Las principales ciudades de Brasil han asistido desde junio pasado a un creciente aumento de las protestas sociales, protagonizadas especialmente por jóvenes de clase media. Inicialmente éstas estaban justificadas en la subida de veinte céntimos de real del billete de autobús, pero pronto se reveló que existían razones más profundas que impulsaban las movilizaciones multitudinarias. Pero, ¿qué exigen estos manifestantes? ¿Acaso no viven en uno de los países emergentes más exitosos por el desarrollo económico que está experimentando?
Los números macroeconómicos no bastan para explicar la situación real de la gente. Durante los últimos 10 años Brasil conoció un crecimiento económico y una reducción de la pobreza incomparables. La pobreza pasó del 37,5% en 2001 al 21% en 2011, acompañado de un aumento importante de las clases medias, la verdadera protagonista de las actuales protestas. Esta nueva clase media pide una mejora de la calidad y acceso a la sanidad, la educación y el transporte, porque a pesar del crecimiento brasileño sus servicios distan muchos de alcanzar estándares de calidad aceptables. El nivel de vida de la clase media se enmarca en un país donde más del 40% de los hogares carece de una red de saneamiento digna y donde el nivel de abandono escolar en secundaria es del 65%, frente al 83% de la OCDE. Se quejan de que el gobierno financia grandes eventos, como la Copa Confederaciones, la Jornada Mundial de la Juventud, el Campeonato Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos, en vez de construir hospitales y escuelas. También han sido motivo de las protestas la corrupción púbica y su laxa condena judicial y política. Por otra parte, hay que considerar algunas cifras negativas que empañan la perspectiva económica de Brasil. Las tasas de crecimiento de los dos últimos años han sido decrecientes. En 2011 un 3,5%, en 2012 un 1% y las previsiones de 2013 han vuelto a bajar, pasando del 3% al 2,4%. Esto se vio acompañado por el aumento de la tasa de inflación, en torno al 7% anual, de modo que el Banco Central subió en medio punto la tasa de interés para controlar el aumento de precios. Este contexto explica el éxito de las protestas, que se han caracterizado por su espontaneidad y falta de vinculación a cualquier asociación, partido o sindicato tradicional. Además de plantear una cuestión todavía pendiente en el motor económico que es Brasil: cómo favorecer que esta nueva clase media acceda a unos servicios públicos mínimos, que le permitan ser protagonistas del desarrollo económico, político y social que está experimentando su país.
La respuesta de la presidente fue rápida, dijo que su gobierno “escucha y escuchará la voz de las calles”. Atendiendo a esa promesa, Rousseff anunció un plan nacional que respondiera a las principales reivindicaciones de los manifestantes, centrado en los siguientes puntos: convocar un plebiscito y una asamblea constituyente para poner en marcha una reforma política, un aumento del gasto en sanidad, educación y transporte público, elevar el grado del crimen de la corrupción pública y lanzar una reforma fiscal. En el último mes de junio, mientras se expandían las protestas, su índice de popularidad bajó del 57% al 30%, junto a unas previsiones económicas que tampoco ayudan, una situación alarmante si se tiene en cuenta que en 15 meses se celebran las elecciones presidenciales. La necesidad de responder y canalizar las exigencias de los manifestantes se hacía imperiosa.
El plan nacional propuesto plantea numerosos interrogantes. La propuesta de reforma de la Constitución ha resultado un fracaso. Tras su anuncio por la presidente, se produjo una rápida contestación del vicepresidente Michel Temer y de los presidentes del Senado y el Congreso que no aceptaron la propuesta por inconstitucional. Michael Temer es el líder del partido de centro-derecha (PMDB) que forma parte de la coalición de gobierno junto con el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff. Rechaza, y con él la mayoría de parlamentarios, incluidos miembros del propio PT, abrir un proceso constituyente incontrolable que culmine con una Constitución brasileña semejante a la de los países bolivarianos.
Aún así Rousseff quiso seguir con la iniciativa y propuso celebrar un plebiscito para preguntar a los brasileños sobre distintos temas: la financiación de las campañas electorales, la reforma del sistema electoral, las suplencias de los parlamentarios, el sistema de coaliciones y el voto secreto en las cámaras. La presidente pretendía que el plebiscito se celebrase antes del próximo octubre y que sus efectos fueran válidos a partir de las elecciones presidenciales de 2014. El plebiscito presionaría al Congreso y limitaría el desgaste político sufrido por Rousseff. Sería así el Congreso, y no la presidente, quien correría con el coste político de impedir una reforma constitucional, cuyo principal objetivo sea responder a las exigencias de una mayor transparencia en la política nacional reivindicada por los manifestantes. Esta estrategia de presión es la que explica la reunión de la presidente con distintos movimientos sociales: indígenas, feministas, el Movimiento de Campesinos sem Terra, etc. La presidente no puede pretender que sea a través de la presión social como poner en marcha reformas de calado en el sistema político, social y económico del país. Por el contrario, para ello será necesario recuperar el consenso entre los políticos y los miembros de su propio partido.
El 9 de julio Henrique Eduardo Alves, presidente de la Cámara de los diputados, declaraba inviable un plebiscito antes de octubre, y por tanto sus resultados no serían aplicables en las elecciones generales de 2014. Pocas horas después de este anuncio los sindicatos convocaron una huelga en las principales ciudades del país e intentaron tomar las calles para recuperar las reivindicaciones de las protestas de junio. Su éxito fue considerablemente menor al de los jóvenes. Este dato que refleja la ineficacia de los sindicatos tradicionales para canalizar las demandas de la gente trabajadora, una situación agravada por el hecho de que el CUT, el principal sindicato del país, es una de las principales bases de apoyo del PT.
La reforma política no se plantea para un futuro muy cercano. La otra opción es, que el plebiscito se realice en las elecciones municipales de 2016, pero ya no tendría el mismo efecto, pues el futuro presidente y el nuevo parlamento ya habrían sido elegidos. Además los brasileños parece que no se van a contentar con esta opción de futuro. Respecto a al aumento de los servicios públicos, la presidente ha lanzado varias medidas positivas. Para resolver el déficit de personal sanitario ha anunciado la contratación de médicos extranjeros y estímulos para el traslado de médicos locales a zonas fuera de las grandes ciudades. También ha prometido a los municipios la entrega en agosto de 1.360 millones de dólares para invertir en servicios públicos y responder así a las exigencias de las protestas. Los motivos de las manifestaciones acaecidas en junio y la falta de una repuesta consensuada desde la clase política, plantean un reto para el futuro económico y social del país. Las reformas son necesarias, en tanto que el estado federal debe favorecer el protagonismo de la clase media creciente, de la que depende el futuro del país y también el de toda la región.
