El pasado año se presentaba plagado de comicios electorales en Europa. Entre los mismos, y claves para el proyecto comunitario, se encontraban los del Reino Unido (con el trasfondo del referéndum y posible Brexit), Grecia (con las dificilísimas negociaciones en el horizonte para un tercer rescate y el riesgo del Grexit) o España (donde el resultado electoral ha traído consigo el escenario más complicado de la historia de la democracia española desde la Transición).
No obstante, los pasos dados por el partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) desde su victoria en las elecciones parlamentarias de octubre (que vino precedida por otro éxito en las presidenciales de mayo) se han convertido en uno de los motivos de mayor preocupación para la Unión Europea en estos momentos, borrando el protagonismo a los países ya citados. Tanto es así, que se ha convocado para el 13 de enero una reunión del colegio de comisarios para hablar sobre Polonia y la deriva que está teniendo el país, que según el comisario Oetthinger, podría llevar a monitorizar a Varsovia por infringir valores europeos comunes y que, en última instancia, podría incluso provocar la activación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, por el cual se podrían llegar a suspender los derechos de votación de Varsovia en el Consejo.
¿Tan grave es el asunto? ¿Qué ha podido suceder en apenas dos meses? Lo cierto es que muchas cosas. Entre las mismas se encuentra toda la polémica que ha rodeado a las reformas que afectan al Tribunal Constitucional. Para empezar, y siguiendo ya una actuación más que dudosa del partido que le precedió en el poder, Plataforma Cívica, el partido Ley y Justicia nombró más jueces de los que le correspondían: 5 en lugar de 2. No contento con ello, reformó el Tribunal Constitucional para que este órgano se pronuncie acerca de los casos a juzgar no en orden de importancia sino en orden de llegada de los mismos. Esto implica que lo que está llevando a cabo el Gobierno en estos momentos no se revisará hasta dentro de mucho tiempo.
No obstante, no es el Tribunal Constitucional el único organismo que está sufriendo los cambios de la política polaca. El Gobierno ha decidido igualmente reformar los medios de comunicación públicos, con el objetivo de que la decisión de quiénes son los cargos ejecutivos pase a depender de él, reduciéndose por tanto la independencia y la imparcialidad. Asimismo, la legislatura ha comenzado con la puesta en marcha de una ley que proporciona a las agencias de seguridad y a la policía más capacidad para vigilar las comunicaciones de los ciudadanos. Ello por no hablar del caso de Mariusz Kaminski, quien tras recibir el perdón presidencial luego de ser condenado por abuso de poder y sentenciado a tres años de prisión, ha pasado a ser el coordinador de los servicios de seguridad del país.
¿Por qué está sucediendo esto? Como ocurre en otros países, Polonia ha sido tradicionalmente víctima tras unas elecciones con cambio en el poder del llamado spoils system, por el que los partidos políticos que vencen colocan a los suyos en todas las posiciones de poder, eliminando a los rivales de las mismas. Pero esta situación no explica ni de lejos la magnitud de las medidas tomadas. Lo cierto es que el PiS es un partido muy distinto de su rival político, la Plataforma Cívica. A pesar de encontrarse ambos partidos en la derecha del espectro, el PiS considera que la Plataforma Cívica es demasiado liberal, e incluso izquierdista, y que en los últimos años ha minado el progreso de Polonia. Para el PiS la relajación de las costumbres, la disminución de identidad nacional y religiosa, y la pérdida de soberanía a causa de una Bruselas (confundida en ocasiones directamente con Alemania) demasiado exigente, son inaceptables.
El PiS ha decidido recorrer una senda que recuerda a lo que lleva años haciendo Viktor Orbán en Hungría. Y no lo esconde. El líder del partido, Jaroslaw Kaczynski, se reunió recientemente con el Primer Ministro húngaro durante 6 horas para acercar posiciones. El riesgo se encuentra en la normalización de un discurso (el de ambos) que tiene que ver bien poco con los valores democráticos liberales de la Unión Europea. Unos valores, los europeos, muy lejanos de los de personas como Witold Waszczykowski, ministro de Exteriores, quien considera que es necesario curar a su país de una serie de enfermedades, como “la nueva mezcla de cultura y razas, un mundo hecho de ciclistas y vegetarianos, que solo usan energía renovable y que luchan en contra de todos los signos religiosos”.
Como se señalaba anteriormente, el próximo miércoles 13 se reúne la Comisión para evaluar si Polonia debe ser monitorizada por supuestas violaciones de las reglas democráticas. Muy poco tiempo después, el 18 de enero, el Presidente de Polonia, Andrzej Duda, visitará Bruselas. Apenas un día más tarde, el 19, se debatirá sobre Polonia en el Parlamento Europeo. La UE claramente quiere evitar un nuevo caso Orbán, y cortar de raíz los más que dudosos movimientos que se están llevando a cabo en Polonia. No obstante, deberá ser cuidadosa con cómo lleva a cabo sus acciones, ya que estas pueden provocar una reacción contraria a la esperada y servir de munición a quienes ya tienen decidido hacer oídos sordos. Dos factores adicionales asoman en el horizonte para que la UE sea exitosa en su intento: 1) que exista un acompañamiento en la crítica por parte de los Estados Unidos; y 2) que se liguen los avances del próximo Congreso de la OTAN en Varsovia (algo fundamental para Ley y Justicia) con la necesidad de parar la “orbanización” del país.
