El Estado de Israel es sospechoso de cometer un genocidio en Gaza. Así lo han visto 15 de los 17 jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras analizar la acusación presentada por Sudáfrica en los últimos días de 2023. La orden de medidas provisionales con carácter de urgencia que la Corte emitió el pasado 26 de enero no detendrá el sufrimiento de palestinos e israelíes ni pondrá fin al conflicto de un plumazo, pero tendrá una gran trascendencia de largo recorrido. Supone un hecho sin precedentes en los casi 76 años del conflicto palestino-israelí y rompe una percepción extendida de que el Estado hebreo puede actuar con impunidad.
La máxima instancia judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dado crédito a la existencia de un peligro real e inminente de que se cause un daño irreparable a los derechos que protege la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, así como a los indicios de que dirigentes políticos y militares israelíes han mostrado una intención de cometer (o de no evitar) actos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Esa no es una situación en la que ningún Estado se quiera ver.
La orden de la CIJ no cuestiona el derecho de Israel a la legítima defensa, pero deja claro que ese derecho no es ilimitado y que se debe regir por normas universales, algo que parece verosímil que Israel está incumpliendo.
Numerosos observadores, incluidos algunos defensores de las políticas de Israel, han destacado que la CIJ no ha ordenado un alto el fuego inmediato. Existen serias dudas de que los dirigentes israelíes hubiesen aplicado un alto el fuego, en caso de haberse exigido. Además, la Corte no dispone de instrumentos propios para forzar el cumplimiento de sus órdenes. Más importante aún es el hecho de que esta Corte sólo aborda disputas entre Estados, por lo que Hamás y los otros grupos palestinos no son parte de la disputa planteada por Sudáfrica (para juzgar sus acciones existen otras instancias como la Corte Penal Internacional, CPI). No era plausible que la CIJ hubiese impuesto un alto el fuego sólo a una de las partes en un conflicto armado activo.
Las medidas provisionales con carácter de urgencia que la Corte de La Haya ha impuesto a Israel le obligan a tomar todas las medidas necesarias para impedir actos genocidas, incluido por su propio ejército, así como impedir y castigar cualquier incitación a cometerlos. Además, Israel queda obligado a permitir de forma inmediata la llegada de los servicios básicos y asistencia humanitaria que los palestinos en Gaza necesitan con urgencia. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se había anticipado a dicha orden al advertir de que “ni La Haya ni nadie nos va a parar”. Puede que declaraciones como esta le sirvan ante su opinión pública para mantenerse en el poder, pero difícilmente van a ayudar a la posición del Estado de Israel cuando está siendo juzgado por un posible genocidio.
La orden de la CIJ no cuestiona el derecho de Israel a la legítima defensa, pero deja claro que ese derecho no es ilimitado y que se debe regir por normas universales, algo que parece verosímil que Israel está incumpliendo. El primer efecto de dicha orden es que la más alta instancia judicial de la ONU desmonta la narrativa israelí de que sus acciones en Gaza se justifican por su derecho a defenderse de Hamás. Los indicios documentados de la posible comisión de actos genocidas con la intención de causar un daño irreparable al pueblo palestino suponen incluir a Israel en la reducida lista de estados juzgados por cometer el “crimen de crímenes”.
La reciente orden de la CIJ supone un punto de inflexión en el largo conflicto palestino-israelí, tanto por la gravedad de la acusación contra Israel como por la casi unanimidad entre los jueces que dictaron las medidas provisionales (varios dirigentes israelíes los acusaron de inmediato de antisemitismo). En el plazo de un mes, las autoridades israelíes tienen que demostrar que están cumpliendo con las órdenes de la Corte de La Haya, partiendo de una posición defensiva y en medio de una guerra que Netanyahu quiere prolongar en el tiempo.
Antes de que Israel tenga que presentar su informe a finales de febrero, es previsible que la orden de la CIJ sea llevada al Consejo de Seguridad de la ONU, donde una vez más se someta a votación una resolución exigiendo un alto el fuego inmediato en Gaza. Estados Unidos (EEUU) ha usado su poder de veto en varias ocasiones para impedir un alto el fuego desde el estallido de violencia sin precedentes el pasado 7 de octubre. Sin embargo, la Administración Biden se ha visto cada vez más aislada e incluso criticada por parte de gobiernos de países cercanos.
El presidente Joe Biden podría volver a usar el veto en el Consejo de Seguridad tras la orden de la CIJ, pero el coste de hacerlo sería mucho mayor, sobre todo en pleno año electoral en EEUU. La imagen de su país saldría más perjudicada si cabe en muchos rincones del planeta y se profundizaría la percepción de hipocresía cuando Washington apela a hacer respetar la legalidad internacional en otros escenarios de conflicto como Ucrania.
Para los palestinos, la orden de la CIJ puede parecer una pequeña victoria moral, pero sus implicaciones pueden ser mucho mayores de lo que se cree ahora. La decisión de La Haya abre la posibilidad de que gobiernos, organizaciones internacionales y movimientos ciudadanos adopten medidas con implicaciones morales y jurídicas que contribuyan al aislamiento internacional de Israel, tal como ocurrió con la Sudáfrica del apartheid y la antigua Yugoslavia. Israel tendrá que optar entre mantener o cambiar sus políticas hacia los palestinos y hacia la búsqueda de la normalización con sus vecinos árabes. El coste de seguir manteniendo la ocupación militar, confiando en el apoyo incondicional de EEUU, aumentará previsiblemente con el paso del tiempo.
En caso de que los dirigentes israelíes actuales y futuros opten por mantener sus políticas a corto plazo (castigos colectivos y posibles crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania) y en un plazo más largo (bloquear cualquier proceso de paz basado en la fórmula “territorios por paz”), se ahondará el aislamiento internacional de Israel. Sirva de ejemplo la votación que tuvo lugar en la Asamblea General de la ONU el pasado 19 de diciembre sobre el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. A favor votaron 172 Estados y 10 se abstuvieron. Tan sólo cuatro votaron en contra: EEUU, Israel, Micronesia y Nauru.
La opinión pública mundial se ha vuelto a fijar en el conflicto israelo-palestino tras un largo periodo de desinterés o apatía. En varios países, el factor generacional es clave, con los jóvenes mucho más críticos con las acciones de Israel que sus mayores. Es el caso de EEUU. La desconexión entre las actitudes de algunos dirigentes occidentales (y árabes) frente a este conflicto y las percepciones de sus opiniones públicas puede acrecentarse, provocando choques o cambio de políticas.
Las condiciones catastróficas de la población de Gaza, según todos los organismos internacionales competentes en cuestiones de refugiados, salud, alimentos y asuntos humanitarios, son difundidas a través de las redes sociales y visualizadas en pantallas de teléfonos móviles y televisión de todo el planeta. La reciente orden de la CIJ sitúa esas imágenes en el marco de un potencial genocidio, algo que no había tenido nunca una manifestación jurídica en casi ocho décadas de conflicto.
La reciente orden de la CIJ puede ser vista como un varapalo para la Unión Europea (UE), por su división interna e incapacidad de ofrecer soluciones, y para algunos de sus países miembros, por su apoyo incondicional al gobierno de Netanyahu y sus críticas a la causa presentada por Sudáfrica. Es hora de que los gobiernos europeos revisen sus posiciones, acaten la orden de la CIJ, superen sus divisiones y apoyen los esfuerzos del alto representante, Josep Borrell, para consolidar un proceso que conduzca a los dos Estados: uno israelí y otro palestino que convivan con garantías de seguridad y que sean reconocidos por el conjunto de los Estados del mundo.
Resulta muy significativo que, con esta causa, Sudáfrica y los numerosos países del llamado “sur global” que la han respaldado no sólo estén buscando proteger a la población palestina de un inminente riesgo de genocidio, sino también defender la vigencia del sistema internacional basado en normas. El mismo sistema internacional que diseñaron las principales potencias occidentales que hoy miran hacia otro lado para no ver lo que sucede en Gaza.
(*) Este análisis fue publicado originalmente en la edición impresa del diario El Mundo, 29/I/2024.
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