaneses (procedentes de Kosovo, Macedonia y Albania). Según la versión oficial se trataba de terroristas de Kosovo que habían entrado en el país con el objetivo de desestabilizarlo políticamente y plantear la batalla por la Gran Albania. Sin embargo, lo inesperado de la situación, la rápida respuesta del gobierno de Kosovo negando tal afirmación y la constatación de que el grupo tenía relaciones con organizaciones criminales que operan de manera habitual en la frontera entre Kosovo, Serbia y Macedonia y con contactos en la policía, hacen que la versión esgrimida por el gobierno vaya perdiendo credibilidad a medida que pasan los días.
Y sin embargo, la hipótesis que cobra fuerza es la que afirma que todo ha sido una maniobra orquestada por el propio primer ministro para desviar la atención de la delicada situación política por la que atraviesa el país. De este modo, poniendo el foco ante la inminencia de un nuevo conflicto interétnico en los Balcanes, mataba dos pájaros de un tiro. De un lado, desviaba la atención de su opinión pública y conseguía su apoyo contra un enemigo exterior, los albaneses como quinta columna en el Estado; y, por otro, desviaba la atención de la UE de la quiebra del Estado de Derecho que queda reflejado en las grabaciones y que frenaría en seco sus opciones de ingreso en las instituciones comunitarias. Y todo ello al más puro estilo de culebrón balcánico, incluyendo en la trama a servicios secretos extranjeros e incluso acusando a George Soros de injerencia en el país.
Este cambio de táctica, sin embargo, no evitó la dimisión el 12 de mayo de los tres principales altos cargos implicados en las grabaciones: el jefe de los Servicios de Inteligencia, Saso Mijalkov; la ministra del Interior, Gordana Jankuloska; y el ministro de Transportes, Mile Janakieski. Y tampoco ha evitado que la población macedonia continúe en las calles. De hecho, el 17 de mayo la ciudadanía se ha vuelto a hacer oír contra el régimen, contra la corrupción. En la manifestación del domingo pasado también se vieron ondeando banderas albanesas. No es un conflicto étnico lo que se vislumbra en Macedonia, es un conflicto a favor del Estado de Derecho y de la democracia. Un conflicto que a todas luces va a continuar durante las próximas semanas y que nos puede recordar al caso turco y la reacción del gobierno de Erdogan frente a las protestas del Parque Gezi.
Reforzar la credibilidad en las instituciones es tarea que corresponde a las autoridades macedonias. Debemos recordar que el gobierno actual, aunque en el poder desde el año 2006, renovó su mandato hace apenas un año entre acusaciones de fraude electoral. En todo caso es imprescindible que la UE marque sus líneas rojas en materia de Estado de Derecho, y quizá la plataforma adecuada para ello sea el Proceso de Berlín y la reunión prevista del mismo en Viena el próximo mes de agosto.
La situación en Macedonia es, sin duda, una llamada de atención para el mantenimiento de la estabilidad en la región. La UE no puede dejar que se le abra otro frente en los Balcanes, junto con la crisis de Ucrania y del Mediterráneo. Johannes Hahn, comisario de Ampliación y Política de Vecindad, debe continuar con su papel de mediación en el país, pero desde una perspectiva diferente. Hasta el momento, la UE ha enfocado el problema como un conflicto estrictamente político entre las dos principales fuerzas políticas del país. Y sin embargo, como hemos mencionado, se trata de algo más transversal y, por tanto, más estructural. De ahí que si la UE quiere continuar ejerciendo su papel mediador en la región, debe hacerlo añadiendo mayor complejidad y dialogando con un mayor rango de actores en el país que le darán más claves de cara a la resolución del conflicto.
