La pasada semana el nuevo Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) en Libia anunció que ha tomado el control de siete ministerios: Exteriores, Transporte, Vivienda e Infraestructuras, Juventud y Deporte, Gobiernos Municipales, Asuntos Sociales y Asuntos Islámicos. Además, asegura que de inmediato asumirá también la dirección de los ministerios de Trabajo y Educación. Por muy esperanzador que esto pueda resultar, resulta elemental recordar que las armas no han callado en Libia, aunque ahora mismo el foco de atención se ha trasladado al campo político.
La llegada a Trípoli, el pasado 30 de marzo, de Fayez al Sarraj, en compañía de otros seis miembros del Consejo Presidencial que encabeza (compuesto por nueve miembros) y al frente del GAN, se presenta como el inicio de nueva etapa en la transición de Libia hacia la normalidad. Pero el camino está plagado de enormes obstáculos. Serraj –arquitecto de profesión, hijo de un ministro de la época del rey Idriss e inexperto en el terreno político–, es la última opción para evitar que se prolongue sin medida el baño de sangre en el que se ha sumido Libia desde la caída del régimen de Muammar Gaddaffi y para impedir una ruptura final del país en entidades menores (Tripolitania, Cirenaica y Fezzam). Y hoy por hoy, cuando aún son más sus detractores locales que sus defensores, parece claro que no le basta con el formal respaldo internacional, desde que el pasado 13 de marzo la ONU designó al gobierno que preside como la única autoridad legítima del territorio.
Para gran parte de la población libia su nombramiento es una imposición exterior, en la medida en que no ha sido posible organizar un proceso electoral que les haya permitido expresar sus preferencias. Además, para los dos principales actores políticos de estos últimos años –el Congreso General Nacional (CGN), asentado en Trípoli y con un claro sesgo islamista, y la Cámara de Representantes (CR), ubicada en Tobruk– la activación del GAN supone la pérdida de un poder efectivo que les ha permitido comprar lealtades de grupos locales y de actores externos, al tiempo que les ha hecho soñar con monopolizar el poder nacional en un futuro indeterminado. Por último, para los grupos yihadistas –con Daesh ampliando su feudo de Sirte– al Sarraj es tan solo un enemigo más al que cabe suponer que atacarán sin desmayo, tal como han venido haciendo en estos últimos dos años con las fuerzas leales al CGN y a la CR.
En todo caso, también es cierto que al Sarraj no solo ha logrado ir haciéndose con los mencionados ministerios, sino que también va tomando las riendas del Banco Central y de la Compañía Nacional de Petróleo, las dos fuentes principales de financiación nacional, hasta ahora dedicadas a repartir los fondos entre Trípoli y Tobruk. Del mismo modo, también parece atraerse a la poderosa milicia de Misrata, hasta ahora alineada con el CGN, en una nueva muestra de la inestabilidad intrínseca de las alianzas tejidas en estos años de violencia permanente y del afán de botín que, en el fondo, es el verdadero motor movilizador de muchos de los grupos combatientes que tratan de aprovechar el actual descontrol libio.
En un plano estrictamente político, ya se detectan asimismo movimientos acomodaticios por parte del CGN, mostrando su disposición a oponerse a al Sarraj pero sin recurrir a medios violentos. Mientras tanto, algunos de sus componentes empiezan a hacerse a la idea de reconvertirse en miembros del nuevo Consejo de Estado (una de las tres patas del nuevo orden emanado del acuerdo logrado el 17 de diciembre en la localidad marroquí de Sjirat, junto al propio GAN y al parlamento que se debe activar tras la disolución de la CR). Queda por ver si esa dinámica convence a los más recalcitrantes y si, por su parte, los componentes de la CR adoptan una postura similar para reconvertirse en diputados de la futura cámara parlamentaria.
Tanto o más importante, si cabe, es el hecho de que Ibrahim al-Jathran, líder de la muy efectiva Guardia de las Instalaciones Petrolíferas, haya mostrado su disposición a acercarse igualmente a al Sarraj, asegurando el funcionamiento de las terminales, refinerías y canalizaciones de hidrocarburos. Para entender la importancia de esta declaración basta con recordar que la economía libia depende casi exclusivamente de la producción y exportación de hidrocarburos, tanto para atender a sus importaciones como para mantener una fuerza laboral que en más de un 80% recibe su salario de manos gubernamentales.
Por el contrario, una de las variables que más entorpecen la consolidación de al Sarraj es el encaje del general Jalifa Haftar. Hombre fuerte del gobierno asentado en Tobruk y destacado antiislamista, aspira, como mínimo, a hacerse con la cartera de defensa en cualquier futuro gobierno nacional. De momento, sigue empeñado en su ofensiva contra las fuerzas leales al CGN, Daesh y el resto de milicias yihadistas y rechaza de plano la activación del GAN, esperando que sus “padrinos” políticos respalden sus aspiraciones. Además de los ya citados, Haftar ha ido acumulando enemigos igualmente poderosos dentro del CGN y la CR, así como en relación con al-Jathran; lo que dificulta aún más una salida que pueda contentar a todos, incluyendo al propio Haftar que, además de sus propias fuerzas, cuenta con el apoyo de Egipto y EAU.
