Son tantas las ocasiones que Sudán del Sur ha desaprovechado para asentar una paz sólida desde el estallido de la violencia en diciembre de 2013 que nada garantiza que no ocurra lo mismo ahora, tras la firma del acuerdo del 17 de agosto del pasado año. Eso obliga a una máxima cautela a la hora de analizar los atisbos de paz que ahora se vislumbran en ese joven Estado creado en julio de 2011.
El año ha arrancado con la simbólica petición de perdón realizada el pasado día 8 de enero por el presidente Salva Kiir Mayardit, reconociendo el daño causado a la población. En la misma línea, Kiir confirmó la restauración de Riek Machar en su anterior puesto de vicepresidente, la aceptación de los cincuenta diputados nominados por Machar para la Asamblea Nacional y el acuerdo para la inminente creación del Gobierno Transitorio de Unidad Nacional, con 30 carteras ministeriales (16 para el gubernamental Movimiento Popular para la Liberación de Sudán (MPLS), liderado por Kiir; 10 para el Movimiento Popular para la Liberación de Sudán en la Oposición (MPLS-O), encabezado por Machar; y los 4 restantes para Cambio Democrático (CD), con Lam Akol al frente).
Los problemas, sin embargo, no se han hecho esperar. De hecho, ya se ha rebasado la fecha del 22 de enero, prevista para la puesta en marcha de un gobierno que dispondrá de 30 meses para consolidar la paz, sin que ni Kiir ni Machar parezcan estar dispuestos a dar su brazo a torcer. El punto fundamental de fricción deriva de la decisión unilateral del presidente, adoptada a finales del pasado año, de reestructurar la organización territorial del país, pasando de 10 a 28 el número de Estados federados, arrogándose asimismo la potestad de nombrar directamente a todos los gobernadores. Conscientes de que esa medida otorga a Kiir una enorme ventaja en el reparto del poder, las fuerzas opositoras –tanto el MPLS-O como el CD (plataforma en la que confluyen una veintena de grupos opositores)– rechazan el cambio, argumentando que contraviene lo acordado en agosto pasado. En consecuencia, plantean que solo se sumarán al gobierno si Kiir da marcha atrás en su polémica medida.
En todo caso, y mientras parecen a la espera de que los mediadores internacionales terminen tomando cartas en el asunto, ninguno de los actores implicados directamente en la búsqueda de soluciones parece en condiciones de imponer definitivamente su criterio. Por una parte, Kiir se enfrenta a una seria crisis económica derivada de los costes provocados por el conflicto y la considerable dificultad para cuadrar su presupuesto ante la muy significativa caída de los precios del petróleo. Juba exporta actualmente unos 160.000 barriles diarios a través de unos oleoductos que están en manos de Jartum y queda mucho para que algún día pueda desembarazarse de esa dependencia (ni la inestabilidad interna ni el clima económico internacional atraen a los potenciales inversores). Contando con los costes de explotación y el desorbitado peaje que debe pagar a Jartum por el petróleo que sale de los yacimientos de Unidad y Alto Nilo, el beneficio de cada barril no va más allá de los cinco dólares. En esas condiciones resulta imposible para Juba “comprar” la paz social de una población que malvive en un entorno en el que los funcionarios civiles llevan meses sin cobrar sus salarios, y para mejorar la capacidad operativa de unas fuerzas armadas precarizadas.
Por otra, Machar no dispone de fondos para financiar su reto a Kiir, ni en términos sociales ni mucho menos en el terreno militar (aunque incluso tenga hoy más efectivos desplegados). Y la opción de dejarse embaucar por los cantos de sirena que puedan llegarle de Jartum, con el presidente Omar al-Bashir como interesado protector y financiador, solo puede depararle más críticas internas y más ostracismo internacional al asociarse con un paria internacional.
En estas condiciones, y mientras Machar sigue sin concretar una fecha para su regreso a la capital desde su actual feudo en Pagak (cerca de la frontera con Etiopía) y Kiir no da muestras de desdecirse, ambos actores corren también el riesgo de que cualquier gesto pueda ser interpretado por sus propios leales como una traición que les lleve a un recrudecimiento de la violencia. Sin olvidar que hay otras milicias armadas que no se sienten en absoluto comprometidas con un acuerdo en el que no han participado.
Mientras tanto, Sudán del Sur se ha convertido, solo por detrás de Siria, en la mayor crisis humanitaria del planeta, generando unos flujos de 1,66 millones de desplazados y 646.000 refugiados (de una población total de unos 11 millones de personas). Eso ha llevado a las organizaciones humanitarias que operan en el país, con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) a la cabeza, a hacer un llamamiento urgente para movilizar 1.300 millones de dólares que permitan atender las necesidades más elementales durante el presente año de 6,1 millones de personas en situación de extrema necesidad. ¿Cuál será la respuesta?
