Tras las elecciones europeas del pasado 9-J, arranca una nueva etapa en la Unión Europea (UE). Con la vista puesta en el próximo ciclo europeo, parece oportuno reflexionar sobre las prioridades económicas de España dentro de la Unión, que se pueden dividir entre las orientadas al corto plazo, –con la nueva Comisión Europea y el nuevo Parlamento– y las que apuntan más al medio plazo, de cara al próximo Marco Financiero Plurianual.
A corto plazo, las prioridades económicas giran en torno a tres ejes: competitividad; industria, energía y pacto verde; y seguridad económica y política comercial.
‘’Por tanto, es fundamental que la UE refuerce la coordinación en materia de energía, aumentando los fondos destinados a la fabricación de baterías y otros medios de almacenamiento y a las interconexiones eléctricas y gasísticas, y también al desarrollo de la red y la economía europea del hidrógeno.’’
1. Competitividad
Las causas profundas de la pérdida de competitividad europea son múltiples y están relacionadas con importantes retos estructurales. En las dos últimas décadas, la brecha de crecimiento de la productividad en la UE se ha ampliado en relación con Estados Unidos (EEUU). Entre las razones cabe destacar la falta de inversiones de capital debido a un mercado financiero fragmentado, el envejecimiento de la población, un relativo déficit en la formación de capital humano, una menor digitalización de la economía, un menor tamaño de las empresas en Europa frente a los gigantes estadounidenses y chinos, y una política de innovación menos agresiva que la de EEUU.
Con este diagnóstico, el debate en los próximos meses va a seguir girando en torno a cómo mejorar nuestra competitividad, porque si seguimos con el “business as usual” corremos el riesgo de quedarnos atrás definitivamente. Estas cuestiones son tema central del informe que el exprimer ministro italiano Enrico Letta presentó en abril ante el Consejo Europeo y, sobre todo, del informe del también exprimer ministro de Italia y otrora presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, que se publicará después del verano. Una de las prioridades más inmediatas va a ser dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones del informe Letta y de las que extraigamos del trabajo de Draghi.
Por suerte, partimos de una base muy sólida como es el mercado único, que debemos proteger y profundizar. Tenemos dos grandes tareas pendientes para que alcance todo su potencial. En primer lugar, avanzar hacia un verdadero mercado único en lo que se refiere a la energía, los servicios financieros y digitales, y las telecomunicaciones –muy en línea con las recomendaciones de Letta–. Y, en segundo lugar, mejorar el clima de negocios para las empresas, especialmente para las más pequeñas.
El año pasado, la Comisión Europea puso sobre la mesa una agenda de reducción de cargas administrativas. En España, estamos trabajando en una serie de propuestas que vinculan el uso de la Inteligencia Artificial con la reducción de la burocracia para las pymes, facilitando y agilizando el cumplimiento de trámites, requisitos y normativas.
Otra de las grandes tareas pendientes que tenemos por delante pasa por completar la Unión Bancaria y la Unión de los Mercados de Capitales (UMC), que llevan demasiado tiempo paradas principalmente por falta de voluntad política. El informe Letta ha puesto negro sobre blanco una realidad que ya conocíamos: la falta de un mercado de capitales más unificado está haciendo que los europeos, con nuestros ahorros, estemos financiando las inversiones estadounidenses.
Como apunta el informe Letta, la UMC no debe percibirse como un fin en sí mismo sino como una herramienta para suministrar la financiación que necesita nuestro tejido empresarial y para hacer realidad la transición verde y digital. Y esta tarea se ha convertido en una urgencia.
2. Pacto industrial-verde
Al mismo tiempo, si queremos volver a situarnos en la vanguardia tecnológica e industrial y garantizar la seguridad económica y física de la UE, necesitamos un verdadero pacto industrial verde europeo. Se trata de poner en marcha una política industrial verdaderamente europea, que cree las condiciones necesarias para desarrollar una economía climáticamente neutra, digital y circular, por la que apostamos firmemente y a la que no debemos renunciar pese a los embates provenientes de determinadas opciones políticas negacionistas.
Esta política industrial debe asegurar la competencia en igualdad de condiciones (level playing field), tanto dentro del mercado único como a escala mundial. Por ello, hemos de evitar que se fragmente el mercado interior y se socaven los avances alcanzados a través de la política de cohesión, a la vez que nos aseguramos de que las ayudas que otorgan terceros países no distorsionan la competencia a nivel global.
Es el momento, pues, de seguir trabajando para profundizar en la política industrial europea, como se ha venido haciendo en Reglamentos importantes como, por ejemplo, la Ley de Materias Primas Fundamentales (Critical Raw Materials Act) o la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas (Net Zero Industry Act). Esta política será exitosa si reducimos los costes energéticos y la dependencia exterior a través del despliegue de las energías renovables, la electrificación de la economía, el fomento del hidrógeno verde, la mejora de la eficiencia energética y la aceleración de las interconexiones energéticas (en especial, las eléctricas).
Por tanto, es fundamental que la UE refuerce la coordinación en materia de energía, aumentando los fondos destinados a la fabricación de baterías y otros medios de almacenamiento y a las interconexiones eléctricas y gasísticas, y también al desarrollo de la red y la economía europea del hidrógeno.
Finalmente, esta política industrial europea también tiene que abordar retos pendientes como el de la innovación. El gasto de I+D en la UE es del 2% del PIB frente al 3% de EEUU. Si atendemos a la financiación privada, la brecha es aún mayor. Desde Europa, tenemos que hacer un gran esfuerzo y aumentar el gasto en I+D+i, y trabajar también en esquivar el llamado “valle de la muerte” propiciando la aplicación y el uso comercial de las innovaciones europeas. Urge cumplir los objetivos fijados en Barcelona hace más de dos décadas de alcanzar un gasto en I+D del 3% del PIB.
Las decisiones que tome la nueva Comisión Europea van a ser clave. Si la UE, como ha hecho EEUU, empieza a favorecer el Made in Europe, España puede convertirse en uno de los grandes beneficiados por las relocalizaciones. Un Made in Europe que, sin embargo, ha de ser diferente al de EEUU, porque la UE apuesta, y debe seguir apostando, por la apertura comercial.
Este aspecto de la política industrial enlaza con la tercera prioridad a corto plaza: las consideraciones de seguridad económica.
3. Política exterior y seguridad económica
En este contexto de importantes retos, incertidumbre y tensiones geopolíticas, la política exterior y comercial ha cobrado un papel esencial en la política económica.
Por un lado, necesitamos una política comercial europea que sea ambiciosa, abierta y sostenible tanto desde el punto de vista económico como por imperativo geopolítico, dado que nuestras economías dependen en gran medida de las exportaciones y nuestro continente carece de ciertas materias primas.
Desde España consideramos que la apertura económica y la apuesta por acuerdos comerciales ha de seguir estando en la agenda como una gran prioridad de política económica de la UE. Durante el próximo ciclo político debería lograrse el cierre del Acuerdo con el Mercosur (que impulsamos notablemente en nuestra reciente presidencia del Consejo) y otros acuerdos temáticos en determinados ámbitos de competencia (digital, materias primas, etc.).
En este sentido, iniciativas como Global Gateway de impulso de inversiones europeas estratégicas en terceros países, pueden dar un empuje adicional a las relaciones con nuestros socios estratégicos. Estos países necesitan infraestructuras e inversiones, y la UE generar oportunidades de negocio y garantizar el acceso a materias primas. Desde nuestro país pusimos el foco en la cumbre UE-CELAC de julio de 2023 y la agenda de inversiones de Global Gateway en América Latina y el Caribe. En un contexto económico donde la geopolítica ocupa un papel prominente, creemos que América Latina y el Caribe ha de ser el gran socio geoestratégico de la UE.
Todo ello debe ir acompañado de medidas internas para garantizar la seguridad económica de la UE, que hacen más necesaria que nunca una coordinación estrecha entre las políticas internas de la Unión y su política exterior. Así, se han adoptado medidas como el Reglamento de deforestación o el mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM), que son y serán esenciales para Europa, pero que generan algunas tensiones con nuestros socios, lo que pone de relieve esta imperiosa necesidad de coordinación sin que ello signifique renunciar a nuestro liderazgo en materia climática y medioambiental (como demuestra que jurisdicciones como EEUU se estén planteando crear su propio CBAM o que China planee aumentar el alcance de su mercado de derechos de emisiones).
Algo parecido ocurre con herramientas como el Reglamento sobre subvenciones extranjeras o los mecanismos de control de inversiones extranjeras, que en el contexto actual habría que reforzar si queremos potenciar nuestra seguridad económica frente a subvenciones de otros países, la fuga y sustracción de tecnología u otras acciones.
Todos estos retos que tenemos por delante tienen un denominador común: la necesidad de financiación. Y eso me lleva a nuestros objetivos a medio plazo, para el próximo marco financiero.
Las estimaciones de la Comisión Europea sugieren que se necesitan inversiones anuales equivalentes a aproximadamente el 5% del PIB de la UE sólo para completar la doble transición verde y digital.
Parte de esa inversión debería provenir de fuentes privadas –de ahí la importancia de completar la UMC–. Aparte de esa financiación privada, España defiende que, en un contexto en el que la inversión pública nacional va a estar limitada por el cumplimiento de las reglas fiscales de la UE, es necesario un gran programa de inversión europeo que nosotros enmarcamos en la financiación de los bienes públicos europeos –como son la descarbonización, la digitalización o la seguridad y la defensa–, sin dejar de lado las políticas sociales.
Además de darle un papel más prominente al Banco Europeo de Inversiones, abogamos por un nuevo instrumento a medio plazo, que dé continuidad a los fondos Next Generation, y que podría adoptar la forma de un instrumento complementario al presupuesto europeo y financiado a través de la emisión de deuda mancomunada, o un instrumento dentro de un presupuesto comunitario de mayores dimensiones y con nuevos recursos propios.
Prioridades a largo plazo
El debate sobre el presupuesto empezará el año que viene, cuando se presente el borrador del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que estará marcado por la posible ampliación de la UE y la transformación institucional y las reformas de políticas que debe llevar aparejada.
El próximo marco financiero tiene que adaptarse a las nuevas realidades, pero sin renunciar a su naturaleza. Es por ello por lo que España va a seguir defendiendo políticas como la Política de Cohesión y la Política Agrícola Común, manteniéndolas como esencia del proyecto integracionista europeo frente a posibles ataques de quienes podrían querer reducir el volumen de ambas. En este sentido, contar con mayores recursos propios de la Unión, algo que España apoya decididamente, se antoja de vital importancia.
El principio político rector en los próximos debates sobre el futuro de la arquitectura presupuestaria europea debería ser, en definitiva, demostrar que la UE es capaz de alcanzar los objetivos estratégicos que se fija. La UE no debe ser percibida como que promete demasiado y cumple poco y España está decidida a hacer todo lo posible para que nuestro proyecto comunitario siga siendo capaz de responder a los importantes desafíos presentes y de futuro a los que se enfrenta.
