No es posible dejar de destacar los éxitos relacionados con la incautación de drogas. Desde 2015 no han dejado de aumentar. Esta tendencia general también se da en relación con la cocaína, uno de los mercados ilegales más grandes del mundo, tejido por redes criminales transnacionales que han acabado por generar un área de inseguridad compartida entre América Latina y Europa.
En realidad, la importancia de las incautaciones radica más en la información que proporcionan sobre este mercado que en sus efectos.
Según el informe mundial sobre drogas de 2017, a nivel mundial la incautación de cocaína aumentó un 30% en 2015, un volumen sin precedentes. En América del Norte aumentó un 40% y en Europa un 35%. Incluso en Asia aumentó más del 40% en comparación con el año anterior. Sin embargo, esta tendencia no sólo tiene lugar en los países consumidores sino también en los productores y distribuidores. En América Latina, en estos últimos dos años todos los países han batido récords de incautación.
Colombia es el país que suma, con gran diferencia, más incautaciones de la región. El informe de 2017 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes afirma que más del 40% de la incautación de cocaína en todo el mundo tuvo lugar en América del Sur. “De esas incautaciones corresponden a Colombia alrededor de 70%, y tanto a Perú como a Venezuela, cerca de 8%”. La eficacia de las fuerzas de seguridad colombiana en este sentido es evidente, de acuerdo tanto al número de incautaciones como por el número de laboratorios destruidos (véanse los Gráficos 1 y 2).
En la lista siguen, por orden, Bolivia, Brasil, Ecuador, Argentina y Chile, todos en el grupo de los 20 países del mundo en los que se requisó la mayor cantidad de cocaína. En este sentido, la contribución de los países productores ha sido creciente y extraordinariamente importante en la incautación de cocaína.
España no es una excepción: de hecho, es particularmente destacable. Es el país europeo que acumula mayor número de incautaciones (véase el Gráfico 3).
Junto al aumento de incautaciones, cabe destacar el volumen de las mismas. La cocaína se decomisa por toneladas tanto en Europa como en América Latina. El caso español es un ejemplo. En el presente año, las fuerzas de seguridad nacionales, o en colaboración con otras, han llegado a decomisar en una misma operación entre 2,5 y 5,5 toneladas en los últimos seis meses.1
Ante tan exitosos datos cabe preguntarse los motivos que los han hecho posibles y el impacto que realmente tienen en el tráfico de cocaína. La primera cuestión a destacar es, sin duda alguna, un aumento de la eficacia policial desde ambos lados del Atlántico. Los factores que explican esta mayor eficacia operativa están relacionados con el aumento en los presupuestos de seguridad, los mayores esfuerzos de capacitación y especialización policial y el aumento de la cooperación entre cuerpos policiales a nivel internacional. Si a esta cooperación se suman avances tecnológicos, los resultados mejoran exponencialmente.
Esta combinación ha hecho posible el control de áreas trascendentales para la distribución internacional de cocaína a EEUU y Europa, como el Caribe y el Estrecho de Gibraltar. La Joint Interagency Task Force South (JIATF-S) es un organismo norteamericano en el que participan todos los cuerpos de las fuerzas armadas y representantes de las agencias de seguridad de EEUU junto a enlaces para la lucha antidroga de 11 países de América Latina y el Caribe y cuatro de la UE. Desde su base en Cayo Hueso, la JIATF-S observa los movimientos de embarcaciones, sumergibles y aeronaves que parten principalmente de Colombia, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador para hacer escala o descargar su cargamento de droga en el Caribe, América Central y México con destino a los mercados internacionales. Otros ejemplos de esta exitosa combinación, en zonas como el Estrecho de Gibraltar, son Frontex y Europol.
Todos los factores señalados –la implicación de los productores y consumidores, el aumento de la eficacia policial y de la cooperación y la tecnología– son indudables avances en relación con la lucha contra el narcotráfico y las redes criminales que lo organizan. Sin embargo, pese a que pudiera sonar contradictorio, estos éxitos se logran cuando todos los informes citados coinciden en señalar que los datos relativos a la producción, el tráfico y el consumo de drogas apuntan a una expansión global del mercado de cocaína en el mundo entero.
Esta aparente incongruencia se puede explicar considerando varias circunstancias. La primera cuestión es la imposibilidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado únicamente mediante la actuación policial, aún menos con meras incautaciones, a pesar de que tanto los gobiernos europeos como los latinoamericanos caigan en la tentación de trasmitir este mensaje debido a los réditos políticos que proporciona: cada incautación se asocia inmediatamente al avance en la “desarticulación de todas las redes” que intentan alimentar el mercado de la cocaína.
Sin embargo, hay varios aspectos que ponen de manifiesto las limitaciones de las incautaciones como forma de combatir el narcotráfico. Lo cierto es que si hay más incautaciones, gracias a la eficiencia policial, es por el aumento de la producción de coca y de cocaína colombiana desde 2015. Y todo indica, aunque aún no está del todo claro, que este aumento de la oferta genera un aumento del consumo en EEUU y en Europa, que se encontraba estabilizado desde hace años.
Las incautaciones sin duda contribuyen a la lucha contra el crimen organizado. No obstante, se ha demostrado que por este medio no se desarticulan las redes y que en relación a la circulación de cocaína sólo se incauta el 10% del total existente en el mercado.
En realidad, la importancia de las incautaciones radica más en la información que proporcionan sobre este mercado que en sus efectos. No se deben contemplar como una finalidad en sí mismas sino como un medio para desarrollar la investigación criminal y este aspecto no siempre está garantizado, tal y como ocurre en algunos países. De hecho, el aumento de la presión policial, con el fin de acumular incautaciones y detenciones, puede ser contraproducente y dificultar el control del tráfico ya que impulsa a las redes criminales a buscar otras rutas, con el aumento de las incautaciones, o contribuye a la fragmentación del mundo criminal, mediante las detenciones, dificultando en ambos casos el objetivo último, la desarticulación de estas redes.
La criminalidad organizada presenta una gran complejidad y debe ser contemplada bajo una perspectiva no sólo integral sino también, sin duda, global.
Sin duda, la acción policial es imprescindible, pero no suficiente. El desarrollo integral y sostenible de políticas preventivas en la UE y en los países miembros así lo ponen de manifiesto. Es este un reto pendiente en América Latina donde, pese a los esfuerzos, continúan dominando las políticas de carácter fundamentalmente represivo.
En general, Europa cuenta con las herramientas más importantes y principales para combatir eficientemente el crimen organizado: Estados construidos sobre sólidas instituciones y regidos por el imperio de la ley, bajos niveles de corrupción, cuantiosos recursos económicos invertidos en cuerpos de seguridad y tecnología, y políticas de prevención y de salud pública. Sin olvidar la cooperación intergubernamental y los avances en integración en materia de seguridad que, si no son los idóneos, han avanzado extraordinariamente. La realidad latinoamericana, por el contrario, es muy diferente. Pese a los avances logrados, según qué Estados, carecen de la necesaria solidez institucional, tienen altos niveles de corrupción, carecen de suficientes medios, se han desarrollado muy parcialmente la prevención, y la cooperación intergubernamental, entre los países de la región, es muy limitada.
De acuerdo con estas diferencias podría concluirse que Europa debería tener resuelto el problema y haber logrado la erradicación o la disminución significativa del narcotráfico. Lejos de eso, lo cierto es que, pese a los años de experiencia acumulada, a los debates desarrollados sobre las políticas más idóneas y al éxito de las políticas aplicadas, los resultados no se corresponden con la inversión humana y material realizada. No sólo eso, sino que el tráfico de cocaína crece y se consolida.
Esta conclusión obliga a formular algunas preguntas. Ciertamente, la dimensión del crimen organizado en América Latina se explica en buena parte por los retos pendientes citados, pero si Europa los ha superado y ha aplicado supuestamente las “mejores recetas”, ¿por qué el crimen organizado es una amenaza de primera magnitud para la gobernabilidad, las economías legales y la seguridad, tal y como reconocen la UE y sus Estados miembros?
Definitivamente, no hay una fórmula magistral. Es preciso seguir reformulando las soluciones aplicadas pues la realidad demuestra que no son suficientes, ni en cantidad ni en calidad.
La criminalidad organizada presenta una gran complejidad y debe ser contemplada bajo una perspectiva no sólo integral sino también, sin duda, global. Quizá uno de los problemas es la intención de erradicar el crimen organizado en Europa, de espaldas a América Latina y viceversa. Hay un espacio atlántico común de inseguridad y sólo se podrá resolver con una estrategia conjunta. De esta manera, será preciso pensar en conjunto, desde ambos lados del Atlántico, en soluciones: así, los esfuerzos invertidos, las incautaciones, y las políticas punitivas y las preventivas, tendrán mayores efectos y mejores resultados.
1 Valgan como ejemplo algunas de las operaciones realizadas en los últimos seis meses. Véanse: 24 detenidos y 2.400 kilos de cocaína incautados en una operación contra el narcotráfico, 4/III/2017, Marruecos decomisa 2,5 toneladas de cocaína muy pura, su mayor alijo, 5/X/2017, y El abordaje al barco de las 3,8 toneladas de cocaína: muy peligroso y a oscuras, 8/X/2017.
