En noviembre de 2005 se aprobó la Estrategia de la Unión Europea para combatir la radicalización y el reclutamiento terrorista. La Unión Europea (UE), que el año anterior había pasado de 15 a 25 miembros, se mostraba en esos momentos decidida a desbaratar las actividades de los individuos y las redes que atraen a determinadas personas hacia el terrorismo, así como a asegurar que las voces de quienes comparten las principales corrientes de opinión prevalezcan sobre las de los extremistas, promoviendo más seguridad, justicia, democracia y oportunidades para todos. A las respectivos Gobiernos nacionales correspondía, solos o conjuntamente, cumplir con lo acordado e implicar en ello a entidades de la sociedad civil.
Algo más de diez años después, es evidente que esos esfuerzos han sido un rotundo fracaso. Nunca antes, desde que el yihadismo global se extendió al ámbito europeo, hace ya un cuarto de siglo, habían sido de tal magnitud e intensidad los procesos de radicalización y reclutamiento relacionados con dicho fenómeno como lo son ahora. Ni las conflagraciones en Bosnia o Chechenia, ni los conflictos en Afganistán después del 11-S o en Irak tras la invasión del país en 2003, ocasionaron en los países de la UE una movilización yihadista sin precedentes como lo es la actual, relacionada con las insurgencia de organizaciones como el Frente al Nusra y, sobre todo, el denominado Estado Islámico (EI), en Siria e Irak.
Desde 2012, una cifra probablemente superior a la de 5.000 individuos, ciudadanos europeos o residentes en la UE, han partido para unirse como combatientes terroristas extranjeros a esas organizaciones yihadistas activas principal pero ya no exclusivamente en Oriente Medio. En conjunto, los yihadistas procedentes de la UE constituyen entre la cuarta y la quinta parte del total de combatientes terroristas extranjeros que se han unido a EI y, en menor medida la rama siria de Al Qaeda u otras organizaciones yihadistas afines. Lo que significa que los yihadistas procedentes de la UE están cerca de 20 veces sobrerrepresentados entre los combatientes terroristas extranjeros respecto a los originarios de cualquier otra región del mundo.
No puede afirmarse que este flujo esté remitiendo, sino más bien que al día de hoy continúa. Más aún, los combatientes terroristas extranjeros procedentes de países de la UE son una parte del conjunto de la movilización yihadista que está afectando a nuestras sociedades, como queda asimismo de manifiesto con el inusualmente elevado número de detenciones efectuadas por los servicios policiales de las mismas a lo largo de los últimos tres años. Esta inusitada movilización yihadista en la UE se ha manifestado como problema de seguridad en distintos actos de terrorismo ocurridos en varios países europeos desde 2013 pero muy especialmente en los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y en los del 22 de marzo de 2016 en Bruselas. Difícilmente serán los últimos.
El insólito nivel de la actual movilización yihadista en la UE nos remite, desde luego, a antagonismos religiosos y pugnas por el poder en el mundo árabe, pero tanto o más nos remite a graves desajustes en el tejido de las sociedades europeas. Especialmente al acomodo en su seno de jóvenes descendientes de inmigrantes originarios de países con poblaciones mayoritariamente musulmanas. No en vano, estos jóvenes que corresponden a lo que se conoce como segunda generación destacan sobremanera entre los combatientes terroristas extranjeros de la UE. Poco puede extrañar que los países de la UE más afectados por dicha movilización yihadista sean aquellos con poblaciones musulmanas principalmente compuestas por segundas generaciones.
La Estrategia de la Unión Europea para combatir la radicalización y el reclutamiento terrorista que se aprobó en noviembre de 2005 ha fracasado en su aplicación a esas segundas generaciones que, se diga lo que se diga, eran su destinatario fundamental. Una reciente Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas, constata este fracaso, al subrayar tanto las grandes variaciones entre los distintos Estados miembros a la hora de asumir la responsabilidad de contrarrestar la radicalización y el reclutamiento terrorista, como la urgencia de emprender una acción europea concertada para contener y prevenir con eficacia esos procesos.
Lo peor es que en las Instituciones Europeas, al igual que en el seno de los países de la UE, la confusión acerca de cuál es la auténtica naturaleza del problema y lo que debe hacerse al respecto está generalizada. Apremia, en este sentido, repensar el concepto mismo de radicalización, para aclarar si las medidas que hay que adoptar ante dicho proceso se refieren únicamente a evitar que haya individuos implicados en actividades terroristas o supone también hacer frente a visiones rigoristas y extremistas del credo islámico, como las salafistas u otras similares, cuyas actuaciones provocan la segregación de colectividades enteras de musulmanes en el interior de las sociedades europeas, así como fracturas entre musulmanes y no musulmanes que explotan los terroristas.
