Los días 9 y 10 de diciembre (siendo el 10 de diciembre el día internacional de los Derechos Humanos) se celebrará una Cumbre virtual por la Democracia a iniciativa del presidente Joe Biden. En ella se establecerá una agenda para avanzar en tres áreas principales: abordar y combatir la corrupción, defenderse del autoritarismo y avanzar en el respeto de los derechos humanos. Los avances en el desarrollo de esta agenda deberán presentarse en una nueva Cumbre que se celebrará un año después de la inicial, esta vez con la participación presencial de los jefes de Estado y/o de Gobierno.
Como toda iniciativa política, ésta ha recibido varias críticas. En primer lugar, está la cuestión de los requisitos requeridos para participar en dicho proceso. ¿Debe circunscribirse a las “democracias plenas” o deben incluirse también las que no son tan perfectas? De hecho, se puede argumentar que una iniciativa de este tipo tiene sentido precisamente para ayudar a reforzar las democracias más débiles, no para crear un club de países occidentales y afines. Aun así, existe el peligro de que una definición demasiado flexible de las credenciales democráticas necesarias para participar disminuya la credibilidad del proceso, mientras que si es demasiado estrecha podría alienar a los aliados y socios excluidos, todos los cuales no son democracias o plenamente democráticos.
A esto se puede responder que es posible encontrar fórmulas flexibles que se adapten a las diversas situaciones, con el espíritu de aprovechar las realidades existentes, que a menudo se apartan de los modelos ideales. Un área, por ejemplo, en la que las mejoras marginales pueden reportar beneficios inmediatos es el refuerzo del Estado de derecho, que constituye una condición previa para el adecuado funcionamiento de cualquier democracia. También hay que tener en cuenta la voluntad de los gobiernos de participar en este proceso y, por tanto, de aceptar sus consecuencias. Dejémosles que sean ellos quienes asuman la carga de quedarse voluntariamente fuera de la sociedad de las democracias.
En segundo lugar, existe la acusación, procedente principalmente de sectores autoritarios, de que este ejercicio de promoción de la democracia es una nueva expresión, quizá más refinada, de la dominación política y cultural occidental, en la medida en que los criterios de evaluación de la “calidad democrática” corresponderían a estándares occidentales, y que los países no occidentales deberían poder apartarse de ese modelo por razones culturales o de desarrollo.
Este argumento es más insidioso, ya que constituye un elemento de una estrategia más amplia, que hemos visto en juego, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, donde China, en años sucesivos, ha presentado enmiendas o resoluciones con un enfoque relativista de los derechos humanos, que lamentablemente han sido apoyadas a veces por varias democracias del “Sur Global”. Esta estrategia debe ser contrarrestada, ya que tiene la intencionalidad y el potencial de deshacer los avances logrados desde el final de la Segunda Guerra Mundial para garantizar la universalidad de los derechos humanos y el importante aumento global durante ese período del número de regímenes democráticos, pese a cierta “recesión democrática” observada en los últimos años.
Sin embargo, para contrarrestar mejor este último argumento, hay que analizar por qué sigue siendo atractivo para un número no despreciable de países del “Sur Global”. Ciertamente, la idea de que los derechos humanos y el respeto de las normas democráticas no son un mero asunto interno, sino que la comunidad internacional tiene el derecho y, de hecho, el deber de levantar el velo y reaccionar ante las violaciones internas de los derechos fundamentales o ante los ataques contra la democracia, puede resultar irritante cuando se ve desde la perspectiva de quienes están dispuestos a invocar especificidades culturales o políticas para justificar tales acciones.
«(…) las organizaciones regionales, más que los países occidentales, desempeñan hoy en día un papel decisivo a la hora de hacer frente a los ataques contra la democracia en todo el mundo.»
Pero hay que reconocer que los argumentos contra las “imposiciones occidentales” también tocan la fibra sensible de ciertas poblaciones en países en los que el recuerdo de la descolonización y el intervencionismo occidentales sigue vivo. Por esta razón, entre otras, las organizaciones regionales, más que los países occidentales, desempeñan hoy en día un papel decisivo a la hora de hacer frente a los ataques contra la democracia en todo el mundo. En África, un ejemplo de ello es el papel que desempeña actualmente la CEDEAO en relación con Malí y Guinea, pero se pueden citar otros de actuaciones de otras organizaciones regionales, como la IGAD o la SADC, por no mencionar la de la Unión Africana en el conjunto de África. Lo mismo puede decirse de otras organizaciones regionales en el resto del mundo: son conocedoras de las realidades y sensibilidades locales y no se percibe que impongan soluciones desde el exterior, por lo que deberían asociarse a cualquier agenda global para la democracia. El apoyo a la democracia en todo el mundo está también, en particular, en el ADN de la UE, pero no hay que olvidar el papel que desempeña en el espacio europeo una organización dedicada específicamente a la protección de los derechos humanos y la democracia, como es el Consejo de Europa.
En la misma línea inclusiva, para evitar que la promoción de la democracia se perciba como un ejercicio de establecimiento de una agenda vertical Norte-Sur, debe ser igualmente impulsada por las democracias del Sur. Por lo tanto, los países occidentales deberían estar dispuestos a compartir el liderazgo y el espacio político suficiente con los países de América Latina, África y Asia en una coalición interregional. Y, como la sociedad civil es un elemento esencial de cualquier sociedad democrática, tiene sentido que las organizaciones no gubernamentales de los países del Sur también formen parte del proceso junto a sus homólogos del Norte.
No hay que olvidar tampoco el papel crucial que el sistema de las Naciones Unidas ha desempeñado y sigue desempeñando en la promoción de la agenda de protección y fomento de los derechos humanos y la democracia. Es cierto que algunas instituciones de la ONU han sido decepcionantes en este sentido. Es el caso del Consejo de Seguridad, que con demasiada frecuencia se ve impedido de tomar decisiones en estos ámbitos por los vetos de Rusia y China en nombre del principio de no injerencia en los asuntos internos, como por ejemplo en el caso de Myanmar. También lo es que el principio de universalidad propio de Naciones Unidas, es decir de participación de todos, incluidos los antagonistas, da lugar a debates difíciles, a situaciones paradójicas y a veces a retrocesos. Pero es necesario mantener una visión de conjunto y no desdeñar la importancia del entramado de los acuerdos internacionales alcanzados en el marco de la ONU, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta un número impresionante de Tratados y Protocolos sobre la materia, y la experiencia acumulada por los Órganos, Agencias y mecanismos como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos (antes Comisión de Derechos Humanos), los Procedimientos Especiales dentro de este Consejo, etc. y el papel de liderazgo del Secretario General de la ONU en este ámbito. En definitiva, el compromiso occidental con el multilateralismo implica que, en algún momento, cualquier iniciativa en el ámbito de los derechos humanos y la democracia debe alimentar el debate en los ámbitos pertinentes de Naciones Unidas, para tener un impacto más global y una mayor legitimidad internacional.
Por otro lado, para evitar que la iniciativa se perciba como un ejercicio unidireccional, los países occidentales deberían estar dispuestos a reconocer y explorar formas de remediar los defectos y escollos de sus propios sistemas democráticos, en particular su creciente polarización en un contexto de aumento de las desigualdades internas y de las políticas de identidad y el cambio tecnológico. Por lo tanto, una agenda global para la democracia puede ser también la ocasión para debatir cómo perfeccionar los mecanismos democráticos, actualizando las instituciones a las realidades contemporáneas, que son muy diferentes de las que prevalecían cuando nació el constitucionalismo democrático clásico.
Una última objeción a esta iniciativa por la democracia sería presentarla simplemente como un elemento de una estrategia de contención más amplia contra China y Rusia. De hecho, la concepción de la política mundial como una nueva competición entre grandes potencias está ganando, sin duda alguna, terreno en Estados Unidos, pero también es una idea básica en China y Rusia, y corre el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida. Sin embargo, en ausencia de esta iniciativa a favor de la democracia, el potencial de confrontación seguiría existiendo y una agenda para reforzar la democracia y los derechos humanos entre los países que desean adherirse a estos valores no debe confundirse con una estrategia de cambio de régimen dirigida a los que no lo hacen. Llevado a sus últimas consecuencias, descartar la promoción de la democracia por considerarla una herramienta dirigida contra China y Rusia llevaría a la absurda conclusión de que las democracias no deberían intentar reforzar sus propios valores por el riesgo de enemistarse con quienes no los comparten.
«(…) una agenda inclusiva para el reforzamiento de la democracia y los derechos humanos compartida por países de diferentes orígenes culturales y en diversos estadios de desarrollo es más bienvenida que nunca.»
Para concluir, bajo la superficie del paradigma de la competencia entre grandes potencias, gana terreno en todo el mundo una visión del mundo que recuerda al ominoso Choque huntingtoniano de Civilizaciones, que considera que las diferentes culturas son congénitamente incapaces de compartir valores. Vuelven los valores asiáticos frente a los occidentales, pero también un recelo cada vez mayor entre Occidente y el mundo musulmán, alimentado por el terrorismo yihadista y el miedo a la migración, una tendencia en África a rechazar ciertos aspectos de la agenda de derechos humanos en nombre de la tradición y las especificidades culturales, etc. Aunque sólo sea para contrarrestar esta peligrosa visión del mundo, una agenda inclusiva para el reforzamiento de la democracia y los derechos humanos compartida por países de diferentes orígenes culturales y en diversos estadios de desarrollo es más bienvenida que nunca.
