México es un país de contrastes, con grandes oportunidades a la par que desafíos. Hay un acuerdo casi unánime en marcar las diferencias entre lo que México es y lo que podría llegar a ser. En determinados momentos, ya sea por la conjunción de factores coyunturales como por el aprovechamiento adecuado de factores estructurales, tanto internos como externos, se abren ventanas de oportunidad que pueden significar un salto cualitativo en la realidad y en la percepción exterior que otros países y actores internacionales tengan sobre la misma.
México está (¿estaba?) atravesando uno de esos momentos. Pero los últimos acontecimientos que han sacudido el país, por la desaparición de 43 estudiantes de magisterio del Estado de Guerrero en confusas circunstancias que parecen apuntar a la connivencia entre las fuerzas de seguridad locales con grupos del crimen organizado y la complicidad de los responsables políticos locales, esa ventana de oportunidad se puede cerrar más rápidamente de lo deseado y previsto originalmente por el actual presidente, Enrique Peña Nieto.
La ventana de oportunidad
La llegada al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 12 años de gobierno del Partido de Acción Nacional(PAN, de centro-derecha) provocó grandes expectativas tanto dentro como fuera del país, algunas positivas y otras no tanto. El presidente Peña Nieto fue consciente de que la vuelta al poder del PRI podía ser interpretada nacional e internacionalmente como una vuelta al viejo sistema político mexicano, asociado a las prácticas poco transparentes y cerradas de los gobiernos priístas del siglo pasado, a la par que con un compromiso reducido en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Por ello, se comenzó con una campaña de comunicación preventiva en la prensa extranjera, con la que se pretendía proyectar una imagen de mandatario moderno, de cambio generacional, de compromiso con los valores democráticos, de mayor transparencia, de rendición de cuentas, lucha contra la corrupción y, también, de compromiso en la lucha contra la criminalidad, aunque con marcadas diferencias respecto a su antecesor. Se buscaba quitar el reflector de los problemas de seguridad para que la economía y las reformas fueran la nueva imagen de México en el exterior, apoyando un proyecto de desarrollo en el que las inversiones extranjeras y la agenda exportadora son elementos claves.
Responsabilidad global
El activismo internacional para relanzar la imagen internacional de México y presentarlo como actor global responsable, tiene muchas dimensiones, desde la presidencia de la iniciativa multilateral de la Alianza para el Gobierno Abierto hasta la presidencia pro-tempore de la Cumbre Iberoamericana, que en los primeros días de diciembre se desarrolla en la ciudad mexicana de Veracruz. Un corolario fue el anuncio del presidente Peña Nieto de que México volvería a participar en las misiones de mantenimiento de la paz, anuncio realizado en su discurso frente a la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre pasado. Las repercusiones internas han sido variadas. El PAN vio con buenos ojos la decisión del ejecutivo, y algunos sectores del Partido Revolucionario Democrático (PRD) también, mientras otros no tanto. Los últimos sondeos de la opinión pública muestran que la decisión de Peña Nieto es valorada positivamente por el 49% de los encuestados, porque el país ayudaría en el mantenimiento de la paz mundial y a evitar guerras. En cambio, para el 45% es una iniciativa no adecuada porque el país debe resolver primero su propia problemática (un 6% NS/NC). Según la encuesta realizada por Beltrán, Juárez y Asociados (en septiembre de 2014), se avala ampliamente que México colabore en esas misiones si éstas se reducen a tareas de asistencia humanitaria (79%) y de reconstrucción (74%). Sin embargo, el apoyo se reduce en cuanto hay mayor protagonismo de las fuerzas de seguridad. Asimismo, para el 69%, México debe mantener una participación global poco comprometedora. Por otro lado, hay cierta coincidencia entre parte de la opinión publica (un 55%) y un sector de las fuerzas políticas, que consideran que con la participación en este tipo de operaciones se puede ver menoscabado el principio de no intervención, eje vertebrador de la diplomacia mexicana de los últimas décadas.
Desde la Secretaría de Relaciones Internacionales se ha dejado claro que participar en operaciones de paz no afecta la vigencia de los principios de la política exterior mexicana. Por el contrario, se considera congruente con el principio de la lucha por la paz, la seguridad internacional, la protección de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. En el debate que se ha promovido (a posteriori, lo que ha generado algunas críticas al respecto) sobre las operaciones de mantenimiento de la paz (OPM) y la necesidad de actualizar la política exterior de México, uno de los principales argumentos esgrimidos es que ha llegado la hora de que México asuma su 11ª posición en el ranking de mayores economías del mundo –según las previsiones del PIB del FMI para 2014 (ajustadas por PPC, octubre de 2014)–, quedando por encima de países como Canadá, Italia y España y solo un puesto por debajo del Reino Unido.
No obstante, este debate ha quedado eclipsado, tanto dentro como fuera de México, por la constatación de que la violencia, el crimen organizado, la corrupción y la ausencia de un imperio de la ley siguen siendo desafíos cotidianos para gran parte de la sociedad mexicana, aunque no estuviera recibiendo la misma cobertura informativa, tanto nacional como internacional, como antaño sucedía en plena guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Calderón.
Inseguridad y corrupción
La (in)seguridad no ha dejado de ser un tema de preocupación de los mexicanos a pesar de las muchas detenciones de capos y máximos líderes del narcotráfico que se han sucedido en los últimos meses y que han escenificado victorias para la política de seguridad del presidente Peña Nieto. Pero la inseguridad no es solo en zonas fronterizas y los casos de Iguala y Tlatlaya, que han horrorizado a la opinión pública mexicana y global, ponen el foco en una situación de violencia que tiene una fenomenología mucho más extendida que estos casos extremos. Para ello basta ver algunos datos: recientemente, la OCDE pone a México en el último lugar de la lista en términos de seguridad, con una tasa de 22,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, más de cinco veces el promedio de la OCDE.
Pero entrando algo más en detalle, y viendo algunos datos de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública elaborada por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México), esto es aún más evidente, ya que se considera que más de 22 millones de personas han sufrido, durante 2013, algún delito del fuero común (no se miden delitos como narcotráfico o crimen organizado). Y esta cifra no es la más preocupante. Llama mucho la atención, que el nivel de delitos no denunciados y que no figuran en ninguna estadística sea del 93,8% para 2013. Según esta misma encuesta, entre los motivos que aducen las víctimas de un delito a no denunciarlo están las circunstancias atribuibles a la autoridad pública (65,6%), ya que consideran que la denuncia es una pérdida de tiempo o por que desconfían de las autoridades correspondientes. Además, estas cifras muestran un incremento con respecto al año anterior, atribuible a los delitos como el robo y el asalto en la calle o en el transporte público, y la extorsión. Esta misma encuesta revela que el tema de la inseguridad es el principal tema de preocupación entre los encuestados (58,1%), seguido del desempleo (46,1%).
En otro ámbito, como la corrupción, el desempeño de México en algunos índices tales como el Corruption Perception Index (2013) es preocupante, encontrándose en el puesto 106 de 177. Considerando que la corrupción es un elemento muy relevante para la construcción de la reputación de un país (CountryRepTrak 2014 del Reputation Institute), México se encuentra entre los países con reputación más débil, en el puesto 38, muy por debajo de países como Brasil (puesto 21) y por debajo de Venezuela (37). Cuando se analiza en este mismo informe la percepción como país ético con un alto nivel de transparencia y baja corrupción, México se encuentra en la posición 48 de 55.
Estas son algunas de las razones que permiten explicar el escepticismo de gran parte de la sociedad mexicana sobre el desarrollo futuro del país. Se percibe que problemas tan importantes como la corrupción, la inseguridad y la discriminación han sido tratados de soslayo hasta el momento. No ocupan la agenda política hasta que acontecimientos tan graves como los de Tlatlaya y Ayotzinapa atraen los titulares de los medios de comunicación. La desafortunada coincidencia en el tiempo de la presentación del presidente Peña Nieto en Naciones Unidas con las desapariciones de 43 estudiantes en el municipio de Iguala hace evidente que pasar del terreno de las declaraciones y las expectativas a la dura e inexorable realidad no es fácil.
Más allá de la agenda reformista
El intento por mejorar el prestigio y el liderazgo regional y global de México se ha encontrado con el duro muro de la realidad interna mexicana. Las repercusiones internacionales no se han hecho esperar, desde la demanda de una investigación completa y transparente desde la secretaria de Estado norteamericana (7/X/2014) al comunicado de la delegación de la UE y de los embajadores europeos presentes en México, donde se expresa la preocupación ante estos hechos (12/XI/2014). Las demandas de un grupo de diputados europeos (verdes/liberales), solicitando la suspensión de las negociaciones para la actualización del Acuerdo Global México-UE, provocó que la presidenta de la comisión europarlamentaria de México, Teresa Becerril, tras expresar su firme condena a lo sucedido en Iguala, considerara que México necesita estrechar aún más sus relaciones con la UE. Sobre esto se debatió en la sesión del Parlamento Europeo del 23 de octubre pasado.
El centro de atención del mandato del presidente Peña Nieto había sido hasta el momento la agenda reformista, que ha sido valorada muy positivamente por la necesidad y la profundidad de las mismas. Sin embargo, ahora se inicia la prueba de fuego para comprobar si estas reformas comienzan a producir resultados tangibles, en el crecimiento económico y en una mejora del nivel de vida de los mexicanos, aunque ya en un contexto más difícil que el previsto inicialmente. El presidente del Banco Central de México (Banxico), Agustín Carstens, recientemente reconoció que no se puede separar ni minusvalorar el impacto de la violencia en la economía mexicana. Carstens se hacía eco de la encuesta realizada por Banxico a expertos en economía del sector privado (octubre de 2014), quienes identificaban la inseguridad pública como el principal factor (24%) que puede obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos meses, seguida de la instrumentación de la política fiscal (15%), la debilidad del mercado interno (14%) y la inestabilidad financiera internacional (14%).
Dos años de la presidencia de Peña Nieto marcados por las protestas
El pasado 1 de diciembre de 2014 se cumplieron dos años del mandato de Peña Nieto en Los Pinos en medio de un ambiente de gran conflictividad social, desencanto y frustración ante la situación en la que vive el país. La popularidad del presidente es la más baja que ha registrado un mandatario en los últimos años. Según el sondeo de opinión del periódico Reforma, publicado el 1 de diciembre, la aprobación del presidente cayó en el último cuatrimestre del 46% al 39%, mientras que entre líderes de opinión bajó del 40% al 21%.
Existe una disconformidad social creciente, en parte provocada por los hechos de Iguala y Tlataya y por la inseguridad creciente pero que también recoge la frustración ciudadana porque el nivel de cumplimiento de las 266 promesas electorales del presidente Peña Nieto es muy bajo a dos años de iniciado su sexenio. Asimismo, no parece que se hayan logrado demasiados avances en algunas de las promesas más importantes que se incorporaron en el Pacto por México, por ejemplo, en la creación de una red de protección social que garantice el derecho a la salud. Esta mejora en materia sanitaria era una de las que justificaba, en parte, la reforma fiscal, la cual ha reportado en los primeros siete meses de 2014 un aumento de los ingresos tributarios del 11,1% (SAT). Y, en general, la lenta implementación de la legislación secundaria del resto de las reformas aún no ha permitido notar los efectos positivos de las emprendidas.
Aunque actualmente las imágenes de las últimas marchas y protestas sociales estén recibiendo amplia cobertura informativa, han estado muy presentes en la vida de la capital y de todo el territorio mexicano durante los últimos años y meses. Es habitual que el centro de la ciudad de México sea el escenario de numerosas manifestaciones, plantones y marchas. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y el diputado Héctor Téllez (PAN), en el período 2009-2012 ha habido 17.909 marchas. Otras estadísticas hablan de un promedio aproximado de 21 marchas diarias. Esta es una de las razones que se han esgrimido para la aprobación de la muy controvertida y criticada “ley antimarchas”, que regula y restringe las marchas.
Sin embargo, la violencia que ha acompañado a muchas de estas manifestaciones –no sólo en el Distrito Federal ya que, por ejemplo, en octubre pasado se llegó a quemar el Palacio de Gobierno de Guerrero– es cada vez más grave.
Las marchas organizadas por los familiares de los 43 normalistas tienden a terminar con desmanes, vandalismo y encuentros violentos con las fuerzas de seguridad. En la mayoría de los casos se convocan junto con diversas asociaciones, entre las que figuran la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), muy crítica de la reforma educativa impulsada por el presidente, mientras que hay otras instituciones que mantienen sus propias reivindicaciones y conflictos con el Gobierno Federal. En la mayoría de los casos esta violencia es causada por un pequeño número de grupos autodenominados anarquistas. Dichos grupos son muy activos y vienen realizando diversos desmanes y quemas de mobiliario urbano durante los últimos meses.
La gestión que el gobierno de Peña Nieto viene haciendo del caso Ayotzinapa ha sido muy criticada por la tardanza en reaccionar y en asumir responsabilidades, por la escasa autocrítica, por la desafortunada expresión del procurador Murillo Karam, “ya me cansé” (trending topic mundial), para dar por finalizada la conferencia de prensa en que se comunicó el destino de los cuerpos de los 43 normalistas y, simplemente, porque el presidente aún no ha visitado Iguala. Pero más allá de estos aspectos puntuales, lo más preocupante y criticado hasta el momento ha sido la ausencia de un programa integral enfocado en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad y la lucha contra la corrupción en la agenda del gobierno. Las 10 medidas recientemente anunciadas por Peña Nieto, aunque bien recibidas por la opinión pública mexicana (el 72% está a favor de ellas según el sondeo de BGC-Excelsior, 8/XII/2014), han sido objeto de diversas críticas, sobre todo por el poco margen de discusión y debate existente para hacer reformas de gran calado, como la creación de 32 policías estatales con mando único, y porque para muchos son la reedición de antiguas iniciativas, de poco profundidad.
Probablemente el receso navideño ayude a que las manifestaciones y las protestas se reduzcan, aunque hay algunos conatos de escándalos vinculados a diversos miembros del gobierno que no favorecen la tranquilidad en las calles y que están minando cada vez más la confianza en la gestión del presidente, como vienen mostrando los sondeos de opinión.
Asimismo, este año habrá elecciones a diputados federales en todo el territorio y en gran parte de los estados habrá elecciones ordinarias a gobernador. Aunque por el momento los partidos de la oposición (que también afrontan sus propias crisis internas, y con el PRD muy vinculado a la crisis de Iguala y la situación en Guerrero) no han aprovechado demasiado este período crítico del mandatario priísta, la cercanía de las elecciones previsiblemente hará cambiar la situación. El mejor desempeño de la economía y que se comiencen a percibir los resultados positivos de las reformas, a la par que algunos de los problemas de seguridad estén en vías de resolución (o que al menos así se perciba), le daría un respiro al presidente en su tercer año de mandato sexenal.
Finalmente, se puede decir que las reformas tan importantes que se aprobaron a lo largo de los últimos dos años y que actualmente se están instrumentando con la legislación secundaria, eran condición necesaria aunque insuficiente para que México contara con las herramientas para enfrentarse a los desafíos tanto internos como externos que esta época demanda. No obstante, los trágicos acontecimientos sucedidos en los últimos meses puede que sean un factor determinante que impulse a realizar muchas otras reformas indispensables para que México se enfrente con éxito a la corrupción, la inseguridad, la discriminación y el crimen organizado, y para que avance definitivamente por la senda del desarrollo, el crecimiento y el bienestar de su población.
