El Pacífico va a mejor, al menos para EEUU. Pero el Atlántico, lo transatlántico, se está llenando de nubarrones. Obama ha logrado cerrar el TPP (el Acuerdo de Asociación Transpacífico, de EEUU, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá y los latinoamericanos México, Perú y Chile; es decir, un 40% de la economía global) pero el TTIP (el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre la UE y Washington que crearía el mayor mercado del mundo) se le está escapando de las manos. Y no sólo porque las negociaciones van mal, sino porque crece la desconfianza entre ambas orillas del Atlántico.
EEUU y Europa (en la medida en que la UE tiene una visión) no están de acuerdo en muchas cosas, desde qué hacer en Siria hasta qué hacer con Rusia. Pero es en el terreno de la economía digital donde están creciendo más las diferencias. Primero frente a la potencia de algunas empresas como Google y Amazon, a las que Bruselas –espoleada por algunas economías de la UE, esencialmente Francia y Alemania, que se quiere proteger– está abriendo expedientes de defensa de la competencia.
Pero quizá algo que llega más al fondo del ser europeo es la desconfianza respecto a la investigación por las autoridades de EEUU (esencialmente la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad) de las comunicaciones digitales de los ciudadanos, e incluso de los dirigentes, europeos. Las revelaciones de Edward Snowden sobre este espionaje generaron ya una grave crisis.
Ha surgido un nuevo obstáculo importante con la sentencia del pasado 6 de octubre del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de Luxemburgo que invalida las medidas legales del llamado acuerdo de Safe Harbour (Puerto Seguro) entre la Comisión Europea y EEUU, que permitía que las empresas estadounidenses trasladaran todos sus datos sobre sus clientes o usuarios en Europa a servidores situados, como la mayoría, en territorio de la primera potencia económica mundial, de donde son las mayores compañías del sector. Una las razones esenciales esgrimidas por el Tribunal es que “el acceso sobre una base generalizada” a estas comunicaciones electrónicas “compromete la esencia del derecho fundamental al respeto a la vida privada”. Ya hubo otra sentencia europea anterior sobre el llamado “derecho al olvido” en este terreno, que afectó esencialmente a Google. El caso contra Safe Harbour lo inició Max Schrems, un estudiante austriaco de Derecho de 27 años que ha visto el fallo como “un hito para la privacidad on-line”. Y el Parlamento Europeo, en sus pareceres sobre el TTIP, ha pedido que la privacidad de datos no se vea comprometida por los flujos.
Más de 4.000 empresas, entre ellas las principales, se acogían a este acuerdo. La sentencia las ha llevado a un mar de dudas y a acusar a la UE y su tribunal de “disruptivos” para la industria. El fallo de la Corte europea pone en entredicho un capítulo esencial del TTIP, como es el referido el referido al comercio electrónico. Incluso puede dificultar el avance hacia un Mercado Único Digital en la UE y, no digamos, a nivel transatlántico. No tiene fácil solución: o un nuevo acuerdo que tome en cuenta el fallo, como está cavilando la Comisión Europea –que estaba en negociaciones con EEUU para un acuerdo de transferencia de datos que ahora se ve complicado–; o acuerdos bilaterales con los Estados miembros, aunque algunos en Alemania piensan que ni eso es posible, pues EEUU no ofrece garantías de protección de datos.
La sentencia también abre la vía a que los ciudadanos de la UE puedan solicitar a sus autoridades nacionales que prohíban que sus datos personales sean transferidos a EEUU, lo cual complicará aún más la situación (de Safe Harbor se encargaba la autoridad de protección de datos irlandesa). En todo caso, la sentencia no garantiza en nada que los Estados de la UE no puedan vigilar a sus propios ciudadanos.
El jarro de agua fría contra el acuerdo Safe Harbor viene a sumarse a unos crecientes recelos europeos hacia el TTIP por falta de transparencia en las negociaciones (y el retraso de EEUU en explicitar algunas de sus posiciones), cuestiones de arbitraje entre inversores y Estados, y protección de consumidores, entre otras. En todo caso, el tiempo corre. La fecha de enero de 2017, el fin del mandato de Obama, para cerrarlo está en el aire, con lo que la incertidumbre sobre sus posterior ratificación por el Congreso, el Parlamento Europeo y los Estados de la UE es total.
El triunfo de Obama en el Pacífico no está garantizado. EEUU lo ha impulsado para profundizar ese mercado en auge y diseñar normas que les protejan frente al ascenso de China. Pero ahora incluso Japón se está planteando si no debería insistir en invitar a Pekín a unirse al TPP, y China puede reaccionar. Tampoco Obama tiene garantizada su ratificación ni por todos los países, ni, sobre todo, por el Congreso de EEUU. La aspirante demócrata con más posibilidades y que lo impulsó cuando era la secretaria de Estado de este presidente, Hillary Clinton, en un quiebro político presionada por la izquierda por Bernie Sanders, se ha declarado contraria al TPP. Es un disparo bajo la línea de flotación de lo que ya es algo más que un proyecto. Pues si el TPP y el TTIP salieran ambos adelante, EEUU se situaría aún más como árbitro global.
